Discurso presentado en el ciclo de videoconferencias: Visiones de Paz: transiciones entre la violencia y la paz en Am茅rica Latina de CALAS

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Discurso presentado en el ciclo de videoconferencias: Visiones de Paz: transiciones entre la violencia y la paz en Am茅rica Latina de CALAS

Polic铆a y paz: Propuestas para superar la violencia policiaca

M茅xico a lo largo de los 煤ltimos a帽os se ha destacado por altos 铆ndices de violencia policial y violaciones a los derechos humanos, y en lo particular graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las autoridades policiales de todos los niveles de gobierno, de tal manera que las mismas quedan normalizadas ante la sociedad y naturalizadas por el Estado. Entre ellas podemos destacar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, o desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo las muertes sucedidas bajo custodia policial. 

Estos comportamientos se cometen de manera generalizada por parte de polic铆as preventivas, municipales, estatales o ministeriales, y los mismos com煤nmente se realizan en contra de los grupos de poblaci贸n m谩s vulnerables e hist贸ricamente discriminados. En muchas ocasiones son resultado de infiltraci贸n de polic铆as, as铆 como su colusi贸n y complicidad con la delincuencia organizada, lo que convierte a las corporaciones de seguridad p煤blica en las entes que act煤an en funci贸n del cumplimiento de los objetivos il铆citos de los grupos del crimen organizado. 

Las actividades que realizan polic铆as en M茅xico se basan en el uso excesivo de la fuerza empleada para ejercer poder, mostrar prepotencia arraigada en la cultura policial por d茅cadas, controlar a la poblaci贸n, intimidar, o como medio de discriminaci贸n, incluyendo discriminaci贸n racial, siendo lejanas de construir una relaci贸n horizontal, basada en confianza y proximidad.

Esta grave crisis de polic铆as queda fomentada por la corrupci贸n e impunidad casi absoluta, que incentivan y abonan al encubrimiento y la comisi贸n de las violaciones a los derechos humanos, lo que se refleja en los altos 铆ndices de violencia y emergencia en materia de derechos humanos, as铆 como representa el fracaso de las pol铆ticas de seguridad p煤blica, demostrando la incapacidad del Estado de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales.

Este recrudecimiento de violencia policial pudimos observar en los 煤ltimos meses en varios estados de M茅xico, y en concreto, durante las manifestaciones en el estado de Jalisco, donde se evidenci贸 un marco social y estructural vulnerable que favoreci贸 la comisi贸n de violaciones a los derechos humanos a manos de polic铆as, y hasta la captura del aparato del estado por parte del crimen organizado.

Para hablar de abusos policiacos en Jalisco es importante mencionar un acuerdo del Gobernador del Estado emitido ante el contexto de la pandemia por el COVID 19, mediante el cual se decret贸 diversas medidas obligatorias para prevenir y contener la transmisi贸n del virus, por ejemplo el uso obligatorio de cubrebocas. En el mismo decreto se establecieron las sanciones a aquellas personas que no cumplan con dichas medidas, donde entre las sanciones previstas fue el arresto hasta 36 horas, y adem谩s se design贸 a polic铆as municipales como responsables de garantizar y verificar el cumplimiento de estas medidas, sin considerar sus antecedentes de abusos y sin prever ning煤n mecanismo de supervisi贸n en cuanto a su actuaci贸n.

Tras la publicaci贸n del acuerdo, preocupaba en concreto la sanci贸n del arresto que autorizaba el despliegue de la fuerza p煤blica de las autoridades municipales con el pretexto de la pandemia, la falta de su capacitaci贸n y preparaci贸n para cumplir con estas tareas, la ausencia de transparencia y rendici贸n de cuentas, situaci贸n que pod铆a derivar en la comisi贸n descontrolada, desproporcionada e invisibilizada de abusos polic铆acos y violaciones graves a los derechos humanos. Adem谩s, se presentaba el riesgo de que este acuerdo podr铆a afectar y reprimir principalmente los sectores de poblaci贸n m谩s vulnerables. 

Con el paso de tiempo dichas preocupaciones se materializaron, lo que result贸 en m煤ltiples detenciones arbitrarias, los actos de discriminaci贸n, la criminalizaci贸n a las personas de escasos recursos, o violaci贸n de los derechos a la libertad, integridad personal, libre tr谩nsito, o hasta el derecho a la vida, tal como sucedi贸 con el caso de detenci贸n arbitraria, tortura y ejecuci贸n extrajudicial de Giovanni Lop茅z, cometido por polic铆as del municipio de Ixtlahuac谩n de los Membrillos. Este grave hecho, y los intentos de encubrirlo por parte de las autoridades estatales, desataron una fuerte indignaci贸n y descontento social, lo que gener贸 una serie de protestas sociales.

