Categoría: Informes DDHH Jalisco

Reciban un cordial saludo a nombre del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. 

Estamos enfrentando en Jalisco un contexto de desapariciones cometidas de manera generalizada y de manera cotidiana nos enteramos de nuevos hallazgos de fosas clandestinas en la entidad y la localización de las personas desaparecidas sin vida, como es el caso de desaparición y posterior asesinato de Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel. Jalisco desde hace más de dos años sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, y los días, como el 10 de mayo, recuerdan la enorme deuda pendiente que tiene el Gobierno del Estado de Jalisco con las víctimas de desaparición, quienes a pesar de graves sufrimientos y esfuerzos incansables de búsqueda, siguen sin saber sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos. 

Por parte de las y los integrantes del Consejo celebramos la sesión de la instalación del Comité Coordinador. Saludamos este avance y depositamos la confianza que este espacio interinstitucional, de gobernanza y de participación, funcione como plataforma para sumar esfuerzos y generar las acciones coordinadas y necesarias ante la gravedad del contexto de Jalisco, y que las mismas no se reflejen únicamente en el mero discurso político.

Ante la aprobación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco y Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, se requiere su plena y efectiva implementación, y esperamos que con la instalación del Comité Coordinador y el compromiso del Gobierno del Estado de Jalisco con la problemática, esto se traduzca en las acciones concretas y los avances sustantivos para materializar las leyes y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición.

En lo particular, quisiéramos destacar que de acuerdo con los artículos transitorios de la Ley de Personas Desaparecidas, el 4 de junio, se cumplen los tiempos previstos para varias acciones que se requieren para la correcta implementación de la misma. Se vence el plazo para emitir los Reglamentos Internos de la Comisión de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, así como, se deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el inicio de operaciones de los Registros Estatales. 

Además, para esta fecha el Comité Coordinador deberá aprobar los lineamientos para la conformación y funcionamiento de las Células de Búsqueda Municipales, y por otro lado, en la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador se deberán emitir los criterios y medios de verificación para garantizar que el personal que participe en acciones de búsqueda e investigación reciba la capacitación y, en su caso, la certificación necesaria y adecuada para realizar sus labores de manera eficaz y diligente, en términos de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.

Para que la implementación de las leyes de desaparición en Jalisco sea un compromiso real y no se mantenga sólo en el discurso, se requieren realizar los ajustes presupuestarios necesarios a fin de garantizar los recursos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para que las instituciones tengan capacidad real de atender la gravedad de la problemática. 

Finalmente, vemos prioritario que para la creación de instrumentos y herramientas previstas en las leyes, se escuchen las necesidades de familiares de personas desaparecidas y víctimas directas de desaparición localizadas de todo el territorio del estado de Jalisco. Las leyes constituyen un resultado de esfuerzos de lucha de las familias y solicitamos que en el proceso de su implementación y aplicación se garantice el pleno cumplimiento del principio de participación conjunta, y se generen espacios de comunicación y consulta abiertos, públicos e incluyentes para que las acciones de las autoridades realizadas en el marco de ambas leyes sean eficaces, en atención a las experiencias de las víctimas y la realidad del estado de Jalisco.

Somos conscientes que ante esta gran apuesta estamos enfrentando múltiples desafíos, y los resultados no llegarán de inmediato, pero como integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, quedamos al pendiente y estaremos monitoreando el proceso y buscaremos las acciones reales que nos evidencien las señales de la voluntad política y demuestren que este esfuerzo no se convierta en un sólo acto de simulación.

Manifestamos nuestra disposición de sumar esfuerzos, trabajar duro y contribuir con las propuestas y nuestra asistencia técnica. Consideramos que nuestro rol resulta clave ante el desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de desaparición en Jalisco, y esperamos que como Consejo tengamos condiciones para contribuir en este proceso de construcción conjunta a fin de que se garantice el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para 12 mil 637 personas desaparecidas en Jalisco y sus familiares.

Atentamente,

Integrantes del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda:

Martha Isela Morales Valdivia

Angélica Vargas Rodríguez

Martha Leticia García Cruz

Mercedes Adriana Méndez Cabrera 

Héctor Arturo Soto García

María Edith López Hernández 

Luis Enrique González Araiza

Mayra Elizabeth Hernández Figueroa 

Anna Karolina Chimiak

María Catalina Mireles Romero (pendiente de tomar protesta al cargo)

Paola Olimpia Muñoz Ojeda (pendiente de tomar protesta al cargo)

Ante el alto número de violencia y actuar del crimen organizado en Jalisco, las niñas, niños y adolescentes representan uno de los grupos más afectados. Esta situación se agrava más ante las ineficientes acciones institucionales para dar respuesta a la problemática y garantizar sus derechos, al igual que para mitigar las afectaciones psicológicas en las y los menores de edad. En el marco del 30 abril queremos reiterar lo importante que es asegurar infancias libres de violencia

En cuanto a la problemática de la tortura, entre enero de 2006 y el 31 de julio de 2020, 56 personas menores de edad han sido víctimas de tortura, según las quejas por tortura presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Sin embargo, resulta importante destacar que de un total de 1428 víctimas que se desprenden de las quejas por tortura presentadas en ese periodo de tiempo, del 60% se dezconoce la edad, por lo cual preocupa que entre este porcentaje se encuentren niñas y niños, aunado a que estas cifras sólo representa a las personas que fueron a dicha instancia a interponer este recurso, por lo que sin duda, la problemática puede ser aún mayor.

