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Este sexenio tiene los más altos índices de desaparición de niños, niñas y adolescentes

Este sexenio tiene los más altos índices de desaparición
de niños, niñas y adolescentes;
México sin políticas públicas eficaces
para asistir a esta población.

  • El 18% de las desapariciones registradas oficialmente en el RNPED corresponden a niños, niñas y adolescentes. El 70% desapareció en este sexenio.
  • Existen  miles de niños, niñas y adolescentes que sufren las afectaciones de la desaparición cuando un familiar es la víctima.

30 de abril de 2018

Este sexenio ha sido el más alto en el número de desapariciones para la niñez y adolescencia mexicana: cerca del 70% fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años.

 

Actualmente se encuentran registradas oficialmente 34,739[1] mil personas desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)[2], sin embargo la información oficial sobre el número de personas desaparecidas en México está dispersa, descoordinada, no del todo accesible y poco transparente.

De 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados, hasta enero de 2018 únicamente están reportados 16 niños, niñas o adolescentes extranjeros en el RNPED.

 

Muchas niñas, niños y adolescentes son detenidos en el contexto de la migración hacia o dentro de México. Esta situación les vuelve más vulnerable frente a crímenes como la desaparición forzada, y a su captación por parte de la delincuencia organizada.

Ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecida en México, en 2017 las organizaciones firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), la cual fue retomada por el mismo Grupo de Trabajo en su informe anual de febrero de 2018 ,destacando que en el Estado mexicano existen obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de desaparición  puedan gozar de sus derechos, con particular énfasis en la situación enfrentada por niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración.

 

Organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano tomar medidas para: i) prevenir la desaparición de niños, niñas y adolescentes y dejar de criminalizar a los menores de edad migrantes; ii) Crear instituciones, o adaptar las ya existentes, para la  búsqueda eficaz de las y los niños desaparecidos; todas las búsquedas deben llevarse a cabo de manera prudente y adaptada a la sensibilidad de los mismos, de igual forma lograr la iii) investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables y la garantía de la iv) reparación y medidas de asistencia social.

 

Actualmente México carece políticas públicas eficaces para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición. Existen deficiencias en la aplicación de los programas de búsqueda como Alerta Amber y Protocolo Alba que rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.

Hasta ahora no existe una política de abordaje psicosocial para las familias víctimas de una desaparición, mucho menos un enfoque específico de trabajo con niñas, niños y adolescentes, a pesar de que así lo establece la Ley General de Víctimas. Las niñas en particular se ven gravemente afectadas por las desapariciones y representan aproximadamente dos tercios del número total de niños desaparecidos.

 

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes y dentro de esta cifra, el número de migrantes afectados. Nos parece grave la invisibilidad de esta población desaparecida.

 

Por lo anterior las organizaciones hemos formulado recomendaciones concretas para atender los casos de desaparición: respetar el interés superior del niño y la niña, adoptando un enfoque de género y de pertenencia cultural, para fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y búsqueda urgente con la adopción de medidas especiales que tomen en cuenta la dimensión transnacional del fenómeno de la desaparición. El papel de la CEAV es fundamental para la atención de niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de personas desaparecidas.

 

La efectiva implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, deberá garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y se debe fortalecer y garantizar el papel fundamental de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

#InfanciaSinDesapariciones

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.-CEDEHM

 Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C._CEPAD

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. -CDDHFJL

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.-CADHAC

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.-CMDPDH

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León_FUNDENL

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.-FJEDD

 Red por los Derechos de la Infancia en México-REDIM

 

[1] 33,665 casos del fuero común 2007 – 31 de enero 2018 y  1,074 casos del fuero federal 2007 – febrero 2018

[2] El RNPED es un registro abrogado con la nueva Ley de Desaparición y que será trasladado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

 

 

Organizaciones presentan denuncia general al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias relativas a la condición de los niñas, niños y adolescentes víctimas de las desapariciones en México

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Pronunciamiento del CEPAD del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Pronunciamiento del CEPAD del
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Como cada año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo fija una postura respecto a la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, sin apartarse de los temas pilares de su actividad como son la desaparición de personas, la tortura, la discriminación, situación de las personas defensoras y periodistas, la libertad de expresión y protesta social, pero sin dejar de solidarizarse y visibilizar las causas de las personas, las organizaciones, los colectivos y los movimientos sociales que luchan frente a la adversidad que representa la corrupción y la impunidad en un ambiente de violencia e inseguridad generalizada.

