En el 2017, México publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y como respuesta a una práctica sistemática y profundamente arraigada en el país. Esta legislación establece, entre otras obligaciones, la creación de Fiscalías especializadas con autonomía técnica, estructural y presupuesto suficiente para investigar de manera eficiente este delito.

A más de 8 años de su entrada en vigor, el estado de Jalisco continúa incumpliendo deliberadamente esta obligación. La gravedad de esta omisión se agudiza porque desde hace más de dos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado de Jalisco crear una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura con las características establecidas en la ley. Y, a pesar de que en noviembre de 2025 el Congreso remitió el decreto correspondiente, el titular del Poder Ejecutivo se ha negado a publicarlo, incurriendo en un desacato abierto a una sentencia emitida por el máximo órgano de justicia en México y dejando a las víctimas de tortura en un estado de absoluta indefensión.

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