Desde CEPAD cada año hemos analizado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Jalisco para que refleje las necesidades de las familias de personas desaparecidas y se aborde desde una perspectiva de derechos humanos. El presupuesto 2025 no puede ser la excepción. 

 Nos preocupa que el Gobierno de Jalisco y el equipo del gobernador electo, Pablo Lemus, estén planeando otro «madruguete» para aprobar el presupuesto 2025 sin un análisis adecuado ni diálogo con la sociedad civil. 

 Es fundamental que el presupuesto 2025 garantice recursos suficientes para las instituciones que atienden a las víctimas que buscan, investigan delitos y realizan labores periciales frente a graves violaciones de derechos humanos, como la tortura y desaparición.

 Exigimos que este proceso se realice con transparencia y participación efectiva. Se requiere garantizar el aumento progresivo de los recursos. y  familias de personas desaparecidas deben tener un papel central en las decisiones que afectan su lucha por la justicia y verdad. 

Ante la crisis de violencia y de derechos humanos que se vive en Jalisco, hacemos un llamado al Congreso de Jalisco que no aprueben un presupuesto que no considere la participación de la sociedad civil previa, y no incluya demandas de las familias ni el contexto. #SinLasFamiliasNo