El pasado 22 de enero, la señora Ana Enamorado, quien desde hace 10 años busca a su hijo Óscar Antonio López Enamorado, desaparecido en la población de San Sebastián del Oeste, en el estado de Jalisco, colocó un par de mosaicos con la fotografía del rostro de su hijo y las huellas de sus zapatos en uno de los muros de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco (FEPD), como acto de memoria y protesta por la inadecuada atención de la Fiscal Especializada, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, así como la falta a la debida diligencia en la investigación, y la nula garantía del acceso a la verdad y a la justicia por parte de las autoridades estatales y federales.
En el acto estuvieron presentes funcionarios de dicha dependencia así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quienes tuvieron conocimiento del acontecimiento. Sin embargo, los mosaicos han sido retirados, a menos de una semana de haber sido instalados, sin que a la fecha se le notificara la situación a la señora Ana Enamorado. El retiro injustificado del memorial violentan su derecho a la verdad y a la justicia, a la protesta social y la libertad de expresión.
De acuerdo con la versiones periodísticas un “vándalo” las quebró y las piezas fueron recogidas por el personal de limpieza de la dependencia, incumpliendo de esta manera su obligación de garantizar la seguridad y protección de los espacios para la memoria de los y las familiares de personas desaparecidas.
Por el acompañamiento que brindamos desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD A.C.) y considerando lo antes expuesto, condenamos estos actos violatorios y re-victimizantes, y exigimos a las autoridades estatales realizar las siguientes acciones:
Que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), expliquen las razones por las cuales no llevó a cabo la seguridad del memorial referido.
Que restituyan a la brevedad el memorial en presencia de la señora Ana Enamorado y de los medios de comunicación, y se le realice un acto de disculpa pública como una forma de reparación.
Que investiguen los hechos y que proporcionen públicamente una explicación sobre los mismos, para evitar que se repitan y se sancione a los responsables por acción y omisión.
Que la CEDHJ cuyo personal estuvo presente en el acto de la instalación del memorial, aperture una queja de manera oficiosa y determine las violaciones a los derechos humanos violentados a la señora Ana Enamorado y a la sociedad en su conjunto.
ATENTAMENTE
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C.
Guadalajara, Jalisco.- El Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, presentado en rueda de prensa por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el pasado 6 de enero de 2020, representa el reconocimiento a la problemática por parte del gobierno federal, da visibilidad a la situación a nivel internacional y evidencia por primera vez desde la mal llamada “Guerra contra el Narcotráfico” la situación de Jalisco dentro del panorama nacional en materia de desaparición de personas. Sin embargo, abre serias dudas respecto a las metodologías llevadas a cabo en el registro de las cifras presentadas, particularmente las ofrecidas por las autoridades de Jalisco.
De acuerdo con la información publicada en el informe, Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional. En los últimos trece meses suman dos mil 100 personas en esta entidad, de un total de nueve mil 286 personas que desaparecieron entre los años sesenta y el 31 de diciembre de 2019. Esto supone que uno de cada 5 desaparecidos en la entidad no regresaron a sus hogares durante las actuales administraciones, tanto estatal como federal.
Durante el segundo semestre de 2019, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) realizó diversas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) para conocer a detalle la metodología usada en el registro de datos relacionados con la comisión de delitos, el registro de víctimas de desaparición y el registro de averiguaciones previas y carpetas de investigación. La respuesta proporcionada por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas fue que existe un “sistema web de información (…) y no se cuenta con información relativa a manuales, reglamentos, protocolos y/o metodología para la elaboración de estadísticas y resguardo de información, así como la de más información pretendida, ello al no tener obligación legal de generar la misma”.
Esta situación demuestra que en la FEJ no existen procesos de supervisión en la sistematización de datos y actualización de registros de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad, lo que abona a la desconfianza respecto a la fiabilidad de las cifras publicadas tanto en el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) como en el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los registros también presentan conceptos erróneos en la clasificación de los datos, en relación con las definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGDFDP), aunado a esto, las clasificaciones también son equivocadas según lo establecido en el artículo 89 de la LGDFDP referente a los criterios para clasificar a las “Personas No Localizadas” como “Personas Desaparecidas”. En la fracción IV de dicho artículo se señala que uno de los supuestos para la presunción del delito es “cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona”.
