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Comunicado

Pronunciamiento del CEPAD del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Pronunciamiento del CEPAD del
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Como cada año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo fija una postura respecto a la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, sin apartarse de los temas pilares de su actividad como son la desaparición de personas, la tortura, la discriminación, situación de las personas defensoras y periodistas, la libertad de expresión y protesta social, pero sin dejar de solidarizarse y visibilizar las causas de las personas, las organizaciones, los colectivos y los movimientos sociales que luchan frente a la adversidad que representa la corrupción y la impunidad en un ambiente de violencia e inseguridad generalizada.

Lejos parece el día en que la presentación del Informe se hable de buenas noticias, año con año, esto que llamamos crisis en materia de derechos humanos en el país, se ha convertido en los últimos 12 años en la peor tragedia de la que se tenga memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Durante el 2017, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue el más violento del que se tenga registros y Jalisco no fue la excepción. En dicho año, se registraron 1,369 homicidios dolosos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General, se reportaron 3762 personas desaparecidas, de las cuales se iniciaron 3120 carpetas de investigación por ese delito y 0 por desaparición forzada. Respecto a la situación de los feminicidios, en el mismo periodo se registraron 107 casos de acuerdo con cifra dadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), lo que nos demuestra el fracaso de la Alerta de Violencia contra las Mujeres supuestamente implementado por las autoridades estatales, pero persiste la fuerte sospecha que otros casos no fueron clasificados correctamente, por lo que la cifra puede ser mayor.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pone a Jalisco como la tercera entidad del país en el número de quejas en los últimos cinco años. Un caso emblemático para el Cepad, fue la defensa legal emprendida por una pareja que les fue rechazado el derecho a decidir el orden de los apellidos de su menor hija por parte del registro Civil número 1 de Guadalajara, municipio que presume haber suscrito un sinfín de convenios, memorándums y demás compromisos dirigidos contra la discriminación hacia las mujeres. Tuvo que ser un Juez Federal quien le ordenara a la Oficina de Registro de nacimientos que respetara los derechos del padre y de la madre a determinar el orden de los apellidos que llevará su bebé. Tanto la familia como el Cepad, ilusamente pensaron que dicha resolución sentaría un precedente para erradicar la discriminación respecto a la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, pues meses después, otra pareja se presentó ante la misma autoridad registral, y les fue negado el registro, pero ahora no por motivos jurídicos, sino bajo el argumento de que “deben conservar el orden armónico de la comunidad”. Tampoco podemos omitir el desdén y la indiferencia de las autoridades municipales y estatales hacia las situación que enfrentan las personas con discapacidad, a quienes, hasta la fecha, no se les garantiza sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales, pues el diseño de las políticas públicas no generan condiciones de respeto a una vida digna, alejadas de la discriminación y de igualdad.

Por otro lado, los temas que también preocupan y ocupan al Cepad, son aquellos donde se ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad. Con preocupación vemos aquellas declaraciones del entonces presidente municipal de Guadalajara, y actual candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, donde señaló que “no olvida a quienes lo critican”.

Asimismo, vemos como ,quienes ejercen el periodismo crítico, sufren el despido de sus fuentes de empleo o, en su caso, son demandados por quienes detentan algún tipo de poder político. Tal es el caso del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el entonces diputado Enrique Audry, de quien documentó algunas irregularidades de quien se dice ser un representante popular; además, se encuentra el caso de la periodista Martha Hernández Fuentes, quien fue retenida de manera arbitraria por policías de Guadalajara cuando registraba el deterioro estructural del mercado Corona. Ambos casos fueron puntualmente registrados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Quienes integramos el Cepad, nos solidarizamos con quienes de manera profesional y ética ejercen el periodismo y rechazamos cualquier intento por acallar las voces comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la personas defensoras, lamentamos profundamente el asesinato de los defensores Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, fundadores del Consejo Regional Wixárrika por la Defensa de Wirikuta, crimen ocurrido en el municipio de Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. Las autoridades estatales atribuyen su muerte al crimen organizado, lo que de ser así, evidencia el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros hermanos y hermanas por defender sus tierras y territorios, ya sea por omisión o complicidad de las mismas autoridades municipales, estatales y federales.

Tampoco podemos omitir mencionar la promesa del entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval a los y las habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de no inundar sus pueblos, sin embargo, en junio pasado en un acto público y en presencia de personajes de la vida pública de la entidad, se desdijo amenazando que la presa va a 105 metros, contraviniendo la determinación de la SCJN que la cortina de la presa el Zapotillo no debe rebasar los 80 metros.

