Leyes de Desaparición

LEYES DE DESAPARICIÓN

En esta sección encontrarás la información sobre los contenidos y herramientas previstas en dos leyes en materia de desaparición de personas que deben ser aplicadas por las autoridades en el estado de Jalisco: Ley de Personas Desaparecidas y Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas.

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Ley de Personas
Desaparecidas

Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición

CONOCE ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS QUE NOS DICEN CÓMO DEBEN APLICARSE LAS LEYES SOBRE DESAPARICIÓN DE JALISCO Y TAMBIÉN DE QUÉ MANERA DEBEN GARANTIZARSE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN

Buena Fe
Las autoridades que conozcan de un reporte o denuncia de desaparición deben asumir que familiares y personas cercanas a las personas desaparecidas actúan con honestidad, lealtad y sinceridad. Es por ello que deberán brindarles la atención que requieran, así como respetar y garantizar sus derechos.
Debida diligencia
La obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos de manera seria, eficaz, independiente y exhaustiva, es uno de los deberes elementales del Estado, ya que hace posible esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, constituyendo un pilar fundamental para que familiares de personas desaparecidas y la sociedad en su conjunto tengan acceso a la verdad, se dé un castigo a los responsables, garantizando el acceso a la justicia, y se establezcan medidas de reparación integral del daño. Las actuaciones y diligencias deben realizarse dentro de un tiempo razonable y se deben garantizar los derechos de las víctimas durante el desarrollo de la investigación.
Gratuidad
Todas las acciones, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso a la justicia y otros derechos reconocidos en las leyes, no deben tener ningún costo. El principio de gratuidad aplica también para el pago por los edictos en el procedimiento de declaración especial de ausencia por desaparición, el cual deberá estar cubierto por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ).
Enfoque diferencial y especializado
Es evidente que en México y el mundo existen grupos de población con características particulares o con mayor grado de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, condición de discapacidad o condición social, económica, histórica y cultural, entre otras. Ante esta situación las autoridades deben adoptar las acciones y brindar una atención especializada que responda a las necesidades y particularidades de estas personas. Dichas características particulares deben ser tomadas en cuenta para las acciones de búsqueda, desarrollo de investigaciones, así como en medidas de atención y protección otorgadas.
Igualdad y No Discriminación
Para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas, las acciones de las autoridades deben realizarse sin distinción alguna, exclusión, restricción, ni deber estar orientadas a la finalidad o se cause el efecto de impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos a la igualdad real de oportunidades de las personas.
Enfoque Humanitario
Las acciones de autoridades y la atención brindada hacia las víctimas debe ser centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y debe basarse en la necesidad de dar respuestas a familiares de personas desaparecidas y garantizar sus derechos
Interés superior de la niñez
Las autoridades tienen la obligación de proteger primordialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que la protección que se les brinde sea armónica e integral, atendiendo a su bienestar y su desarrollo.
Máxima protección
Toda autoridad debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, integridad, seguridad y demás derechos de las víctimas. Las autoridades deben implementar en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, integridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.
No Revictimización
Las autoridades deben aplicar las medidas necesarias y justificadas para evitar que las personas desaparecidas y sus familias, sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición de víctima, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoles a sufrir un nuevo daño o generar más afectaciones. La estigmatización, el prejuicio, los estereotipos y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse y ninguna autoridad o persona particular debe especular sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva, y de esta manera justificar su desaparición o la falta de acceso a la verdad y la justicia.
Participación conjunta
Familiares de personas desaparecidas tienen derecho a participar en el desarrollo de las investigaciones y acciones de búsqueda, dando acompañamiento a las actuaciones, siendo informadas de manera oportuna, así como brindando opiniones y proponiendo las diligencias y acciones que deberán ser tomadas en cuenta por la autoridad. Además, las autoridades deben generar las condiciones para la participación directa de familiares de personas desaparecidas en las tareas de búsqueda, el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, así como en políticas públicas y prácticas institucionales en materia de desaparición de personas.
Perspectiva de Género
En todas las acciones de búsqueda, así como para investigar y juzgar los delitos, se deberá garantizar que se llevan a cabo libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad.
Presunción de Vida
En las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades siempre deben presumir que la persona desaparecida se encuentra con vida.
Principio Pro Persona
Atiende a la obligación que tienen las autoridades de aplicar la norma más protectora para las personas. Es un criterio que obliga a las autoridades a elegir, en caso de que existan varias normas de derechos humanos con una diferencia entre el alcance o la protección que otorgan, aquella que garantice una mayor protección de derechos de la persona o que implique una menor restricción de sus derechos.
Verdad
El derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos que constituyen un delito, en tanto que el objetivo de la misma es el esclarecimiento de los hechos, saber sobre la suerte y paradero de la persona desaparecida, asegurar la protección de las víctimas, y garantizar la sanción y el castigo de las personas responsables, así como la reparación de los daños causados.
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