Lejos parece el día en que la presentación del Informe se hable de buenas noticias, año con año, esto que llamamos crisis en materia de derechos humanos en el país, se ha convertido en los últimos 12 años en la peor tragedia de la que se tenga memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Durante el 2017, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue el más violento del que se tenga registros y Jalisco no fue la excepción. En dicho año, se registraron 1,369 homicidios dolosos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General, se reportaron 3762 personas desaparecidas, de las cuales se iniciaron 3120 carpetas de investigación por ese delito y 0 por desaparición forzada. Respecto a la situación de los feminicidios, en el mismo periodo se registraron 107 casos de acuerdo con cifra dadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), lo que nos demuestra el fracaso de la Alerta de Violencia contra las Mujeres supuestamente implementado por las autoridades estatales, pero persiste la fuerte sospecha que otros casos no fueron clasificados correctamente, por lo que la cifra puede ser mayor.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pone a Jalisco como la tercera entidad del país en el número de quejas en los últimos cinco años. Un caso emblemático para el Cepad, fue la defensa legal emprendida por una pareja que les fue rechazado el derecho a decidir el orden de los apellidos de su menor hija por parte del registro Civil número 1 de Guadalajara, municipio que presume haber suscrito un sinfín de convenios, memorándums y demás compromisos dirigidos contra la discriminación hacia las mujeres. Tuvo que ser un Juez Federal quien le ordenara a la Oficina de Registro de nacimientos que respetara los derechos del padre y de la madre a determinar el orden de los apellidos que llevará su bebé. Tanto la familia como el Cepad, ilusamente pensaron que dicha resolución sentaría un precedente para erradicar la discriminación respecto a la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, pues meses después, otra pareja se presentó ante la misma autoridad registral, y les fue negado el registro, pero ahora no por motivos jurídicos, sino bajo el argumento de que “deben conservar el orden armónico de la comunidad”. Tampoco podemos omitir el desdén y la indiferencia de las autoridades municipales y estatales hacia las situación que enfrentan las personas con discapacidad, a quienes, hasta la fecha, no se les garantiza sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales, pues el diseño de las políticas públicas no generan condiciones de respeto a una vida digna, alejadas de la discriminación y de igualdad.

Por otro lado, los temas que también preocupan y ocupan al Cepad, son aquellos donde se ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad. Con preocupación vemos aquellas declaraciones del entonces presidente municipal de Guadalajara, y actual candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, donde señaló que “no olvida a quienes lo critican”.

Asimismo, vemos como ,quienes ejercen el periodismo crítico, sufren el despido de sus fuentes de empleo o, en su caso, son demandados por quienes detentan algún tipo de poder político. Tal es el caso del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el entonces diputado Enrique Audry, de quien documentó algunas irregularidades de quien se dice ser un representante popular; además, se encuentra el caso de la periodista Martha Hernández Fuentes, quien fue retenida de manera arbitraria por policías de Guadalajara cuando registraba el deterioro estructural del mercado Corona. Ambos casos fueron puntualmente registrados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Quienes integramos el Cepad, nos solidarizamos con quienes de manera profesional y ética ejercen el periodismo y rechazamos cualquier intento por acallar las voces comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la personas defensoras, lamentamos profundamente el asesinato de los defensores Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, fundadores del Consejo Regional Wixárrika por la Defensa de Wirikuta, crimen ocurrido en el municipio de Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. Las autoridades estatales atribuyen su muerte al crimen organizado, lo que de ser así, evidencia el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros hermanos y hermanas por defender sus tierras y territorios, ya sea por omisión o complicidad de las mismas autoridades municipales, estatales y federales.