Fueron tres d铆as de principales manifestaciones (los d铆as 4,5 y 6 de junio de 2020), durante los cuales se emple贸 el uso excesivo de la fuerza y se cometieron violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de polic铆as estatales y municipales, en muchas ocasiones en contra de las personas que ni siquiera ten铆an la intenci贸n de participar en el acto de manifestaci贸n pac铆fica.

El primer d铆a, 4 de junio, la manifestaci贸n se concentr贸 en la parte hist贸rica del centro de Guadalajara, principalmente afuera del palacio de gobierno: hubo varios enfrentamientos y se utiliz贸 por parte de polic铆as municipales y estatales en contra de las personas el gas lacrim贸geno, las bombas molotov, los palos y piedras, y en algunas fotos se identificaron las armas de fuego. Ese d铆a se realizaron las detenciones arbitrarias de 28 personas, incluyendo 2 mujeres y 6 personas menores de edad.

El siguiente d铆a, 5 de junio, la manifestaci贸n se realiz贸 principalmente en las inmediaciones de la Fiscal铆a del Estado de Jalisco (FEJ), en la zona industrial de Guadalajara. Desde antes de que iniciara el acto de protesta, diferentes elementos sobre todo de polic铆a ministerial de la Fiscal铆a, incluyendo varias personas vestidas de civil, con la infraestructura y capacidad correspondiente al estado, comenzaron a generar acciones de golpear a las personas que se encontraban cerca del lugar de la concentraci贸n con palos tipo bats de metal y de madera, y llevarlas a fuerza en las camionetas pick up, as铆 como camionetas de reposter铆a o panader铆a, sin placas o insignias. 

Lo que ocurri贸 el 5 de junio fue una acci贸n preparada, organizada y fr铆amente planificada, realizada bajo los 贸rdenes de reprimir y violentar el derecho a la libre protesta social, pero tambi茅n para generar el miedo e incluso desaparecer a las personas, lo que se reflej贸 en testimonios sobre amenazas de matar a las personas privadas de la libertad o de entregarlas al crimen organizado. Las personas fueron llevadas a las llamadas jaulas de metal, de las instalaciones de la FEJ, y posteriormente, a las zonas alejadas del centro, peligrosas y de noche, dej谩ndolas completamente incomunicadas, sin dinero y celulares, con una gran exposici贸n de poder convertirse en v铆ctimas de m谩s delitos y violaciones a los derechos humanos. 

Finalmente, el 6 de junio, se realizaron actos de manifestaci贸n, sobre todo en el centro hist贸rico de Guadalajara, y la acci贸n de protesta culmin贸 en la detenci贸n de 6 personas, la mayor铆a de ellas sin ninguna relaci贸n con las protestas. A estas personas se les violentaron los derechos a la defensa adecuada, debido proceso, derecho a la informaci贸n, comunicaci贸n con sus familiares y representantes legales, y fueron v铆ctimas de tortura, as铆 como tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es importante resaltar que durante estos tres d铆as se cometieron graves violaciones a los derechos humanos a manos de polic铆as municipales, ministeriales y estatales, mismos que constituyen los actos de tortura y desaparici贸n forzada.

驴Por qu茅 la desaparici贸n forzada? Si bien las personas fueron liberadas y localizadas y su desaparici贸n dur贸 un par de horas, esto no borra el hecho ya cometido ni la desprotecci贸n de derechos de las personas desaparecidas, su incomunicaci贸n, y el desconocimiento sobre su suerte y paradero en tiempo determinado. Asimismo, conforme a las convenciones internacionales en materia de desaparici贸n forzada, tanto la Interamericana, como la del Sistema de Naciones Unidas, y de acuerdo con la Ley General en materia de Desaparici贸n Forzada de Personas, Desaparici贸n Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de B煤squeda de Personas, se cumplieron tres elementos de conducta necesarios para que la desaparici贸n forzada se actualice: 1. La privaci贸n de la libertad personal; 2. La participaci贸n de agentes estatales en los hechos de manera directa o con su aquiescencia, tolerancia o autorizaci贸n; 3. La falta de informaci贸n, ocultamiento sobre el paradero de la v铆ctima o la negativa a reconocer la privaci贸n de la libertad. En este sentido, cabe se帽alar que nunca se realiz贸 registro de detenci贸n de las personas privadas de la libertad el 5 de junio, los autores de los hechos nunca se identificaron de manera oficial, no se present贸 a las personas ante la autoridad correspondiente de manera inmediata, no se expusieron motivos por los cuales se realiz贸 la detenci贸n, y adem谩s, sobre los hechos del 5 de junio y las desapariciones y detenciones ocurridas este d铆a, el gobierno del estado nunca ha brindado una informaci贸n oficial y hubo una clara abstenci贸n de proporcionarla o incluso en primeros d铆as, de reconocer lo ocurrido.