En el 2017 vivimos el añorado cambio en la CEDHJ, cuyo titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrian ejerció por 10 años un cargo que jamás debió ser, pero las complicidades llevaron a que la defensa de los derechos humanos fueran una simulación, su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos deberán ser investigadas. El proceso de sucesión fue, al final de cuentas y para no perder la costumbre, un acuerdo entre las cúpulas políticas representadas en el Congreso local. Es importante mencionar que la DPLF, Idheas Litigio Estratégico, IMDHD y el Cepad, hicimos llegar a cada representante del Legislativo local, un documento titulado El Perfil Ideal para el cargo del /la presidente/a de la CEDHJ 2017-2022, donde se alertó la ausencia de mecanismos para llevar a cabo la Consulta Pública. Ese documento fue también un llamado a las organizaciones y sectores sociales que decidieron participar en el proceso, pues de llevarse a cabo sin definirse cómo se garantizaría ese derecho, se estaría perdiendo la oportunidad de generar condiciones para elegir al mejor perfil para tan importante cargo. Sin demeritar las cualidades del actual presidente de la CEDHJ, las componendas políticas hicieron que llegara al cargo, pero la legitimidad se gana con respuestas, y una de ellas es auditar a la administración anterior, no solo en la cuestión financiera, sino la actuación de ese organismo frente a hechos ocurridos en esos 10 años, así como revisar las quejas y recomendaciones clasificadas por lesiones y abusos de autoridad, y no por tortura.

Es importante recordar que el 31 de agosto pasado, inició los trabajos la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, la cual fue producto de la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos y, que sin el fuerte impulso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, no hubiera sido posible darse. Seguimos sin respuesta ante la desaparición de personas en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta y otros más por parte de elementos de la Marina Armada de México. Tan solo en el 2017 se presentaron 5 quejas ante la CNDH en contra de esa institución por la desaparición de pobladores de esos municipios. Desde que inició labores la FEPD, las familias no solamente han vivido la frustacion y la desilusión, sino también amenazas e indiferencia de los Ministerios Públicos.

Sin duda, sería imposible mencionar cada una de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco durante el 2017, y nada podrá impedir revertir el actual estado de cosas, mientras la sociedad siga con una actitud de indolencia ante la tragedia y, lo que es peor, una sociedad civil desorganizada, medios de comunicación a modo, universidades silenciosas y cada persona, espectadora de la indignidad.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Boletín de prensa

Boletín de Prensa – Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Guadalajara Jalisco a 19 de Abril de 2018

 

BOLETÍN DE PRENSA

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

 

El Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017, muestra la actual vigencia de los derechos humanos en nuestro estado. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha tenido poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. Las aportaciones reflexivas y testimoniales desde la mirada de cada artículo de este informe dan cuenta de las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses.

  • Jorge Alonso Sánchez nos advierte el olvido del respeto a la diversidad, a la diferencia, en especial cuando maltratamos a los pueblos primigenios de nuestro territorio.
  • Jade Ramírez Cuevas Villanueva describe la lucha de una niña y sus padres por tener nombre propio frente a la ignorancia de funcionarios municipales cuando se oponen a registrar un nombre inusual y plenamente legal.
  • Aristeo López Macías se pregunta: “¿Sería posible identificar los intereses comunes entre Gobierno y la Sociedad Civil en favor de Niños, Niñas, Adolescentes?
  • Gricelda Torres Zambrano hace presente a los niños y niñas víctimas del feminicida, del violento, golpeador o acosador sexual dentro de la familia.
  • Paola Lazo Corvera afirma y evidencia que: La inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de las políticas y estrategias estatales y municipales.
  • Tania Reneaum Panszi nos da una Visión del Informe de Tortura en Jalisco presentado por el Cepad el pasado septiembre de 2017, desde una Perspectiva de Género con relatos que son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género.
  • Anna Karolina Chimiak señala la magnitud de las consecuencias tras la desaparición de un familiar. Desaparecer no es asunto de magia. Es una tragedia, una tragedia que irradia otras tragedias.
  • María del Carmen Aggi Cabrera recoge evidencias que ponen en duda las estrategias de seguridad militarizada, mostrando que los derechos humanos son desconocidos en los hechos.
  • Carlos Peralta aporta reflexiones sobre el derecho a tomar, usar y disfrutar del agua, mientras que en Jalisco hace diez años se libra una lucha técnica, política y ética, donde el agua para las personas se opone al agua para las empresas.
  • César Pérez Verónica escribe sobre la elección del Ombudsman en Jalisco, ante la posibilidad de la llegada de una persona decidida por acuerdo político y no ético.
  • Augusto Chacón destaca lo esencial de la integralidad del combate a la corrupción. De otro modo, alguien hará fallar el sistema.

 

La presentación del informe está a cargo de Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés); Carmen Aggi, directora editorial de “Letra Fría”; Augusto Chacón, director de la organización Jalisco Cómo Vamos, AC; Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Cepad, y César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo del Cepad.

Este informe nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz. El Informe también ayuda a identificar nuevas oportunidades para iniciar modificaciones a la realidad con otros actos o impulsos favorables a la búsqueda de la paz.

 

 

Enlace de descarga del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Para más información favor de ponerse en contacto con Octavio Figueroa del Área de Comunicación

comunicacion@cepad.org.mx

Calle Garibaldi 641, Colonia Centro.

Guadalajara, Jalisco, México

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Sistemas Anticorrupción

SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN
¿ÚLTIMO TREN PARA EL ESTADO DE DERECHO?

Augusto Chacón Benavides

Como cuando se trata de lo que las personas piensan o sienten nunca se sabe, este texto comienza con una advertencia liminar: no hagan caso a Enrique Peña Nieto, sobre todo en lo que se refiera a la historia, al presente y al futuro de sus gobernados, perdón, de los más de 120 millones que forman una sociedad que prácticamente podría prescindir de no pocos de sus gobiernos por todo el país, y del de Peña Nieto en particular. ¿A qué llamamos gobierno si en tantas materias de la vida nacional optamos por no hacer caso del presidente y de una legión de gobernantes junto a él?