Tampoco podemos omitir mencionar la promesa del entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval a los y las habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de no inundar sus pueblos, sin embargo, en junio pasado en un acto público y en presencia de personajes de la vida pública de la entidad, se desdijo amenazando que la presa va a 105 metros, contraviniendo la determinación de la SCJN que la cortina de la presa el Zapotillo no debe rebasar los 80 metros.

En el 2017 vivimos el añorado cambio en la CEDHJ, cuyo titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrian ejerció por 10 años un cargo que jamás debió ser, pero las complicidades llevaron a que la defensa de los derechos humanos fueran una simulación, su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos deberán ser investigadas. El proceso de sucesión fue, al final de cuentas y para no perder la costumbre, un acuerdo entre las cúpulas políticas representadas en el Congreso local. Es importante mencionar que la DPLF, Idheas Litigio Estratégico, IMDHD y el Cepad, hicimos llegar a cada representante del Legislativo local, un documento titulado El Perfil Ideal para el cargo del /la presidente/a de la CEDHJ 2017-2022, donde se alertó la ausencia de mecanismos para llevar a cabo la Consulta Pública. Ese documento fue también un llamado a las organizaciones y sectores sociales que decidieron participar en el proceso, pues de llevarse a cabo sin definirse cómo se garantizaría ese derecho, se estaría perdiendo la oportunidad de generar condiciones para elegir al mejor perfil para tan importante cargo. Sin demeritar las cualidades del actual presidente de la CEDHJ, las componendas políticas hicieron que llegara al cargo, pero la legitimidad se gana con respuestas, y una de ellas es auditar a la administración anterior, no solo en la cuestión financiera, sino la actuación de ese organismo frente a hechos ocurridos en esos 10 años, así como revisar las quejas y recomendaciones clasificadas por lesiones y abusos de autoridad, y no por tortura.

Es importante recordar que el 31 de agosto pasado, inició los trabajos la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, la cual fue producto de la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos y, que sin el fuerte impulso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, no hubiera sido posible darse. Seguimos sin respuesta ante la desaparición de personas en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta y otros más por parte de elementos de la Marina Armada de México. Tan solo en el 2017 se presentaron 5 quejas ante la CNDH en contra de esa institución por la desaparición de pobladores de esos municipios. Desde que inició labores la FEPD, las familias no solamente han vivido la frustacion y la desilusión, sino también amenazas e indiferencia de los Ministerios Públicos.

Sin duda, sería imposible mencionar cada una de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco durante el 2017, y nada podrá impedir revertir el actual estado de cosas, mientras la sociedad siga con una actitud de indolencia ante la tragedia y, lo que es peor, una sociedad civil desorganizada, medios de comunicación a modo, universidades silenciosas y cada persona, espectadora de la indignidad.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Introducción al Informe

INTRODUCCIÓN

Miguel Bazdresch Parada

Vivir en sociedad humana, en contacto cotidiano con personas, exige dos consideraciones permanentes. Una, considerar el propio yo y la dinámica interna de nuestra vida. Otra, considerar la dinámica de las otras personas con las cuales mantengo, creo, disuelvo, construyo o destruyo relaciones mediante interacciones e intercambios.

Bien vista, la vida en sociedad es un movimiento continuo entre yo y los otros. Relaciones sociales, a fin de cuentas. Entrecruzadas con la vida interior de cada uno. No extraña la insistente búsqueda de las sociedades por acompañar esa vorágine relacional con acuerdos entre todos sus miembros para vivir con paz. La multiplicidad de emociones, sentimientos y pensamientos suscitados por los permanentes intentos de entendernos a nosotros mismos y entender a los otros, aun a los más cercanos, puede requerir una energía muy abundante. Tal energía a veces surge a borbotones y la vida en sociedad se torna agresiva e insatisfactoria. Disponer de un arreglo previo en el cual se acordara por los miembros de una sociedad los supuestos y las consecuencias de, por lo menos, algunos de los efectos no pacíficos de esas relaciones sociales, haría menor el desgaste y quizá, sólo quizá, más pacífica la vida de cada uno y de todos en conjunto.