驴Y porqu茅 hablamos de tortura? Los sucesos ocurridos particularmente los hechos del 5 y 6 de junio constituyen actos de tortura toda vez que encuadran con la definici贸n de tortura establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, misma que est谩 armonizada con la Convenci贸n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en donde podemos destacar el cumplimiento de los siguientes elementos que actualizan la comisi贸n de tortura: 1. La comisi贸n de los actos por la o el servidor p煤blico (en este caso, a manos de polic铆as ministeriales o municipales); 2. La finalidad del acto que puede tener car谩cter muy amplio (para el 5 de junio podr铆a se帽alarse el objetivo de obtener la informaci贸n, castigar a las personas por atreverse a acudir a manifestarse, castigo indirecto por las agresiones cometidas en contra de los polic铆as en la manifestaci贸n del 4 de junio o para evitar que las personas llegaran a la concentraci贸n, y en cuanto al d铆a 6 de junio, para incriminar a las personas de delitos que no cometieron); 3. El impacto del acto perpetrado de ocasionar dolor o sufrimiento f铆sico o psicol贸gico en una persona, ya que se generaron diversos da帽os en la integridad f铆sica y emocional de las personas sobrevivientes.

驴Y qu茅 pas贸 despu茅s y porqu茅 las reformas o las declaraciones p煤blicas sobre la transformaci贸n de polic铆as no se materializan y no dan resultados sustantivos? En caso de manifestaciones en concreto, el mismo Gobernador de Jalisco y el titular de la FEJ reconocieron que en los hechos del 5 de junio particip贸 el crimen organizado, infiltrado entre polic铆as ministeriales, demostrando el descontrol total sobre el sistema de procuraci贸n de justicia. No obstante, nunca se asumi贸 la responsabilidad del Estado en lo sucedido, no se reconoci贸 la comisi贸n de tortura y despariciones forzadas, y tampoco se realiz贸 las investigaciones correspondientes, o ante una situaci贸n de tanta gravedad no se reconoci贸 la responsabilidad de personas superiores jer谩rquicos quienes ten铆an conocimiento o deber铆an haber sabido sobre la acci贸n de represi贸n planeada por el personal bajo su mando. 

Dicha situaci贸n representa el escenario cotidiano de impunidad casi absoluta para las violaciones graves a los derechos humanos y la ausencia de investigaciones serias, exhaustivas e imparciales, sobre todo cuando el autor de los hechos es un/una servidor p煤blico, y en este caso polic铆a. Estas deficiencias sist茅micas en la procuraci贸n y administraci贸n de justicia abonan a que los hechos se sigan repitiendo y corrompen a煤n m谩s las corporaciones polic铆acas, facilitando el crecimiento de las estructuras y formas de actuaci贸n il铆citas. 

Ante esta grave crisis de seguridad p煤blica, la corrupci贸n y v铆nculos de polic铆as y todo el aparato del Estado con grupos criminales, y ante este gran desaf铆o de c贸mo generar el cambio de actuaci贸n y fortalecimiento de polic铆as, el discurso oficial se basa en la narrativa de mejora o hasta 茅xito en materia de seguridad p煤blica, invisibilizando la verdadera dimensi贸n de violencia y sus impactos, militarizando el pa铆s y minimizando la debilidad institucional de corporaciones de seguridad p煤blica. 

En este sentido, finalizando, sin reconocimiento de todos los desaf铆os y fracasos en materia de seguridad p煤blica, y sin asumir la responsabilidad por la comisi贸n de graves violaciones a los derechos humanos a manos de polic铆as y las omisiones en generar las condiciones adecuadas de proteger la vida e integridad de las personas, no es posible cambiar el paradigma de seguridad y superar la violencia polic铆aca (respondiendo a la pregunta del panel). Como primer paso, el Estado tiene que reconocer y asumir la responsabilidad, y generar acciones contundentes y coordinadas para desmantelar y erradicar las estructuras de macrocriminalidad,  reformar y fortalecer los procesos de procuraci贸n de justicia para revertir la impunidad, y reparar de manera integral a las v铆ctimas, generando las medidas de no repetici贸n y prevenci贸n (no represi贸n) que pudieran abonar a los cambios estructurales. Ante la complejidad del contexto mexicano, sin avances en materia de justicia, sin verdadera coordinaci贸n y sin una pol铆tica integral en materia de seguridad p煤blica, incluyendo los verdaderos mecanismos de rendici贸n de cuentas y participaci贸n ciudadana, no es posible avanzar en crear condiciones para garantizar seguridad p煤blica y crear una polic铆a 鈥減ac铆fica鈥.

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