Por lo antes expuesto, exigimos que:
Primero.- Que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Gobierno de Jalisco transparenten y establezcan protocolos y metodologías rigurosas y homologadas para la clasificación y elaboración de los registros propios; además de brindar explicaciones claras sobre los procesos realizados para la entrega de información, toda vez que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de acuerdo a la LGDFDP, señala que son las fiscalías de cada estado las que proporcionan los datos a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Segundo.- Que las autoridades estatales y municipales reconozcan su responsabilidad ante la problemática de desaparición cuyo saldo hasta la fecha es la falta de prevención, el aumento en el número de personas desaparecidas, el incremento en el hallazgo de fosas clandestinas, la existencia de “casas de seguridad”, el allanamiento de domicilios para la sustracción de personas y el alto grado de impunidad en las investigaciones ante la FEPD.
Tercero.- Que se realicen las acciones para posibilitar el apoyo de instancias internacionales ante la falta de investigación en cada uno de los casos de las personas desaparecidas en Jalisco, esto con el fin de contribuir en la mejora de los procesos de investigación y búsqueda, así como la determinación de los responsables en cada uno de los casos en el marco de los principios de justicia y verdad.
Atentamente:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.
Ante la falta de bases de datos públicas y
oficiales que permitan conocer de forma clara dicha información, la plataforma muestra
a partir de 10 rubros de indicadores a nivel federal y en las 32 entidades
federativas, los grandes pendientes en el combate contra la tortura. Asimismo,
permite comparar información de estos indicadores de 2014 a 2018, mostrando un
panorama general previo a la promulgación de la Ley, así como hallazgos posteriores
a ésta, tales como:
Sólo dos entidades presentaron
cargos por tortura ante alguna autoridad judicial en 2018, a pesar de la
apertura de más de 3600 investigaciones penales por tortura en el fuero estatal.
Ninguna entidad reportó
sentencias impuestas en casos de tortura en 2018.
En los primeros meses de 2019,
solamente la federación y 10 entidades federativas informaron contar con
Fiscalía Especial para investigar tortura conforme lo previsto en la Ley
General; otras 10 entidades informaron contar con Unidad de investigación. La
tercera parte de entidades informó no contar con ninguna de las dos.
En los primeros meses de 2019,
solamente tres entidades informaron contar con registros de tortura que se
ajustaran a los elementos requeridos por la Ley.
Esto se suma a un contexto en el que se han
identificado límites importantes en el acceso de las víctimas a exámenes
médicos y psicológicos; el número de peritos especializados en la documentación
de secuelas de tortura es insuficiente; además que, muchos de ellos dependen de
las procuradurías y fiscalías, restándoles independencia e imparcialidad en el
resultado de sus peritajes. Asimismo, se identifican diversos pendientes en el
desempeño del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros.
Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso
a información, presentándose retos como la falta de respuesta de algunas
instituciones, la falta de desglose de datos y, en casos puntuales, datos contradictorios;
no obstante, son un punto de partida para reconocer los avances y vacíos
existentes en torno a la implementación de la Ley.
Por ello, las organizaciones hacemos un llamado a
la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Poder Judicial y demás autoridades federales
y estatales responsables de la prevención, investigación, sanción y reparación
de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a que realicen
las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de la Ley General y garantizar
el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas de tortura en
México.
A los y las integrantes
de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
A la Comisión de Derechos
Humanos y Pueblos Originarios
A la Comisión de
Seguridad y Justicia
A la Sociedad Jalisciense
A los Medios de Comunicación
Frente al incremento de graves
violaciones a los derechos humanos que se cometen de manera generalizada en
Jalisco, y al estado de impunidad en el que se mantienen, es de suma
importancia que la LXII Legislatura Congreso del Estado de Jalisco dote a las
instituciones públicas estatales con los recursos económicos suficientes y
adecuados para atender la crisis de desaparición de personas y la práctica de
la tortura en la entidad, que permita que a las instituciones públicas
garantizar el pleno cumplimiento de los derechos a la verdad, acceso a la
justicia y reparación integral a todas las víctimas.
