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Informes de Derechos Humanos

La Defensa de la Comunidad de San Lorenzo de Azqueltán

Carlos Chávez Reyes

La defensa de su territorio emprendida por la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán, representa, por sus características, una historia muy especial al significar, al mismo tiempo, un complejo proceso de recuperación identitaria y reconformación de poderes en toda una región.

Antecedentes

Como en casi toda la geografía nacional, el Pueblo Tepecano de Azqueltán, a través de una larga historia, fue sometido sistemáticamente a un intenso y violento despojo de sus tierras y cultura hasta quedar profundamente reprimido y dividido por un grupo de familias de caciques, dueños del poder económico y político en la región.

El desprecio de los derechos ancestrales de la comunidad por parte de las autoridades, fue uno de los mecanismos del despojo. Los miembros de la comunidad reclamaron ante el Estado Mexicano el Reconocimiento y Titulación de sus Bienes Comunales (RTBC), reservado a las comunidades con posesiones de origen inmemorial. No obstante, las instancias Federales, Estatales y Municipales se unieron para revertir dicho RTBC a la dotación de ejidos. Esta dotación está dirigida a comunidades o campesinos sin tierra, que no cuentan con el reconocimiento de posesión ancestral, hecho muy significativo desde el punto de vista legal.

Algunas referencias sobre los orígenes del Pueblo de Azqueltán nos hablan del vínculo entre la cultura y la lengua tepehuana del norte y la tepecana del sur, cuyas diferencias son tan mínimas que antropólogos como John Alden Mason los consideran como una única etnia con dos núcleos geográficos distintos.

La Nación Tepehuana hasta poco antes de la llegada de los españoles, era la más extensa territorialmente del norte de México. Los primeros misioneros en llegar en 1581, fueron los frailes Pedro del Monte y Andrés de Medina. Por sus relatos y otras referencias, como los escritos revisados por el Padre Nicolás Valdés, las coincidencias lingüísticas y de la historia oral, sabemos que los tepehuanos tenían su espacio territorial desde Azqueltán al norte, hasta San Cristóbal de la Barranca al sur, en las cercanías de Guadalajara, la Sierra de Morones al oriente, y a la de los Wixarika en el poniente.

Fue hasta 1777 cuando la Corona Española otorgó títulos Virreinales a San Lorenzo de Azqueltán reconociéndoles la posesión de 94,400 hectáreas. Aún con sus Títulos, los despojos nunca pararon, primero de los colonos, después de hacendados. Tan es así que transcurrieron poco más de 150 años cuando la comunidad retomó gestiones agrarias ya ante el Estado Mexicano moderno en 1952, exigiendo la restitución de las tierras perdidas en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y presentando como fundamento de su derecho sus títulos coloniales. Fue hasta 1954 cuando la SRA reconoció la autenticidad de los títulos de la comunidad.

Posteriormente, en 1959, estudios técnicos de la SRA determinaron que de las 94,400 hectáreas reconocidas en los títulos virreinales, solo podrían restituirles 9,086 hectáreas, que sumadas a las 2,375 hectáreas que le quedaban a la comunidad en posesión, significaría que la Comunidad de Azqueltán llegara a recuperar la posesión de sólo 11,461 hectáreas.

En 1961, el Cuerpo Consultivo Agrario de la SRA, por ilegales tecnicismos revirtió el trámite de restitución de la comunidad al de dotación de ejidos, aun cuando la comunidad tiene títulos virreinales que acreditan su carácter indígena, despojándola con ello de la condición ancestral de su territorio. Ese mismo año, sectores de la comunidad mostraron su inconformidad con la acción arbitraria de quitarles el carácter de comunidad por el de ejido.

