Hoy Pablo Lemus Navarro , rindió su primer informe de Gobierno. Al respecto, desde el CEPAD externamos las siguientes preocupaciones:

Si bien durante el informe se nombró y reconoció la tragedia que atraviesa el estado, quedan importantes pendientes en la implementación de medidas efectivas para atender esta problemática, y generar acciones de prevención, búsqueda, investigación, atención a víctimas y reparación integral.

El gobernador destacó la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda (SIyB) “desde el primer día de gobierno”. Sin embargo, se han hecho señalamientos desde el inicio en cuanto a la falta de claridad de sus funciones…

Se nombró la propuesta de un “presupuesto histórico” para atender la problemática de desaparición y apoyos a familias en 2026. Sin embargo, a pesar de que los recursos parecen haber incrementado significativamente, su enfoque se ha ceñido más al de monitoreo y vigilancia policial que a las acciones de búsqueda, investigación, atención a víctimas y reparación integral.

El gobernador menciona un aumento del 172% al presupuesto 2026 para desaparición, pero gran parte va a C5 y a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. El incremento distorsiona la realidad: incluye recursos sin claridad sobre su relación directa con la búsqueda o la atención a víctimas.

Durante el evento también se recordó la lucha de 15 años de búsqueda de la señora Natividad Guerrero y su familia. Por lo cual recordamos que en este caso aún sigue pendiente, desde junio de 2024, la aprobación de la reparación integral que incluya los impactos psicosociales mismos que se presentaron a través de informes. Es importante que la CEEAVJ pueda atender este y otros miles de casos en espera. Así como se consideren programas de becas para hijas e hijos de personas desaparecidas.

Finalmente, desde el CEPAD externamos nuestra preocupación por la ausencia de rendición de resultados en materia de tortura. A pesar que es una práctica que se comete sistemática y recurrentemente en Jalisco en los procesos de investigación penal y en contextos como la protesta social, centros de tratamiento de adicciones, lugares de reclutamiento forzado y hospitales psiquiátricos, queda claro que no ha sido una prioridad para el Estado.

En este sentido, recordamos que está pendiente la publicación de la reforma constitucional mediante la que se crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados. La creación de la Fiscalía Especializa y la garantía de su operatividad y autonomía, sería una muestra de voluntad y un verdadero compromiso por la investigación y erradicación de este delito, pero sobre todo, posibilitaría a las víctimas el acceso a la justicia, verdad y reparación integral.