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Comunicado

Comunicado – La desaparición de Personas en Jalisco frente al proceso de transición del gobierno estatal.

Cepad

 

  • Al Gobernador del Estado de Jalisco

  • Al Secretario General de Gobierno

  • Al Coordinador de Gabinete de Seguridad

  • Al Presidente de la Mesa Directiva de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

  • A las y los diputados/ad de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco

  • A la Sociedad Jalisciense

  • A los Medios de Comunicación

La violencia e inseguridad que ha vivido nuestro país durante el último sexenio, no tiene precedente en la historia moderna. En el mes de noviembre de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas observó que en gran parte del territorio del Estado Mexicano se mantiene una situación de desapariciones generalizadas, la impunidad y revictimización. Asimismo, el organismo internacional en su informe destacó el escaso número de condenas por desaparición, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación, así como la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, características que sin duda alguna describen el contexto de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

La grave situación que sufren las y los familiares de personas desaparecidas se evidencia en el número de personas desaparecidas en la entidad. Del 2008 al 31 de octubre del presente año, fueron reportadas como desaparecidas 26 mil 129 personas, de las cuales, 7 mil 124 personas a la fecha no han sido encontradas. De ellas, lo que concierne al sexenio del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz contabilizado del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2018, parece aún más grave. Tan sólo en este periodo no se han podido localizar a 5 mil 916 personas, lo que significa que el 83% de las desapariciones ocurridas en los últimos 11 años, sucedieron durante la administración del hoy exgobernador.

Frente a este contexto, se han generado espacios de diálogo entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y las autoridades relacionadas con la investigación, búsqueda, identificación y atención a víctimas, a fin de dar seguimiento al tema de la desaparición de personas en la entidad y generar los mecanismos de participación y rendición de cuentas. A lo largo de más de dos años, hemos sostenido procesos de diálogo con el Ejecutivo estatal, lo que a pesar de la mencionada magnitud de las desapariciones de personas en la entidad, resultó en algunos avances sustantivos como la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD-ahora Fiscalía Especial ), la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) y la Comisión Interinstitucional para el seguimiento y fortalecimiento de las mismas.

Con la finalidad de sistematizar esta experiencia y, en particular, recuperar la memoria sobre los procesos participativos, el Cepad elaboró el informe sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD ¿El camino hacia la verdad y justicia?, el cual fue entregado el día de hoy al nuevo Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Taméz, y al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, Salvador Caro Cabrera. Este documento sistematiza la experiencia y rescata las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos, los cuales aspiran responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco.

El informe se divide en tres apartados principales en los que se describe de manera detallada: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, el proceso de creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma. Las tres etapas comparten el mismo objetivo de materializar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición mediante los procesos de diálogo sostenidos entre familiares de personas desaparecidas, organizaciones de sociedad civil y autoridades locales.

Sin lugar a dudas, estamos en un momento crucial para el seguimiento del tema de las desapariciones en Jalisco, por lo que la lectura integral del Informe del Cepad por parte de las nuevas autoridades estatales resulta indispensable para conocer y entender el contexto de las desapariciones en la entidad, comprender los procesos participativos que se han dado y los grandes esfuerzos que se han realizado para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de desaparición, así como los principales retos que se han enfrentado y los avances logrados.

Asimismo, junto a la entrega del Informe del Cepad y, frente al proceso de la transición del gobierno, les realizamos a las autoridades correspondientes las siguientes solicitudes:

Primero.- Al Gobernador del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno y Coordinador de Gabinete de Seguridad:

  • Que otorguen una debida prioridad y atención al tema de las desapariciones de personas y a los procesos de diálogo entre las autoridades locales, las víctimas y la sociedad civil.

  • Que retomen los mecanismos de participación existentes, en particular el mecanismo de la Comisión Interinstitucional creado mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 6 de septiembre de 2018.

Segundo.- A las y los diputados/as de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

  • Que asigne las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes y necesarios para la adecuada implementación y operación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, incluyendo los recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos adecuados.