Si Vargas Llosa se refirió a la cadena de regímenes que aquí han detentado el poder como “la dictadura perfecta” (el pan ya probó que el mecanismo no es monopolio del pri), desde la mirada que conoce por la experiencia cotidiana, bien podemos enmendar la plana al escritor: somos una dictadura perfecta si sólo tomamos en cuenta los mecanismos gruesos del juego de poder entre la clase política; en cambio, somos un mosaico de contradicciones si vamos de territorio en territorio, de cacicazgo en cacicazgo. La gente de bien no necesita autoridades, más todavía, trata de evadirlas todo lo posible para hacer lo suyo sin sobresaltos; y la gente de mal, los criminales y sus socios en el sistema institucional, de bala en bala, de delito en delito, imponen su versión de gobierno en regiones-estado que ya pueden presumir la posesión de territorios, reglas propias, economía incluso global, colecta de impuestos y que poseen una base social amplia que se ensancha activamente ante la promesa que reciben muchos individuos de ganar más, de tener más, sin más compromiso que estar dispuesto a perder la libertad, o la vida; y también se amplía pasivamente, por las amenazas implícitas a veces explícitas con las que vive el resto en esas regiones: pueden perder todo si no agachan la cabeza, si no se adaptan a las condiciones que les imponen.

Perdón por la digresión, pero es útil para hacer énfasis: no hagan caso a Peña Nieto, la corrupción no es una de las señales que disemine el núcleo de las células de cualquiera que cuente con un documento que lo identifique como mexicano o mexicana; es la savia que intencionalmente hacen circular quienes obtienen dividendos, poder y dinero al mantener el estatus quo.

La expresión del presidente; el imperio creciente del crimen organizado; la justicia sólo al alcance del mejor postor; la gente valiéndose de medios que zigzaguean entre el orden jurídico y lo ajeno a éste; en la economía o al tener como cliente al gobierno, o para protegerse, o para edificar sus casas, o para tener servicios que debían ser púbicos, o para reducir las sospechosas monsergas de la burocracia y el sistema político-económico entero, que se contenta con la vitalidad que mantiene si la capa más tenue de la sociedad está satisfecha. Todas éstas son algunas de las secuelas de una tara que no atendimos a tiempo y que hoy es una especie de pariente cercana: se parece un tanto a nosotros, su hablar es familiar, se adapta a nuestras necesidades, de repente nos viene bien y por eso, a pesar de que huele mal, que no es bien vista y de que nos avergüenzan sus modos, la toleramos en casa, por la que deambula con desparpajo aunque hagamos muecas cuando la tenemos cerca. El tiempo pasa y ella, la corrupción, como si nada; a últimas fechas luce más lozana, tal vez porque los corruptos han ganado en cinismo.

Pero ambas nociones, la que reza que la corrupción es consustancial a la mexicanidad, y la que sugiere que nomás tiene un aire a nosotros, son generalizaciones peligrosas que la aproximan a ganar el rango de ineluctable. Lo cierto es que la corrupción es efecto del autoritarismo que en los albores de la era postrevolucionaria armó el esquema para que de manera “civilizada” los generales, sus bandos y sus allegados, se repartieran el botín de guerra o sea, el país montados en una rueda de la fortuna en la que, giro a giro, a cada cual tocaba su tajada; mientras el resto de los mexicanos contemplaba el espectáculo, por si algunas migajas caían. Y sucedía, sucede en unos sexenios más que en otros. Así, el axioma “no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”, se volvió plegaria. Pero los mandamases no perdieron de vista que la república se ostentaba democrática: cualquiera podía, puede aproximarse a la ventura que desde el poder público se reparten unos cuantos, a condición de valerse del salvoconducto: “de a cómo no”,1 para lo mucho, para lo poco y también para lo que ellos quienes rigen hagan lo que por ley están obligados.

Este modo corrupto que los poderosos impusieron, suelta reflejos perversos por todas partes (en los servicios públicos, en el “combate a la pobreza”, en la educación, en la procuración e impartición de justicia, en la salud…). Pero es verdad también que por todas partes, en los gobiernos y fuera de ellos, desde hace años hay un hartazgo activo que se enuncia con un “ya estuvo suave del festín al que se entregan los que están montados en la rueda de la fortuna”. Hartazgo que atestiguamos en el emerger de la sociedad civil que interviene, critica, sanciona con lo que tiene a la mano y exige, favorecida por la complicidad de quienes desde dentro del sistema sí quieren mudar el estado de cosas. Los efectos de esta insurgencia los percibimos en avances políticos, digamos, con sus fallas y simulaciones, en los candidatos independientes; en algunos gestos de la democracia electoral; en la libertad de expresión; a escala del discurso y de modificaciones legales, aunque lejanas de cumplirse en el día a día. Notamos esos efectos en los derechos humanos y la rendición de cuentas, y en los señalamientos cada vez más precisos hacia los corruptos, que ni modo a pesar de lo bien sustentados que estén, no llegan a estar en proporción directa con las acciones de investigación y sanción.