Al respecto es importante señalar también que no hay información estadística que permita visibilizar la situación de violencia que viven niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado y supervisión de instituciones cerradas y propensas a que se comentan actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como son los centros de detención o alojamiento para personas migrantes, casas hogar, guarderías, centros para tratamientos de adicciones, centros de internamiento psiquiátrico o albergues, esto de acuerdo con el panorama estadístico publicado por la UNICEF en 2019. Lo que muestra la invisibilización de la problemática y reduce la posibilidad de crear políticas públicas que contribuyan a garantizar los derechos de la niñez y adolescentes. 

Lo anterior se ve reflejado en la falta de programas encaminados a prevenir la comisión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a niñas, niños y adolescentes, así como en la falta programas, políticas y personal especializado dentro de las instituciones encargadas de investigación y brindar atención y reparar los daños a las víctimas de tortura.

Por otra parte, en cuanto a la desaparición de personas de menores de edad, cabe destacar que Jalisco destaca como uno de los estados con más desapariciones de niños, niñas y adolescentes. En la entidad se reportan 1,007 personas menores de edad desaparecidas entre 0 a 17 años de edad , de las cuales 567 son hombres y 440 son mujeres, de acuerdo con Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Estas cifras, que si bien no llegan a representar la realidad de la problemática, evidencian que durante los últimos años, en Jalisco las graves violaciones a derechos humanos han impactado de manera grave a las y los menores de edad y les coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Asimismo, es importante señalar que la desaparición de las y los menores de edad podría relacionarse con dinámicas delictivas de trata de personas; no obstante, resulta preocupante  que las acciones institucionales han sido insuficientes para dar respuesta a esta problemática y no responden al grado de vulnerabilidad de las niñas y niños. A lo largo de años se han observado  en Jalisco las deficiencias en la implementación del Programa Nacional de Alerta Amber y eficiencias en la coordinación interinstitucional para la búsqueda de menores de edad.

Ante esto,  es relevante reconocer que tanto la reciente aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, como la la aprobación del Protocolo adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes por el Sistema Nacional de Búsqueda, en el pasado mes de abril, representan una oportunidad para atender las necesidades y los contextos de desaparición de niñas y niños, al igual que ayude a atender sus necesidades y contribuir a que sus derechos, incluida la seguridad y desarrollo integral, sean garantizados, y resulta fundamental su efectiva implementación y aplicación.

Asimismo, es importante señalar que las violencias en todos los aspectos sociales, además de violar los derechos de la niñez y adolescentes,  agudiza el impacto psicosocial a las y los mismos. Lo anterior, ya que resulta común que después de una experiencia traumática las niñas y niños vivan con miedo reaccionando con alerta y prevención ante cualquier situación percibiendo esta  como una amenaza. 

Considerando lo antes señalado es importante que se reconozcan y atiendan los impactos que generan en niños, niñas y adolescentes a raíz del contexto de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, que se aseguren todas las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos, y que se responda de manera integral y eficaz a sus necesidades específicas y afectaciones particulares. Es vital reforzar mecanismos y herramientas específicas de búsqueda de las y los menores de edad, incluyendo la Alerta Amber, tomando en cuenta el enfoque diferenciado y utilizando la herramienta de análisis de contexto para determinar las dinámicas delictivas de desaparición y las zonas o localidades con el mayor índice de desapariciones en relación con las y los menores de edad.

Para esto se requiere también que las autoridades de Jalisco emprendan mayores esfuerzos en la adopción de políticas integrales de prevención encaminadas a evitar situaciones que expongan a niñas, niños y adolescentes a ser víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incorporando el interés superior de la niñez, y considerando los fenómenos criminales, violencia intrafamiliar, así como la situación de extrema pobreza y desigualdades sociales. 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C

• En esta sentencia se obliga a la FGR a crear una comisión especial de búsqueda para dar con el paradero de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramon Enciso Ramírez
• Esta sentencia es inédita en Jalisco para los casos de desaparición de personas porque se reconocen las omisiones de las autoridades en la búsqueda e investigación en un caso de larga data y la importancia de seguir trabajando hasta conocer el paradero de las víctimas

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito notificó en una sentencia emitida el 4 de febrero de 2021 que la  Fiscalía General de la República (FGR) ha sido omisa en el desarrollo de las investigaciones para dar con el paradero de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y su novio Luis Ramon Enciso Ramírez, quienes fueron desaparecidos el 30 de Septiembre de 2010 en una carretera del municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 

Desde su desaparición, la madre de Dalia, la señora Ma. Natividad Guerrero, ha emprendido una incansable lucha por encontrarles. Dada la complejidad del caso, ya que se cruzan investigaciones entre los estados de Jalisco y Zacatecas, y ante la falta de acciones por parte de las autoridades de estas entidades federativas para dar con su paradero, la señora Natividad el 3 de enero de 2011 Interpuso una denuncia ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República, en el Distrito Federal, sin embargo durante más de 10 años no obtuvo avances en su investigación y les fueron negadas las copias de su expediente. 