En Jalisco, de acuerdo con datos
proporcionados por la unidad de transparencia de la Fiscalía del Estado de
Jalisco, entre el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2019 se contabilizan
9,080 personas desaparecidas, y a pesar de que el delito de desaparición
forzada se tipificó en el Código Penal desde octubre de 2013, únicamente se
cuenta con tres sentencias condenatorias en la materia.
Aunado a esto, existen diferencias
importantes entre el presupuesto que Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco, anunció el 7 de octubre de 2019 en el
marco de la presentación de la segunda etapa de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, presentado
al Congreso local el pasado 1 de noviembre. A la Fiscalía Especial en Personas
Desaparecidas prometió que serían asignados $121,000,000, pero en el proyecto
de presupuesto aparecen $93,384,905.00, al Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses se comprometió dotar con $250,300,00.00 y en el presupuesto se asignó
$247,043,800.00 y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas prometió $
35,300,00.00, pero en el Proyecto fueron asignados $24, 220,661.00, incluso
dicho monto es menor al presupuesto asignado en 2019, lo que resulta violatorio
al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos consagrado
en el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país.
Considerando lo anterior, es
necesario que a cada institución pública se asignen los recursos suficientes a
fin de que los procesos de búsqueda, investigación, atención a víctimas e
identificación forense, tengan una capacidad real de responder a la
problemática de desaparición de personas en Jalisco, de manera seria y eficaz, garantizando
a su vez el compromiso público del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, respecto
a los recursos dedicados a este tema y que realmente se materialicen las
partidas presupuestarias correspondientes que respondan a la gravedad del
contexto.
Asimismo, resulta fundamental asignar
el presupuesto necesario a fin de que las iniciativas de la Ley de Personas
Desaparecidas del Estado de Jalisco, de la Ley de Atención a Víctimas del
Estado de Jalisco y de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición
de Personas del Estado de Jalisco, mismas que fueron enviadas por el Ejecutivo
al Congreso de Jalisco el pasado 9 de octubre para su dictaminación, puedan ser
debidamente implementadas y aplicadas tras su aprobación, y que la ausencia de
recursos no sea nuevamente una excusa para no revertir la impunidad y el
abandono institucional que viven miles de familiares de personas desaparecidas
en Jalisco.
Por lo que respecta al tema de tortura, la delicada
situación se puede constatar en el número de quejas presentadas ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, misma que en el periodo
comprendido de 1997 al 30 de septiembre de 2019 recibió un total de 1530
quejas, de las que se desprenden más de dos mil víctimas de esta grave
violación de derechos humanos, sin contar a
familias, quienes también sufrieron los impactos.
La situación en torno a la práctica de la tortura se
agrava si se considera que, desde 1993, fecha en que se creó el primer marco
legal que prohíbe la práctica de la tortura en Jalisco, no se ha dictado
ninguna sentencia por este delito, por lo que hablamos de un 100% de impunidad.
En este sentido, resulta indispensable contar con
instituciones que respondan a la gravedad de la situación de la tortura en
Jalisco, lo cual no sucederá si las instituciones encargadas de la
investigación de este delito, como lo es la Unidad Especializada en
Investigación del Delito de Tortura, la institución encargada de realizar los
peritajes, la Unidad Interdisciplinaria Especializada en Dictaminación de Casos
de Tortura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cuentan con los
recursos económicos, humanos y materiales suficientes.
Además, es importante recordarle a las y los
legisladores la obligación que tienen de implementar adecuadamente la Ley
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual deberá traducirse en la dotación de
presupuestos adecuados y suficientes.
Por lo anterior, dada la
magnitud y gravedad de desaparición de personas y la práctica de tortura en
Jalisco, y en respuesta a las obligaciones constitucionales que en su calidad
de representantes populares deben acatar las y los diputados, en virtud del
artículo 1° y los instrumentos estatales, nacionales e internacionales en
materia de derechos humanos, le exigimos a la LXII legislatura del Congreso del
Estado de Jalisco:
Que se doten recursos suficientes y adecuados para la
correcta implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Ley General de
Víctimas, así como de las tres iniciativas de ley que actualmente se encuentran
bajo el proceso de deliberación y consulta en el Congreso: Ley de Personas
Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley
de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y
Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de
Personas del Estado de Jalisco.
