Por: María del Rosario Cervantes Ávila, madre de Osvaldo
22 de julio a las 6 de la mañana. Nuestra última conversación fue cuando te pregunté si estabas listo y dijiste “ahorita te alcanzo” han pasado ya siete años. ¡SIETE AÑOS!
Y todavía no me alcanzas.
Recuerdo que nos pidieron esperar 72 horas para tomar la declaración, horas vitales para localizar a cualquier persona en esta situación y después de siete años estas prácticas aún no logran erradicarse por completo, aun no se entiende que son horas vitales para localizarlos. Pensé que después de esa espera entonces ya actuarían, más no fue así. Pasaron varios días más para que los agentes pudieran venir a hacer un recorrido por donde caminaste ese día, días después me dijeron que le asignaron tu caso al “super agente (fulanito) ” es muy bueno, pero en ningún momento tuve conocimiento de que hubiera realizado alguna diligencia.
Existen protocolos que deben llevarse a cabo en cuanto aceptan la denuncia, como la BÚSQUEDA INMEDIATA, BÚSQUEDA EN VIDA, pero parecen desconocerlos. Al menos en tu caso como en el de muchos, no la hubo, y el tiempo transcurre inclemente para quienes buscamos a un ser querido, porque la huellas se borran, las personas olvidan, se mudan, las colonias cambian, todo sigue su curso.
Ya dejé de contar cuántos ministerios públicos, agentes y policías investigadores han “trabajado” en tu averiguación, lo que no puedo evitar de contar son las omisiones en tu carpeta de investigación, la cantidad de veces que te revictimizan los de antes, los de ahora y quizá los de después.
“Encontrarlos en el menor tiempo posible y preservar sus derechos humanos” dice en las pantallas de la fiscalía especializada en personas desaparecidas mientras usted espera recibir atención.
¿Cuánto tiempo más pasará para encontrarte?, no lo sé cómo tampoco sé si la vida me alcanzara, lo cierto es que aquí seguiré exigiendo respuestas, EXIGIENDO SEAS BUSCADO.
OSVALDO JAVIER HERNANDEZ CERVANTES: ¡PRESENTE!
OSVALDO JAVIER HERNANDEZ CERVANTES: ¡PRESENTE!
OSVALDO JAVIER HERNANDEZ CERVANTES: ¡PRESENTE!
¡NI PERDON, NI OLVIDO! ¡QUEREMOS JUSTICIA Y VERDAD! HASTA ENCONTRARTE QUERIDO HIJO…
El 28 de julio de 2020 fue publicada en la página oficial del Congreso del Estado una comunicación1 en la que indican que “La Comisión legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios presentó este martes el pre proyecto de Ley de Personas Desaparecidas para el estado de Jalisco, y que incluye diversos dictámenes que serán puestos a consideración de la sociedad civil, organizaciones y familiares de víctimas, a fin de consolidar el mejor proyecto posible”
Sin embargo, contrario a los acuerdos fijados en febrero y a nuestras demandas, afirman que ̈De esta forma, y a partir de hoy, las diversas asociaciones y colectivos recibirán el pre proyecto, y contarán con 12 días naturales para su revisión, quedando como plazo el próximo 09 de agosto para la presentación de nuevas propuestas. Una vez concluido este proceso, la Comisión sesionará de nuevo para avalar el documento que será presentado al pleno, para votación y aprobación en su caso.”
Al respecto manifestamos lo siguiente:
1. El preproyecto que se comprometieron a enviar no fue recibido en los tiempos señalados por la Comisión por ninguno de los colectivos, organizaciones ni organismos internacionales que han participado en el proceso.
2. Recordamos a los y las diputadas que los colectivos y las organizaciones ya hemos enviado en diferentes momentos observaciones y propuestas que no hemos visto incorporadas, y que tampoco se ha hecho público el por qué no se han tomado en cuenta. Tampoco hemos visto reflejadas en los dictámenes las aportaciones hechas en las mesas de trabajo llevadas a cabo en enero de este año.
3. Lamentamos que las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios continúe sin atender los acuerdos y las demandas que desde hace meses y por diversas vías les hemos recordado, entre las que destacan:
• Identificar las observaciones que fueron incorporadas o excluidas, así como los artículos sobre los que existen controversias o diferentes puntos de vista.
• Instalación de mesas técnicas de discusión que incluya a familiares de personas desaparecidas, víctimas de delitos y otras violaciones a los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, organismos internacionales, así como las autoridades que serán responsables de la implementación o cumplimiento de las leyes.
• ¿Por qué una mesa técnica? El artículo 5 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas indica la participación conjunta. Si bien las familias de personas desaparecidas ya han tenido reuniones con el Ejecutivo y participaron en las mesas de trabajo convocadas por el Congreso de Jalisco en enero pasado, en ningún momento se permitió que participaran personas expertas, ni fueron espacios suficientemente amplios para una adecuada discusión, por ende estas mesas podrían cumplir con esa necesidad.
o Estas mesas técnicas deberán cumplir con los criterios mínimos como:
✓ Metodología previamente acordada y consensuada
✓ Plantear el orden por el que serán analizadas y presentadas para su aprobación las distintas iniciativas
✓ Número de reuniones suficientes
✓ Tiempos adecuados y basados en las necesidades de personas desaparecidas, establecidos de manera clara
• Por las condiciones de la pandemia, facilitar que la participación pueda hacerse de manera remota, con horarios razonables promoviendo los mecanismos y alternativas más adecuadas que garanticen la participación más amplia. Además, será de vital importancia la participación de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios durante todo el proceso.
• Que los trabajos realizados conjuntamente entre las diferentes autoridades sean llevados bajo condiciones de seguridad y confianza adecuadas, por ejemplo, sin fotografías y/o publicidad de las mismas, y basada en la empatía, el diálogo honesto y respeto a los acuerdos.
• Que de las discusiones de la mesa técnica se genere un documento que no sufra cambios al ser presentado al pleno.
4. Recalcamos que nuestra solicitud no es que reciban por correo nuestras observaciones, ya que las tienen desde hace meses, sino que las opiniones hechas por los diferentes actores sean profundamente discutidas hasta llegar al consenso, ya que existen divergencias en aspectos importantes que deberán ser expuestas y dialogadas para acordar el texto idóneo y las leyes que merecemos.
5. Hacemos un llamado a que el Congreso, y en particular la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, recuerde su función fundamental: encontrar soluciones justas para resolver una realidad determinada. La realidad de las desapariciones en nuestro estado es por demás compleja, por lo que la búsqueda de las soluciones debe pasar por una discusión igualmente compleja.
Recordamos que el objetivo final de este proceso es tener un marco legislativo que responda a los más altos estándares tomando en cuenta el contexto de desapariciones en Jalisco y sus particularidades, en favor de las víctimas y de todas las personas.
Diputadas, diputados no se cierren al diálogo, no rechacen la discusión como parte del ejercicio democrático. Ustedes no son una ventanilla de quejas y sugerencias, el Poder Legislativo debe ser el espacio idóneo en el que la ciudadanía y sus diferentes actores pueda dialogar con sus representantes para avanzar a la resolución de nuestros problemas. No desprecien las vivencias de las familias, la experiencia de sus acompañantes ni las aportaciones de organismos internacionales que han dado seguimiento a los procesos legislativos y su implementación en diferentes estados del País.