En vista de lo ocurrido, con el apoyo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo  A.C. (CEPAD) en el año 2019, la señora Natividad interpuso un amparo contra la PGR, en el cual se reclamó la negativa a proporcionar las copias certificadas de su expediente, la falta de coordinación entre las autoridades que integran la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y omisiones en la investigación y la reparación del daño.

El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco en su sentencia del 23 de diciembre de 2019 reconoció el derecho de la señora Natividad a obtener las copias de su expediente, sin embargo no estudió las otras exigencias planteadas en el amparo. Por tal se interpuso un recurso de revisión cuyo análisis estuvo a cargo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal. Este órgano determinó en su sesión de 4 de febrero de 2021 ampliar el sentido de la sentencia de amparo, reconociendo las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido. 

En esta sentencia el Segundo Tribunal ordena una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a todas y cada una de las personas responsables y que haga todo lo 

que se encuentre a su alcance para localizar con vida a Dalia y Luis, o de ser el caso, de sus restos.  

Para lograr esto, de manera específica la sentencia indica que la FGR debe elaborar un plan de investigación y cada 20 días establecer comunicación con la señora Natividad a fin de presentar los avances de la búsqueda y la investigación de sus familiares. 

Por otra parte, la sentencia resulta novedosa porque ordena también a la FGR crear una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a Dalía y Luis, acción en la que es necesaria la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Nacional de Derechos Humanos y autoridades de primer nivel en materia forense y en materia de Derechos Humanos. La conformación de este organismo es trascendente para dar respuesta a la omisión de buscar a las víctimas que ha tenido por años la Fiscalía, atendiendo el derecho a la verdad de la señora Natividad de encontrar su paradero a pesar del tiempo transcurrido.  

La sentencia también obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia a no criminalizar ni revictimizar a la promovente Ma. Natividad Guerrero Sedano, en su calidad de víctima indirecta de la desaparición forzada cometida en agravio de sus familiares Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez.

Es necesario que la FGR actúe para dar cumplimiento a la sentencia obtenida, a través de la elaboración de un plan de seguimiento claro, en que se determinen las acciones que se realizarán para dar cumplimiento a la sentencia, y que sea participativo, respetando los derechos a la información y de participación como coadyuvante de la señora Natividad en el proceso. 

Si bien, ya hubo una primera reunión el 18 de marzo de 2021, de la cual se ha desprendido la entrega de las copias del expediente, se prevé la realización de una reunión de seguimiento el próximo jueves 29 de abril, en la que se encuentre presente el Titular de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas de FGR. 

Esta sentencia da la posibilidad de que se subsanen los errores y omisiones que se han cometido en la búsqueda e investigación de la desaparición de Dalia y Luis Ramón, se avance en conocer su paradero y se esclarezcan los hechos ocurridos hace más de 10 años, en respeto del derecho a la verdad y la justicia de la señora Natividad. Mediante la orden de los magistrados del poder judicial federal a las autoridades responsables, de realizar un trabajo profesional en el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas, la señora Natividad sigue esperando que puedan ser localizados con vida. 

Enlace de la transmisión en vivo: https://www.facebook.com/CEPAD.GDL/videos/178539090787323/

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Guadalajara, Jalisco a 26 de abril de 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

P R E S E N T E

Por medio de la presente, la suscrita Anna Karolina Chimiak, en representación del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), manifiesto mis motivos para ser integrante del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta del Comité Coordinador, establecido por la Ley para Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. 

El CEPAD es una organización de la sociedad civil que desde el año 2006 se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Jalisco. La organización a través del acompañamiento integral a víctimas, capacitaciones, acciones de incidencia en políticas públicas y legislativa, investigación y  comunicación, atiende dos graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en la entidad: desaparición de personas y tortura.

Las primeras actividades del CEPAD en relación con la problemática de la desaparición de personas ocurrieron en el año 2009, y ante el incremento de la cantidad de personas desaparecidas en Jalisco, la necesidad de crear e implementar marcos legislativos en la materia, la urgencia de políticas públicas para prevenir y erradicar la problemática, así como la impunidad en la cual predominan los casos, hoy día la desaparición de personas se ha convertido en uno de los ejes principales del trabajo de la organización, siendo el centro de nuestras labores las familias de personas desaparecidas que acompañamos. Nuestro propósito es abonar al acceso a la verdad y la justicia de las víctimas y fortalecer sus capacidades en la exigencia de sus derechos. 

