Señoras y señores del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en atención a su llamado al envío de contribuciones para la realización de un estudio temático sobre la cuestión de las elecciones y las desapariciones forzadas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), A.C., se permite presentar la siguiente contribución escrita, la cual puede ser divulgada públicamente. 

CEPAD A.C. es una organización de la sociedad civil que impulsa procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral, mediante el acompañamiento a víctimas de tortura y desaparición de personas en Jalisco, México. 

I. Redes de macrocriminalidad e incidencia criminal-electoral en Jalisco 

El estado de Jalisco, en México, ha destacado en los últimos años debido al nivel de violencia, estructuras de colusión y las violaciones graves a derechos humanos que esto involucra para la población civil. Desde 2019, esta entidad federativa ha sido señalada como la más alta del país en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al contar con un total de 23 mil 967 personas reportadas y/o denunciadas como desaparecidas, de las cuales se sigue sin conocer la suerte o paradero de 14 mil 957¹. 

¹ Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx. Con corte entre el 31 de diciembre de 1952 y hasta el 14 de febrero de 2024. 

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Este contexto ha sido posible debido a la situación de violencia, los Grupos del Crimen Organizado (GCO) con intereses en este territorio y redes de protección locales. La actuación conjunta de estructuras criminales, estatales y empresariales ha permitido la innegable generación de redes macrocriminales² que tienen un impacto importante en las violaciones a derechos humanos en la entidad y las consecuencias que esto tiene para los procesos políticos y electorales. 

Un análisis reciente ha señalado que Jalisco es una entidad federativa con muy alto riesgo de involucramiento por parte de GCO en el contexto electoral. Esto debido al control imperante de un GCO en la mayoría del territorio, que ese mismo grupo impulsa la creación y alianza con células delictivas y los conflictos que este mismo tiene con otros GCO en las fronteras de Jalisco con otras entidades federativas como Zacatecas, Michoacán y Guanajuato³. Aunado a que el grupo criminal imperante tiene un control relevante en las operaciones de lavado de dinero que son detectadas oficialmente y la capital del estado es una sede importante para las empresas que realizan este tipo de actividades empresariales ilegales⁴. 

Los procesos electorales en contextos de macrocriminalidad son cruciales para mantener o disputar la gobernanza criminal y, con ella, el control territorial para beneficio político y económico de ciertos grupos delictivos. Es por esa razón que los GCO suelen incidir en los procesos electorales de distintas formas a fin de garantizar la protección de sus intereses ilícitos, perpetuando su poder y control a nivel local. En resumen, estos grupos “dependen de la protección del gobierno para garantizar su existencia, y las elecciones por su misma naturaleza, amenazan con trastocar esas provechosas relaciones”⁵. 

Según la consultora Integralia, existen cinco formas de incidencia criminal en los procesos electorales que pueden convivir o superponerse entre sí: 1) violencia política (amenazas, 

² Luis Daniel Vázquez Valencia. Captura Del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos. (FLACSO-México, 2020) 19. 

³Integralia Consultores. “Primer reporte de violencia política. Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales, 2024”, https://integralia.com.mx/web/primer-reporte-de-violencia-politica/ (consultada el 15 de febrero de 2024) 

⁴ Laura Sánchez Ley. “Cártel Jalisco Nueva Generación controla 78% de lavado en México”, Milenio, 4 de octubre de 2022, https://www.milenio.com/policia/cartel-jalisco-generacion-controla-78-lavado-mexico; El Informador. “Detectan al día 174 operaciones de lavado de dinero en Jalisco”, El Informador, 1 de septiembre de 2020, https://www.informador.mx/Detectan-al-dia-174-operacionesde-lavado-de-dinero-en-Jalisco-l202009010001.html 

⁵ Patrick Corcoral, “¿Cómo la violencia puede arrebatar las elecciones presidenciales en México?”, Insightcrime, 30 de marzo de 2018, 

https://insightcrime.org/es/noticias/analisis/como-la-violencia-puede-arrebatar-las-elecciones-presidencial es-en-mexico/ 

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Agresiones, secuestros, desapariciones, asesinatos, etc.); 2) financiamiento en campañas (aportación de recursos económicos); 3) imposición de candidatos (injerencia al interior de partidos); 4) movilización o inhibición del voto (intervención sobre la sociedad civil); y 5) la intervención en casillas (destrucción de boletas, robo de urnas, etc.).⁶ 

Algunos autores han señalado que estas formas de incidencia en procesos electorales son una expresión de la gobernanza criminal imperante en México, misma que adopta formas coercitivas (que comprenden el uso de la violencia para intervenir sobre bienes, servicios públicos y procesos electorales), y/o de legitimación (con apoyo de la comunidad local a través de la provisión, facilitación y mejora de los mismos) para su reproducción⁷. 