Se asignen las partidas presupuestales que contemplen los
recursos suficientes y necesarios para la adecuada consolidación y operación de
todas las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación
de casos, atención a víctimas e identificación forense, como son a la Fiscalía
Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del
Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco.
Se asignen las partidas presupuestales que contemplen los
recursos suficientes para la adecuada creación, implementación y operación de
la Fiscalía Especializada para la investigación de casos de Tortura, que
permita atender e investigar de manera pronta, objetiva e imparcial los casos
denunciados antes y posterior a su creación, así como de la Unidad
Interdisciplinaria Especializada en Dictaminación de Casos de Tortura del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco, a fin de que sea posible llevar a cabo los peritajes
necesarios para la investigación de dicho delito y la atención y reparación
integral de las víctimas y sobrevivientes de tortura y tratos tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
Que se genere un mecanismo público que tenga el objetivo de
transparentar el uso de recursos destinados a atender la problemática de graves
violaciones a los derechos humanos en Jalisco, contribuyendo a garantizar el
principio de participación conjunta y rendición de cuentas.
A los y las integrantes de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
A los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco
A los Medios de Comunicación
A la Sociedad Jalisciense
Presente:
El 8 de octubre de 2019 el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez anunció la presentación de la propuesta de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, de Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, mismas que fueron enviadas por el Ejecutivo al Congreso de Jalisco el día 9 de octubre, para su dictaminación.
Referente al proceso de aprobación de dichas leyes, el diputado Jorge González Arana, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, declaró ante medios de comunicación que se incluiría “al menos una mesa de trabajo para que especialistas puedan revisar las propuestas”. Dijo además “que el trámite llevaría un mes máximo para avalar las reformas y contemplar recursos para su aplicación en el presupuesto estatal del 2020”.
El diputado Salvador Caro Cabrera por su parte mencionó que “todas las organizaciones tendrían cabida” y que los convocantes serían las y los presidentes de las comisiones. Asimismo indicó que se implementarían mesas de trabajo en las que se analizaría cada artículo y capítulo de las tres iniciativas de ley, con las partes interesadas en el proceso.
Ante la mencionada apertura de la LXII Legislatura del Congreso de Jalisco, consideramos importante que el proceso deliberativo en torno a las leyes en materia de desaparición y atención a víctimas sea socializado con familiares de personas desaparecidas de todas las regiones de Jalisco, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, a fin de garantizar el principio de participación conjunta que rige la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y a la vez que contribuya a que las legislaciones aprobadas atiendan adecuadamente a las necesidades y demandas reales de la sociedad, la cual está gravemente afectada por las graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco.
Dicho proceso de consulta adecuada y amplia permitiría crear en Jalisco leyes que no solamente pudieran responder a los estándares establecidos en la Ley General, sino que también constituye una oportunidad histórica para crear en la entidad leyes que realmente respondan a las recomendaciones y observaciones internacionales, y que otorgarían una protección más amplia a víctimas de desaparición, así como contribuirían a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral a todas las víctimas del estado de Jalisco.
Por lo anterior, en el proceso de creación y aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, exigimos a la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:
Que se realice una consulta amplia, pública, transparente que incluya a familiares de personas desaparecidas de todas las regiones de Jalisco, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en materia de desaparición, a fin de garantizar una ley verdaderamente representativa, con un soporte social amplio y que responda a las necesidades reales de la población jalisciense.
Que se considere la metodología adecuada del proceso a fin de que las propuestas sean debidamente socializadas, se garantice la representatividad real de los sectores de la sociedad interesados y que las mesas de trabajo sean suficientes y se realicen en los tiempos adecuados.
Que se garantice el diálogo que permita que los contenidos de la legislación local respondan a los criterios y principios marcados por la Ley General en Materia de Desaparición, así como los estándares más altos a nivel internacional, conforme a las necesidades y características del contexto de Jalisco.
Atentamente:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.