Este es un momento clave del proceso de Azqueltán, pues a partir de esto, poco a poco comenzaron a formarse dos grupos, quienes se opusieron rotundamente a que se les impusiera la condición de ejidatarios y quienes comenzaron a aceptar la idea de convertirse en ejidatarios. Esta situación fue sistemáticamente manipulada por diferentes actores, entre los que se encuentran los grupos caciquiles, sus operarios en las comunidades cooptados con prebendas, las autoridades municipales que siempre pertenecen a alguna de las familias dominantes e, incluso, las autoridades agrarias que, con sus omisiones, su corrupción y larguísimos tiempos para la aplicación de la justicia, incubaron y propiciaron las condiciones para la agudización de la injusticia, la división y la violencia en Azqueltán.

Con motivo de esto, la indignación fue creciendo hasta que en 1981, la comunidad interpuso un Amparo en contra de la acción del gobierno de cambiar de trámite de restitución a dotación de ejido, por considerar que viola sus derechos colectivos. Trece años después, en 1994, la SRA por orden de los Tribunales, determinó que no procedía la orden de reversión de trámites de restitución a dotación de 1961, pero solo por cuestiones de procedimiento, por lo que ordenó reponer el mismo.

Finalmente, luego de otros 6 años, en el 2000 se dotó a San Lorenzo de 1,096 hectáreas. Los beneficiarios fueron los miembros del grupo de habitantes que se opusieron a aceptar esta supuesta solución y se decidieron a reivindicar su carácter comunitario e indígena, por lo que no aceptaron incorporarse al censo del ejido.

Más allá de la absurda dotación que, además fue entregada en los terrenos más escabrosos, en realidad, lo grave fue que ésta ha sido usada por los caciques de Villa Guerrero y algunos habitantes de Azqueltán cercanos a los primeros, para nuevas invasiones en los terrenos comunales.

Aunque, desde entonces, la violencia se ha incrementado en contra de los líderes comunitarios, con mucha más fuerza creció también la organización comunitaria determinada a hacer valer sus derechos e identidad. Así, desde principios de los noventa, la asamblea comunitaria decidió albergar a un grupo pequeño de familias wixáritari, pero que ha crecido mucho al pasar del tiempo, quienes no solo se sumaron a la resistencia y defensa del territorio y sus recursos, sino que aportan la gran herencia cultural prehispánica que el Pueblo Wixárika ha preservado. Desde entonces, se ha dado un profundo proceso de reconstitución territorial y cultural en el Pueblo de Azqueltán que ha fortalecido y retroalimentado las capacidades de organización y resistencia frente al acoso de los poderosos grupos caciquiles.

El proceso actual

Fruto de la lucha de la comunidad es la demanda de RTBC que, en febrero de 2015, se interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI de Guadalajara. En esta se reivindican 38,240 hectáreas, pues la comunidad decidió que solo buscarán el reconocimiento del territorio que ocupan actualmente y no las más de 94,400 de su título virreinal, pues ya hay poblados enteros se han instalado en su territorio original, incluida la cabecera municipal de Villa Guerrero.

El proceso jurídico sigue su marcha, si bien con la lentitud con la que suelen desarrollarse estos procedimientos. Lo grave es que la oposición de los grupos adversarios a la comunidad se va volviendo cada vez más encarnizada conforme avanza el juicio. Por otro lado, se profundizan sólidamente los reclamos comunitarios de sus derechos indígenas ligados al alcance de la territorialidad, autonomía, manejo de recursos naturales, autoridades propias, etc.

La gravedad de las violencias ejercidas contra las reivindicaciones comunitarias creció de forma alarmante durante 2017 y 2018. Esta situación de alto riesgo, puso en alerta y provocó intervenciones específicas de las Comisiones de Derechos Humanos Estatal (CEDHJ) y Nacional (CNDH), de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y también del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El problema de la violencia llegó a un punto culminante el 19 de abril de 2018, cuando fueron privados de su libertad dos de las autoridades comunitarias más prominentes, Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas. Gracias al monitoreo constante de las organizaciones mencionadas, la respuesta de todos estos organismos fue inmediata y exigieron urgentemente a los tres niveles de Gobierno que dieran con el paradero de Catarino y Noé y que se investigaran los hechos.