Aún estamos en posibilidad de tener para Jalisco las mejores leyes posibles.
Colectivo Por Amor a Ellxs
Colectivo Entre Cielo y Tierra
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD)
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.
Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
A los y las diputados de la LXIII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
A los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
A los Medios de Comunicación
A la Sociedad en General
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, contabilizando 10 mil 236 personas en esta calidad. Ante este contexto, el 8 de octubre del 2019, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez presentó ante el Congreso del Estado tres iniciativas: la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco.
A pesar de varias actividades y espacios de diálogo realizados por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones a fin de impulsar la aprobación de estas leyes, además de la incumplida obligación desde el año 2018 del Congreso del Estado de Jalisco de armonizar los contenidos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a la fecha no se cuenta con un marco normativo adecuado y adaptado a las particularidades del estado de Jalisco.
Fue hasta enero de 2020, los días 29, 30 y 31, que en el Congreso se realizaron mesas de trabajo, cuyo objetivo fue analizar y debatir sobre los contenidos de las iniciativas de ley de Desaparición y de atención a víctimas, y garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas, así como de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos en el proceso legislativo. Paralelamente, los colectivos de familiares de personas desaparecidas, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales presentaron ante el Congreso local las observaciones realizadas a las propuestas de ley.
El espacio de las mesas de trabajo concluyó con el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de dar seguimiento al proceso de diálogo y convocar las mesas de revisión de las iniciativas de ley de carácter técnico, en las cuales iban a participar representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia. Estos esfuerzos fueron suspendidos al iniciar la pandemia, por la suspensión de actividades presenciales en el Congreso y ante la falta de certezas de que el proceso de diálogo pudiera ser igualmente participativo e incluyente.
Ante estos antecedentes, el 17 de julio del año en curso presentamos ante las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios una carta con la finalidad de reactivar el proceso del análisis y revisión de las iniciativas de ley. Días después, la semana pasada, nos enteramos en medios de comunicación y redes sociales que el Congreso local prevé esta semana pasar al pleno los tres dictámenes de leyes en una sesión virtual para la votación y su posterior aprobación.
Esta noticia es violatoria a los acuerdos que se realizaron con nosotras, familiares de personas desaparecidas y resulta omisa de garantizar en el proceso el principio de participación conjunta establecido en el artículo 5 de la Ley General en Materia de Desaparición, mismo que debe regir su implementación y aplicación, y genera la obligación de todas las autoridades de garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas en todos los procesos relacionados con dicha ley.
Las familias de personas desaparecidas llevamos dos años aportando insumos y trabajando por una Ley que nos sirva. Los y las diputadas nos están dando la espalda al pasar un dictamen sin proceso participativo, sin notificar de manera oficial sobre la reunión del pleno, y sin compartir de manera formal sobre el proceso de integración de las observaciones a los dictámenes.
La decisión de pasar las iniciativas al pleno de forma tan acelerada sin generar un proceso participativo, transparente e incluyente, no solo incumple los acuerdos y demuestra la falta del compromiso por parte de las y los diputados, pero también evidencia que en el Congreso se priorizan los intereses y negociaciones políticas en vez de las necesidades de familiares de personas desaparecidas y de las víctimas en general.
Considerando lo anterior, exigimos que dichas leyes NO pasen al pleno ni se voten los dictámenes de las leyes en materia de desaparición y atención a víctimas al vapor, hasta que se genere un proceso abierto, participativo, transparente e incluyente, con la metodología previamente acordada, y hasta que se atiendan las observaciones de familiares de personas desaparecidas de Jalisco, y víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañadas por las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en las materias.
Atentamente,
Colectivo Por Amor a Ellxs
Colectivo Entre Cielo y Tierra
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD)
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.
Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco
A la Dirección General de Prevención y Reinserción del Estado de Jalisco
A los medios de comunicación
A la sociedad en general
Después de once días de lo ocurrido el 22 de mayo del 2020 en la Comisaría de Sentenciados ubicada en el Complejo Penitenciario de Puente Grande y luego de dos ruedas de prensa por parte de autoridades estatales, no hay claridad sobre qué pasó.
El 22 de mayo del 2020 en rueda de prensa, José Antonio Pérez Juárez, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco señaló que a consecuencia de una agresión a algunas personas privadas de la libertad, la población (penitenciaria) “enardeció” y “reaccionaron violentamente con la consecuencia de algunos agresores fallecidos”, y no dudo en afirmar que “nunca hubo un intento de motín. No existió en su inicio ni siquiera una riña o contienda entre internos (…), jamás hubo una riña colectiva”. Puntualizó además que no hubo “ni un vidrio roto (…) ni un daño al interior del centro de sentenciados”.
No obstante, las notas periodísticas publicadas sobre el acontecimiento informan que en el incidente al menos participaron 16 personas, de las cuales ocho perdieron la vida y ocho más resultaron lesionadas, por lo cual es posible afirmar que se trató de una riña colectiva, y por ende las declaraciones emitidas por el funcionario son equivocadas.
Posteriormente, el 1 de junio del 2020 las autoridades hicieron una segunda rueda de prensa en donde detallaron las medidas de vigilancia que se habían implementado en dicho centro penitenciario, anunciaron que decomisaron objetos punzo-cortantes, dosis de diferentes drogas y otros objetos prohibidos, y que había avances en la investigación del hecho, más no detallaron cuáles eran más allá de que se vinculó a proceso a cuatro personas por el delito de homicidio calificado y que se suspendió a dos servidores públicos de nivel superior y medio superior, sin especificar sus cargos. Por lo cual, aún no se informa de manera oficial cómo es que ingresaron armas de fuego al centro penitenciario ni sobre el origen del artefacto explosivo de fabricación casera decomisado, entre otros detalles relevantes.
Además en las declaraciones emitidas en dicha rueda de prensa, las autoridades reducen la cifra de personas lesionadas de ocho a cinco, aunado a que niegan la existencia de autogobierno, al afirmar que lo que existen son “liderazgos positivos”. Este último señalamiento resulta preocupante debido a que diversos organismos nacionales han constatado y documentado lo contrario.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, publicado año con año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2013 ha indicado que en el complejo del Centro Penitenciario de Puente Grande se han identificado condiciones de autogobierno/co-gobierno, lo cual implica que personas privadas de libertad ejercen funciones de autoridad.
Dicho organismo ha destacado que entre los efectos negativos que puede generar el autogobierno se encuentran el aumento de la violencia al interior de los centros, el tráfico de sustancias prohibidas y que algunas personas privadas de libertad gocen de privilegios y tratos especiales, situaciones que a su vez han sido evidenciadas en informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde indican que en el Centro Penitenciario de Puente Grande hay personas privadas de libertad que cuentan con ropa, calzado, accesorios y aparatos electrónicos que el resto de la población no tiene, y que en algunos casos tienen que pagar por protección, entre otras situaciones características del autogobierno.