Exigimos que organismos internacionales intervengan en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, investigación, atención a víctimas e identificación forense
Exigimos que la FGR investigue las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, respectivamente
Que se implementen medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense
En el mes de septiembre de 2018 se hizo público el hallazgo de las cajas refrigeradas de dos tráilers con 322 cuerpos resguardados en condiciones inhumanas y degradantes debido a que las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) estaban saturadas, lo cual dejó en evidencia las graves deficiencias de la institución y la falta de coordinación y comunicación entre la misma y la Fiscalía del Estado de Jalisco.
A un año de lo acontecido, la indolencia y debilidad institucional de las autoridades estatales prevalece. En las instalaciones del IJCF sigue presente el rezago y acumulación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas, su capacidad de brindar un trato digno a los cuerpos sigue rebasada y los procesos de identificación y atención a las víctimas no son realizados de manera adecuada. Aunado a esto, el caso se mantiene en plena impunidad y su investigación se realiza bajo los delitos de peculado y abuso de autoridad, situación que sin duda abona a la posible repetición de los hechos y no garantiza el derecho a la verdad y a la justicia.
A un año del hallazgo de los cuerpos en las cajas de refrigeración de los tráilers, la reciente localización de fosa clandestina con 119 bolsas con restos humanos en La Primavera, Zapopan, indigna nuevamente a la sociedad jalisciense. A esto se aúnan los hallazgos de más de 207 fosas clandestinas entre el 1 de enero de 2009 al 14 de agosto de 2019, la incineración de 1581 cuerpos sin identificar, así como la donación de más de 900 cuerpos no identificados a instancias educativas del estado.
Este incremento a las graves violaciones a los derechos humanos, la ausencia de investigaciones imparciales y eficaces, la emergencia forense, así como la falta de procesos de búsqueda inmediata y acciones de prevención, ha dejado a miles víctimas en estado de indefensión y abandono institucional, y demuestra la necesidad de desarrollar e implementar medidas extraordinarias con carácter especial, multidisciplinario e independiente para atender y realizar los procesos de identificación, notificación y entrega de cuerpos de manera digna y adecuada y conforme a los más altos estándares en la materia, reconociendo la experiencia de familiares de personas desaparecidas y especialistas.
Considerando lo anterior exigimos lo siguiente:
Que se realice la intervención de los organismos internacionales en el estado de Jalisco para que de manera independiente y autónoma contribuyan en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, investigación, atención a víctimas e identificación forense.
Que la Fiscalía General de la República, con la coadyuvancia de dicho grupo de especialistas, investigue de manera exhaustiva, expedita e imparcial los hechos del hallazgo de cuerpos en las cajas de refrigeración de los tráilers y sancione a los y las servidores públicos responsables, a fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y no repetición de las víctimas y la sociedad en conjunto.
Que se implementen medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense por parte de las autoridades locales y federales, con el acompañamiento y observación de los organismos internacionales y personas expertas en la materia reconocidas a nivel nacional e internacional, incluyendo la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Que para las acciones relacionadas con la identificación de cuerpos de personas fallecidas se establezcan los mecanismos adecuados que garanticen el trato digno, la debida atención, el derecho a la información, transparencia, participación y rendición de cuentas a familiares de personas desaparecidas y la sociedad en conjunto.
Guadalajara, Jalisco a 27 de julio de 2019.- Las organizaciones que integramos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), rechazamos los hechos ocurridos el día de ayer donde fueron detenidas cinco personas de manera arbitraria por elementos de la policía antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, cuando se manifestaban en contra del aumento a la tarifa del transporte público en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara.
Queremos recordarle al gobierno de Jalisco que la libertad de expresión y la protesta social son derechos reconocidos por el orden constitucional y convencional, y que no pueden ser restringidos arbitrariamente, pues se trata de instrumentos mediante los cuales las personas, grupos, colectivos y pueblos pueden expresar sus opiniones e ideas, así como evidenciar públicamente las problemáticas que les afectan. En consecuencia, resulta preocupante la represión por parte de las autoridades estatales y municipales de Guadalajara y el uso de la fuerza en contra de quienes se manifestaron ayer, y particularmente por las personas detenidas: cuatro hombres y una mujer.
Hacemos también un llamado para que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas que se están manifestando contra el alza en la tarifa del transporte público, y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad, seguridad e integridad física y psicológica de quienes de manera libre ejercen sus derechos de disentir.