Aunque la sociedad civil organizada ha ganado en paciencia, ha aprendido a apreciar sus logros por pequeños que puedan lucir–, asimismo, tampoco se deja engañar: entiende que eso que puede calibrarse como conquista puede no ser más que una concesión cosmética de los poderosos, que no entraña que el sistema mute radicalmente, es decir, lo que en la ciencia política popular se conoce como “dar atole con el dedo”.

Con esto en los cálculos previos, organizaciones de la sociedad civil, centros de educación superior y grupos empresariales impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (sna), asidos a avances previos impulsados por la presión de la misma sociedad civil, como la legislación para normar la participación ciudadana, que le dio legalidad al mecanismo de pasar leyes de interés para los ciudadanos mediante la colecta de firmas de personas del común, con lo que se puso en los códigos nacionales la famosa “Ley 3 de 3” o Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ahora es parte de la trama jurídica del sna.

La idea de que sea un sistema el que lleve al país a clausurar la corrupción nació del diseño de los organismos civiles, educativos y empresariales, en diálogo con el Congreso de la Unión y con el Poder Ejecutivo. A lo largo de casi cien años no conseguimos inhibir la corrupción, pero sí embrollar las leyes y las competencias que sobre ella tienen las distintas autoridades, con lo que perseguir ese delito, esos delitos, era más complicado que poner una nave tripulada en Marte. Podemos tener una idea de esto a partir de la lista de leyes que hubieron de modificar o crear, para tener, en el papel, el sna: la ya citada Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Código Penal; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y claro, la Constitución general de la república. Lo que el Sistema pretende es que los cuatro elementos del proceso de gestión de lo público: control, fiscalización, investigación y sanción,2 en los que tienen injerencia diferentes autoridades tanto en lo nacional como en los estados, se atiendan por todas concertadamente mediante un Comité Coordinador, de manera que los responsables no evadan el fenómeno con el expediente de limitarse a lo que jurídicamente les compete. Una muestra: un gobernador o un presidente municipal es indistinto llegan al cargo luego de haber señalado a sus antecesores por malos manejos, y los dejan, por lo menos, en calidad de sospechosos de corrupción; pasado algún tiempo, se les cuestiona sobre las consecuencias de esas acusaciones y sin sonrojarse responden: “puse las denuncias correspondientes, todo está en manos de la Fiscalía”; o sea, perdido para la causa anticorrupción, de lo que resulta que una inmensa mayoría afirme que estamos inundados por la corrupción, y por supuesto, por la impunidad. En ese Comité Coordinador participa gran logro un integrante de la sociedad civil, que además preside al Sistema completo.

¡Magnífico!, se le puede antojar a cualquiera exclamar. Pero es sólo en el papel. El Sistema Nacional enfrenta escollos, unos con los que debemos ser comprensivos ya que es una institución nueva, y otros de los que ya conocemos y nos toca ser intolerantes: el presidente de la República, su equipo y ciertas facciones del Congreso de la Unión, simplemente han ignorado su compromiso, el clamor unánime y según la costumbre han urdido, con las leyes en la mano, para que el Sistema no termine de entrar en funciones, con todo y que una de sus partes (la Auditoría Superior de la Federación), con su trabajo ha dado pie para que medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales hayan evidenciado actos corruptos de gran envergadura, que hacen echar en falta que el Sistema no esté íntegro: aún se señala a funcionarios públicos, a individuos, pero sin ir al fondo, a la trama entera de la corrupción que intuimos incluye a sujetos y empresas fuera de los gobiernos. En tanto la fiscalización, la investigación y la sanción no lleguen a tal amplitud, no estaremos en presencia sino de botones de muestra, no de la prenda completa, y el daño seguirá siendo grande para el estado de derecho y para los millones que, por los modos corruptos de administrar al país, no se benefician de la riqueza que éste en verdad produce.

Del modelo que las instituciones civiles, empresariales y educativas crearon para dar vida al sna, nació, con peculiaridades únicas, la intervención que en Jalisco llevó a la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción (sea). Organizaciones de la sociedad civil (osc), universidades e instituciones empresariales3 dieron con el catalizador de su cohesión, la que durante dos años han mostrado merced a dos circunstancias que se conjugaron en 2016: el inicio de la vigencia legal del sna, el 18 de julio, y la obligación legal de relevar, cinco meses después, a uno de los personajes públicos más denostados justamente en Jalisco: el entonces Auditor Superior Alonso Godoy Pelayo.

