Desde el CEPAD exigimos transparencia, rendición de cuentas y acciones del Gobernador Enrique Alfaro para el ejercicio periodístico en Jalisco
Desde el CEPAD exigimos transparencia, rendición de cuentas y acciones del Gobernador Enrique Alfaro para el ejercicio periodístico en Jalisco
Tras la reciente declaración del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez sobre las condiciones para ejercer el periodismo en Jalisco, desde el CEPAD queremos expresar nuestra preocupación ante la negación de una problemática evidente. https://bit.ly/3PpEQuJ
La afirmación de que «siempre ha habido condiciones en este Estado para que los periodistas puedan realizar su trabajo» contrasta con la realidad que enfrentan día a día aquellxs que buscan informar y defender los derechos humanos en la región.
No podemos ignorar los numerosos ataques, asesinatos y desapariciones documentadas hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos ocurridos antes y durante esta administración.
En esta publicación compartimos algunos ejemplos que nos hacen preguntar si estas son las condiciones idóneas para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos en la entidad
Hace algunos años Jalisco fue testigo de diversas agresiones, entre ellas el asesinato de dos periodistas José Emilio Galindo Robles en 2009 y Jonathan Rodríguez Córdova en 2017 https://bit.ly/3vcHQ6L
En 2019 el gobernador llamó “Periodiquito” a un medio de comunicación que cuestionó a su administración sobre las licitaciones y concesiones de maquinaria pesada para el programa “a tosda máquina”https://bit.ly/3Pm2EzH
En julio de 2021, 10 mujeres integrantes del Frente Feminista de Jalisco, fueron detenidas, violentadas y sujetas a un proceso penal, derivado de las acciones de protesta social llevadas a cabo. https://bit.ly/49VBmIy
En diciembre de 2021 Enrique Alfaro demandó por “daño moral” al periodista Ricardo Ravelo luego que el periodista publicara un reportaje en el que presuntamente vinculaba al gobernador con el crimen organizado. https://bit.ly/3TmFYk3
En 2021 en una rueda de prensa en vivo el Gobernador arremetió contra un periodista que le cuestionaba sobre los gastos realizados en publicidad de su imagen que a su vez superaba el presupuesto asignado para campañas preventivas contra COVID-19 https://bit.ly/49TOYUO
En 2022 la abogada y defensora, Verónica Patricia Guerrero Vinueza, fue asesinada en el municipio de Tonalá. Asesinato que a la fecha permanece impune.https://bit.ly/48VIZxm
De manera reiterada, familiares de personas desaparecidas han sido víctimas de descalificaciones públicas y actos de represión en los diversos actos de protesta social que han llevado a cabo.
En 2023, el defensor perteneciente a la comunidad indígena de Ayotitlán, Higinio Trinidad de la Cruz fue asesinado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán; el cual previamente en 2022 había sido víctima de desaparición forzada. https://bit.ly/43k56wk
Derivado de la constante situación de riesgo, en Jalisco 140 personas defensoras y periodistas están adscritas al Mecanismo de Protección Federal, lo que coloca a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a número de personas incorporadas
A nivel local, en 2016 se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, ante deficiencias de esta ley y la falta de avances en su implementación, no se puede hablar de condiciones favorables cuando la protección es insuficiente https://bit.ly/3ThHxj9
Es fundamental reconocer la labor de periodistas y personas defensoras en la sociedad. No se trata solo de «periodiquitos» o «actos alborotadores», sino de voces valientes que buscan la verdad y la justicia en un contexto adverso.
Jalisco no puede ser indiferente ante las agresiones y asesinatos que enfrentan aquellas personas que defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo.
Es hora de actuar con responsabilidad y garantizar un entorno seguro para su labor.
Desde el CEPAD exigimos transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas para proteger a quienes informan y defienden en Jalisco. La libertad de prensa y los derechos humanos no son negociables.
Reconocer y proteger la labor de periodistas y personas defensoras es fundamental para una sociedad justa y democrática, y la prevalencia del estado de derecho