Asimismo, exigimos a las distintas corporaciones policiales, tanto a nivel estatal como municipal, a que se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, debiendo privilegiar en todo momento el diálogo y velar por la seguridad de las personas conforme a sus obligaciones legales y protocolarias, en virtud a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
De igual forma, exhortamos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a que cumpla con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas. Además solicitamos que, conforme a sus facultades legales, ejerza las medidas precautorias correspondientes para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas. También, que de manera oficiosa inicie las investigaciones necesarias para determinar las violaciones a los derechos humanos cometidas ayer y la responsabilidad de las autoridades involucradas.
Atentamente
Haz clic para ver firmantes
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., Resonar.
La Convocatoria para seleccionar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco presenta graves retrocesos.
Exigimos que se extiendan los tiempos contemplados en la Convocatoria.
Exigimos la máxima transparencia, publicidad y apertura en el proceso de selección de la persona titular.
La persona seleccionada deberá cumplir con los requisitos legales y el perfil idóneo.
La crisis de desaparición de personas en el estado de Jalisco es cada vez más grave. Del 2008 al 30 de abril de 2019, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado, se reportó como desaparecidas a 27,415 personas, de las cuales 8,540 no han sido encontradas. En los primeros cuatro meses de este año se reportaron 1,743 personas en calidad de desaparecidas, y no se ha podido localizar a 1,108 de ellas, lo que demuestra la debilidad e incapacidad institucional para atender la problemática puesto que en Jalisco se localiza a 37% de las personas que desaparecen.
Frente a esta situación, el papel de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco resulta fundamental en el proceso de búsqueda eficaz e inmediata de las personas desaparecidas. Conforme a la parte tercera del Decreto, mediante el cual se crea dicha Comisión, su objeto es “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”, sin embargo, a la fecha no ha podido cumplir con su función.
El pasado 21 de junio de 2019, se publicó la Convocatoria para seleccionar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda, sin garantizar su debida difusión en las páginas oficiales y los medios de comunicación estatales y nacionales.
Asimismo, resultan muy limitados los tiempos contemplados en la Convocatoria, tanto para la presentación de las postulaciones, como para las distintas fases del proceso, lo que demuestra que no es el interés de este Gobierno Estatal encontrar un perfil más idóneo para el cargo sino realizar el proceso a modo y cerrarlo lo más pronto posible. Esta urgencia de carácter injustificado parece ser poco congruente, considerando que el anterior Comisionado de Búsqueda presentó su renuncia a principios de mayo pasado y la publicación de la Convocatoria no fue prioritaria y se realizó apenas seis semanas después.
Aunque en la Convocatoria se toma en cuenta la participación de dos colectivos de familiares de personas desaparecidas, su contenido en cuanto al principio de participación conjunta presenta graves retrocesos a comparación con el primer proceso de selección realizado en junio de 2018. De 11 actores quienes formaban parte del proceso anterior se redujo a 5 el número de integrantes, lo que evidencia que para el Ejecutivo Estatal no es importante generar un proceso amplio, abierto e incluyente. De quienes participaron previamente no sólo se eliminó a las organizaciones de la sociedad civil, sino también a las instituciones que garantizaban la perspectiva de género en el proceso o que trabajarían de manera coordinada con la persona titular de la Comisión de Búsqueda tales como la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Asimismo, preocupa que no se haya considerado en la Convocatoria a la Subsecretaría de Derechos Humanos a la cual la misma Comisión está adscrita.
Por otro lado, el proceso de selección no garantiza una adecuada verificación de los perfiles de las personas aspirantes, así como los principios de transparencia y máxima publicidad. En la Convocatoria no se contempló los mecanismos presentes en el proceso de selección pasado, tales como las prácticas de realizar un examen de conocimientos y entrevistas presenciales, así como la publicación de documentos presentados por las personas aspirantes. Además, considerando la tendencia nacional en otros procesos de selección de las personas a cargo de las comisiones de búsqueda de compartir las video transmisiones de las entrevistas realizadas, reducir el proceso a simples entrevistas vía telefónica limita de manera significativa conocer el desarrollo de la convocatoria por parte de la sociedad, así como no permite verificar de manera adecuada los conocimientos y capacidades reales de las personas quienes postulan al puesto tan complejo y delicado.