Porque, en el cambio de Auditor Superior, la instancia directamente involucrada es el Congreso, con la lxi Legislatura (específicamente, con la Comisión de Vigilancia) tuvo un punto de arranque el diálogo entre ciudadanos y ciudadanas y gobernantes para hablar de corrupción y del sistema deseable para Jalisco; por un lado, sí, por la voluntad de las diputadas y diputados, de una buena cantidad de ellos; por otro, debido a la visibilidad que el tema del auditor alcanzó gracias a los medios de comunicación. Al final, en diciembre de 2016, la sustitución del personaje fue según la inercia obligada por los factores de poder tradicionales, legítimos y fácticos, y antes (en noviembre), sin la participación de ciudadanos, se hizo la primera reforma a la Constitución del estado, la que dio cabida al sea, aunque con un detalle de parte de los legisladores: omitieron mencionar en la enmienda que quien presidiría al Sistema sería un miembro del Comité de Participación Social. Por lo que obliga la Ley General, no era estrictamente necesario que se mencionara, no obstante, el detalle así pareció en aquellos días mandaba un mensaje poco esperanzador: corríamos el riesgo de que la clase política local dejara todo según el tan conocido tic: simular. No obstante, la suerte estaba echada: el diálogo había iniciado y la voluntad por construir un sistema local anticorrupción se tornó en causa; no había cómo las voces críticas dejaran de elevarse y de tener eco, los medios de comunicación, líderes empresariales, opinadores y opinadoras y académicos incluidos los rectores de las universidades prestigiosas ya no dejarían que la clase política hiciera según la usanza; dejaron asentado que, de empeñarse, el costo social y político sería alto.

En enero de 2017, el gobernador convocó a la instalación de una Comisión Interinstitucional para redactar, desde las varias miradas y desde los diversos saberes, las iniciativas que él enviaría al Congreso para fundar el sea. Los tres poderes, los organismos empresariales y los autónomos, las universidades, las osc, o sea, una muestra social amplia, estuvo representada en esa Comisión liderada por la Contraloría General del Estado. Las discusiones fueron intensas y no sólo respecto a generalidades sino punto por punto, durante casi seis meses se pergeñaron las propuestas de ley y las reformas que llevarían la firma del Ejecutivo estatal, pero sobre todo: se consolidó un engranaje de participación ciudadana que a unos daba legitimidad, y a otros la posibilidad de incidir, por lo pronto, en la confección de leyes.

El artilugio de la Comisión Interinstitucional fue tan bueno y visible, que una vez concluyó el encargo que tuvo desde el Ejecutivo, el Congreso lo retomó y lo rebautizó como “Mesa de Gobernanza” para el tramo final del proceso: la dictaminación de las leyes y las reformas que requería el sea. Con tensiones entre los participantes, los políticos y los ciudadanos, con desencuentros, espacios opacos no visibles para la Mesa de Gobernanza, pero al final con acuerdos, ninguno terminó por imponer sus anhelos: los que tenían unos para dejar el Sistema en su mínima expresión posible, y los de los otros para llevarlo al extremo de la eficacia y la transparencia. Sin embargo, el resultado fue aceptable y hasta más adelantado que el Sistema Nacional. Algunas pruebas de esta afirmación son: el Comité de Participación Social, que además de presidir el Sistema y opinar sobre el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a partir de evaluar a los aspirantes, también emite su parecer sobre quienes aspiran a ser magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, según ofreció el gobernador a lo largo de 2017, tendrá injerencia en la designación del Fiscal General del Estado.

En el campo de la realidad, donde las leyes y las actitudes de las personas se moldean mutuamente, donde los intereses privados y los comunes tensan la cuerda, en donde la historia y el futuro se confrontan y se modifican alternativamente, algunas consecuencias del sea han sido estupendas: la Comisión de Selección, conformada por nueve ciudadanas y ciudadanos ejemplares en su forma de trabajar; al nombrar a los miembros del Comité de Participación Social cuya labor, a su vez, produjo que el estado hoy tenga un Auditor Superior capaz de quebrar la corrupción que desde esa instancia se promovía; un Fiscal Anticorrupción que no surgió del prototipo añejo, el de las componendas políticas; haber puesto ante los ojos de la opinión pública los nombramientos, como nunca antes; y la calidad de los nombrados, que inusitado atañen al Poder Judicial. Y ya puestos en las primicias, la Comisión y el Comité no únicamente son piezas del sea que deben someterse a sus reglas; son, en el momento que esto pasa a la página (primer trimestre de 2018), instancias que no han perdido su impronta ciudadana y la confianza que concitan.

Desde fuera de ambas, el resto de quienes participaron en la edificación del Sistema Anticorrupción de Jalisco aprendió que, para mantener esa cualidad única en las dos instancias, no basta con mirar críticamente el hacer de los comisionados y de quienes integran el Comité, sino asociarse con ellos y ellas; la responsabilidad de que les vaya bien y se aproximen junto con el sea a cumplir las expectativas generadas, es de todos. La sociedad civil de cualquier laya, ya padecimos el costo de nada más mirar los ciclos de la rueda de la fortuna.

Pero como nunca se sabe, y como el sea está en el mero prefacio, va una advertencia posterior: no hagan caso irreflexivo del optimismo que pueda filtrarse; no sería raro que lo que un día luce como un logro, sea forzado por los de siempre a dar la vuelta en “U”. Aunque podemos matizar luego sobre lo aprendido durante el trance que ocupa este artículo, el compromiso activo e incisivo de los ciudadanos y ciudadanas es antídoto contra los poderes ilegítimos, el autoritarismo y la corrupción. Es como colgar un collar de ajos en el vampiro.