  • Que antes de presentar cualquier propuesta legislativa en materia de desaparición de personas, se familiaricen a profundidad y analicen los mecanismos de participación existentes, así como realicen procesos de consulta amplia, pública, transparente e incluyente con familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que sus actos legislativos respondan a las necesidades reales de las víctimas de desaparición y no carezcan de legitimidad.

 

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COMUNICADO

Experiencias de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición ante el contexto de la transición del gobierno

Desaparición de PersonasAnna Karolina Chimiak
Coordinadora del Área de Incidencia del Cepad

Anunciamos la presentación del informe del Cepad sobre el proceso de la creación e implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida (FEPD). Este documento será público y se entregará el próximo 6 de diciembre al futuro Gobernador, Enrique Alfaro y el futuro Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, a fin de que conozcan los esfuerzos que se realizaron en torno al tema de las desapariciones de personas en Jalisco a lo largo de los últimos dos años, particularmente por familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, para que así entiendan los acuerdos y compromisos asumidos, y den adecuado seguimiento a todos los procesos que se lograron crear.

Con el informe se busca recuperar la memoria sobre el proceso de creación e implementación de la FEPD. A partir de la sistematización de la experiencia y rescatar las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los mecanismos participativos que buscan responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y reflejar la complejidad del contexto de las desapariciones de personas en el estado de Jalisco. Es importante mencionar que el estado de Jalisco se ha destacado de manera significativa a nivel nacional con relación a los procesos de diálogo entre las autoridades y familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil.

El documento se divide en tres etapas principales: el comienzo de las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso de creación de la FEPD y el proceso de seguimiento a la implementación de la misma.

A continuación les compartimos puntos claves de cada una de estas etapas.

El proceso comenzó en el año 2016. En aquel momento no imaginábamos que podríamos llegar a crear una FEPD y los resultados de estas acciones fueron completamente inesperados. No hubiéramos pensando terminar este proceso con una institución encargada de los procesos de búsqueda e investigación, innovadora e inédita a nivel de todo el país.

Pero, ¿cómo llegamos a esto?.

En el año 2016 nos fue negada la expedición de copias certificadas de los expedientes de casos de desaparición de personas debido al “sigilo”, seguridad, riesgo de infiltración, conflictos familiares, entre otras razones. Frente a esta negativa, nos encontrábamos ante un escenario en el que debíamos tomar una decisión estratégica:

1) Presentar amparos por cada negativa a la expedición de las copias certificadas, como violación al derecho a la información y a la verdad; o

2) Buscar una ruta de acciones políticas y no judicializar todos los casos.

Frente a la presión del tiempo y el posible desgaste que pudiera conllevar un proceso jurídico, tomamos, conjuntamente con el Colectivo Por Amor a Ellxs, la decisión de construir una estrategia política. Después, realizamos una rueda de prensa en la cual denunciamos las prácticas violatorias de la FGE y solicitamos la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), la cual fue respaldada con una carta dirigida a su nuevo representante, Jan Jarab.

En el transcurso de tres semanas, se realizó la reunión con Jan Jarab, en el marco de su primera visita fuera de la Ciudad de México. A raíz de esta reunión, comenzaron a llevarse a cabo las mesas de trabajo mensuales entre el colectivo Por Amor a Ellxs, la FGE y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con la observación y acompañamiento de la ONU-DH y el Cepad. Esto con la finalidad de hacer valer la exigencia al derecho a la verdad y cambiar las malas prácticas institucionales en la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas.

Los compromisos y acuerdos sostenidos en las cinco mesas mensuales de trabajo hasta el mes de enero de 2017, no resultaron en cambios sustantivos, sin embargo, uno de los logros más significativos de las mesas, fue el anuncio del Fiscal General en diciembre de 2016 de crear un modelo integral de búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas, que recogería las mejores prácticas internacionales en la materia, así como de la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico para conocer a profundidad la situación de las desapariciones de personas en el estado, acciones que dieron inicio a la idea de creación de la FEPD.