Por lo anterior, le exigimos al Gobernador de Jalisco y a la Secretaría General de Gobierno lo siguiente:
Primero.- Que se garantice los tiempos adecuados para presentar las candidaturas a ocupar el cargo de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
Segundo.- Que se garantice el proceso de selección abierto, incluyente, público y transparente.
Tercero.- Que se realicen las entrevistas presenciales con las personas aspirantes al cargo, asegurando su adecuada publicidad mediante las transmisiones en vivo.
Cuarto.- Que la persona seleccionada cubra el perfil idóneo para el cargo, destacándose por el profesionalismo, honorabilidad y sensibilidad, así como altos conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas. Además, esta persona deberá contar con conocimientos en ciencias forenses y en materia de seguridad, y su actuación deberá ser basada en el enfoque diferenciado y la perspectiva de género.
Frente al contexto de las desapariciones cometidas de manera generalizada en el estado de Jalisco, se requiere tomar las medidas generales y específicas, incluyendo las medidas legislativas para atender de manera adecuada la gravedad y magnitud de la problemática. La urgente armonización del marco normativo estatal ha sido una de las exigencias del Cepad a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El día de hoy en las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco se celebró la Mesa de Diálogo Participativo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares. El evento tuvo el objetivo general de “generar el espacio para escuchar la opinión, tanto de familiares de las víctimas de éstos delitos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y federales, sector público y privado en general que garantice una consulta amplia, pública y conjunta sobre el tema”1.
Esta Mesa de Diálogo constituyó un primer paso encaminado hacia generar un proceso de creación y aprobación de la ley estatal en materia de desaparición. Si bien se reconoce el esfuerzo de esta Legislatura de dar seguimiento al tema, tanto el proceso de creación de la propuesta de ley como su contenido, presentan graves omisiones y deficiencias. La iniciativa es sumamente incompleta, y en vez de abonar a atender la gravedad y magnitud de la problemática de las desapariciones en Jalisco, genera múltiples preocupaciones.
Además, nos inquieta la tardanza en convocar este espacio, considerando que de acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General, la emisión y, en su caso, la armonización de la legislación estatal se debía de realizar dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor, término que venció el 15 de julio del año pasado. Caber señalar que el acuerdo legislativo del Congreso local en el cual se decidió e instruyó a realizar“a la brevedad posible” una “consulta amplia” sobre la la iniciativa de ley en materia de desaparición fue aprobado el día 12 de diciembre del año pasado, y apenas cuatro meses después se logró convocar el primer espacio de participación.
Consideramos que para que la iniciativa de ley tenga legitimidad es necesario realizar un proceso de consulta amplia, pública y transparente, con los tiempos adecuados, atendiendo el principio de participación conjunta que rige la interpretación, aplicación e implementación de la Ley General en materia de desaparición. Esperamos que tal como señala el mismo acuerdo legislativo, el proceso de consulta sea “llevado a cabo a través de las mesas de trabajo, foros y diálogo”2, y no se limite solamente al evento del día de hoy.
Es de vital importancia diseñar un mecanismo de consulta mediante el cual se socialice la iniciativa de ley y se realice las reuniones con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones del estado de Jalisco a fin de establecer los mecanismos adecuados para recibir y atender sus necesidades y conocer las particularidades de los contextos locales.
Asimismo, exigimos que en la propuesta de ley se incorpore las observaciones realizadas por parte de las personas expertas en la materia y las organizaciones de la sociedad civil, tanto las presentadas por parte del Cepad y el colectivo Por Amor a Ellxs ante el Congreso local el día 23 de octubre de 2018, como las mismas compartidas durante el espacio de la Mesa de Diálogo Participativo del día de hoy. Finalmente, consideramos de suma importancia la observancia y seguimiento al proceso de consulta por parte de las instancias internacionales, expertas en materia de desaparición de personas.
Consulta nuestras observaciones a Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, entregadas al Congreso del Estado de Jalisco el 23 de octubre de 2018: Descargar Aquí
1 Congreso del Estado de Jalisco. Acuerdo Interno CDHYPO-03-LXII-2019 del 12 de marzo de 2019.
2 Congreso del Estado de Jalisco. Acuerdo Legislativo AL-58-LXII-18 del 12 de diciembre de 2018.
Al Presidente de la Mesa Directiva de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
A las y los diputados/ad de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
A la Sociedad Jalisciense
A los Medios de Comunicación
La violencia e inseguridad que ha vivido nuestro país durante el último sexenio, no tiene precedente en la historia moderna. En el mes de noviembre de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas observó que en gran parte del territorio del Estado Mexicano se mantiene una situación de desapariciones generalizadas, la impunidad y revictimización. Asimismo, el organismo internacional en su informe destacó el escaso número de condenas por desaparición, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación, así como la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, características que sin duda alguna describen el contexto de desaparición de personas en el estado de Jalisco.
La grave situación que sufren las y los familiares de personasdesaparecidasse evidencia en el número de personas desaparecidas en la entidad. Del 2008 al 31 de octubre del presente año, fueron reportadas como desaparecidas 26 mil 129 personas, de las cuales, 7 mil 124 personas a la fecha no han sido encontradas. De ellas, lo que concierne al sexenio del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz contabilizado del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2018, parece aún más grave. Tan sólo en este periodo no se han podido localizar a 5 mil 916 personas, lo que significa que el 83% de las desapariciones ocurridas en los últimos 11 años, sucedieron durante la administración del hoy exgobernador.
Frente a este contexto, se han generado espacios de diálogoentre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y las autoridades relacionadas con la investigación, búsqueda, identificación y atención a víctimas, a fin de dar seguimiento al tema de la desaparición de personas en la entidad y generar los mecanismos de participación y rendición de cuentas. A lo largo de más de dos años, hemos sostenido procesos de diálogo con el Ejecutivo estatal, lo que a pesar de la mencionada magnitud de las desapariciones de personas en la entidad, resultó en algunos avances sustantivos como la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD-ahora Fiscalía Especial ), la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) y la Comisión Interinstitucional para el seguimiento y fortalecimiento de las mismas.
Con la finalidad de sistematizar esta experiencia y, en particular, recuperar la memoria sobre los procesos participativos, el Cepadelaboró el informe sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD¿El camino hacia la verdad y justicia?, el cual fue entregado el día de hoy al nuevo Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Taméz, y al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, Salvador Caro Cabrera.Este documento sistematiza la experiencia y rescata las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos, los cuales aspiran responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco.
El informe se divide en tres apartados principales en los que se describe de manera detallada: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, el proceso de creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma. Las tres etapas comparten el mismo objetivo de materializar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición mediante los procesos de diálogo sostenidos entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de sociedad civil y autoridades locales.
Sin lugar a dudas, estamos en un momento crucial para el seguimiento del tema de las desapariciones en Jalisco, por lo que la lectura integral del Informe del Cepad por parte de las nuevas autoridades estatales resulta indispensable para conocer y entender el contexto de las desapariciones en la entidad, comprender los procesos participativos que se han dado y los grandes esfuerzos que se han realizado para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición, así como los principales retos que se han enfrentado y los avances logrados.
Asimismo, junto a la entrega del Informe del Cepad y, frente al proceso de la transición del gobierno, les realizamos a las autoridades correspondientes las siguientes solicitudes:
Primero.- Al Gobernador del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno y Coordinador de Gabinete de Seguridad:
Que otorguen una debida prioridad y atención al tema de las desapariciones de personas y a los procesos de diálogo entre las autoridades locales, las víctimas y la sociedad civil.
Que retomen los mecanismos de participación existentes, en particular el mecanismo de la Comisión Interinstitucional creado mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 6 de septiembre de 2018.
Segundo.- A las y los diputados/as de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:
Que asigne las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes y necesarios para la adecuada implementación y operación de la Fiscalía Especialen Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, incluyendo los recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos adecuados.
Que antes de presentar cualquier propuesta legislativa en materia de desaparición de personas, se familiaricen a profundidad y analicen los mecanismos de participación existentes, así como realicen procesos de consulta amplia, pública, transparente e incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que sus actos legislativos respondan a las necesidades reales de las víctimas de desaparición y no carezcan de legitimidad.