Notas:

1 Para mayores datos, ver la obra pública del sexenio federal 2012-2018, contratada, con costos variables, a favor del contratista, y con tiempos de entrega impredecibles; algunas muestras: la Línea Tres del Tren Ligero en Guadalajara; la ampliación de la carretera a Colima; el aeropuerto de la Ciudad de México o el tren de ésta a Toluca. O bien se puede considerar lo que acarreó la reforma energética a los beneficiarios de la tragedia que para un país petrolero es importar gasolina, unos de ellos: los transportistas, asociados al régimen, que traen el combustible desde Estados Unidos. O los despojos consuetudinarios de tierras a las comunidades indígenas.

2 La lista de leyes y la esquematización del Sistema es aportación del Dr. Jesús Ibarra.

3 Para evitar un listado grande de siglas, y para que las omisiones en las que fatalmente incurrimos al hacer listas, pongo aquí al menos a las más conspicuas, ofrezco una disculpa si omití alguna, tanto las que actúan a escala nacional como las que se deben a Jalisco: México Evalúa, imco, Transparencia Mexicana, Red por la Rendición de Cuentas, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, cide, Coparmex (nacional y Jalisco), Canaco de Guadalajara, ccij, Cesjal, Consejo Agropecuario de Jalisco, itei, iepcj, cedhj, iteso, UdeG, Universidad Panamericana, Univa, uag, Tec de Monterrey, Campus Guadalajara, Universidad Enrique Díaz de León, uteg, Cimtra, Extra, ac, Corporativa de Fundaciones, Congreso Ciudadano, ¡Tómala! Jalisco Cómo Vamos.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Corrupción Policial y Derechos Humanos.

Corrupción Policial y Derechos Humanos.

“Nunca se Trató de un Teléfono”

 

Zul de la Cueva

Dedicado al CEPAD por la enorme luz que me brindaron y por darme hoy la oportunidad de contar mi historia.

O bueno, casi nunca. Acaso se trató del teléfono por un instante y en la cabeza de un hombre: el policía que lo deseaba en esa madrugada de febrero. Para mi siempre se trató del suceso y no del objeto. La sensación de haber sido víctima de un abuso, de sentir esa rabia inmensa y la necesidad de hacer algo para ventilarla, para que no se me pudriera por dentro.

La historia fue ventilada bastante en los medios. Aún así antes de narrarla una vez más quisiera ofrecer al lector un breve resumen: la madrugada del domingo 13 de febrero de 2011, alrededor de las 2:00 AM, un par de policías me hicieron una “revisión de rutina” mientras me dirigía a mi casa caminando. En esta revisión, mediante amagos, los uniformados se apoderaron de mi teléfono celular, un iPhone. Uno de ellos se tomó una fotografía con el mismo horas más tarde y la subió a mi perfil de twitter ante lo cual mi denuncia cobró un inusitado valor al contar con innegable evidencia.

Contexto y Reflexiones

Recuerdo varios encuentros con la policía en mi juventud. En ningún momento cometí un delito, o bueno ninguno digno de recordarse, tal vez haya orinado alguna vez en un árbol o una banqueta; pero más allá de eso la historia era mas o menos la misma: caminaba por la noche rumbo a alguna parte; era detenido por la simple razón de ser joven y luego las amenazas, la revisión, el acoso. Más de alguna vez me “tumbaron” algo de dinero, del poco dinero con el que contaba (como buen adolescente) para una cerveza. Nunca, que yo recuerde, mientras crecí, tuve un encuentro amigable con los guardianes del orden.

Creo que la historia de la revisión de rutina cargada de prepotencia la han vivido muchos de los que leen esto y considero que esa forma de actuar por parte de las autoridades ha moldeado negativamente nuestra percepción de los guardianes del orden público. Menciono esto porque en el vertiginoso enfrentamiento que tuvo lugar con las autoridades no le fue posible al departamento de policía mantener la cara ante la sociedad. Esta absoluta falta de solvencia moral jugó un papel importante en la forma en que los hechos se desenvolvieron en el inusual marco de una arena mediática; opuesto a aquello a lo que están acostumbrados: la sombra, el hermetismo y por ende la impunidad.

Los hechos:

Había ido a una boda. Los que se casaban son buenos y añejos amigos. La celebración era íntima, en un lugar pequeño cerca de mi casa por lo que decidí acudir a pie. Salí del lugar la madrugada del 13 de febrero y caminé de regreso a mi hogar. En Lerdo de Tejada casi esquina con Chapultepec dos uniformados me revisaron, encontraron mi teléfono y comenzaron lo que parecía una rutina, como la que realizan los cómicos de carpa o los carteristas de metro. Uno finge hablar a la base, otro me explica que puede meterme en problemas, que lo mejor es que ceda el celular para evitar pisar la cárcel. Me informan que pueden fincarme un delito.

Esto es verdad y esta es la parte más grave de la historia, el momento en el que me encuentro más indefenso. Ellos son dos, son agentes de la ley y yo soy un tipo cualquiera que camina por la calle con unas copas encima por la madrugada. Lo que ellos digan en una declaración será inevitablemente cierto y cargará con el peso de la verdad. Si afirman que estaba armado o que estaba tratando de robar un auto yo tendré que afrontar las consecuencias. ¿Cómo se demuestra uno inocente en una situación así, como demuestro que los policías mienten? No es posible.