Las sociedades han recurrido a religiones, ideologías, filosofías, teologías y anarquismos para intentar acuerdos satisfactorios en múltiples y variadas ocasiones a lo largo y ancho de la vida de los humanos. El éxito ha sido disímbolo. Las invenciones de la creatividad humana en este asunto han sido probadas y reprobadas. Los pensadores de las diferentes épocas, culturas y latitudes en el mundo debaten con persistencia para encontrar las causas del poco éxito de los humanos en sociedad para encontrar la paz, y tratan de vislumbrar los contenidos de posibles nuevos acuerdos sociales más exitosos. Principios y valores constituyen la materia prima de inventos y debates con los cuales se pueda responder preguntas básicas, tales como: ¿Qué constituye a un ser humano? ¿Cómo consigue una (su) identidad humana? ¿Quién es el otro? ¿Es necesario, es igual, es humano? ¿Hay más de una identidad humana? ¿Es posible una relación pacífica entre uno y otro humano? ¿La paz es un estadío o puede ser permanente? Preguntas para alimentar la búsqueda. Sin duda una búsqueda forjadora de la cultura de pueblos y comunidades.

Uno de los intentos de más larga data y mayor difusión cultural, sin ser universal aún, es la conocida como Derechos Humanos. Se considera que la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789” aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 en medio del movimiento social de la célebre Revolución Francesa, es el “parteaguas” entre los acuerdos sociales anteriores a la Revolución y los que habrían de seguir.

Vale la pena transcribir aquí el proemio de tal declaración, en el cual se plasman los supuestos del pensamiento que da lugar a este intento – búsqueda de relaciones sociales pacíficas:

Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano:…1

Otros desarrollos posteriores enriquecen esta declaración fundamental, por ejemplo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, con la cual se completa aquella parte que la Declaración de 1789 dejó implícita y quizá inacabada: Mujer y ciudadana.

No es momento de detenernos a considerar cada uno de los artículos de ambas declaraciones, y sí de invitar al lector a conocerlos o repasarlos para reconocer la poderosa inspiración del texto completo, hoy aplicable sin lugar a duda, a la interpretación de las relaciones sociales en nuestro país.

El 11vo Informe sobre el estado de los derechos humanos en Jalisco del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ac (Cepad), el cual tiene en sus manos el amable lector, nos recuerda la célebre y radical consideración de la Asamblea Nacional francesa en la cual afirman que “… la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos…”.

Recientes estudios nacionales e internacionales, investigaciones de diverso calibre, movimientos de la sociedad civil organizada, protestas airadas en la calle, manifiestan el enojo de la sociedad por el enorme menosprecio de los derechos del hombre y de la mujer que rigen las relaciones sociales de los mexicanos. Tanto así, como la aparición de acciones sociales comunales, grupales y aun individuales, plenas de hartazgo frente a la carencia de paz en la vida cotidiana. Entre otras, el informe nos notifica de: “Policías” comunitarias, grupos de civiles armados en defensa de sus familias, fuerzas armadas en la calle y actuantes en medio de la población civil, manifestaciones violentas incluso en lugares antes insospechados tales como escuelas, iglesias y lugares de reunión para la diversión y el descanso. Y sobre todo la creciente ineficacia de los agentes del Estado, desde los niveles altos hasta los puestos de menor responsabilidad, para evitar secuestros, asesinatos, torturas, maltrato a menores, violencia de género y desapariciones forzadas.

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe del Cepad dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas plenas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. La exigente y justa mirada del Cepad y sus colaboradores, al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz. Nos ayuda a no olvidarlos y a profundizar en sus supuestos y consecuencias en esta hora requerida de un nuevo impulso de reconstrucción de las relaciones entre los seres humanos, de reconsideración de nuestra dinámica interna de cada uno y la dinámica de los otros con quienes intercambiamos, interactuamos, hemos de renovar vínculos, hacer acuerdos para así tejer una vida pacífica en sociedad.