Asimismo, las condiciones de autogobierno se evidencian en una nota periodística publicada por El Informador, donde se informa que de acuerdo con cifras obtenidas a partir de solicitudes de información a la unidad de transparencia de la Coordinación General de Seguridad Pública, de 2012 a 2018 se presentaron 331 peleas entre personas privadas de la libertad dentro de los diferentes complejos que componen el centro penitenciario de Puente.
Aunado a lo anterior, la CNDH en la recomendación general 30/2017 sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana, indica que en la mayoría de los establecimientos persiste el problema de sobrepoblación y que es insuficiente la cantidad de personal de seguridad y custodia, lo cual también constituye un factor que contribuye al autogobierno.
Esta situación se constatan también en el centro penitenciario de Puente Grande, ya que Pérez Juárez en la rueda de prensa del 22 de mayo del 2020 indicó que en el sistema penitenciario del estado “hay una fuerza de 2069 operativos, de 2 mil trabajadores administrativos y de una población de 13 mil 538 (personas privadas de la libertad)”.
La cifra mencionada representa 23 trabajadores menos que los 2092 reportados hasta el 31 de diciembre de 2018 por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, en donde además se aprecia que de 2015 a 2018 el mayor incremento de personal corresponde al directivo, administrativo u operacional con un 214 %, mientras que el personal de custodios y/o vigilantes (de primer nivel jerárquico, nivel intermedio, nivel operacional) muestra una disminución en el transcurso de éstos años.
La CNDH en la recomendación general 30/2017 también exhorta a que se aumente el presupuesto destinado a centros penitenciarios. Sin embargo, con base a datos presentes en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales se advierte un subejercicio del presupuesto, ya que se ha autorizado más presupuesto del solicitado y se ha ejercido 51% menos (Ver Tabla 1).
Aunado a lo anterior, es importante señalar que de la CNDH, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria también indicó año con año desde 2011 hasta 2019, la ausencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos en la Comisaría de Sentenciados en Puente Grande, los cuales son de vital importancia considerando la condiciones de autogobierno, sobrepoblación, hacinamiento y la falta de personal en dicho centro penitenciario, omisiones que han dado como resultado las riñas recientes.
En cuanto a las investigaciones de las muertes ocurridas dentro de los centros penitenciarios, tal como sucedió el 22 de mayo pasado, es necesario destacar que al Estado le corresponde aplicar el “Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”, cuyo objeto es el de proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y la reparación integral del daño.
Asimismo es importante mencionar que en 2019, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano que se debe de asegurar que todos los casos de muerte ocurrida durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, tomando debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota.
Este Protocolo recomienda la creación de una comisión de investigación independiente para los casos en que el Estado puede estar involucrado en la muerte de las personas. El fin es que los resultados de las investigaciones puedan tener carácter parcial y estar sometidas a las influencias indebidas que se relacionan con las jerarquías institucionales u otros aspectos.
Lo anterior es sumamente relevante dado que las investigaciones hasta ahora realizadas no han sido transparentes, ya que las autoridades estatales no han brindado la información de manera continua y han omitido de manera pública revelar los cargos de los servidores públicos que fueron suspendidos. Además, se cuestiona la independencia de las mismas, debido a que la responsabilidad del Estado en los hechos únicamente se investiga por el órgano de control de la Seguridad Pública del Estado de Jalisco, institución de la cual depende directamente la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco así como los centros penitenciarios, por lo que podrían existir conflictos de interés.
Por tanto, considerando lo expuesto anteriormente, la situación en la Comisaría de Sentenciados del Complejo Penitenciario de Puente Grande resulta preocupante, no solo por la gravedad de los hechos ocurridos el 22 de mayo, sino que también porque dicho acontecimiento ha evidenciado diversas problemáticas que a lo largo del tiempo no han sido atendidas por las autoridades jaliscienses. En este sentido, desde el Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo A. C. (Cepad) realizamos las siguientes exigencias:
Al Gobierno del Estado de Jalisco:
Que se investiguen los sucesos ocurridos el 22 de mayo en la Comisaría de Sentenciados mediante una comisión de investigación independiente considerando los criterios establecidos en el Protocolo de Minnesota, con la posibilidad de buscar el apoyo de personas expertas internacionales con conocimientos especializados, garantizando una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, objetiva, imparcial y transparente
Que se identifiquen las causas de los hechos, así como las responsabilidades directas e indirectas de las y los servidores públicos por acción u omisión
Que se brinde información de manera periódica y transparente sobre los avances de dichas investigaciones
Que se diseñen e implementen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas accesibles a la sociedad, sobre los incidentes violentos que ocurrieron y para aquellos que puedan ocurrir en un futuro dentro de los centros penitenciario. Así como de los objetos y drogas decomisadas en los centros y las sanciones que se han impuesto al personal penitenciario.
A la Dirección General de Prevención y Reinserción del Estado de Jalisco:
Que reconozca y atienda de manera pronta y eficaz las problemáticas identificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en dicho centro penitenciario, incluyendo el autogobierno
Que diseñe mecanismos de prevención y atención de incidentes violentos en los centros penitenciarios bajo una perspectiva de derechos humanos
Que contrate al personal de seguridad y custodia suficiente que responda a las características de dicho centro penitenciario
Al Congreso del Estado de Jalisco:
Que en coordinación con las autoridades penitenciarias, diseñen y destinen un presupuesto adecuado para atender las deficiencias en los centros penitenciarios del estado de Jalisco.
El día de ayer, por diferentes medios electrónicos, nos percatamos que el Gobernador Enrique Alfaro envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto que reforma la Ley de Ingresos y modifica el decreto de aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 frente a lo que ha significado enfrentar la pandemia del COVID-19 en el estado.
En esta iniciativa resalta la reducción de 2.3 millones de pesos del presupuesto dedicado la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la reasignación por completo de los recursos destinados a Servicios Personales de la Fiscalía Especial y de la Comisión de Búsqueda de Personas a la partida acumulada del Despacho del Gobernador, dejando los sueldos de todo el personal de las dependencias dedicadas a la investigación y búsqueda de personas a su disposición y sin claridad y transparencia sobre el manejo de dichos recursos. En este contexto, es importante resaltar que Jalisco, desde hace algunos años, se ha encontrado entre los primeros tres lugares de las entidades federativas en las que más personas desaparecen. En ese sentido, apenas el 6 de enero el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población reafirmó que Jalisco se encuentra en el segundo lugar nacional, además de que encabeza, en particular, a las entidades con mayor número de desapariciones de mujeres y menores de edad.
En Jalisco más de 9,000 personas esperan ser encontradas y regresar a casa.
Esta decisión del Ejecutivo contradice las promesas y compromisos de Enrique Alfaro en materia de desaparición de personas, que se hicieron tanto frente a colectivos de familias, como frente al gobierno federal. El 7 de octubre de 2019, el gobernador Enrique Alfaro, prometió destinar un presupuesto de 453 millones de pesos a las instituciones encargadas de atender la problemática de la desaparición de personas, aunque el monto aprobado fue de 417 millones. Posteriormente, el 20 de marzo de este año el Gobernador se comprometió frente al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas , y a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a fortalecer tanto a la Fiscalía que investiga el delito de desaparición, como a la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado, que tiene como fin impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.