Me levanté temprano ese domingo, no después de las 10 de la mañana. Sentía rabia y frustración. Sabía que de nada serviría mi denuncia, que no conseguiría que me regresaran mi teléfono o que se investigara el caso con un cierto grado de seriedad. Pero quería que hubiese por lo menos una estadística, quería hacer algo, abonar en algo a que este abuso se terminara. Acaso sin saberlo no quería volver a ser aquel adolescente de chamarra de cuero contra la pared mientras un policía esculcaba mis bolsillos.

Acudí entonces a la procuraduría y al ser domingo el trámite era más penoso que entre semana. Había que tomar una hoja, sacarle una copia en una tienda a cierta distancia de ahí (ellos no proporcionan el servicio de copias y las más cercanas estaban cerradas al ser domingo), luego a presentar una denuncia que escribí mal y con desgano “dos uniformados, policías me robaron mi teléfono” decía con letras enormes.

Pedí que se hiciera algo, afirmé que era posible y sencillo averiguar quienes eran los uniformados que estaban de guardia ese día a esa hora en ese lugar. Estaba molesto y no fui amable. La persona que me atendió me pidió calma y me habló de asuntos internos de la Policía de Guadalajara. Yo no sabía que eso existía. Me mandó a ese lugar.

Asuntos internos está dentro del edificio de la Policía; es decir que para denunciar un policía debo cruzar un edificio lleno de policías, subir un par de pisos y tocar en una puerta. Todos los que están ahí saben inmediata e inevitablemente que ha llegado alguien a Asuntos Internos, todos ven al “soplón” o al quejoso a través de un vidrio y esto es uno de los puntos más inaceptables del proceso de denuncia. Asuntos internos debe ser independiente de la policía, el anonimato del denunciante debe protegerse.

Me atendió un hombre que tomó mi declaración, se portó con amabilidad pero me aseguró que no podía mostrarme ningún libro con fotos para identificación de los uniformados. Que asuntos internos llevaría a cabo su investigación y me respondería en tiempo y forma. No esperaba mas, pero no pude evitar sentir de nuevo una gran impotencia y frustración.

Ese fue el sentimiento que me acompañó durante la mañana del lunes y subrayo esto porque me parece esencial. Ahora entiendo que las violaciones a nuestros derechos como personas tienen este sello, hay una sensación de injusticia, justo de sentirse violado como el nombre lo indica.

Al abrir mi cuenta de twitter el lunes por la mañana encontré una fotografía que no correspondía con la mía, la miré contrariado y poco a poco fui entendiendo de qué se trataba, el oficial se había autodelatado. Tomé una foto a mi pantalla, cambié las contraseñas de la cuenta y acudí a Medios UdeG a contar mi historia en el noticiero de Josefina Real. A partir de ese momento comenzó algo que solo puedo definir como una batalla campal. Eran ellos contra mi y cuando digo ellos me refiero a todo el mecanismo de la institución, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como hoy se llama la policía en Guadalajara. Nunca hubo un interés por conocer la verdad, por hacer una investigación seria, por hacerme saber mis derechos u orientarme en torno a los mismos. Ninguna institución vinculada al gobierno me ayudó en nada.

Cuando llegué a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar mi denuncia me recibió un hombre cansado, soñoliento y a todas luces aburrido. Me miró y escuchó para después menear la cabeza como quien niega. Me informó que esos casos raramente progresan, se mostró poco interesado y tuve que insistir para que me tomara mi declaración. No fue sino hasta que el caso explotó en los medios de comunicación que fui tomado en serio y llamado por la Comisión. Entonces me recibió el director y me aseguró que tomarían las medidas necesarias y llevarían mi caso con mucho cuidado. Creo que todos los casos merecen atención independientemente de su valor mediático y me parece, a la fecha, sospechoso que la recomendación de la CEDHJ haya salido en plenas vacaciones de Semana Santa. ¿Porqué en ese momento?

Regresando a la línea temporal del suceso, el martes 15 de febrero los medios locales ya habían reseñado con fuerza la historia y las declaraciones por parte de las autoridades municipales y la jefatura de Seguridad eran contradictorias y a un punto ridículas. “La Secretaría de Seguridad de Guadalajara ya se hizo bolas con el caso y no encuentra cómo sostener la patraña de que está investigando a los malos policías… Y la víctima sigue siendo víctima, vejado por quienes se supone deberían cuidar de su seguridad”, escribía Victor Warrio en su columna del 18 de febrero.

Lo primero que se afirmó desde la Secretaría de Seguridad fue que se trataba de un caso en el que un drogadicto dio su teléfono a cambio de no ser encarcelado, lo que habla de una situación en la que los policías son parte de una red de corrupción que recibe dinero o prendas de valor a cambio de no cumplir con su deber. ¿Qué caso tienen entonces las revisiones de rutina? ¿Para qué sirven sino para ordeñar a los ciudadanos en un negocio ilegal y millonario de robos hormiga? ¿En qué se diferencian estas prácticas a las de cualquier asaltante? La historia duró poco y resultó insostenible por lo arriba citado. A partir de ahí tuve que dedicarme de lleno a llevar mi denuncia, cosa que de nuevo me parece inaceptable. Los procesos y mecanismos mediante los cuales los ciudadanos intentan tener acceso a la más básica justicia no deberían ser tan complejos. Fue necesario adivinar cuando había que presentar una declaración o ratificarla, ya que las autoridades intentaron mediante el uso de los tiempos y formas en que se tiene que llevar a cabo una denuncia, dar por sentado que ellos no podían hacer nada porque el ciudadano no había cumplido cabalmente el proceso.