En este sentido, gran parte de nuestras labores se han enfocado en brindar asesoría y orientación legal para la búsqueda de personas desaparecidas, al igual que hemos asumido el acompañamiento integral de varios casos, en los cuales a partir de diversas estrategias jurídicas a nivel estatal, nacional e internacional pretendemos hacer frente a las malas prácticas y deficiencias en la actuación de las autoridades en la investigación de casos y localización de las personas desaparecidas. 

También la organización se ha enfocado en compartir conocimiento y presentar herramientas a familiares de personas desaparecidas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la sociedad en su conjunto, a partir de eventos públicos en donde se informa y analiza el fenómeno de desaparición de personas, al igual que mediante talleres en los cuales damos a conocer los derechos de personas desaparecidas y de sus familiarespara fortalecer su exigencia. Un ejemplo más reciente de esto es que durante marzo de 2021 brindamos talleres sobre las leyes estatales en materia de desaparición a integrantes de cinco colectivos de distintas regiones del estado Jalisco.

En cuanto a nuestra labor de incidencia, junto con familiares de personas desaparecidas hemos participado en distintos procesos relacionados con el diseño e implementación de políticas públicas y con la labor legislativa, incluidas las leyes en materia de desaparición de personas, impulsando la efectiva implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapariciones Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Jalisco.

Desde el 2016 junto con el colectivo Por Amor a Ellxs, y con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, impulsamos las mesas de trabajo que contribuyeron en la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD), la cual comenzó a operar el 31 de agosto de 2017. Además contribuimos de manera activa y directa en la redacción de su Reglamento Interno y en la consolidación de su Dirección de Análisis y Contexto. Igualmente, como parte del proceso de creación de la FEPD, cabe resaltar que participamos en la selección de las personas titulares de esta institución, realizamos acciones de seguimiento a su implementación y documentamos el proceso de su creación y funcionamiento mediante la publicación titulada Informe sobre el Proceso de Creación e Implementación de la FEPD. ¿El Camino hacia la Verdad y la Justicia?, publicado por el CEPAD en diciembre de 2018.

Aunado a nuestras labores de incidencia, es relevante resaltar que desde el CEPAD contribuimos en la consolidación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), participando también de manera activa junto con familiares de personas desaparecidas, en el proceso de selección de su persona titular, al igual que formamos parte de las mesas de trabajo interinstitucionales sostenidas de junio a septiembre de 2018 y creadas a fin de atender de manera integral la la problemática de desaparición de personas en la entidad. Durante este proceso, mediante labores de incidencia realizadas junto con colectivos de búsqueda, promovimos la creación de un espacio formalizado de trabajo y seguimiento, y por esta razón, el 27 de septiembre de 2018 se instaló la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de las Acciones Implementadas por el Gobierno del Estado de Jalisco para el Fortalecimiento de la FEPD y de la COBUPEJ. Este proceso lo documentamos en el informe del CEPAD publicado en octubre de 2020, titulado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco a dos años de su creación ¿Cuál es la apuesta?.

De igual manera, a nivel estatal junto con colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil, participamos en la creación de las leyes en materia de desaparición a fin de que el marco normativo de Jalisco fuera armonizado con la Ley General en Materia de Desaparición. En este sentido, hemos realizado distintas labores para exigir su aprobación a partir del año 2018 y desde entonces hemos señalado la necesidad de que en su diseño se llevara a cabo un proceso de participación amplio, público e incluyente, que resultara en las leyes que realmente atiendan las necesidades de familiares de personas desaparecidas y particularidades del contexto del estado de Jalisco. 

En este sentido, junto con familiares de personas desaparecidas emitimos una serie de pronunciamientos y comunicados, y tras la presentación por parte del Ejecutivo del Estado de las iniciativas de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco y Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco en octubre de 2019, elaboramos tres documentos de observaciones sobre las mismas.  Además participamos en las mesas de trabajo sostenidas por el Congreso del Estado de Jalisco los días 29, 30 y 31 de enero de 2020, y estuvimos presentes en todas las reuniones y mesas de revisión técnica llevadas a cabo en las fechas de septiembre de 2020 a febrero de 2021 por la Subcomisión Legislativa de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas y Declaración Especial de Ausencia de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso local, aportando las observaciones e incluso la redacción de diversos contenidos de ambas legislaciones.

Además, a nivel nacional nos hemos sumado a espacios de consulta sobre los contenidos de la Ley General en Materia de Desaparición, y hemos presentado observaciones al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, además de que hemos tenido presencia en varias reuniones llevadas cabo para la consolidación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, entre otras actividades. Cabe señalar que formamos parte de diversas redes locales y nacionales, incluyendo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México o la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT). 