El año 2016 fue un año histórico para el tema de las desapariciones de personas en Jalisco. A principios del año no se reconocía en el discurso público la existencia de las desapariciones de personas en la entidad, y a finales del año, se logró institucionalizar los mecanismos de participación y generar un diálogo directo con las autoridades locales, encaminados hacia la creación de la FEPD.

Y ¿cuáles fueron los pasos siguientes?, y ¿cómo logramos la creación de la FEPD?

Durante la segunda etapa del proceso, primero, se realizaron los diagnósticos. Posteriormente, se diseñó la ruta para su creación, adaptada al contexto de Jalisco, con las mejores prácticas internacionales. Segundo, se elaboró el Reglamento Interno de la FEPD, de manera participativa, con colectivos de familiares de personas desaparecidas Fundej y Por Amor a Ellxs, y las organizaciones de la sociedad civil, Cladem y el Cepad. Tercero, participamos en el proceso de diseño de perfiles adecuados y selección de 28 personas profesionistas, quienes actualmente conforman la Dirección de Análisis y Contexto.

Asimismo, hemos participado en 3 procesos de selección de la persona titular de la FEPD y el proceso de selección de la persona coordinadora del Protocolo Alba. Esta experiencia fue completamente nueva para el Cepad, y a su vez, se evidenció que uno de los retos más grandes en la creación de las nuevas instituciones es la falta de los perfiles idóneos y adecuados.

Los esfuerzos participativos se finalizaron con la creación de la FEPD, el 31 de agosto de 2018. La creación de la fiscalía especializada representó un avance tangible y real para atender la complejidad y magnitud de las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y responder al contexto de macrociminalidad del estado de Jalisco. La FEPD aspiraba ser un referente nacional en cuanto a los mecanismos de participación y aportes desde los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, situación que tal como señalé previamente, jamás esperábamos en el año 2016 cuando iniciamos el proceso de diálogo con las autoridades.

Sin embargo, aunque el arranque de la FEPD contribuyó a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas de desaparición, por mucho logro que fuera su creación, no podía subsanar de manera inmediata todas las malas prácticas institucionales que la atravesaban por dentro, tampoco disminuir los altos índices de las desapariciones en la entidad.

Por lo anterior, una vez que se concluyeron los procesos de la creación de la FEPD, la concentración de los esfuerzos se dirigió hacia la adecuada implementación de la misma y la correcta aplicación de sus funciones, exigiendo que los cambios no sólo se reflejaran en el centro del estado, sino en todas las regiones de Jalisco. Para esto, se requería buscar un mecanismo de participación y rendición de cuentas transparente y eficaz que pudiera brindar resultados y garantizar que a todos los procesos de participación existentes se les diera una correcta continuación.

Es por eso, que desde el mes de octubre logramos generar un espacio de seguimiento a la implementación de la FEDP a través de la Mesa de Seguimiento que tiene la finalidad de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación conjunta, así como evaluar el funcionamiento y la eficacia de las actuaciones de la FEPD. Para el Cepad, uno de los objetivos de formar parte de este espacio fue la importancia de adoptar las buenas prácticas de búsqueda e investigación basadas en el concepto de que las desapariciones de personas constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, uno de los objetivos claves de la instalación de la Mesa de Seguimiento fue generar una coordinación adecuada entre las instituciones que se encargaban de los procesos de búsqueda, investigación, identificación de personas y atención a víctimas.

Y cabe preguntar: después de más de dos años de los procesos de participación, ¿dónde estamos ahora?

Es importante reconocer los avances. La creación de la FEDP y la instalación posterior de los mecanismos de seguimiento han sido pasos cruciales y, a su vez, constituyeron una muestra de un compromiso para contribuir a poner fin a la grave problemática de las desapariciones de personas en el estado, y para garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, a la verdad, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el problema persiste, y no ha sido solucionado a fondo. Los procesos de interlocución con autoridades han tomado tiempo y han sido desgastantes. Y en términos de mejorar la situación de las desapariciones en la entidad y hacer más eficentes los procesos de búsqueda e investigación, la respuesta tampoco no ha sido tan positiva. Esto se demuestra en los números de personas desaparecidas que incrementan año tras año, la ausencia de las sentencias por desaparición, la falta de avances en mayoría de los casos y la deficiente atención a víctimas.