A pesar de la coyuntura que estamos viviendo es importante resaltar que las labores de búsqueda localización e investigación en casos de desaparición de personas constituyen actividades esenciales y no pueden quedar en segundo plano. Al no fundar ni motivar debidamente la reducción del presupuesto de la Fiscalía Especial y no entender los criterios y principios en los cuales se basó esta propuesta de modificación, el Gobernador evidencia el desinterés por seguir trabajando en el tema, hecho al que se suma que los recursos destinados a la comunicación externa o entretenimiento no se ven afectados.
Al reducir el presupuesto de estas dos instituciones esenciales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas no sólo se restan posibilidades de pronto hallazgo de quienes están desaparecidos, sino que se refuerzala falta de interés y prioridad a la grave problemática de desaparición en el estado lo cual se traduce en instituciones sin la capacidad de realizar el trabajo para el que fueron creadas al menguar con esta reducción del presupuesto las capacidades de la institución encargada de investigar y perseguir el delito de desaparición de personas, situación por demás grave en un estado en el que todos los días las cifras de esta grave violación de derechos humanos aumentan y las familias se destruyen.
Además, cualquier reducción del presupuesto dedicado a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, constituyendo la materia de derechos humanos, es violatoria al principio de progresividad y no regresión consagrado en el artículo 1° y vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EXIGIMOS AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO
Dé marcha atrás a la propuesta de reducir el presupuesto de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y que aclare cuál es el presupuesto que realmente están ejerciendo tanto esta Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas. Además, que la gestión de recursos destinados a la partida de Servicios Personales del Despacho del Gobernador se realice con criterios claros, transparencia y rendición de cuentas y que esta no se refleje en la disminución de recursos destinados a la búsqueda e investigación.
Que se garantice los recursos suficientes y necesarios para la implementación de la Ley General en materia De desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Jalisco.
Que se respete el presupuesto aprobado de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
Que se declare la búsqueda, localización, e investigación de personas desaparecidas como una actividad esencial ante el confinamiento frente a la pandemia del COVID-19.
Que se aumente la capacidad de personal operativo en la investigación del delito y la búsqueda de personas desaparecidas tanto en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, como en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
Que se garantice en todo momento el presupuesto y recursos humanos necesarios para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Asimismo, exigimos al Congreso del Estado de Jalisco que no aprueben la iniciativa del gobernador tal como está presentada actualmente y que las y los diputados constituyan un verdadero contrapeso para el poder ejecutivo, toda vez que las propuestas de modificaciones contravienen las garantías y principios establecidos en nuestra Constitución.
Además, les recordamos que sigue pendiente la aprobación y previa consulta de las tres leyes pendientes de aprobación en materia de desaparición de personas, declaración de ausencia y atención a víctimas.
Nuestro compromiso, Señor Gobernador, todos los días ha sido encontrar a nuestros familiares desaparecidos y acompañar a otras familias en su búsqueda. Su búsqueda es nuestra búsqueda. Esperamos el mismo compromiso de usted como titular del Ejecutivo del estado, recordando que en dos ocasiones nos ha empeñado ya su palabra.
#HastaEncontrarles
Por Amor a Ellxs
Entre Cielo y Tierra
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ
Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Al Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez,
A la Secretaría General de Gobierno de Jalisco,
A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco,
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
A la Fiscalía del Estado de Jalisco,
A la sociedad en general
Presente
Hoy se cumplen dos años de aquel día que marcó y cambió mi vida por completo, ya que los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2018, no solamente derivaron en la pérdida de dos de mis familiares más queridos: Mi hija Elizabeth y mi nieto Tadeo, sino que desde ese día comenzó mi lucha. Primero porque se brindara la atención médica adecuada a mi hija y después porque se me reconociera como víctima de estos hechos, pero sobre todo inició mi lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral del daño que hasta ahora no tengo.
Hoy es momento de recordar a Eli, la más grande de mis cuatro hijos, quien siempre fue muy estudiosa, dedicada y amorosa con su familia. Hoy es día de recordar a Tadeo, el primero de mis nietos, al cual yo quería como a mi propio hijo. Hoy debemos recordar que Elizabeth y Tadeo no murieron, a ellos los mataron, no sólo quienes directamente atentaron contra su vida, sino también los mataron las deficiencias, las omisiones y la incapacidad del Estado de garantizarles su seguridad y sus vidas.
Ese día también acabaron conmigo, porque la pérdida de una hija o un hijo duele mucho. Una sigue viviendo, pero sin vida propia, es como si algo se hubiera apagado en mi. Antes yo era muy alegre y hoy nada me pone contenta. Lo único que quiero todos los días es poder regresar el tiempo, que nada de lo que pasó hubiera sucedido y que ellos estuvieran aquí.
Desde entonces, mis hijos, mi esposo y mis padres – a quienes Eli amaba con todo su corazón- ya no son los mismos. Nos quitaron el sueño, las ganas de seguir estudiando, trabajando o riendo. Ahora nadie somos lo que éramos. Desde hace dos años vivimos en un pequeño infierno.
Ese día además de arrebatarle la vida a dos seres que amo profundamente, me quitaron la tranquilidad. Desde entonces, todos los días me pregunto ¿Qué pasó ese 21 de mayo? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué mi Eli y Tadeo ? ¿Hasta cuándo se hará justicia? Hasta ahora, no he obtenido ninguna respuesta y, lamentablemente, no sé hasta cuando vaya a obtenerla, porque hasta ahora las autoridades no me han brindado ninguna.
Durante estos dos años, además del silencio del gobierno, también me he enfrentado a su apatía, sus negligencias, a humillaciones y a que me traten como si yo no fuera nadie, como si Eli y Tadeo no hubieran sido sido mi familiares. Por eso, en estos meses, más que llorar y despedirme, he tenido que pelear con el gobierno para que se me reconozcan y respeten los derechos que me corresponden como víctima
Si me preguntan ¿cuál es mi lucha? Yo diría que es por obtener justicia, porque yo sé que mi hija y mi nieto no van a regresar. Por eso mi corazón tiene sed de justicia, de saber la verdad sobre qué pasó este día, de que las personas responsables sean castigadas y de que se nos reparen todos los daños que nos ocasionaron, aunque hay daños que nunca podrán ser reparados. No me voy a rendir.
Hoy, como desde hace 2 años, yo lucho por Eli y Tadeo y porque ninguna otra persona vuelva a pasar por lo el infierno que mi familia y yo hemos vivido. Por eso, como hace un año, le vuelvo a exigir al Gobierno del Estado de Jalisco que:
Garantice nuestros derechos y que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el derecho a la vida de toda la sociedad jalisciense.
Se lleve a cabo una investigación seria, eficaz y exhaustiva de los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2018 a fin de conocer la verdad e identificar y sancionar a las personas responsables.
Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco nos garantice a mi y a mi familia los derechos que como víctimas nos corresponden, tales como la asesoría jurídica adecuada, atención médica y la reparación integral del daño acorde a nuestras necesidades, y que se me tome en cuenta y no se me excluya de este proceso.
Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por fin me escuche y me dé respuesta a la petición que le realicé de incluirnos a mi familia y a mi en los procesos de investigación y dejen de violar nuestros derechos a la participación, la justicia, la verdad y la reparación integral del daño.