El momento y ejemplo más claro de esto tiene que ver con un concepto que se llama “Flagrancia Equiparada”. Entendemos por flagrancia cuando agarramos al que comete el delito con las manos en la masa, por decirlo de la manera más simple. Flagrancia equiparada, en cambio, es una figura legal que permite suponer o construir que hubo flagrancia dada la evidencia en contra. Es decir, no llegamos al momento en que el bebé defecó (disculpen la simplicidad de la analogía) pero el pañal nos permite, sin lugar a dudas, asumir que el bebé hizo tal cosa.

Así, a partir de que presenté mi denuncia corría un lapso de 72 horas para acreditar flagrancia equiparada. El miércoles 16 de febrero, por la noche, debía acudir ante asuntos internos a señalar a los policías a quienes acusaba (a pesar de que lo había intentado con anterioridad y me habían negado el acceso a los archivos). Nadie me hizo saber que requería hacer esto. Por el contrario, el miércoles por la tarde, las autoridades municipales informaron a los medios en rueda de prensa que ellos no podían actuar si yo no me presentaba a ratificar y señalar a los policías. Gracias a las redes sociales me enteré de esto y acudí a asuntos internos. Me mostraron una cantidad abrumadora de fotografías y tuve que pelear para que me dijeran quién había sido apostado en la zona Chapultepec la noche de los hechos puesto que resultaba imposible reconocer o encontrar al policía (a pesar de que contaba con una foto de él) entre tantas fotos. Finalmente cedieron a mi petición, los policías apostados de a pie en la zona eran

efectivamente los que yo señalaba. Es decir que en cualquier momento habiendo voluntad política de las autoridades e interés por dar seguimiento al caso, hubiera sido posible dar con los policías y proseguir la investigación. Desafortunadamente los mecanismos fueron opuestos y siempre se entorpeció el procedimiento.

Los policías cambiaron sus declaraciones varias veces pasando de un “no conocemos al señor, nunca lo hemos visto y no estábamos ahí” a una declaración con varios testigos presenciales donde yo me drogaba en la calle, vomitaba líquidos inmundos y los amenazaba alegando que yo era un conocido periodista que podía hacerles la vida imposible.

A pesar de que las autoridades afirmaron que en tres meses se resolvería el caso, pasó cerca de un año para que la Comisión de Honor y Justicia despidiera a los policías. A pesar de eso, a la fecha con una búsqueda en la página de transparencia de Guadalajara, aparece que ambos continúan cobrando sus cheques. Nadie ha dado una explicación clara de porqué esto sucede ni a mi persona ni a medios de comunicación.

A lo largo de este tiempo fui acosado, buscado por los policías de manera telefónica o visitado en mi domicilio por sus familiares o abogados pidiéndome, con lágrimas en los ojos que dejara en paz a los pobres muchachos. Hubo un par de semanas, en el momento más álgido del caso, en que por prudencia me mantuve escondido y alejado de mi domicilio por temor a represalias.

Fui llamado por teléfono y una voz me dijo “ya bájale de huevos”, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron esparcir rumores para minar mi imagen pública afirmando a miembros de la prensa y en palacio municipal que había sido detenido por la policía cuando me encontraba en un cuarto de hotel consumiendo toda clase de estupefacientes en compañía de trasvestis, entre otros rumores de pasillo que intentaron propagar, sin éxito y con el claro objetivo de, en caso de que me sucediera algo (por orden expresa o por casualidad) pudieran escudarse en el hecho de que lo sucedido se debía a mi laxitud moral y no a otra cosa.

Gracias al apoyo de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil logré salir bien librado de este trance.

En resumen

1.- Los mecanismos de denuncia por vía de las instituciones son complejos, burocráticos, pantanosos, confusos, enfadosos. consumen una enorme cantidad de tiempo y resulta verdaderamente difícil lograr justicia por esta vía. No hay ningún interés por parte de las autoridades en la simplificación de estos procesos.

2.- La CEDH comparte información con las instancias gubernamentales y se comporta de manera parcial abonando a la fragilidad de la situación de los derechos humanos en Jalisco.

3.- Los procesos institucionales tanto en lo civil como en lo penal favorecen la corrupción y la impunidad. Testigos a modo, cambios de declaraciones y enorme lentitud en los procesos son la norma.

4.- A título personal, pensé en un momento que denunciar había sido inútil, que es mejor quedarse en silencio ya que no vale la pena exponerse, correr peligro y perder muchísimo tiempo enfrentando los abusos de la autoridad. Sin embargo y a partir de mi caso, he leído ya varias veces en los medios, de casos en los que policías que son encontrados robando teléfonos son suspendidos de manera inmediata, una mujer policía recientemente incluso fue detenida. Por ende mi conclusión última es que es importante denunciar, siempre, los abusos. Sólo mediante nuestra estricta vigilancia será posible modificar las conductas de la autoridad.

Artículo obtenido del Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos 2011

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2011