Durante casi 24 horas no hubo ninguna noticia de las autoridades comunitarias que se encontraban privadas de su libertad, y fue notable que poco después de la emisión de una estricta comunicación de las oficinas de la OACNUDH desde Ginebra, Suiza, se recibió la noticia de que Catarino y Noé habían sido liberados. La presión llegó directamente al grupo de sicarios que los tenía retenidos en una zona aislada en las montañas, lo cual se supo después por las instrucciones que recibían por radio los autores materiales de los hechos, varias de las cuales Catarino y Noé pudieron escuchar.

La Misión Civil de Observación de la Red TDT

El hecho propició la decisión de la Red TDT de crear la Misión Civil de Observación de Azqueltán que se concretó en mayo de 2018, y el cual ha permanecido en el seguimiento activo de la evolución de la situación de derechos humanos en Azqueltán. En la Misión participan la Secretaría Ejecutiva de la Red, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), la Red Solidaria por los Derechos Humanos en Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Programa de Derechos Humanos y Paz del ITESO y la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A.C. (AGAJI).

Además de establecer y mantener un contacto directo, permanente y activo con la comunidad, la Misión ha mantenido contacto con las autoridades de primer nivel del Gobierno del Estado de Jalisco y del Municipio, así como con la amplia coordinación y colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las actividades iniciaron en el periodo del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y con su administración se logró establecer que la situación de constante violación a los derechos humanos de la comunidad indígena de Azqueltán, en el Municipio de Villa Guerrero, deriva de una dinámica histórica de abusos de poder, que requiere de una acción decidida del Estado para la reestructuración social y la redistribución de poder en favor del Pueblo Indígena agraviado. Y que, una vez que la Comunidad ha recurrido a las instancias legales para la solución a sus reivindicaciones, es el Estado quien debe garantizar la paz en la región, disuadiendo con rigor toda acción violenta y estimulando la solución pacífica y legal de las controversias.

Durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre, fue posible abatir casi completamente la dinámica de violencia que se había venido registrando y se concretaron acciones políticas y programas sociales que contribuyeron a una re-nivelación social y el empoderamiento debido a la Comunidad.

El 18 de septiembre tuvimos una reunión con el actual Secretario General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, y otros miembros del equipo del Gobernador electo Enrique Alfaro. Junto al Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la CEDHJ, les dimos a conocer la situación que la Misión Civil de Observación encontró en San Lorenzo de Azqueltán y el proceso construido junto con la administración del Gobierno Estatal saliente. Lo anterior, con la finalidad de poder retomarlo a la brevedad posible, una vez que entraran en funciones en diciembre.

Lamentablemente, hasta la fecha no ha sido posible reanudar la comunicación con el nuevo gobierno, pese a que se ha solicitado otra reunión con Ibarra Pedroza. Esperamos que podamos acordar las medidas de seguimiento correspondientes de manera oportuna con la nueva administración.

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Comunicado

Exigimos a la LXII Legislatura del Estado de Jalisco que asigne presupuestos suficientes para una adecuada implementación de las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición y que garantice el principio de participación conjunta.

 

  • A los y las integrantes de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • A la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos
  • A la Comisión de Seguridad y Justicia
  • A la Sociedad Jalisciense
  • A los Medios de Comunicación

Frente a la terrible crisis en materia de derechos humanos que sufre la población del estado de Jalisco, misma que ha trascendido a nivel nacional e internacional en los últimos años por las graves violaciones catalogadas de lesa humanidad cometidas de manera generalizada y sistemática, como son la tortura y la desaparición forzada, y recientemente la crisis forense, expresamos una vez más nuestra preocupación por las acciones y omisiones de las autoridades estatales en un contexto de indolencia e impunidad.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, del 1 de enero de 2008 al 30 de septiembre de 2018, se ha reportado la desaparición de 25,672 personas de las cuales 6,850 no se han localizado. Es importante señalar que fue hasta el 2013 que el delito de desaparición forzada fue tipificado en el estado, sin embargo, a través de solicitudes de información pública, la Fiscalía General señala que no ha iniciado ninguna investigación por este delito y, por lo tanto, tampoco se ha emitido alguna sentencia. Es decir, el 100% de los casos permanecen impunes.

Por lo que respecta al tema de tortura, la delicada situación se puede constatar en el número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, misma que en el periodo comprendido del 2000 a mayo de 2018 inicio un total de 1,470 quejas, de las que se desprenden cerca de 2,000 víctimas de esta grave violación de derechos humanos, sin contar a sus familias, quienes también sufrieron los impactos de la comisión de este crimen. Sin embargo, desde 1993, fecha en que se creó el primer marco legal que prohíbe la práctica de la tortura en nuestro estado, no se ha dictado ninguna sentencia por tortura.

Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en Jalisco se encuadran en un contexto de violencia generalizada en nuestro país, de tal suerte que el 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (LGPIST). Asimismo, el 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP).

Dada la magnitud y gravedad de la problemática, es importante la asignación de los presupuestos suficientes para una correcta y adecuada implementación de estas Leyes Generales en el estado de Jalisco.

Nos resulta de vital importancia manifestar a cada una de las personas integrantes del Congreso del Estado de Jalisco, que garanticen los presupuestos necesarios que permita una adecuada aplicación e implementación de las legislaciones en materia de Desaparición y Tortura. Las y los diputados no deben perder de vista que ambas legislaciones generales contemplan la creación de Fiscalías Especializadas sobre Tortura y sobre Desaparición de Personas en todos las entidades del país. No obstante, no se puede garantizar su funcionamiento adecuado si esta LXII Legislatura no aprueba los recursos económicos suficientes para investigar y sancionar los casos así como atender las necesidades de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, incluyendo la reparación integral del daño.

Es importante que esta Legislatura tome en cuenta que la dotación de suficientes recursos económicos para atender esta grave crisis, ha sido solicitada y exigida en innumerables ocasiones tanto por los colectivos de familiares como de organizaciones no gubernamentales. Dichas peticiones se traducen en obligaciones constitucionales que en su calidad de representantes populares deben acatar, en virtud del artículo 1° y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que mandatan garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.

Por otro lado, queremos expresar nuestra preocupación por la iniciativa de Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco presentada el pasado 12 de noviembre de 2018, la cual se encuentra en estudio en la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos y la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso local. Lo anterior debido a que, tal como ha sucedido con las anteriores iniciativas relacionadas con el tema de desaparición de personas que habían sido promovidas por esa Soberanía, ésta no fue socializada ni consultada con familiares de personas desaparecidas, ni con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema, lo que resulta violatorio al principio de participación conjunta que rige la LGMDFP. Además, esta iniciativa no se encuentra armonizada con los estándares establecidos en la Ley General de Víctimas y en la LGMDFP, ni está adaptada al contexto de Jalisco. Nos resulta preocupante que, de aprobarse esta iniciativa, se agravaría la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los familiares de personas desaparecidas. En este sentido, nuevamente queremos llamar la atención a cada una de las personas integrantes del Congreso del Estado de Jalisco, para que respecto a cualquier proceso de creación de legislación relacionada con los derechos de víctimas de desaparición, garantice indiscutiblemente la participación de familiares de personas desaparecidas y la sociedad civil.

Por lo anterior, le exigimos a la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Primero.- Se asignen las partidas presupuestales que contemplen los recursos económicos y financieros suficientes y necesarios para la adecuada implementación y operación de todas las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas, como son a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Segundo.- Se asigne la partida presupuestal que contemple los recursos suficientes para la creación, implementación y operación de la Fiscalía Especializada para la investigación de casos de Tortura, que permita atender e investigar de manera pronta, objetiva e imparcial los casos denunciados antes y posterior a su creación, así como otros instrumentos y mecanismos contemplados en la LGPIST, así como al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Tercero.- Se abstengan de aprobar la Ley Para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, hasta en tanto no se abran los espacios con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema para una consulta amplia, pública y transparente que garantice el principio de la participación conjunta.