II. Violencia criminal-electoral y desaparición forzada en Jalisco 

Actualmente México presenta retos para identificar eventos de violencia criminal en contextos electorales, así como su relación con la desaparición forzada. Uno de ellos es el reconocimiento de la desaparición forzada como manifestación de la violencia electoral, debido a que en México a la hora de hablar de violencia electoral se destacan hechos que involucran el homicidio o la privación de la vida de las personas sin que se hable de otros mecanismos previos o en el contexto que pudieron involucrar la desaparición como un circuito⁸. 

Por otro lado, los registros oficiales resultan insuficientes para ahondar en el análisis de esta situación, basta mencionar que el RNPDNO únicamente da cuenta de un total de seis casos de personas que siguen desaparecidas y cuya ocupación era la de servidores públicos y que ocurrieron entre los años 2020 y 2022. Sin embargo un análisis más complejo implicaría no solo revisar los casos en este tipo de ocupación sino también explorar cómo otras desapariciones forzadas de población civil, personas defensoras y periodistas también se ha enmarcado en este contexto. 

⁶Integralia Consultores. “Primer reporte de violencia política. Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales, 2024”, https://integralia.com.mx/web/primer-reporte-de-violencia-politica/ (consultada el 15 de febrero de 2024) 

⁷ Alan Salvador González, “Las formas de la gobernanza criminal en México”, Nexos, 7 de febrero de 2023, https://seguridad.nexos.com.mx/las-formas-de-la-gobernanza-criminal-en-mexico/ 

⁸ De acuerdo con Camilo Vicente Ovalle, [Tiempo suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980 (México: Bonilla Artigas Editores, 2019), “‘el circuito de la detención-desaparición’ que estuvo compuesto de tres fases: 1) la aprehensión, 2) la detención y 3) la definición final, es decir, el momento en que el aparato represor optaba por hacer transitoria o permanente la desaparición del detenido. 

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En contraste, la organización civil Data Cívica, registró al menos mil 657 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental, instalaciones o partidos entre los años 2018 y 2023⁹. En ese mismo registro Jalisco se encuentra entre los cinco primeros lugares a nivel nacional respecto a hechos de “violencia criminal-electoral”¹⁰ y en primer lugar de hechos que involucran –particularmente– la desaparición y el secuestro de personas. Esta organización da cuenta de 181 secuestros o desapariciones en contextos de violencia criminal-electoral, de las cuales 25 ocurrieron en Jalisco. Además, en este estado se han registrado 93 actos de violencia criminal-electoral, lo que quiere decir que poco más de la cuarta parte de los ataques involucran la desaparición de personas víctimas de violencia en estos contextos¹¹. 

En ese mismo sentido, cabe mencionar que de los 93 ataques registrados, 68 se realizaron a funcionarios o ex-funcionarios municipales; lo que equivale a decir que el 73 por ciento de estas agresiones están orientadas a mantener o disputar el control territorial a nivel local. Respecto a los posibles perpetradores, la misma organización registra que al menos en los casos de desaparición forzada y de secuestro, en el 45 por ciento de ellas hay información suficiente para asegurar que los presuntos responsables son conocidos GCO con fuerte presencia en el territorio, y que en al menos 3 casos se presume la participación conjunta entre estos grupos y agentes o autoridades municipales. Estos eventos reafirman la necesidad de vínculo y colaboración entre diferentes GCO con las autoridades locales con fines económicos y de gobernanza criminal. 

Uno de los casos que reafirma esta comisión conjunta es el de Álvaro Madera, quien fuera candidato a presidente municipal en Mezquitic, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Madera fue presuntamente desaparecido el 4 de febrero de 2021 a manos de GCO y de al menos cinco elementos de la policía municipal de ese municipio, entre quienes 

⁹ Data Cívica. “Votar entre balas: entendiendo la violencia criminal-electoral en México”, https://votar-entre-balas.datacivica.org/ (consultada el 15 de febrero de 2024) 

¹⁰ Se toma este concepto a partir de la propuesta metodológica de Data Cívica en donde se señala que este tipo de violencia “se refiere a cualquier acto organizado o amenaza por parte de organizaciones criminales que ocurre durante un proceso electoral, desde la fecha de nominación para un cargo político hasta la fecha de las elecciones, para intimidar, dañar físicamente, amedrentar, o eliminar a un actor político. La metodología se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/15FtqTEhp8XQcQH1i66WTdkOlbSYxUBLv/view 

¹¹ Data Cívica. “Votar entre balas: entendiendo la violencia criminal-electoral en México”, https://votar-entre-balas.datacivica.org/ (consultada el 15 de febrero de 2024) 

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se incluye quien fungía como comisario¹². Desafortunadamente, Álvaro Madera no ha sido localizado hasta la fecha¹³. 

Por otra parte, hay casos en los que la desaparición antecede al homicidio en contextos de violencia criminal-electoral. Es el caso también en Jalisco de Alfredo Sevilla, quien fungía como presidente municipal de Casimiro Castillo y pretendía contender por la reelección para ese puesto dentro del partido Movimiento Ciudadano (MC). Sevilla fue desaparecido el 11 de marzo de 2021 y localizado sin vida posteriormente al interior de su vehículo¹⁴. Su caso alarmó a figuras políticas que no desconocieron la intervención de GCO en los procesos electorales y llegaron a afirmar que “impone o apoya a candidatos”¹⁵. 

A nivel nacional, las víctimas directas de la violencia criminal-electoral son mayormente funcionarios en activo, quienes representan el 50%, le siguen militantes y aspirantes a cargos de elección popular con un 16%, ex funcionarios con el 14%, y por último, activistas y periodistas, quienes representan el 20% restante¹⁶. En el caso de Jalisco, quienes desempeñan una función pública llegan a ser el 56% de las víctimas de esta violencia criminal-electoral. En los casos de desaparición y secuestro, las víctimas son mayormente elementos de seguridad, representando el 72% del total, mientras que el resto se distribuye entre personas que desempeñan cargos ejecutivos, que participan directamente en elecciones o que desempeñan un cargo judicial. Además, llama la atención que de ellos, el 64% tenía un puesto de nivel municipal, mientras que el 36% restante es de orden federal¹⁷. 

La violencia criminal-electoral es la forma de incidencia criminal más recurrente por parte de los GCO en los procesos electorales y la forma de mayor incidencia es a través del homicidio. No obstante, a pesar de que “la mayor parte de la violencia que vemos del crimen organizado 

¹² Redacción, “Detienen a quinto policía implicado en secuestro de precandidato de Mezquitic, Jalisco”, El Universal, 28 de marzo de 2021, https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-quinto-policia-implicado-en-secuestro-de-precandidato-de-mezquiti c/ 

¹³ Lauro Rodróiguez, “Aumenta violencia política en Jalisco”, NTR Guadalajara, 27 de mayo de 2021, https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=166815 

¹⁴ José luis Escamilla, “Localizan muerto al presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo”, Notisistema, 12 de marzo de 2021, 

https://www.notisistema.com/noticias/localizan-muerto-al-presidente-municipal-con-licencia-de-casimiro-castillo/ ¹⁵ Gloria Reza, “Jalisco: el narco impone o veta candidatos”, Proceso, 10 de mayo de 2021, https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/5/10/jalisco-el-narco-impone-veta-candidatos-263628.html ¹⁶Integralia Consultores, “Violencia política en México. septiembre 2021 – 29 junio 2022”, https://integralia.com.mx/web/wp-content/uploads/2022/07/Violencia-poli%CC%81tica_30JUN22.pptx.pdf (consultado el 15 de febrero de 2024). 

¹⁷ Data Cívica. “Votar entre balas: entendiendo la violencia criminal-electoral en México”, https://votar-entre-balas.datacivica.org/ (consultada el 15 de febrero de 2024) 

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Incidiendo en política es a través del homicidio”¹⁸ otras formas de violencia suelen preceder mecanismos previos de violencia como la privación ilegal de la libertad, el secuestro y la desaparición forzada. 

III. Consecuencias de la desaparición forzada en contextos criminal-electorales 

El Estado de derecho se fundamenta en la ley producida en instituciones democráticas en coherencia con un posicionamiento ético acorde con los principios de los Derechos Humanos. En conjunto con la democracia –en su acepción participativa y deliberativa-, implica el ejercicio de los derechos, libertades, toma de decisiones y consensos. Así, transforma un sistema de legalidad en un criterio de legitimidad, traduciendo la participación en resultados, garantizando y protegiendo los derechos fundamentales¹⁹. El ejercicio democrático no sólo implica leyes que garanticen el Estado de derecho, sino una sólida perspectiva ética que respete su ejercicio y participación. En este contexto, el clima de violencia criminal-electoral genera un profundo daño en el tejido social, en las formas en las que se relacionan las personas con sus comunidades²⁰. 

De acuerdo con el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país²¹. Con base a lo anterior, esta violencia afecta a las personas que quieren servir a su comunidad, ya sea militando en un partido político, participando en campañas políticas o como servidor público; o bien desde ejercicios de participación política al margen de esquemas partidistas. 

Los contextos con presencia del crimen organizado han sido impactados negativamente en el comportamiento electoral, de manera particular en cuestiones como el voto de castigo, la 

¹⁸ Elizabeth Ortíz, “México Evalúa prevé repunte de violencia en las elecciones”, Udegtv, 7 de diciembre de 2023, https://udgtv.com/noticias/mexico-evalua-preve-repunte-de-violencia-en-las-elecciones-/206756 ¹⁹ Elías Díaz García, ¨Estado de derecho y legitimidad democrática.” en Estado de derecho: concepto, fundamentos y democratización en América Latina, comp. Miguel Carbonell, Wistano Luis Orozco, Rodolfo Vázquez (México: Siglo XXI, 2002), 61-95. 

²⁰ Juan Pablo Aguirre Quezada, Asesinatos políticos en el proceso electoral 2021. Cuadernos de Investigación No. 80 (México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2021). 

²¹ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1976) artículo 25. 6

competitividad y la participación, debido a la pérdida de confianza en las instituciones políticas y el miedo que generan situaciones de inseguridad en la ciudadanía²². La experiencia con el crimen está relacionada con una disminución del sentido de eficacia política. Asimismo, hay experiencias donde los votantes sienten que arriesgan sus vidas cuando están expresando sus preferencias electorales. Esto no se limita a la participación de los votantes, sino que también tiene un impacto en el rechazo a ser funcionario de casilla en los lugares donde hay más violencia²³. De igual manera, procesos de organización comunitaria y otras formas de participación política sufren repercusiones al percibir este clima de violencia. 

Los crímenes y amenazas dirigidos contra actores políticos ponen en peligro la competencia en la arena político – electoral. Los procesos de alternancia política operan en detrimento de la estabilidad de las redes de los grupos del crimen organizado²⁴ En contextos de polarización partidista, es principalmente la oposición quien es víctima de la violencia²⁵. 

IV. Herramientas y buenas prácticas en el contexto local y nacional 

Es menester señalar que desde diversos organismos se han presentado algunas propuestas para enfrentar esta problemática, sin embargo éstas no se han concretado en resultados que posibiliten la ruptura de las redes de macrocriminalidad. 

La estrategia militarista aplicada por el gobierno mexicano para disminuir los costos políticos de la violencia no ha tenido resultados, por el contrario, ha multiplicado los niveles de violencia²⁶ con sus correspondientes efectos en la competitividad electoral. 

Es menester reconocer la dimensión nacional que tienen las redes de la macrocriminalidad, puesto que no solamente es un problema técnico, es en esencia un problema político²⁷. Las 

²² Samuel Tlatempa Martínez. “Los Partidos Políticos Ante La Violencia Del Crimen Organizado: Estudio De Las Elecciones Para Alcalde De 2015 En Un Municipio De Jalisco.” Tesis De Maestría En Ciencias Sociales (FLACSO-Mx), 2017. 

²³ Trejo y Ley, Votos, drogas y violencia. 

²⁴ Raúl Bejarano Romero Competencia electoral y violencia del crimen organizado en México Política y gobierno Vol. 28 Núm. 1 (2021):1-21. 

²⁵ Trejo y Ley, Votos, drogas y violencia. 

²⁶ Aldo F. Ponce Narcos, violencia y competitividad electoral a nivel municipal: evidencia del caso mexicano (México: Programa de Política de Drogas Centro de Investigación y Docencia Económicas Región Centro, 2014) 23.

²⁷ Luis Daniel Vázquez Valencia. Captura Del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos. (FLACSO-México, 2020) 172. 

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élites políticas democráticas deben ser capaces de realizar reformas en el sector de seguridad, ya que las redes criminales que se tejieron en el pasado ya no son posibles en el presente democrático²⁸. Para ello se requiere una enorme voluntad política, así como la participación de la sociedad civil y distintos sectores, en coalición para reformar ese sector. Sin embargo, en este contexto global es necesario identificar que el nivel al que está operando el crimen organizado es a nivel local, a nivel municipal, y es justamente ese nivel el que requiere de fortalecimiento. 

A lo largo de más de veinte años en democracia, se han invertido recursos valiosos en el diseño de las instituciones que la constituyen. Sin embargo, estas instituciones han sido cooptadas por intereses particulares, y ante ello son necesarios mecanismos de accountability, transparencia y rendición de cuentas²⁹. El liderazgo político y la gobernanza, la cooperación internacional, el fortalecimiento al sistema judicial y los cuerpos de seguridad, así como la observancia de una integridad territorial³⁰ son algunos de los ejercicios a implementar dentro de los marcos institucionales. 

Lo anterior nos conduce a la conformación de un Estado social y democrático de derecho, el cual trasciende discusiones en materia de seguridad³¹ ya que esta consolidación implica una coordinación entre ciudadanos e instituciones en la construcción de paz en procesos integrales y participativos. 

En conjunto con las soluciones institucionales y desde la construcción de un Estado de derecho, se requieren también procesos sociales que generen las condiciones suficientes para la gobernabilidad,y el desarrollo comunitario. Una cultura de paz que garantice el respeto por los derechos humanos, civiles y políticos, y que a su vez estos sean garantes de un ejercicio electoral en el marco de la democracia³² El Estado mexicano tiene una gran deuda con las regiones más precarizadas del país³³ y sólo atendiendo este rezago histórico es posible construir las condiciones para el ejercicio democrático. 

²⁸ Trejo y Ley, Votos, drogas y violencia. 

²⁹ Vázquez, Captura Del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos. 167 

³⁰ Global Initiative Against Transnational Organized Crime Índice global de crimen organizado 2021 (Suiza: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021) 20-1. 

³¹ Vázquez, Captura Del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos. 185. 

³² Aguirre Quezada, Asesinatos políticos en el proceso electoral 2021. 5. 

³³ Rubén Salazar y Asael Nuche, La violencia política en el proceso electoral 2017-2018 en Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020 (México, Senado de la República:2020). 

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La transición a la democracia en México careció de un proceso de justicia transicional en el pasado, prueba de ello es la subsistencia y la consolidación de redes de macrocriminalidad en el presente democrático³⁴. Parte fundamental para el fortalecimiento de esta ruta es que “la política deberá ser vista no como un conglomerado de instrumentos aislados que operan en paralelo, sino como un entramado articulado de decisiones que contribuyen a garantizar los propósitos específicos de la Justicia Transcicional: verdad, justicia, reparación y no repetición”³⁵. La combinación entre comisiones de verdad y juicios han mostrado una mayor efectividad para reducir la violencia criminal – electoral³⁶. 

V. Conclusión 

En suma, podemos señalar que la desaparición forzada, el secuestro y el homicidio, son expresiones sintomáticas de la violencia criminal-electoral adoptadas por parte de GCO en contubernio con agentes estatales de carácter mayormente local, con el fin de asegurar o disputar las relaciones o vínculos de macrocriminalidad de las que se benefician a partir de beneficios políticos, económicos y administrativos para el beneficio político-económico de los actores involucrados. Ese contexto vulnera o viola en diferente grado derechos humanos y cívicos de las y los mexicanos. Esta situación puede verse exacerbada en contextos en que las disputas de GCO o la alternancia política a nivel local, reformula los vínculos y relaciones de agentes delincuenciales. 

³⁴ Trejo y Ley, Votos, drogas y violencia. 

³⁵ Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.- Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de Justicia Transicional en México (México, CIDE – CNDH: 2018) 23. 

³⁶ Trejo y Ley, Votos, drogas y violencia.