Que nunca más a mí y a mi familia se nos vuelva a excluir de cualquier proceso relacionado con el acceso a la justicia, la verdad y reparación integral del daño por el asesinato de mi hija Elizabeth y mi nieto Tadeo.
Ante la limitada accesibilidad a las instituciones durante la crisis sanitaria, se requiere implementar nuevas estrategias de comunicación y atención
Es relevante eficientar la coordinación interinstitucional, tal como la implementación de la Alerta Amber en Jalisco y establecer bases adecuadas para su operación
Frente al rezago en la implementación de la ley general en materia de desaparición en Jalisco y ante el incumplimiento de las fases de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición, es importante consolidar una agenda de trabajo y generar las acciones serias y adecuadas para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral del daño
En 2019, Jalisco no solo ocupó el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, sino que esta entidad también se colocó en la primera posición por el alto número de menores de edad desaparecidos/as. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, en el estado se contabilizaron 212 niñas, niños y adolescentes que no fueron encontrados/as, de un total de 1,007 menores de edad en todo el país, de acuerdo con el informe Fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas(CNB). Esto significa que en dicho periodo de tiempo, más de la quinta parte de las y los menores desaparecieron en Jalisco.
Las cifras anteriores evidencian que durante los últimos años en Jalisco se ha presentado un constante y alarmante incremento de personas desaparecidas, mientras que las acciones institucionales han sido insuficientes para dar respuesta a esta problemática y no responden al grado de vulnerabilidad al que están expuestas las personas desaparecidas.
En cuanto a la situación de los niños, niñas y adolescentes, ante las deficiencias de la Alerta Amber en Jalisco, la invisibilización de la problemática y la posible relación de las desapariciones de esta población con dinámicas delictivas de trata de personas, las y los menores de edad se encuentran en una situación de extrema inseguridad y son particularmente susceptibles de ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, a su integridad personal y a su vida.
Ante la situación de la crisis sanitaria y sus impactos negativos en las acciones de búsqueda e investigación, diversos organismos, organizaciones y colectivos nacionales y locales se han pronunciado sobre la importancia de que las instituciones correspondientes no suspendan estas actividades, al igual que sobre la importancia de que éstas difundan su plan de acción para mantener sus funciones y tareas activas en el periodo de emergencia, y que atiendan de forma prioritaria la problemática de la desaparición de personas. De igual manera, a nivel estatal el colectivo Por Amor a Ellxs ha expuesto las malas prácticas que se han mantenido dentro de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y exigió al Gobierno de Jalisco que, ante la situación de la pandemia, la búsqueda e investigación fueran nombradas y decretadas como actividades esenciales.
Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), nos sumamos a estas preocupaciones y exigencias para que el gobierno de Jalisco cumpla de manera eficaz y continua con sus obligaciones de buscar, investigar y garantizar los derechos a la verdad y el acceso a la justicia a todas las víctimas de desaparición. Coincidimos que, ante la situación de emergencia por el COVID-19, existen varias modalidades de búsqueda e investigación desde el campo administrativo que no ponen en riesgo de contagio a las y los servidores públicos, mismas que requieren asumirse con seriedad, responsabilidad y proactividad.
Además, ante el rezago referente a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en la entidad y la falta de cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición, consideramos que el tiempo de la pandemia del COVID-19 puede constituir un momento oportuno para realizar un diagnóstico de la situación y construir una agenda de trabajo sobre los pendientes que existen hasta ahora en su implementación y aplicación en Jalisco.
Es importante que durante el tiempo de la pandemia, las autoridades encargadas de los procesos de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación forense tomen un papel más activo en la creación de observaciones y propuestas para las iniciativas de ley en materia de desaparición y atención a víctimas. Además, que abonen al diseño de las medidas y estrategias de prevención del delito de desaparición –que hasta la fecha son inexistentes en Jalisco–, así como contribuir al diseño e implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional, participación conjunta y ejercicios de rendición de cuentas ante la sociedad.
Ante la limitada accesibilidad a las instituciones durante la crisis sanitaria, la poca difusión de sus actividades y la falta de respuestas a las peticiones de familiares de personas desaparecidas de obtener información sobre los avances en las investigaciones a distancia, se requiere buscar nuevas estrategias de comunicación externa y medidas de atención de carácter más flexible y menos formalizado mediante el uso de herramientas tecnológicas y medios electrónicos y otras vías de comunicación. Lo anterior, a fin de responder a las necesidades de familiares de personas desaparecidas, proporcionar una amplia difusión de las actividades y formas de brindar servicios por parte de las autoridades, así como garantizar el derecho a la información y el derecho a participar de manera activa en la búsqueda e investigación del caso.
En cuanto a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ), consideramos prioritario que asuman con seriedad las tareas de capacitación y sensibilización de las y los funcionarios públicos, y reiteramos la importancia de que se elaboren los planes de investigación basados en un análisis exhaustivo de casos, los expedientes de búsqueda completos e integrales, los informes públicos de análisis de contexto multidisciplinarios, las metodologías de trabajo y guías de búsqueda diferenciadas, incluyendo la búsqueda de personas que pertenecen a sectores de población más vulnerables y las desapariciones recientes, de mediana y de larga data, así como que se generen insumos para la creación del Programa Estatal de Búsqueda. Además, frente las afectaciones en la salud mental y física e impactos sociales y económicos diferenciados que implica la pandemia del COVID-19, se requieren medidas basadas en las necesidades reales de familiares de personas desaparecidas, de carácter especializado e integral, mismas que se debe brindar a la distancia y sin trámites burocráticos.
Además de lo anterior, ante la necesidad de continuar con los trabajos de búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas y a fin de atender la gravedad de la situación de desaparición de niños, niñas y adolescentes en la entidad, es vital eficientar la coordinación interinstitucional, tal como la implementación de la Alerta Amber en Jalisco y establecer bases adecuadas para su operación mediante una ley estatal en materia de desaparición a fin de subsanar las deficiencias. Asimismo, es de vital importancia que en este tiempo de pandemia se diseñen las metodologías adecuadas para que se ejecuten las acciones de búsqueda y de análisis de contexto, con un enfoque diferenciado y el interés superior de la niñez a fin de conocer los patrones y las causas que favorecen la desaparición de menores de edad en Jalisco, incluyendo las estructuras de macrocriminalidad y redes de trata de personas existentes en la entidad, y generar insumos para la implementación de medidas de prevención.
Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Exhorta la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los (as) 31 Gobernadores (as) y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que atiendan de forma prioritaria la problemática de la desaparición de personas y en favor de las víctimas, en cualquier circunstancia”. Comunicado de Prensa (21/04/20): https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-04/COM_2020_141.pdf
A las autoridades municipales del estado de Jalisco
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
A las universidades públicas y privadas
A los medios de comunicación
A la sociedad jalisciense en general
El pasado 19 de abril, el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez publicó en el Periódico Oficial el acuerdo DIELAG ACU 026/2020, mediante el cual decretó diversas medidas obligatorias para prevenir y contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19.
Dichas medidas consisten en el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, sitios de consumo y transporte público; el resguardo domiciliario obligatorio; la suspensión de actividades no esenciales; la prohibición de eventos o congregaciones de más de 50 personas; la suspensión de fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias y la prohibición del uso de espacios públicos como parques, jardines, plazas y unidades deportivas.