A continuación, se presenta un comentario introductorio a los textos del Informe. El lector podrá valorar el aporte del conjunto de los autores y animarse a profundizar en los mensajes y propuestas de manera más detallada.

Derecho a la vida

Este derecho es el fundamental. Las sociedades concretas no dudan en proclamarlo y defenderlo en leyes y normas. La realidad de la dinámica social contradice ese propósito. A veces, de modos muy agresivos.

Jorge Alonso Sánchez nos advierte el olvido del respeto a la diversidad, a la diferencia, en especial cuando maltratamos a los pueblos primigenios de nuestro territorio. Son mexicanos, son ciudadanos y se les reprime por vivir de un modo diverso, construido en cientos de años y el cual les da respuesta a sus necesidades y a su manera de comprenderse entre sí. Alonso nos recuerda cómo

las políticas neoliberales mercantilizan toda la vida, el planeta entero, y todo su entramado. Los pueblos originarios defienden su existencia y se oponen a la destrucción de la naturaleza… los megaproyectos de las grandes corporaciones avanzan sobre el territorio de los pueblos, los despoja, les impone una cruenta guerra que implica muertos, desaparecidos, esclavizados, desplazados, marginados, explotados, humillados, sojuzgados, etcétera.

Ante el avance unificador e ignorante del valor de la cultura de los pueblos primigenios, Alonso observa y alerta cómo “los pueblos originarios han denunciado continuamente los atropellos y violaciones a sus elementales derechos vitales, pero eso no ha sido suficiente.” Por ejemplo, el sistema electoral en México que “no permitió que una mujer indígena, de abajo, se introdujera en su boleta presidencial.” María de Jesús Patricio, náhuatl de Tuxpan Jalisco, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, nos dice Alonso, “…está realizando una campaña de otro tipo, de los de abajo que están comprendiendo que hay que hacer otro mundo pues el capitalismo está anulando todos los derechos, y atenta contra la vida en el planeta. Se trata de una lucha por la vida y contra la muerte.”

Con un propósito similar, defender el derecho a la vida, Jade Ramírez Cuevas Villanueva describe la lucha de una niña y sus padres por tener nombre propio frente a la ignorancia de funcionarios municipales cuando se oponen a registrar un nombre inusual y plenamente legal. Niña, padre y madre recurrieron a diferentes procesos legales para obtener un mandato judicial que impidiera la violación al derecho al nombre libre, a la plena identidad, a pesar de nacer y vivir en pleno siglo xxi y con normas explícitas a favor de ese derecho. Ramírez concluye con una reflexión:

El sistema social está corroído de desigualdad y trato diferenciado entre hombres y mujeres, entre indígenas y citadinos, entre ricos y personas en pobreza, por valores de un anacrónico contrato social; Así, el anhelo de un estatus equitativo alejado de estereotipos y paradigmas machistas sigue lejos, muy lejos, tanto como para que la simple acción de que cada humano tenga su derecho al nombre que le arrojó el viento, un primer y segundo apellido.

Aristeo López Macías informa sobre la situación de los albergues para niños y niñas en relación con la salvaguarda y cuidado en la protección de los derechos humanos de los niños y niñas a su cargo. En el fondo es el derecho a la continuidad pacífica de la vida.

Ante las evidentes deficiencias de la protección brindada a los derechos de niños y niñas, López Macías se pregunta: “¿Sería posible identificar los intereses comunes entre Gobierno y la Sociedad Civil en favor de nna (Niños, Niñas, Adolescentes)? Es una necesidad identificar problemáticas y convertirlas en política promoviendo su dignidad como sujetos de derecho con base en sus pilares: Interés superior del niño, desarrollo pleno, autonomía progresiva/participación e igualdad y no discriminación.” Los albergues son instituciones necesarias para atender a los menores y jóvenes de familias en situación de vulnerabilidad y carencia. Son una oportunidad para ellos.