En lo relacionado con el ámbito internacional, participamos en las Jornadas de Diálogo del Proyecto de Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en abril de 2019. Además, hemos aportado nuestro expertis y análisis sobre el contexto del estado de Jalisco ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos (Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas o Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En lo que concierne a las labores de investigación que realizamos por parte del CEPAD, cabe destacar que hemos publicado diversos informes sobre el análisis cualitativo y cuantitativo de la problemática de desaparición de personas en el estado de Jalisco. Aparte de los informes anteriormente mencionados sobre la COBUPEJ y la FEPD, hemos investigado y documentado sobre la identificación forense, como es por ejemplo el informe publicado en 2019 Incineraciones de Cuerpos No Identificados. Crímenes sin Justicia, o los informes sobre el contexto de desaparición de personas en la entidad, tales como el informe presentado en 2017 Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia. Además, en febrero de 2021 por parte del CEPAD hicimos pública la plataforma INFODH, mediante la cual se difunde la información actualizada sobre la práctica de desaparición de personas en la entidad.

Finalmente, con la intención de visibilizar la problemática de desaparición de personas en Jalisco, mediante la creación y difusión de materiales visuales a través de redes sociales y nuestra página web, contribuimos al reconocimiento del fenómeno de desaparición de personas y logrando, en algunos casos, generar un cambio de narrativas y de atención sobre el mismo. 

Con base a las diversas acciones que he señalado y el acompañamiento con familiares de personas desaparecidas que hemos brindado a lo largo del tiempo,  observamos que existen múltiples pendientes y retos que presenta el contexto del estado de Jalisco. Pese a los avances en la agenda y políticas públicas en materia de desaparición de personas, en Jalisco hay más de 12 mil 400 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Este panorama exige estrategias y acciones coordinadas para atender y erradicar la problemática, iniciando con la seria y efectiva implementación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

Consideramos que la experiencia y conocimientos del CEPAD y nuestra postulación al Consejo Estatal Ciudadano representan una gran oportunidad para contribuir en la creación, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con el tema de desaparición de personas. Tomando en cuenta la gravedad y magnitud de la problemática en la entidad, por parte del CEPAD siendo integrantes del Consejo podríamos aportar en diversas acciones que pudieran traducirse en la adecuada implementación de ambas leyes en materia de desaparición, particularmente en atención a sus artículos transitorios. Además, siendo una organización muy involucrada en la creación de los contenidos de estas legislaciones, sabemos con claridad cuáles son los alcances de sus contenidos y de las atribuciones de las autoridades estatales y municipales involucradas en su aplicación.

En lo relacionado con la COBUPEJ, de acuerdo con nuestro informe Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco a dos años de su creación ¿cuál es la apuesta?, identificamos un déficit en las metodologías empleadas para la búsqueda, ausencia de mecanismos participativos, poco interés institucional por construir bases de datos confiables y herramientas que ayuden en la coordinación interinstitucional, el intercambio de información permanente, al igual que observamos deficiencias en las acciones y eficacia de búsqueda. 

Ante esto, vemos relevante que, junto con familiares de personas desaparecidas, podamos aportar en la elaboración del Reglamento Interno de la Comisión, contribuir en la creación de los lineamientos, guías y metodologías para la búsqueda, brindar los insumos necesarios en la consolidación de su Área de Análisis de Contexto, retomando los avances de la FEPD, y ayudar en la creación del Programa Estatal de Búsqueda.

Asimismo, vemos crucial buscar las maneras de cómo fomentar la participación de familiares de personas desaparecidas no sólo en la agenda pública, sino también en los procesos de búsqueda e investigación e impulsar la garantía de sus derechos fundamentales, al igual que contribuir en la búsqueda de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional que abone a la eficacia de acciones y disminuya el grado de revictimización hacia familiares de personas desaparecidas.

De igual manera, en lo relacionado con la FEPD, a pesar de las múltiples expectativas que se generaron en el momento de su creación, esto no se reflejó en las mejoras sustanciales y avances en la búsqueda e investigación. Ante nuestra experiencia en cuanto al proceso de su consolidación, así como la asesoría y representación jurídica de los casos, siendo integrante del Consejo Estatal Ciudadano, podríamos brindar asistencia técnica y apoyo en elaboración del Reglamento Interno de la institución, esquemas de coordinación interinstitucional, y rutas de atención a los casos, acorde a las necesidades de familiares de personas desaparecidas.

Además, ante el contexto de la desaparición cometida de manera generalizada en el estado de Jalisco, observamos la necesidad de reforzar  desde la sociedad civil el uso de la herramienta de análisis de contexto para que se hagan diagnósticos institucionales, mismos que sean enriquecidos por la información proporcionada por las víctimas de desaparición, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, y que estos pudieran traducirse no sólo en las acciones de búsqueda y avances en las investigaciones, sino también en políticas y programas integrales de prevención en materia de desaparición de personas.