En los últimos 10 años, a partir de 2008 hasta el 30 de septiembre, en Jalisco fueron denunciadas como desaparecidas 25,672 personas, de las cuales 6,850 no han sido encontradas. Cabe destacar que a pesar del acercamiento y diálogo con las autoridades locales, los últimos años acumulan la mayoría de estas desapariciones. El proceso de las mesas de trabajo se dio en el año 2016, en el cual en promedio desaparecían 9 personas al día, en el año 2017 se denunciaba diariamente la desaparición de 10 personas, y en el transcurso de nueve meses del año 2018, hasta el 30 de septiembre, han desaparecido un promedio de hasta 12 personas cada día. Cabe destacar que esta cifra solamente incluye a las personas desaparecidas denunciadas, sin considerar a todas las personas que se encuentran en la llamada “cifra negra”, es decir desapariciones no denunciadas por miedo, temor a represalias o la desconfianza hacia la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, entre otras razones.

Y, si bien se creó la FEPD conforme a los más altos estándares internacionales, incluso antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición, la institución no ha funcionado de manera adecuada, particularmente por la constante falta de los recursos humanos y materiales. Parece que la postura oficial es mostrar públicamente el compromiso de crear la institución e insertar el discurso de derechos humanos y gravedad de las desapariciones en el debate público, y olvidarse que el objetivo no es crear las nuevas estructuras (que no operan), sino encontrar a las personas desaparecidas, sancionar a las personas responsables, reparar el daño de manera integral y prevenir para que las desapariciones de personas no ocurran nunca más.

Asimismo, vale la pena reflexionar el tema de la participación. Uno de los puntos claves de estos procesos fue que familiares de personas desaparecidas tuvieron en ellos un papel central. El reconocimiento del rol de familiares de personas desaparecidas resulta esencial para lograr avances concretos en materia de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación de personas. Sin embargo, a lo largo de tiempo nos llegamos a preguntar si realmente es posible generar la confianza con la autoridad, mantener la esperanza, y poder creer en el cumplimiento real de los acuerdos asumidos por el gobierno, después de tantos años de la política del olvido y de negación de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos. Y qué impacto realmente pueden tener los mecanismos de participación conjunta, los cuales tan fácilmente se puedan convertir en una simulación, a costo de la legitimidad y el desgaste de las víctimas y de la sociedad civil.

Y a estas reflexiones se suma una de las que más nos preocupan: ¿qué va a pasar con todos estos procesos en el contexto de la transición del gobierno?

Puesto que con la creación de la FEPD y los espacios de participación conjunta que se han generado, se creó una oportunidad histórica para la justicia y la verdad, la cual generó un compromiso institucional para varios actores y, a su vez la esperanza de materializar el acceso efectivo a estos derechos.

Y finalmente, cómo hacer que los mecanismos de participación y los avances provenientes de estos espacios sean duraderos y transexenales. Frente al contexto de las desapariciones generalizadas en la entidad, que se coloca en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de las personas desaparecidas, donde cualquier persona puede ser víctima de desaparición, en cualquier momento y sin ningún costo, es de suma importancia que el nuevo Gobierno del Estado asuma su responsabilidad en su verdadera dimensión y priorice el tema de las desapariciones, dándoles el debido seguimiento, retomando los mecanismos existentes de participación, reconociendo los avances y atendiendo la gravedad del problema, para que todo lo que se ha hecho no fuera en vano y no resultara violatorio al principio de progresividad. Porque al final, el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral nunca debe de depender de la voluntad política, de los gobiernos y políticos particulares, sino es una obligación constitucional del Estado y su fuente es, ni más o menos, la dignidad inherente de cada persona humana.

*Discurso ofrecido el 28 de noviembre de 2018 en el Foro: Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Aprendizajes y Retos a un Año de su implementación en Jalisco. En la primer mesa con el tema “Experiencias sobre Mecanismos de Participación desde la Sociedad Civil.”

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ENLACES DE INTERÉS

¿Cómo estamos en el estado de Jalisco a un año después de la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición?*

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Comunicado

La Creación de la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco, y la Selección de su Titular sin la Participación de Familiares de Personas Desaparecidas y Organizaciones de la Sociedad Civil, Deslegitima su Naturaleza

COMUNICADO

cepad   Cladem   Por Amor a Ellxs   Fundej

  • En el proceso de selección se debe garantizar la participación de las y los familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil
  • Exigimos la máxima transparencia en la selección del o la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Jalisco
  • La persona seleccionada deberá cumplir con los requisitos legales y el perfil idóneo

 

Ante la grave crisis de las desapariciones en Jalisco, evidenciado con un registro de 4990 personas desaparecidas en la entidad del 2008 al 2017, cifras ofrecidas por la propia Fiscalía General del Estado de Jalisco, se expresa el clima de violencia e inseguridad extrema en la historia reciente, donde se ha materializado en la última década la crueldad y el terror en millones de madres, padres, hijos e hijas, esposas, esposos, amigos, vecinos, niñas, niños y adolescentes que hoy tienen a un ser querido desaparecido.

 

La exigencia de justicia y verdad por parte de colectivos de familiares de las personas desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y personas comprometidas, hicieron posible la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyos objetivos son, entre otras cosas, lograr la coordinación entre todas las autoridades del país para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, esclarecimiento de los hechos, así como la sanción a las personas responsables, enfrentando la impunidad que atraviesan las instituciones de procuración de justicia en el país.

 

La importancia de las Comisiones Nacional y Estatales de Búsqueda tendrán por objeto impulsar las políticas de búsqueda y los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

 

Frente a la grave problemática de las desapariciones en el país y en el estado de Jalisco, el papel de las Comisiones es fundamental debido a la alta responsabilidad de responder a miles de familias sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, y proporcionar los elementos suficientes para los procesos de justicia, verdad y reparación integral al resto de las instituciones públicas involucradas.

 

La participación de las familias y las organizaciones de la sociedad civil ha sido componente clave en el proceso de la creación y aprobación de la Ley General y constituye un principio que rige dicha legislación. Así, los procesos de implementación deben garantizar la participación plena y efectiva de la sociedad civil, y particularmente de las y los familiares de las personas desaparecidas, incorporando sus experiencias y conocimientos para generar las herramientas efectivas que realmente comprendan los objetivos de la Ley.

 

La publicación del Decreto del gobernador Aristóteles Sandoval, fechado el 16 de abril pasado que crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, publicado el 24 de abril en el Periódico Oficial, OMITE en ningún momento se convocó a los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, para la discusión y diseño de dicho Decreto.

 

Los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones civiles que suscribimos el presente comunicado, vemos con profunda preocupación el inicio del proceso de selección del o la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Jalisco, el cual no cuenta con representación de la sociedad civil. El Mecanismo de preselección creado para el proceso no contempla la participación de representantes de las familias de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil.

 

Por lo anterior, confiando que existe la voluntad del Ejecutivo Estatal, le exigimos al Gobernador de Jalisco lo siguiente:

 

Primero.- Que se garantice el derecho de las familias de las personas desaparecidas y la sociedad civil, a participar efectivamente en todos y cada uno de los aspectos del proceso de la implementación de la Ley General en el estado de Jalisco, respetando el principio de la participación conjunta señalado en la misma ley.

 

Segundo.- Para el proceso de la selección de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, se deberá, conjuntamente con las familias de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil:

  1. Generar un proceso de consulta pública ágil y transparente.
  2. Diseñar el perfil idóneo de la persona titular.
  3. Que en el proceso de postulación de la persona titular haya máxima transparencia y publicidad, donde se expongan las cartas de postulación, las copias de sus cédulas profesionales, las cartas que deberán elaborar bajo protesta de decir verdad, información curricular y las propuestas de plan de trabajo de cada aspirante. Además, que se transmitan en vivo las entrevistas a las personas aspirantes.
  4. Que en la selección de candidatos/as se cuente con criterios objetivos de evaluación.
  5. Garantizar que la persona seleccionada no haya recibido recomendación de algún organismo público de derechos humanos, o esté involucrada en alguna queja actualmente.

 

Tercero.- Que la persona seleccionada cubra el perfil idóneo para el cargo, destacandose por el profesionalismo y honorabilidad, así como altos conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas. Además, esta persona preferentemente deberá contar con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal, y su actuación deberá ser basada en el enfoque diferenciado y la perspectiva de género.

 

Cuarto.- Exigimos al Gobierno del Estado de Jalisco que se revise, con la participación de familias de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, el Decreto de creación de la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco, publicado el 24 de abril de 2018, para garantizar que la misma cuente con todas las atribuciones y capacidades para realizar la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.

 

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, CLADEM.

Colectivo Por Amor a Ellxs.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., Cepad.

 

 

 

Informe “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”

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Comunicado Sala de prensa

Carta de apoyo a FUNDEJ contra la cremación de cuerpos no identificados

Guadalajara, Jalisco a 10 de Diciembre del 2015

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz  Gobernador Constitucional de Jalisco

Lic. Jesús Eduardo Almaguer Ramírez Fiscal General del Estado de Jalisco

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. (Ley General de Víctimas, Artículo 05.)

Con gran indignación nos hemos enteramos que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) ha entregado cenizas de personas presuntamente desaparecidas a familiares que integran Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ). Este hecho violenta los derechos de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, quienes se encuentran protegidas por la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

Algunas de las violaciones que este hecho encierra son las siguientes:

  • Desconocemos que la FGE haya determinado la actuación de todas las diligencias necesarias para la protección, en su máximo posible, de la vida e integridad física y psicológica de las víctimas de desaparición.
  • Tenemos información de que la FGE nunca les comunicó a los familiares de las víctimas que se hayan llevado a cabo exhumaciones en cementerios o fosas clandestinas en donde hubieran indicios de que los cuerpos de sus familiares pudieran encontrarse ahí.
  • La FGE tampoco les informó a los familiares qué tipos de protocolos, procedimientos, y pruebas técnicas y científicas habría de llevar a cabo para lograr la plena identificación y determinación de aquellos cuerpos y/u osamentas encontradas.
  • Consideramos que el estudio de perfil genético es una garantía necesaria para asegurar la identidad de la persona fallecida cuando existen dudas sobre la misma. Esto exige a la autoridad a que se realicen dichos estudios para asegurar la tranquilidad y dignidad de las víctimas.
  • La autoridad nunca respetó la dignidad de las víctimas ni sus costumbres y tradiciones religiosas y culturales con la entrega de esas cenizas.Para esto, basta el ejemplo de la señora Ana Enamorado que, si bien vio fotografías de alguien que podría ser su hijo, aseguró que las fotos no eran pruebas suficientes puesto que ella necesitaba tener pruebas forenses para confirmar que el difunto era su hijo, lo cual es entendible porque para una madre o un padre una prueba de perfil genético puede ser la garantía requerida para constatar esa triste realidad.Por lo anterior, exigimos que por respeto a las víctimas y al dolor que conlleva la tragedia de la desaparición de un ser querido, no se vuelvan a entregar cenizas si no existe una plena identificación vía pruebas técnicas y científicas. Del mismo modo, exigimos que la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se apeguen a los protocolos de derechos humanos, aseguren el acceso a la justicia y a la verdad de los familiares de las víctimas, y determinen con toda certeza que los cuerpos o restos humanos encontrados corresponden a los desaparecidos.
Atentamente
Haz clic para ver firmantes

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC.

Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz – ITESO

Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).