Gricelda Torres Zambrano hace presente en su texto “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles” a los niños y niñas víctimas del feminicida, del violento, golpeador o acosador sexual dentro de la familia. Nadie los ve y en los hechos desparecen, excepto para los familiares lastimados o protectores obligados por la desgracia. Considere el lector un par de muestras:

A María Amparo, se le nota la tristeza y el cansancio con sólo mirarla a los ojos. El recuerdo de su hija Betsabé, asesinada hace año y medio por su esposo, es lo que le da fuerza para que sus cinco nietos no queden en el desamparo. “Sí me siento muy triste. Les digo, me siento como cansada. ¡Yo le pido a Dios mucha fortaleza porque a mis niños no los voy a soltar, porque son de mi hija y ellos me reflejan a su madre y yo a ellos los quiero demasiado!”

Un feminicidio deja una estela de dolor en toda la familia. Verónica cuenta que, pese a la sentencia de 25 años de cárcel para el asesino de su hermana, el miedo a que salga y regrese a hacerles daño, es permanente. “Yo no es de que quiera que esté allá y mucho menos. Mi miedo es a que salga porque es una persona sumamente violenta. No nada más lo digo yo por lo que pasó con mi hermana. Todos los vecinos se dieron cuenta, tenía muchos problemas con todo mundo. Y más que nada porque siempre fueron amenazas para nosotros, para toda la familia.”

Otra forma de desprotección de los niños y las niñas, seres humanos, quienes sólo con resiliencia abundante, si eso se pudiera, podrán salir adelante. El Estado burlado y sin encontrar la manera de pacificar esa cultura violenta en los escenarios familiares, muchas veces y mucho tiempo dejados de lado.

Derechos de género

Desde aquella declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791 fue evidente la perspectiva sesgada hacia el ser humano masculino. Desde luego nadie se opone a decir que la mujer es un ser humano con los mismos derechos que el hombre. En la práctica no sucede así.

Paola Lazo Corvera advierte: “La violencia es un hecho social en buena parte aprendida en contextos permeados por desigualdades sociales y discriminación de clase social, género, edad, etnia, capacidades distintas, diferencias religiosas, entre otras… En todos los casos, las violencias están basadas en un desequilibrio de poder.”

Lazo afirma y evidencia en el texto que: “A pesar de las estrategias y acciones a nivel estatal y municipal, existen estudios, análisis y reportes de seguimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil que, unidos a la percepción cotidiana de inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de estas políticas y estrategias.”

No se trata pues de hacer correcciones puntuales o defender “nuevas conductas” ante las mujeres o las niñas. Lazo demuestra que “Las violencias de género están interconectadas y deben conceptualizarse de forma comprehensiva… la violencia de género podría entenderse como un rasgo de identidad cultural casi invisible, tolerado, normalizado por la sociedad y por el Estado; sin embargo, aceptar inmóvil esta visión implicaría resignarse y aceptar que nada se puede hacer para enfrentarla y erradicarla; y claudicar así, a una lucha fundamental para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de sociedades justas e igualitarias.”

Se trata pues de luchas, en plural, por una refundación cultural más allá de “compensar” a la mujer con dádivas legales o posturas “de moda”. Se trata de “desarmar” un entramado psicosocial y cultural que en los hechos sostiene y practica una mirada diferente y sesgada en perjuicio de las mujeres.

Esta nueva cultura se hace imperativa ante el texto de Tania Reneaum Panszi. Propone una lectura desde una perspectiva de género del Informe de tortura en Jalisco. A más de los testimonios y quejas de mujeres o sus familiares en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco por las torturas que diversos agentes del Estado cometieron en violación a sus derechos, Tania nos pone en contacto con “los relatos de las diez mujeres que aparecen en el Informe de Amnistía Internacional Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, los cuales “son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género, con la violencia del Estado hacia las personas privadas de libertad. Tener miedo a los agentes del Estado no debe ser nunca aceptado y siempre será un síntoma vergonzoso del fracaso del estado de derecho.”

En síntesis, la perspectiva de género no lucha sólo contra una anomalía de nuestra sociedad, sino por una nueva cultura, un nuevo estado de derecho construido sobre el supuesto de que el género no es debilidad o fortaleza sino una diferencia esencial identitaria del ser humano y, por tanto, digna de los mismos derechos, deberes, respeto, relaciones, prácticas y ámbitos de desarrollo.

