Guadalajara, Jalisco, a 28 de noviembre de 2024 

● Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas del país desde el 2019; durante el sexenio pasó de 5 mil a 15 mil personas desaparecidas 

● El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez ha negado la crisis, modificando las cifras y criminalizando a las familias buscadoras 

● Pablo Lemus tiene ahora la responsabilidad de atender la crisis forense, la correcta implementación de las leyes en materia de desaparición y de garantizar un trato digno a las familias 

El día de hoy concluimos la campaña “El Sexenio de las Desapariciones”, construida colectivamente entre familias buscadoras, sociedad civil y periodistas independientes con el objetivo de señalar las faltas y pendientes con las que termina el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, así como sensibilizar a la población sobre lo que implica la desaparición de un ser querido. 

Un sexenio marcado por promesas incumplidas y negación de la realidad 

Enrique Alfaro cierra su sexenio (2018-2024) dejando a nuestro estado como el primero a nivel nacional con el mayor número de personas desaparecidas desde 2019. Aunque comenzó su gobierno haciendo promesas a las familias que buscan a sus seres queridos, con el tiempo éstas fueron sustituidas por un discurso que negaba el aumento de las desapariciones diciendo que la mayoría de las personas se iban de manera voluntaria de sus hogares, desatendiendo los casos de larga data y previos a esta administración, así como con un manejo engañosos de las cifras para mejorar su imagen. 

Un ejemplo clave es cómo en 2019 el Gobierno de Alfaro prometió diálogo con las familias y construir leyes adecuadas durante un evento en el Centro Cultural Cabañas, pero finalmente el diálogo se cerró y las leyes no se han implementado de manera adecuada. A pesar de que la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición se creó por y desde las necesidades de las familias –que participaron activamente en su construcción– no se han cumplido cabalmente los artículos transitorios de las mismas y siguen pendientes el reglamento de la propia Ley de Personas Desaparecidas, el Reglamento de la Comisión de Búsqueda, el Programa Estatal de Búsqueda y los 

Lineamientos para las Células de Búsqueda municipales, bajo el pretexto de que se está en su proceso de construcción, pero ya han pasado más de dos años de retraso en su emisión. 

Otro ejemplo también es cómo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) marcaba un aumento en el número de denuncias por desaparición en Jalisco en los años 2020 y 2021, hasta que en 2022 el Gobierno de Jalisco decidió dejar de compartir sus cifras con este registro, generando la idea de un descenso significativo; sin embargo, esto no refleja la realidad del estado. 

Un legado de violencia, omisiones y deficiencias 

El sexenio cierra con un legado de violencia, omisiones y deficiencias:

● Una crisis forense al alza sin medidas de atención adecuadas: Según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hasta el 31 de julio de 2024 se han acumulado 9,467 registros de Personas Fallecidas sin Identificar; además, según la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas Jalisco (FEPD), entre diciembre de 2018 y junio de 2024 se han localizado 158 fosas clandestinas, de las cuales se han logrado exhumar alrededor de 1,796 víctimas, es decir, un promedio de 11 por cada fosa. 

● Nuevas leyes, mismas prácticas: Ante la fuerte insistencia de familias y colectivos se logró la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas y la de Declaración Especial de Ausencia. Desafortunadamente, las autoridades no han demostrado tener voluntad para aplicar adecuadamente el marco normativo: no se han aprobado los reglamentos secundarios necesarios y las malas prácticas continúan. 

● Un estado en llamas: En los seis años de gobierno de Alfaro, la violencia no ha cesado. Bajo su mandato observamos, entre otros casos graves, el reconocimiento público de esta administración sobre la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía del Estado, el arresto y asesinato de Giovanni López y las desapariciones forzadas del 5 de junio de 2020, la proliferación de casas de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara la desaparición de 6 jóvenes en un call center en 2023, cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en Lagos de Moreno, y la represión a manifestaciones de familiares que exigen la localización de seres queridos. 

El gobierno de Enrique Alfaro en su trato con las familias buscadoras y las víctimas fue más un gobierno de prepotencia que de escucha, que demostró un enorme desprecio por la vida humana, la voz de quienes buscan y que creó una barrera divisoria con su administración a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Su sucesor, Pablo Lemus, quien tomará posesión el 

Pablo Lemus tiene ahora la responsabilidad de atender la crisis forense de Jalisco, asegurando la adecuada coordinación entre instituciones, proponiendo presupuestos suficientes y eliminando la corrupción dentro de las instancias encargadas de la identificación de personas. Tiene también la responsabilidad de la correcta implementación de las leyes en materia de desaparición y de garantizar un trato digno a las familias que buscan a personas desaparecidas, además de generar estrategias de prevención para que ninguna familia más se vea incompleta. 

La tarea que le hereda Enrique Alfaro es mayúscula, y desde los colectivos y familias, la sociedad civil y los medios de comunicación estaremos atentos a que el nuevo gobernador esté a la altura de lo que las personas de Jalisco merecemos. 

próximo 5 de diciembre, pero que ya ha comenzado con promesas y la creación de la nueva Secretaria de Inteligencia y Búsqueda, tiene la oportunidad de cambiar el rumbo y mostrar empatía y apertura durante todo su sexenio, no sólo el primer año.