Finalmente, para la correcta aplicación de las leyes de desaparición consideramos de suma relevancia generar los mecanismos formalizados de participación y comunicación continua entre familiares de personas desaparecidas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil con autoridades estatales y municipales, incluyendo representantes del Poder Judicial. Aunado a lo anterior, en lo referente a la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, se requiere reforzar el rol y conocimientos de las y los jueces sobre la misma, así como fortalecer la atención brindada por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta la magnitud de la tragedia de desaparición de personas que atraviesa Jalisco, desde el CEPAD manifestamos nuestro interés y disponibilidad de formar parte del Consejo Estatal Ciudadano, y esperamos que como organización podamos contribuir de manera positiva en el proceso de construcción de políticas públicas y de las acciones que se traduzcan en la reversión de la impunidad, el acceso a la justicia, la verdad, la prevención y no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco, como es la desaparición de personas.

Anna Karolina Chimiak

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)

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Aquí te explicamos todo lo relacionado con la plataforma INFODH. Describimos en qué consiste, el objetivo y el contenido que ahí encuentras. 

Visita: www.cepad.org.mx/infodh

INFODH es una plataforma desarrollada por el Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), la cual informa sobre graves violaciones a derechos humanos en Jalisco. El objetivo es contribuir a las exigencias de justicia, verdad y memoria, al igual que facilitar la documentación sobre la práctica de tortura y desaparición de personas  a víctimas, periodistas, instancias investigadoras e instituciones.

Si bien durante los últimos años Jalisco en diversos registros oficiales es reconocida como la entidad con mayor cantidad de personas desaparecidas, hallazgos de fosas clandestinas, donde además la práctica de tortura se desarrolla de manera generalizada y en un contexto de completa impunidad, la sociedad dificilmente puede tener acceso a información gubernamental relacionada estas las graves violaciones a los derechos humanos.

Por tal motivo surge esta iniciativa, a fin de constituir una herramienta que le permita a cualquier persona interesada conocer y comparar cifras y otros datos relevantes para formarse un juicio informado y promover la rendición de cuentas por parte de autoridades, y de esta manera contribuir a su vez a la generación de conocimiento útil que contribuya a la construcción de memoria, verdad y justicia. 

Es así que este proyecto representa un esfuerzo que busca construir un espacio virtual a partir de la divulgación y el consumo de información pública existente sobre la práctica de tortura y desaparición de personas ocurridas en Jalisco, y que recuerde a la sociedad mexicana, a periodistas y a las autoridades los efectos y consecuencias de la comisión de estas graves violaciones de derechos humanos, con miras a prevenir su repetición, ofrecer insumos para el diseño de políticas públicas en materia de búsqueda de personas desaparecidas en México.

¿Cómo funciona INFODH?

La plataforma INFODH está compuesta por dos secciones. Una es tortura y la otra es desaparicion de personas. Los datos presentados en ambos apartados fueron obtenidos a partir de solicitudes de acceso a la información a las instituciones gubernamentales correspondientes, fuentes bibliográficas y normas jurídicas.

La información presentada en las dos secciones de INFODH será actualizada por el equipo del CEPAD cada bimestre, sin embargo, se prevé que habrá secciones en los que no será posible llevar a cabo este registro de manera puntual debido a que la información proviene a de solicitudes de acceso a la información de las instituciones gubernamentales correspondientes y estas no siempre responden en los tiempos establecidos. 

Cabe señalar que actualmente la plataforma INFODH solo está disponible para ser usada desde la web a través de una computadora o laptop. La versión móvil aún no está disponible.  

¿Qué contenido encuentro en la sección de tortura?

Aquí te presentamos la definición del delito de tortura en términos jurídicos y prácticos, al igual que una serie de datos que permiten explicar cómo se desarrolla esta grave violación a los derechos humanos en un par de tablas que muestran la cantidad de quejas, denuncias y carpetas de investigación entre el periodo de enero de 2006 y el 31 de julio de 2020. La información de esta base de datos fue obtenida a partir de sistematización de información solicitada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En esta sección mostramos también datos demográficos sobre las personas que han sido torturadas y han presentado una queja ante la CEDHJ en el periodo de enero de 2006 al 31 de julio de 2020 y encuentras una tabla que permite comparar a la cantidad de víctimas entre la CEDHJ y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. 

Asimismo, a partir de una tabla informamos las corporaciones que acumulan el mayor número de quejas y recomendaciones de la CEDHJ, así como el mayor número de denuncias y carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Para la realización de esta tabla se sumaron todas las quejas, recomendaciones, denuncias y carpetas de investigación emitidas de enero de 2006  a julio de 2020, en la que aparecían señaladas como responsables cada institución y, al final, se resaltan las cinco corporaciones que acumulan el mayor número de señalamientos.

Explicamos los principales métodos de tortura que ejecutan las autoridades de Jalisco y en qué consisten. El resultado de la información que aquí se presenta fue obtenida a partir del análisis de 576 recomendaciones emitidas por la CEDHJ, durante el período de enero de 2006 al 31 de julio de 2020. Desde el equipo del CEPAD siguiendo  la definición de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, detectamos que 201 recomendaciones constituían actos de tortura. Sin embargo 141 recomendaciones la CEDHJ emitió otro tipo de violación de derechos humanos.

Con el propósito de dar voz a la experiencia de las víctimas de tortura y entendiendo que su verdad no rádica en la exactitud de los hechos, si no en el relato y la interpretación de ellos, en estos audios se encuentran algunos testimonios que muestran los actos de tortura que diversos agentes encargados de la seguridad perpetraron en contra varias personas. 

A partir de gráficos te mostramos las situaciones de impunidad que impera en Jalisco en torno al delito de tortura, misma que se evindencia en la ausencia de investigaciones y sanciones, así como encubrirmiento de esta grave violación a los derechos humanos, y  ponemos a disposición un espacio para que las víctimas y sobrevivientes de tortura narren de manera anónima su experiencia. Por último, encontrarás los informes que desde el CEPAD hemos publicado al respecto.

¿Qué encuentro en la sección Desaparición de personas?

La desaparición de personas provoca múltiples efectos no solo en la familias y los seres queridos de la persona desaparecida, si no a toda la sociedad al quebrar de manera irreversible el tejido social, ya de por sí frágil y vulnerable ante el contexto de violencia. 

En esta sección te presentamos la normativa nacional e internacional sobre la desaparición de personas y a partir de mapas interactivos mostramos gráficamente las personas reportadas, las que siguen desaparecidas y las localizadas por municipios desde 2006 a 2020, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas(RNPDNO).

También encuentras un monitoreo comparativo de estadísticas sobre desaparición de personas en Jalisco, datos sobre la cantidad de reportes y medio de registro de los mismos por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y un listado de  los compromisos cumplidos e incumplidos anunciados por el Gobierno de Enrique Alfaro en la estrategia de integral de atención a víctimas de desaparición, al igual que el proceso legislativo que se ha desarrollado para la creación y aprobación de las leyes en materia de desaparición en Jalisco.

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Dip. Jorge Eduardo González Arana                                               

Dip. Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen

Dip. Ismael Espanta Tejeda                                                              

Dip. Oscar Arturo Herrera Estrada        

Dip. Priscilla Franco Barba                                                                

Dip. Gustavo Macías Zambrano  

Dip. Erika Pérez García

P R E S E N T E

Por este medio, quienes suscribimos la presente nos dirigimos a ustedes para solicitar información relacionada con el proceso de dictaminación de las iniciativas de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco y Ley de Víctimas del Estado de Jalisco.

Como es de su conocimiento, en el mes de octubre del 2019 el Gobernador del Estado envió al Congreso estatal tres iniciativas de ley: sobre desaparición de personas, declaración especial de ausencia y víctimas. Posterior a este envío, en el mes de enero del 2020 se realizaron las mesas de trabajo en el Congreso con la participación de colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, académicos/as y organismos internacionales para la discusión de dichas propuestas de ley, acordándose mesas técnicas con las y los participantes de este espacio

Asimismo, y como es de su conocimiento, en distintas ocasiones durante los meses de enero a julio

 tuvimos intercambios con diferentes diputados y diputadas, incluyendo algunos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, así como con el titular de órgano técnico de la misma. En todas esas reuniones y llamadas insistimos en un proceso abierto, transparente, incluyente y que tuviera las condiciones para hacer una revisión adecuada: suficiente tiempo, metodología previamente acordada y que el lenguaje fuera sencillo y fácil de entender.

Por lo anterior, hemos enfatizado en la relevancia que tiene priorizar el análisis de las legislaciones y, en particular sobre la legislación de víctimas, solicitamos que tuviera una revisión por separado en tanto se hacía necesaria la incorporación actores adicionales y una visión más amplia en términos de víctimas que trasciende a quienes tienen un ser querido desaparecido: víctimas de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de contaminación, de violencias de género, y de hechos paradigmáticos como el de las explosiones del 22 de abril de 1992, por mencionar algunos.

Finalmente, hemos externado nuestra preocupación por la inminencia tanto de la aprobación del presupuesto estatal (puesto que los 3 marcos legales requieren del mismo), así como de la cercanía del proceso electoral, lo cual podría poner en riesgo cualquier avance que se pueda dar en la materia que nos ocupa.

En este tenor, resaltamos que no han sido escuchadas las solicitudes de los colectivos de contar con un proceso certero, transparente y participativo. Con ello se contribuiría en la atención a la urgencia que se requiere en uno de los estados con más número de personas desaparecidas. 

Consideramos que cuando se pretende legislar para atender una problemática tan grave y compleja como la desaparición de personas es indispensable una discusión igualmente compleja. Siendo necesaria la deliberación y posturas de la diversidad de actores (familiares, sociedad civil, expertos/os y funcionarios que implementarán las leyes) que desde su experticia se enriquecerá el texto que se elabore y finalmente se dictamine y vote, teniendo como resultado las leyes que merecemos.

Dado que hasta el momento no hemos tenido respuesta real a la solicitud que, en su momento, fue aceptada por el Presidente y el titular del órgano técnico de la Comisión mencionada al rubro de la presente; que vemos con preocupación la cercanía de la etapa pre-electoral; y que sabemos de declaraciones (públicas y privadas) de diputadas y funcionarios por dictaminar a la brevedad las leyes sin cumplir los criterios arriba señalados. Por ello solicitamos una reunión de carácter urgente con el Pleno de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, para que nos informe sobre la hoja de ruta que ha previsto el Congreso del Estado para la revisión, discusión, dictaminación y posterior votación de las tres propuestas legislativas que son sumamente necesarias para nuestros estado, y para que nos comparta el avance en la incorporación de las observaciones que varias de las firmantes hemos hecho a dos de las tres iniciativas, así como las observaciones recabadas durante las mesas de trabajo sostenidas en el mes de enero de 2020. Asimismo, solicitamos en esta reunión estén presentes representantes de los diversos organismos internacionales que han participado a través de sus observaciones técnicas, además tener la posibilidad de reunirnos de manera virtual, dadas las circunstancias sanitarias actuales.

En nuestra opinión, la hoja de ruta propuesta debería contener, al menos, lo siguiente:

1. Responsables. Solicitamos al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso de Jalisco, diputado Jorge Eduardo González Arana,  como responsable de la dictaminación de las tres iniciativas, que atienda las obligaciones del Poder Legislativo y los acuerdos celebrados en enero de este año en el marco de las “mesas de trabajo para dictaminar las propuestas de leyes de Personas desaparecidas del Estado de Jalisco, de Atención a Víctimas y de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas” y sea desde esta Comisión que seamos convocadas para la discusión de las mismas.

2. Identificación de los documentos sobre los cuales se realizaron las observaciones de las diversas organizaciones locales e internacionales y colectivos. Conocer las adiciones que se han hecho a las iniciativas presentadas por el Gobernador a partir de las observaciones realizadas por distintos actores, sobre los cuales se discutirán las leyes y los criterios de incorporación de las observaciones. Por tanto, para que el proceso sea adecuado y eficiente, será fundamental contar con los documentos ya mencionados para poderlos revisar previo a las mesas técnicas de trabajo, cuando menos 15 días antes de su discusión. De igual manera, es importante identificar las partes que no fueron incorporadas, o sobre las cuales existe controversia o diferentes puntos de vista, para concentrarnos en la identificación de propuestas que puedan resolver esos puntos concretos.

3. Metodología para la revisión de los documentos. La metodología debería identificar claramente el orden de revisión de los documentos (priorización), la forma en que se incorporarán las observaciones discutidas en las mesas técnicas correspondientes a la persona o personas que darán seguimiento y elaborarán el dictamen final que será votado por las y los integrantes del pleno y dará a conocer a las y los actores que participaron de su discusión. Finalmente, que el documento que sea trabajado y acordado por las organizaciones y el Congreso, no sufra cambios en la votación del pleno.

4. Participación. Es importante saber quiénes participarán en los procesos de revisión en las mesas técnicas ya acordadas y, reiteramos la importancia de la participación de las familiares de personas desaparecidas, víctimas de otras violaciones a los derechos humanos y los delitos, personas expertas, organismos internacionales, así como las autoridades que serán responsables de la implementación o cumplimiento de las leyes.

5. Calendario. Con el fin de usar eficientemente el tiempo, será relevante consensuar con las familias un calendario en el que se identifiquen los días y horarios de revisión. Previa entrega de los documentos a discutir.

6. Condiciones adecuadas. Solicitamos que los trabajos realizados conjuntamente entre las diferentes autoridades sean llevados bajo condiciones adecuadas, por ejemplo, sin fotografías y/o publicidad de las mismas.  Esperando poder construir una relación de confianza y basada en el diálogo honesto y respeto a los acuerdos.

7. Convocatoria. Solicitamos que se realice la convocatoria para el establecimiento de las mesas técnicas, por parte de la Comisión de Derechos Humanos.

8. Formato de participación. Dada la contingencia, pedimos que la participación pueda hacerse de manera remota, con horarios razonables en tanto esta forma de participación puede ser más complicada, promoviendo los mecanismos y alternativas más adecuadas que garanticen la participación más amplia.

Sin más, quedamos atentas y atentos a su respuesta y les enviamos un saludo cordial.

Atentamente,

Colectivo Por Amor a Ellxs

Colectivo Entre Cielo y Tierra

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD)

Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.

Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

Observatorio Legislativo ITESO

TÓMALA

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^[1] Una buena práctica en los procesos de revisión de este tipo de legislación ha sido la instalación de mesas de trabajo en la que participe un número manejable de personas junto con los órganos técnicos del Congreso, que puedan avanzar en la revisión puntual de la propuesta de articulado, transitorios y, en caso de ser necesario, de la exposición de motivos.