Cuarto.- Que prioricen la socialización de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General de Víctimas, la LGMDFP con base en los mayores estándares internacionales en la materia.

Guadalajara Jalisco a 15 de noviembre de 2018.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Cepad

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

ENLACES DE INTERÉS

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

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Comunicado Personas Desaparecidas

Exigimos a la LXI Legislatura de Jalisco se abstenga de aprobar la Ley de Desaparición hasta consultar con familiares, organizaciones y personas expertas.

COMUNICADO

 

  • A los y las integrantes de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
  • A los y las integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco
  • A la Sociedad Jalisciense
  • A los Medios de Comunicación
    PRESENTE:

El pasado 16 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, el cual fue sometido a la primera lectura del Pleno al día siguiente.

De acuerdo con el transitorio noveno de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las entidades federativas deberían emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la Ley General, término que venció el 15 de julio del presente año. El incumplimiento de dicha obligación por parte del Congreso del Estado evidenció su indiferencia e indolencia respecto a la gravedad de las desapariciones de personas a lo largo y ancho del territorio de Jalisco.

Frente a este contexto, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa que las y los diputados de la LXI legislatura quieran aprobar un Dictamen en el que evidencian una profunda ignorancia y una falta de comprensión de los objetivos de la Ley General y los estándares internacionales en la materia. Durante el proceso de elaboración de dicho Dictamen no se ha consultado de manera adecuada y transparente a familiares que sufren la desaparición de un ser querido en Jalisco ni a las organizaciones de la sociedad civil, contraviniendo de esa manera los principios fundamentales de transparencia, máxima publicidad y participación conjunta.

Consideramos inaudito que no se hayan respetado los procesos y avances de participación para la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión local de Búsqueda de Personas y la Comisión Interinstitucional que colectivos y organizaciones han realizado en los últimos dos años. La constante indolencia de las autoridades estatales frente a la problemática de graves violaciones a los derechos humanos que aqueja nuestra entidad revela su desinterés por buscar medidas legislativas y presupuestales para garantizar los derechos de familiares de personas desaparecidas al acceso de justicia y a la verdad, y el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.

De antemano rechazamos la aprobación de una Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, sin la participación de las y los familiares, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, quien durante estos últimos años ha sido observadora y ha participado en los procesos de justicia y verdad en Jalisco.

Por lo anterior, le exigimos a las y los diputados de la LXI legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Primero.- Que se abstengan de aprobar la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, hasta en tanto no se abran los espacios con familiares, organizaciones y personas expertas en el tema para una consulta amplia y pública que garantice la participación conjunta.

Segundo.- Que prioricen la socialización de la iniciativa legislativa con familiares de personas desaparecidas en todas las regiones de Jalisco, para que conozcan la propuesta y puedan realizar sus observaciones junto a especialistas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Ley General y los mayores estándares internacionales en la materia.

Tercero.- Que atiendan todas las observaciones realizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas expertas en el tema y de los organismos internacionales de derechos humanos a la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco a 23 de octubre de 2018.

Por Amor a Ellxs.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, Cladem.
Red de Enlaces Nacionales.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Fundem Región Centro.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan De Larios A.C.
Sabuesos Guerreras A.C.
Colectivo – BCS “SinEllosNO” A.C. (Baja California Sur)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Uniendo Cristales A.C.
Idheas, A.C. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros.
Las Rastreadoras por la Paz de Sinaloa (Sinaloa).
Una luz de Esperanza, Rastreadores del Sur de Sinaloa (Sinaloa).
Mujeres de Michoacán A.C. (Michoacán).
Voces Unidas por la Vida.
Colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas, Zac).
Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, (COFADDEM) “Alzando Voces”
Colectivo Independiente Culiacán, María Herrera
Padres y Madres de Hijos Desaparecidos Culiacán A.C.
Colectivo Familiares Enlaces Xalapa (Xalapa, Ver.)
Colectivo Familias Unidas por Nayarit, CoFaUnNay (Nayarit)
Colectivo Corazones Perdidos Xalapa (Xalapa, Ver.)
Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos
Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos A.C. (Mazatlán, Sin)
Desaparecidos Justicia A.C. (Querétaro)
Familias Unidas en Busca de una Esperanza Zacatecas.
Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa.
La Alameda Morelos.
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70’s.
Búsqueda de familiares Regresando a casa Morelos A.C.
Colectivo Independiente de Rastreadores de Culiacán, María Herrera.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos En Nuevo León.
Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpo, Gro. y el País.

Guadalupe Valenzuela Palazuelos.
Marcedalia Reyes Gutiérrez.
Laura Curiel.
Susana Guadalupe Ayála B.
Juan Jesús González Tenorio.
Martha Alicia Camacho Loaiza.
Isela Ramírez Jiménez
Ana Isabel Castañeda López.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

 

 

Comunicado – recibido y sellado por diputados de la LXI Legislatura de Jalisco 23 Octubre de 2018

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Informes DDHH Jalisco

Informe “Frente a la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en Jalisco: La lucha por la Verdad y la Justicia”

En Jalisco, la invisibilidad del reclamo de justicia con la que caminan las familias de personas que sufren la desaparición forzada y por particulares, reflejan la impunidad e indiferencia que por más de una década las autoridades de la entidad han mostrado, y a la que se suma una sociedad mayoritariamente indolente que no se permite la solidaridad con quienes reclaman el derecho a la verdad.

Acercarnos como sociedad a sentir el dolor con el que transitan las familias,  yendo con una herida abierta de dependencia en dependencia en búsqueda de respuestas y exigiendo justicia en las calles abre una posibilidad de sensibilizarnos y comprender que se trata de nuestros desaparecidos.

CONTENIDOS

  1. Presentación.
  2. Introducción.
  3. Hacia una Ley General sobre Desaparición de Personas en México: sin las familias no.
    Paulina Cerdán Corona (Centro de Colaboración Cívica A.C.)
  4. Personas Migrantes en Tránsito Desaparecidas en México.
    Alonso Hernández López y Mariana Morante Aguirre (FM4, Paso Libre).
  5. La memoria de los desaparecidos de la Guerra Sucia en Jalisco.
    Alejandra Guillen (periodista independiente).
  6. Desapariciones dentro de la ola de violencia e impunidad desatada en el sexenio de Emilio González
    Márquez (periodo 2007-2012)
    Ana Elizabeth Cabral Pacheco (abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).
  7. Contexto de las desapariciones de personas en Jalisco durante el periodo 2013-2016: se reconoce el
    problema, quedan acciones pendientes.
    Ana Elizabeth Cabral Pacheco (abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).
  8. Marco legal en Jalisco en materia de desaparición de personas.
    Ana Elizabeth Cabral Pacheco y Anna Karolina Chimiak (abogadas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).
  9. Cifras sobre desapariciones en Jalisco ¿quién cuenta a nuestras personas desaparecidas?
    Ana Elizabeth Cabral Pacheco (abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).
  10. La desaparición de mujeres en Jalisco: entre Protocolos y una Alerta.
    Isaac Vargas González y Ana Elizabeth Cabral Pacheco (colaboradores del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).
  11. ¿Por qué desaparecen las mujeres en Jalisco?
    Isaac Vargas González (colaborador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).
  12. Testimonios
    Ana Elizabeth Cabral Pacheco e Isaac Vargas González (colaboradores del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.).
    • Los voy a buscar aunque se me vaya la vida
    • Tal vez no encontremos nada pero la fe mueve montañas
    • La misma sociedad lo va a uno marcando
    • Un peregrinar que no termina
    • Si ellos saben ¿porque no hacen nada?
    • Después de una desaparición, uno ya no es el mismo
    • Pido por todos y por todas las mamás que viven esta situación