Desapariciones: Nuevas víctimas, nuevos derechos

Desaparecer no es asunto de magia. Es una tragedia, una tragedia que irradia otras tragedias. Anna Karolina Chimiak informa en el texto titulado “La existencia denegada por el Estado. Una obligación impostergable de legislar la declaración de ausencia por desaparición”, de una nueva forma de ser víctima:

Cualquier persona puede convertirse en víctima en cualquier momento y ser desaparecida sin que haya alguna consecuencia… La desaparición de un ser querido ocasiona graves daños e implicaciones profundas en casi todos los aspectos en la vida de las personas cercanas a la persona desaparecida. Las afectaciones se dan en el ámbito personal, el núcleo familiar y en su entorno social, además de tener que enfrentar las diversas consecuencias económicas, jurídicas y/o laborales, generando un calvario de problemas, que no son atendidos por parte del Estado…” Las víctimas de una desaparición incluyen a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

La desaparición forzada –aquella consumada por agentes del Estado– o no, es una situación que llama, paradójicamente, a la protección del Estado. Los agentes del Estado por “poder” actúan para desaparecer a personas, y sólo el Estado puede actuar en forma de búsqueda y localización de la víctima de desaparición forzada y “neutralizar y castigar el abuso de poder de sus agentes violadores”. Autoridades internacionales dejan claro, nos recuerda Chimiak, que la “privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano”.

Una forma de evitar más víctimas es que el Estado conceda y proteja la declaración de ausencia del/de la desparecida/o. Ese derecho está pobremente legislado y más pobremente protegido. La “declaración de ausencia”, además de un derecho del ausente, protege a los familiares de la víctima ante la victimización de las instituciones quienes requieren la presencia del ausente.

Por otra parte, atormentar, desaparecer e infundir temor, son actos y consecuencias de la Operación Jalisco, acción gubernamental contra el crimen organizado. La cndh investiga nueve casos de desaparición forzada en Jalisco por soldados; mientras que la cedhj tiene abiertos 49 expedientes por desaparición forzada a cargo de policías estatales y municipales. La zona sur del estado es donde mayor cantidad de denuncias existen. María del Carmen Aggi Cabrera, autora del texto “Violaciones de derechos humanos en la costa sur de Jalisco” comparte testimonios de víctimas, los cuales el lector puede consultar en ese apartado del Informe.

Aggi cita el informe de investigación “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado en noviembre 2017, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola) que realiza investigación e incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas. Ahí se destaca:

La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.2

La violencia engendra violencia y el intento de vivir en paz entre las personas se ve impedido, cuando no retrasado y hasta descalificado, por los actos de los agentes del Estado. Es posible que sólo el enfrentamiento punitivo de la Fuerza del Estado sea necesario. Las evidencias recogidas por Aggi Cabrera lo ponen en duda. Entretanto, los derechos humanos son desconocidos en los hechos.

Derecho al agua y similares

Los servicios públicos han sido por décadas el tema más apremiante para los gobiernos, en especial para los gobiernos subnacionales y locales. Carlos Peralta aporta al Informe datos y reflexiones sobre el servicio y el derecho a tomar, usar y disfrutar del agua, en espacial el agua de calidad óptima para el disfrute y alimentación del ser humano. En Jalisco hace diez años se libra una lucha especial por el agua. Es una lucha técnica, política y ética. El agua para las personas se opone al agua para las empresas. Las decisiones políticas se contraponen a las consideraciones éticas. Y las decisiones técnicas no satisfacen a todos y ponen en riesgo derechos de pueblos enteros. Peralta acota: Por un lado, “políticas públicas explícitas para atender necesidades en relación con el agua y, en contrapartida, capacidad de los pueblos o comunidades para cuidar y exigir sus derechos, entre otros varios aspectos. El agua es vital para… el ser humano y desde la perspectiva de los derechos humanos es esencial para la realización de otros derechos humanos y por eso lograr calidad de vida.”