En este acuerdo también se establece que aquellas personas que no cumplan con las medidas establecidas se les impondrán sanciones de carácter administrativo tales como: amonestación con apercibimiento, multas, clausuras parciales y totales a empresas y establecimientos, y arresto hasta por 36 horas. Asimismo, se menciona que las sanciones se basan en lo establecido en el artículo 417 y 427 de la Ley General de Salud y los artículos 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, y que serán las autoridades municipales las encargadas de verificar el cumplimiento de las medidas.
Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), estamos convencidas que, ante la situación de contingencia sanitaria que enfrentamos es indispensable implementar medidas de emergencia para hacer frente a la situación y prevenir un mayor número de contagios. Sin embargo, no debemos olvidar que, tal como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución No. 01/20, las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades, encaminadas a la atención y contención del virus, deben basarse en la protección de la dignidad humana y los derechos humanos que se derivan de la misma, teniendo en consideración el impacto diferenciado de la aplicación de estas en los derechos de los grupos que históricamente han sido discriminados o que se encuentran en especial vulnerabilidad. Además se deben considerar las necesidades de los diferentes grupos de la población, incluyendo a las personas en condición de desigualdad y pobreza, situación de calle, comunidades indígenas y personas migrantes.
En Jalisco, la situación de pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda, así como las altas tasas de trabajo informal e ingresos precarios que afectan a un número importante de personas, dificultan e impiden que muchas de ellas no puedan cumplir con las medidas impuestas en el acuerdo publicado desde el gobierno estatal, por lo que advertimos que no está desarrollado acorde a las condiciones sociales de los grupos en situación de vulnerabilidad en la entidad.
En este sentido, nos preocupa que la implementación del acuerdo derive en la comisión de violaciones a los derechos humanos debido a la ausencia de criterios y reglas de sanción y actuación en el desarrollo de las medidas establecidas, tales que se podrían manifestar en abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsión, el uso excesivo de la fuerza, actos de discriminación y la comisión de tortura o desaparición forzada.
Advertimos que dicho documento omite referenciar diversos artículos contenidos en el Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud y el Título Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Ley de Salud del Estado de Jalisco en donde se establecen de manera puntual los criterios y procedimientos en los cuales se basará la decisión sobre la implementación de cada una de las sanciones mencionadas anteriormente, así como el procedimiento que las autoridades deberán llevar a cabo para la imposición de las mismas y los recursos de impugnación que las personas pueden interponer ante estas. Por tanto, nos preocupa que las autoridades municipales del estado apliquen las sanciones de manera arbitraria y que las mismas no se encuentren debidamente fundamentadas y motivadas, tal como lo exigen las leyes en materia de salud.
Lo anterior preocupa aún más luego de la información que los medios de comunicación difundieron acerca de la cantidad de personas arrestadas a partir de la publicación del acuerdo. Hasta el momento en el que es publicado este comunicado suman al menos 72 personas arrestadas por supuestamente agredir a elementos de seguridad pública tras el exhorto a utilizar tapabocas, cifra que es alarmante en relación con los cuatro días en los cuales se han venido implementado dichas medidas. Así mismo el 21 de abril Alfaro Ramírez en sus redes sociales informó que a seis personas no se les permitió entrar a la entidad, ya que “presentaban síntomas de que pudieran ser posibles portadores del virus”. Esto constituye actos discriminatorios y violatorios del derecho al libre tránsito, el cual se encuentra contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que sólo puede ser limitado por el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Además, es importante señalar que este tipo de medidas no se establecieron en el acuerdo promulgado, por lo que carecen de sustento legal.
Aunado a lo anterior, es preocupante la falta de información sobre las sanciones interpuestas, ya que los datos conocidos hasta el momento solamente han sido difundidos por los medios de comunicación y no es claro el canal institucional a través del cual se informará a la sociedad en general.
Además, ante las condiciones en las que se encuentran los lugares de detención en Jalisco, la medida del arresto en lugar de contribuir a la prevención de la propagación del virus, puede generar una mayor posibilidad de contagio entre las personas detenidas.
Lo antes descrito además está encaminado hacia la criminalización de la población y pone en cuestión su eficacia en la prevención de la propagación del virus en la entidad. Por lo tanto, es importante que el Gobierno de Jalisco justifique la implementación de las medidas de manera fundada y motivada a través del uso de la fuerza pública y la limitación de los derechos a la libertad personal y la libertad de tránsito.
Este último punto cobra aún más relevancia ya que diversos organismos internacionales han manifestado la importancia de que la implementación de todas las medidas de emergencia sean legales, proporcionadas, necesarias, no discriminatorias y que las fuerzas de seguridad deben estar sometidas a los mecanismos de control y rendición de cuentas. Tomando en consideración el contexto y los antecedentes de las graves violaciones a los derechos humanos, “la crisis puede crear un pretexto para adoptar medidas represivas con objetivos, sin relación con la pandemia”, por lo que dichas medidas deben tener un ámbito y una duración específicas y adoptar el enfoque menos intrusivo posible para proteger la salud pública .
Asimismo, a fin de reforzar las garantías de derechos humanos en la aplicación de medidas sanitarias, es esencial contar con claridad en cuanto a las facultades de cada una de las autoridades encargadas de implementarlas. En relación con lo anterior, genera incertidumbre que a pesar de que la Ley de Salud del Estado de Jalisco de manera clara limita las funciones de la policía municipal en la aplicación de las medidas, otorgándoles solamente un papel auxiliar ante el incumplimiento de las mismas, las autoridades de Jalisco colocan a la policía municipal como la principal responsable de asegurar la implementación del acuerdo. Esto preocupa aún más ante los escenarios que se han dado en los últimos días y previamente señalados, en los cuales resultaron violados múltiples derechos fundamentales de las personas.
Considerando lo anterior y ante la necesidad de contar con medidas claras, oportunas y eficientes que abonen a la adecuada atención y prevención del Covid-19, desde el CEPAD realizamos las siguientes propuestas:
Al Gobierno del Estado:
Que con base a un diagnóstico exhaustivo sobre los impactos diferenciados del COVID-19 en los distintos municipios de Jalisco y las implicaciones de contagio en las zonas de mayor vulnerabilidad e incidencia, y con la participación de autoridades municipales y la sociedad civil, diseñen y emitan de manera urgente un protocolo homologado de actuación para la implementación de las medidas de seguridad sanitaria.
Este protocolo debe incluir como mínimo:
El listado de las medidas de seguridad sanitaria y las sanciones previstas en caso de su incumplimiento, conforme a la Ley General y Estatal en Materia de Salud.
Alcances y criterios para la imposición de cada una de las sanciones.
Lineamientos de actuación y mecanismos de coordinación de las autoridades estatales y municipales, detallados y concretos.
Una distribución clara de funciones entre las autoridades encargadas de la implementación del protocolo.
Un mecanismo de rendición de cuentas y supervisión sobre la implementación de las medidas señaladas en el acuerdo, mismo que sea difundido de manera pública.
La creación de un registro público referente a las medidas de arresto interpuestas.
Medidas de protección para las autoridades correspondientes a fin de prevenir contagios del virus.
La capacitación de las autoridades sanitarias correspondientes de acuerdo a la norma, con base en los alcances y la aplicación de las medidas señaladas.
Criterios de homologación vinculantes para todos los municipios, partiendo de que su aplicación debe tener como base un enfoque diferenciado, considerando las condiciones socio-económicos de la población de cada municipio, así como la presencia de los grupos en situación de vulnerabilidad y la incidencia del COVID-19.
Que se asigne a una persona de enlace dentro de cada uno de los ayuntamientos municipales para el seguimiento y supervisión de la implementación del Protocolo.
Resulta esencial que dicho protocolo contenga reglas y disposiciones explícitas a fin de garantizar la certidumbre jurídica y evitar la posibilidad de actuación arbitraria por parte de las autoridades. Asimismo, los lineamientos de actuación deben basarse en lo señalado en los títulos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Ley de Salud del Estado de Jalisco e incorporar las garantías de derechos humanos y el enfoque diferenciado, considerando la situación de exposición de riesgo y los impactos que se generan en diferentes sectores de la población jalisciense.
Del mismo modo, para una correcta aplicación del protocolo propuesto, se requiere un alto grado de preparación, sensibilización y formación en materia de derechos humanos. Lo anterior, a fin de garantizar un trato basado en la dignidad de las personas y evitar la criminalización e interposición de sanciones de manera arbitraria.
Una vez que el protocolo sea diseñado y desarrollado, se deberá informar de manera periódica a la sociedad en general por todos los medios y canales de difusión disponibles y de mayor alcance, tomando en consideración la condición social de la población jalisciense.
Además, se deberá informar respecto a las medidas implementadas y los resultados de las mismas, a la luz del principio de máxima publicidad y transparencia, en donde se especifique el dato estadístico de amonestaciones y apercibimientos, cantidad de multas impuestas, establecimientos o comercios clausurados de manera temporal y definitiva, y la cantidad de arrestos llevados a cabo (especificando el tiempo de horas que la persona quedó detenida). Además, toda esta información tendrá que presentarse de manera desglosada por fecha, municipio, sexo y edad de las personas, así como la causa por la cual se impuso la sanción correspondiente, a fin de que se pueda llevar a cabo un control y verificación de las sanciones interpuestas.
Asimismo, tendrá que contribuir a generar medidas que abonen a la educación y al aumento de conciencia social sobre la pandemia, los riesgos de la crisis sanitaria y las formas de prevención, así como la generación de posibilidades de apoyo más integrales a diferentes sectores de la población afectados, y no solamente enfocarse en las medidas de carácter restrictivo a los derechos de las personas.
Será necesario también que se generen mecanismos de participación ciudadana, con la presencia de especialistas en materia de salud, seguridad, derechos humanos y género, entre otras, a fin de formular y evaluar la eficacia y los impactos de las políticas públicas ante la situación de pandemia.
A las autoridades municipales del Estado de Jalisco:
Que valoren y evalúen, en conjunto con las autoridades sanitarias a nivel estatal, el papel de la policía como autoridad auxiliar en la examinación y aplicación de las medidas, toda vez que su participación como fuerza de seguridad y su falta de capacitación en prevención sanitaria podrían colocar a las población en una situación de vulnerabilidad. Esto por la experiencia previa del involucramiento de policías en violaciones a derechos humanos, así como la falta de preparación y nulas facultades en la aplicación medidas sanitarias de prevención. Además puede generar contagios en las corporaciones de seguridad al exponerlas de manera innecesaria.
Que al momento de la aplicación y control de la implementación de las medidas frente a la pandemia del COVID-19, presten atención especial y diferenciada a las necesidades y los impactos que se generan en diversos grupos de población históricamente discriminados y en especial su situación de vulnerabilidad.
Que en la implementación de las medidas frente a la pandemia de COVID-19 consideren la situación de pobreza extrema, la falta de acceso a los servicios básicos y la ausencia de trabajo formal que afecta a gran parte de la población jalisciense.
Que elaboren un registro de las medidas y sanciones interpuestas, comtemplando las características mencionadas anteriormente. Este registro deberá ser compartido al gobierno estatal con el fin de que sirva como base para la rendición de cuentas a la ciudadanía.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco:
Que ante las violaciones a los derechos humanos y actos discriminatorios cometidos en el contexto de la pandemia, participe de manera proactiva en el proceso de diseño, implementación y evaluación de un protocolo homologado de actuación a fin de garantizar que el mismo cumpla con los mejores estándares internacionales en la materia e incorpore la perspectiva de derechos humanos.
Que genere un mecanismo de seguimiento de carácter continuo de la aplicación de acciones y medidas de seguridad sanitaria por parte de las autoridades estatales y municipales, a fin de garantizar que se encuentren apegadas al respeto de los derechos humanos y, en caso de advertirse que se cometió alguna violación, realicen las acciones jurídicas y públicas correspondientes, y abran las quejas, iniciando con el proceso de integración de las mismas.
A las Universidades Públicas y Privadas:
Que contribuyan con el monitoreo y seguimiento de las acciones y medidas implementadas por las diversas autoridades estatales y municipales, a fin de garantizar que éstas se lleven a cabo en consonancia con el respeto de los derechos humanos.
Con la finalidad de que la información sobre las medidas de seguridad sanitaria previstas ante la pandemia sean socializadas de manera adecuada con la población jalisciense, que realicen acciones que abonen a la difusión de las mismas a través de sus canales de difusión institucionales, y de esta manera contribuyen en la construcción de conciencia social y el respeto hacia los derechos humanos ante la contingencia.
A la sociedad en general:
A los sectores privilegiados que pueden llevar a cabo el distanciamiento físico, los invitamos a que valoremos las medidas en virtud de la coyuntura que vivimos y ante la amenaza de saturación en los servicios de salud. Esto con el fin de que podamos avanzar solidariamente, y en la medida de nuestras posibilidades y condiciones, hacia una normalización escalonada de las actividades cotidianas después de la fase 3, iniciadas por el gobierno federal este martes 21 de abril.
Asumamos un rol responsable desde la sociedad, evitando la incitación desinformada a no tomar las medidas y la criminalización a las poblaciones que no tienen el privilegio de contar con las condiciones socioeconómicas necesarias para llevar a cabo las medidas dictadas. Busquemos generar y consolidar procesos de empatía y solidaridad que se vean materializados en medidas de apoyo social para las personas que se ven más afectadas. En este aspecto, las Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector privado tienen funciones esenciales que desempeñar.
Ante el preocupante panorama que nos plantea el COVID-19, incluso como un punto de ruptura en la vida cotidiana, desde el CEPAD invitamos a la reflexión que las medidas que tomemos para prevenir contagios se realicen bajo el objetivo de un “distanciamiento físico”, tal como lo propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), y no a fin de garantizar un “aislamiento social” al cual se refiere el gobierno estatal. En este sentido, ante la gravedad de la pandemia resulta esencial mantener y fortalecer nuestras relaciones e ir construyendo una sociedad solidaria, consciente y sensible, y en todo lo que hagamos, no olvidarnos que “la amenaza es el virus, no las personas”.
Referencias:
Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanotaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemía de COVID-19. Periódico Oficial del Estado de Jalisco (19/04/20) https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/04-19-20-bis.pdf
Ante los contagios por COVID-19 en el complejo de Puente Grande, es urgente que se brinde atención médica a las personas contagiadas y se tomen medidas urgentes en todos los centros penitenciarios de la entidad
Que se transparenten y verifiquen las medidas aplicadas a fin de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad
Que se informe a familiares y a la sociedad en conjunto sobre la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios
Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno del Estado de Jalisco ha implementado diversas medidas de prevención en los centros penitenciarios que han resultado insuficientes para garantizar el derecho a la salud y para atender la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad y el personal que labora en estos espacios.
El 5 de marzo fue puesto en marcha el Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del Covid-19, que incluía medidas como la difusión de información a las personas privadas de la libertad, visitas y personal, sanitización de áreas penitenciarias y administrativas, el suministro de productos de aseo e higiene, la aplicación de filtros sanitarios en los ingresos, entre otras.
El 22 de marzo, ante el riesgo latente de que las personas privadas de libertad, sus familiares o el personal de los centros penitenciarios pudieran contagiarse de COVID-19, la Dirección de Reinserción Social del Estado de Jalisco anunció que se suspenderían por un plazo indefinido las visitas a todos los centros penitenciarios y sólo se permitirían visitas en casos jurídicos muy importantes o en casos humanitarios especiales. Asimismo, se puso a disposición una línea telefónica en donde se brindaría información a familiares de personas privadas de la libertad.
Sin embargo, las medidas implementadas han sido insuficientes, ya que el pasado 21 de marzo, tal como fue dado a conocer por el medio de comunicación MURAL, personal del Centro Penitenciario de Puente Grande se manifestaron ya que “sentían que estaban en riesgo de contraer coronavirus por la falta de medidas por parte del Estado”.
Asimismo, el día de ayer (17 de abril de 2020), fue dado a conocer por diversos medios de comunicación que la Secretaría de Salud Jalisco confirmó 3 casos de COVID-19 en el Centro Penitenciario de Puente Grande. Lo antes señalado deja en evidencia que las medidas de prevención implementadas por el gobierno estatal no han dado resultados.
Ante los graves riesgos que representa esta situación para las personas privadas de la libertad y el personal que labora en los centros penitenciarios, exigimos a las autoridades del gobierno estatal:
Que se brinden atención médica a las personas contagiadas y se tomen las medidas necesarias ante la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y el posible foco de atención que se generaría dentro de los centros penitenciarios;
Que se informe en qué centro penitenciario del complejo de Puente Grande se detectaron los casos y cómo fue que se contagiaron, ya que las visitas fueron suspendidas desde el 22 de Marzo;
Que identifiquen a las demás personas privadas de la libertad que estuvieron en contacto con los mismos para evitar la propagación, y se consumen los distintos protocolos establecidos por la Secretaría de Salud luego de que es detectado un caso de COVID-19;
Que brinden información detallada a las personas privadas de la libertad, a sus familiares, al personal y a la sociedad sobre los protocolos de prevención y atención que se están llevando a cabo;
Que se realicen de manera constante más pruebas en todos los centros penitenciarios para identificar otros casos de COVID-19 y evitar su propagación
Dado que el hacinamiento, la sobrepoblación y la insuficiencia de servicios de salud son un riesgo latente, que se despresuricen los centros penitenciarios mediante la pre-liberación de las Personas privadas de la libertad de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal
Hacemos también un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a que verifique e informe sobre las medidas que se están llevando a cabo en los centros penitenciarios de la entidad, para salvaguardar y garantizar la salud de las personas privadas de la libertad y el personal que ahí labora.
Jalisco confirma doce casos nuevos de COVID-19 en Plataforma Nacional y reporta 18 casos positivos de laboratorios privados. (17/04/2020). Gobierno del Estado de Jalisco: https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103418
· Robo de 6 equipos de cómputo al iniciar encuentro en CUCSH Campus Los Belenes de la U de G.
Las personas afectadas son parte de colectivos de familiares de desaparecidos articulados en colectivos de víctimas, personas defensoras de derechos humanos, académicos y miembros de organizaciones internacionales.
Hacemos un enérgico llamado al Municipio de Zapopan y a las autoridades universitarias de la U de G para que garanticen que atienden esta situación de manera integral e inmediata.
La mañana de hoy, momentos antes de dar inicio la Plataforma para el Diálogo “Represión política, desaparición forzada y estrategias de resiliencia en contextos de desigualdad” organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) que tiene lugar en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) campus Los Belenes de la Universidad de Guadalajara (U de G), ocurrió un robo múltiple de equipos de cómputo de las personas participantes. Dicho robo no puede ser identificado como un acto de delincuencia común, sino como una acción deliberada para sabotear una actividad internacional muy importante para la articulación en torno a este tema tan sensible.
Se trató de una acción concertada en la cual los agresores se encontraban desde antes del inicio de la actividad y conforme llegaron los participantes se fueron presentando de distintas maneras para hacerse del control de la situación. Finalmente aprovechándose del clima de confianza generado pidieron a todos que salieran del salón para registrarse y una vez que esto sucedió, entre varias personas de manera muy rápida sustrajeron al menos 6 computadoras personales.
Cabe destacar que las personas afectadas forman parte de entornos muy cercanos a procesos de exigencia de justicia ya sea como familiares de desaparecidos articulados en colectivos de víctimas, personas defensoras de derechos humanos, académicos y miembros de organizaciones internacionales de México, Alemania, Guatemala, Colombia, Argentina, El Salvador, Austria, Perú, Chile, Irlanda del Norte como de otras partes del mundo. El contexto señalado hace necesario que el Municipio de Zapopan y la Fiscalía General Del Estado de Jalisco investiguen esta situación de manera profunda en su dimensión de ataque contra estos actores.
Ante esto las y los participantes en esta actividad hacemos un enérgico llamado al Estado de Jalisco, al Municipio de Zapopan y a las autoridades universitarias de la U de G para que, más allá de que ya se han activado los canales institucionales de atención, ofrezcan garantías de que están realizando las acciones pertinentes para atender esta situación de manera integral e inmediata.
En este sentido realizamos las siguientes exigencias:
Realizar una investigación inmediata y expedita que permita alcanzar resultados que ofrezcan garantías a las personas y organizaciones afectadas no sólo en cuanto a la pérdida material de los equipos de cómputo, sino en cuanto a la información contenida en ellos que es de carácter sensible y vinculada con procesos de exigencia de justicia y de defensa de derechos humanos.
Recuperación de los equipos, identificación y sanción de los responsables y esclarecimiento de la naturaleza de los hechos para aclarar la posibilidad de que se trate de un ataque de tipo político.
Genere las acciones necesarias para garantizar la no repetición de estos hechos en actividades relacionadas con la defensa de derechos humano.
Sin duda alguna esta situación ha sido compleja y desconcertante para las y los participantes. Sin embargo, la naturaleza y legitimidad de la lucha que nos convoca en este encuentro nos ha llevado a continuar nuestras actividades redoblando nuestros esfuerzos. Hemos atravesado muchas situaciones difíciles a pesar de lo cual seguimos y seguiremos. ¡No nos detendrán!