En Jalisco, y quizá en el país, “estamos muy lejos de que el sistema público pueda llevar agua [a los hogares e industrias] verdaderamente potable. […] La falta de calidad en el agua nos ha convertido en el país del mundo que más agua embotellada consume. Pero, además, también padecemos la falta de agua.” Una vez más, los derechos humanos son el territorio ético de una lucha para forjar rasgos inéditos a “favor de tener una cultura hídrica que implique el pleno respeto a los derechos humanos.”

Derechos cuestionados por los hechos

Elegir al ombudsman de una sociedad es un acto ético, no un acto de poder. Quien vigila a las autoridades en relación con el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales procede desde la ética contenida en esos derechos. Recordemos a la Asamblea Nacional francesa: “…la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos…” Esta y otras claves éticas acumuladas en dos siglos de basar la paz y las relaciones sociales en los derechos humanos es la norma superior de un ombudsman.

César Pérez Verónica escribe sobre la renovación del Ombudsman en Jalisco. Ante la posibilidad de la llegada de una persona decidida por acuerdo político (y no ético) de las fuerzas partidarias presentes en el legislativo, describe detalles de cómo se organizó la Sociedad Civil para promover un proceso transparente. En especial para urgir el cumplimiento de una disposición del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el cual se establece que la elección de este cargo deberá realizarse mediante una consulta pública. Aciertos y errores derivaron, según evalúa Pérez Verónica, en un proceso opaco para la población y las organizaciones ciudadanas interlocutoras de la Comisión responsable en el Congreso del Estado. Así, no se respetó el derecho a elegir un ombudsman de acuerdo con la ética de los mismos derechos humanos.

En otro aspecto, también ético, los procesos prácticos para aplicar la normativa que manda erigir un Sistema Estatal Anticorrupción, en “espejo” casi perfecto de la norma nacional sobre el mismo tema, Augusto Chacón escribe: “Sistemas Anticorrupción ¿Último tren para el estado de derecho?” Ahí destaca lo esencial de la integralidad del combate a la corrupción. De otro modo, alguien hará fallar el sistema. Reflexiona: “Lo que el Sistema pretende es que los cuatro elementos del proceso de gestionar lo público: control, fiscalización, investigación y sanción,3 en los que tienen injerencia diferentes autoridades, en lo nacional y en los estados, se atiendan concertadamente por un Comité Coordinador del que forman parte todas las autoridades involucradas en la persecución y sanción de la corrupción; de manera que los responsables no evadan el fenómeno con el expediente de limitarse a lo que jurídicamente les compete. En tanto la fiscalización, la investigación y la sanción no lleguen a tal amplitud, no estaremos en presencia sino de botones de muestra, no de la prenda completa, y el daño seguirá siendo grande.”

Los hechos, esa realidad ineludible, son los últimos jueces de los intentos pacificadores de las relaciones sociales entre los seres humanos. La lectura y reflexión del Informe ofrece a los lectores trozos de realidades, algunas contundentes, con los cuales valorar el éxito del intento y reconocer las luchas a mantener e insistir. El Informe también ayuda a identificar nuevas oportunidades para iniciar modificaciones a la realidad con otros actos o impulsos favorables a la búsqueda de la paz y de la vida con otros iguales, seres humanos al fin, “según su especie”, tal como reza el texto bíblico: hombres, mujeres, niños, niñas, soldados, marinos, víctimas, victimarios, funcionarios/as, gobernantes, empresarios/as y todos/as los/as demás. Buena lectura y reflexión duradera para todos.

Notas:

1 Ver. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf

2 Informe de wola: Justicia olvidada – La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México por Ximena Suárez-Enríquez y Maureen Meyer Ver: https://www.wola.org/es/analisis/informe-de-wola-justicia-olvidada-la-impunidad-de-las-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-en-mexico/

3 La lista de leyes y la esquematización del Sistema es aportación del Dr. Jesús Ibarra

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe 2017 dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. (…) al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz.