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Informes DDHH Jalisco

Incineraciones de Cuerpos No Identificados. Crímenes Sin Justicia

Cuando pensábamos que ya lo habíamos registrado todo, nos encontramos con la desgarradora información de la incineración de centenares de cuerpos en Jalisco, sin ni siquiera haberles realizado algunos de los métodos técnicos y científicos que permitieran su futura identificación. En Jalisco son miles las personas que están en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos/as, hasta ahora sin éxito, los años de “morir en vida” (como dicen) sin saber del paradero de su hijo/a, esposo/a, madre, padre, hermano/a, novio/a, amigo/a, ahora deben seguir con la incertidumbre de saber si entre los cuerpos incinerados sin identificar, están sus seres queridos. Tenemos la certeza que lo ocurrido en Jalisco debe trascender a instancias internacionales de derechos humanos, pues posiblemente estamos ante hechos que pueden catalogarse de lesa humanidad.

CONTENIDO

  1. Presentación.
  2. Contexto de Violencia crímenes de lesa humanidad en Jalisco.
  3. Marco Jurídico.
    • Internacional
    • Nacional
      • Ley General de Salud.
      • Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
      • Ley General de Víctimas.
      • Código Nacional de Procedimientos Penales.
      • Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
    • Local
      • Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.
      • Fiscalía General del Estado de Jalisco.
      • Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
      • Procedimiento de ingreso de cadáveres V01 (D-MF-P002)
      • Criterios para la preservación de cadáveres (D-MF-D001).
      • Procedimiento de egreso de cadáver por incineración V01 (D-MF-P005)
  4. Hechos y Pruebas
  5. Violaciones de Derechos Humanos.
    • Derecho a la dignidad humana.
    • Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
    • Derecho a la identidad.
    • Derecho a la integridad personal.
    • Derecho a no ser sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  6. Conclusiones.

 

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Boletín de prensa Comunicado

Exigimos a autoridades medidas de asistencia y apoyo a familiares de personas desaparecidas

Exigimos a las autoridades que brinden las medidas de asistencia y apoyo a familiares de las personas desaparecidas provenientes del interior del estado de jalisco, así como de otras entidades federativas, que acudirán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 

Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2018

 

El descubrimiento de los 322 cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas en cajas frigoríficas de camiones, así como la información brindada por las autoridades de que sólo el 13% del total de los cuerpos que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuentan con el registro de identificación forense completo, evidencian la falta de claridad sobre la magnitud de la violencia y desaparición de personas en Jalisco,y de las graves omisiones y negligencias del Gobierno del Estado. Esta situación ha generado indignación en familiares de personas desaparecidas de distintas regiones del país, así como en la sociedad en general.

 

La incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones encargadas de la procuración de justicia, ha provocado que familiares de personas desaparecidas se vean obligadas a acudir directamente a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con la finalidad de exigir el acceso a la información forense de los cuerpos y que, a la brevedad, se realicen los procesos de identificación de todas las personas no identificadas que se encuentran bajo el resguardo de dicha institución, de acuerdo con los protocolos correspondientes.

 

Frente a esta situación, el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas, Por Amor a Ellxs, así como las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem), exigimos a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que garanticen a familiares de personas desaparecidas los derechos contenidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Ley General de Víctimas y en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

 

En este sentido, exigimos a las autoridades responsables que brinden las siguientes medidas de atención, asistencia y apoyo a familiares de las personas desaparecidas provenientes del interior del estado de Jalisco, así como de otras entidades federativas, que acudirán al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las cuales deberán ser consultadas previamente con las familias:

 

  • Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos garantice la protección de los derechos de las personas, respondiendo a la gravedad del contexto de inseguridad del estado y las necesidades de las víctimas de violencia.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos, brinden atención médica, jurídica y psicológica de acuerdo a las necesidades de las y los familiares de las personas desaparecidas.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, brinde las medidas de alojamiento y alimentación.
  • Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cubra los gastos generados por los traslados realizados por las y los familiares de las regiones del estado de Jalisco.
  • Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos brinde las medidas de asesoría jurídica a las y los familiares que lo requieran.
  • Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco garantice la seguridad y la integridad de familiares de personas desaparecidas que acudirán a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la finalidad de participar en los procesos de identificación.

 

Finalmente, exigimos nuevamente al Secretario General de Gobierno que convoque a la reunión de la Comisión Interinstitucional, con la finalidad que exponga a todos los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil la información relativa al caso, así como a la atención  brindada a familiares de las personas desaparecidas.

 

Por Amor a Ellxs

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Cepad,

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, Cladem.

 

 

ENLACES DE INTERÉS

Exigimos la intervención de la PGR para que investigue la responsabilidad de las autoridades de Jalisco, en el caso de los 300 cuerpos depositados en tráilers.

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Identidad sin Discriminación

LA PRIMERA VULNERACIÓN INSTITUCIONAL A UNA VIDA.
EL DERECHO A LA IDENTIDAD SIN DISCRIMINACIÓN: UNA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DEL REGISTRO CIVIL DE GUADALAJARA

Jade Ramírez Cuevas Villanueva

Cuenta una leyenda de la cultura ancestral africana que, cuando una mujer pretende quedar embarazada, reproduce el silbido del viento que le reza el nombre de su futuro bebé. Se va a lo alto de una colina a pedirle al viento le diga el nombre de su cría y al escucharlo, entonces va con el hombre con quien procreará una nueva vida y le dice ese nombre que el viento le susurró, para iniciar la búsqueda de un nuevo ser.

Ella, la niña protagonista de esta lucha contra el sistema androcéntrico en Jalisco, antes de nacer tenía un nombre y una pretensión de destino, una definición de apellidos de común acuerdo entre la madre y el padre.

En cierto sentido, ella era parte de un plan de familia más allá de expandirse: procrear una vida para cultivarla, fomentarla, educarla bajo los más altos estándares de amor y respeto a sus derechos humanos y abrir camino en una brecha en desuso por imposiciones patriarcales sobre el orden de los apellidos que lleva un recién nacido; sobre los colores que le privan a un niña o un niño, sobre la colocación de aretes según el sexo, sobre la religión a la que se somete sin preguntar su punto de vista; sobre la manera en que pasaría el umbral uterino de la madre para sentir la luz de un mundo exterior que, aún sin conocerla, ya quería devorarla.

La madre y el padre, en cierto sentido, conciliaron tenerla para embestir a un sistema diciendo no: no a la imposición de un tipo de nacimiento lleno de violencia obstétrica; no a la imposición del orden de apellidos por criterio personal de servidores públicos; no a la imposición de una cultura machista que define cómo se deben comportar las mujeres y qué roles privilegiados mantienen los hombres. Ella nació predestinada a ser un laboratorio para poner a prueba las estructuras de una sociedad moldeada por el sistema capitalista que, por naturaleza, es voraz y patriarcal.

Tanto la madre como el padre definieron una ruta en la crianza de la niña, que a su primer mes de vida se convirtió para el sistema –por determinación del Registro Civil Número 1 de Guadalajara– en el 878/2016, el número de un expediente que fue forzado a existir por la negativa reiterada y argumentada de un servidor público, quien negó a una madre el goce de derechos de no ser discriminada y recibir un trato igualitario, a una pareja de realizar el registro civil de su hija preservando los apellidos maternos de ambos –colocando primero el de la madre y después el del padre–, y el de una menor a contar con su derecho básico de identidad, para de ahí, desencadenarse una lista de derechos vulnerados, como la salud, la educación y el libre tránsito, por mencionar sólo algunos de los que fueron alterados mientras transcurrió un año del litigio en tribunales, que les devolvió, al final del camino, la razón a esa familia y esa bebé.

Al mes de nacida, ella, fue presentada en tiempo y forma ante el Registro Civil Número 1 de Guadalajara. La acompañaron los testigos con sus identificaciones, y dos abogados que llevaron la asesoría del caso.

Se llenó el formulario de ventanilla, se esperó el turno y, al estar sentados con ella en los brazos, se les señaló, primero, como un error los apellidos que habían elegido. Ante la explicación de que no, que así los habían elegido, la respuesta de la auxiliar del Oficial del Departamento Registro de Nacimientos fue que no era posible, “voy a consultarlo con mi jefe” y se metió al despacho de José Enrique Bañuelos Pérez. A los minutos informó a la madre y el padre que podían pasar a esa oficina.

Acompañados de los abogados César Pérez Verónica y Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad, ac), y con una bebé de mes y días de nacida, acalorada, con hambre, pegada al pecho de la madre, le explicaron con una versión muy básica, eran conscientes de que no había impedimento para elegir el orden de los apellidos y se trataba de una decisión definitiva; el servidor público del ayuntamiento de Guadalajara –gobernado por Movimiento Ciudadano, un partido que se ostenta de izquierda y pro derechos humanos–, insistió que no, se refirió al artículo 61 del Código Civil del Estado de Jalisco que señala “el nombre propio será puesto libremente por quien declare el nacimiento respectando la voluntad de los progenitores, incluyendo los apellidos del padre y la madre”.

Aunque se le explicó que tal artículo no determina el orden de apellidos, sino se trataba de una interpretación de ellos, y se presentaron de manera verbal varios argumentos apelando a tratados internacionales sobre igualdad y no discriminación que México ha signado y mantiene vigentes, negó proceder al registro civil de la bebé y solicitó se le hiciera la petición por escrito de lo que pretendían como familia.

Se atendió la petición pese a que se preveía que su decisión unipersonal no cambiaría. Y así fue, un mes después al escrito de la madre y el padre presentado por el Cepad en el Registro Civil, aunque lleno de argumentos, lo desechó; su respuesta fue “totalmente improcedente” a la solicitud del registro civil de una bebé con dos nombres y dos apellidos, primero el materno de la madre y después el materno del padre.

Entre los impedimentos para comprender la petición, mencionó que la Fiscalía General de Jalisco inspeccionaba cada acta de nacimiento y, de encontrar semejante irregularidad, caería sobre él un delito terrible. Ese fue el más inverosímil de los justificantes, ¿Se imaginan al personal de la fge, plagada de denuncias por desaparición, violencia de género, atracos y demás delitos, en un estado como Jalisco invadido de delincuencia organizada, que no se da abasto y es dilatoria de justicia, acudiendo a los registros civiles a inspeccionar cada acta de nacimiento que sí presente primero el apellido paterno del padre y después el apellido paterno de la madre?

Con su respuesta, era evidente que orilló a la familia de una pequeña y bella niña a judicializar sus derechos. Los asesores y representantes legales del Cepad iniciaron con la construcción de la demanda de amparo, volcándose en los razonamientos lógicos de la familia y acudiendo a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares en el estado de Puebla.

La niña, mientras tanto, era víctima del Registro Civil de Guadalajara en su oficina número 1 y, por tanto, no podía ser inscrita en ninguna estancia infantil, pública ni privada, pues el requisito del acta de nacimiento es estricto, como tampoco podía ser presentada en un centro de salud para recibir atención médica y por ende, cumplir con el esquema básico de vacunación. Durante más de 12 meses, la familia debió gestionar con recursos propios todos los servicios y derechos que le fueron negados a su hija en estricto apego de una norma como es el Código Civil del Estado de Jalisco, que no está por encima de la Constitución y que tampoco obliga el orden de los apellidos en una acta de nacimiento, pero que si se ha establecido dicho orden, primero el del padre y después el de la madre, es porque la actuación de los servidores público se finca en su personal interpretación de la norma o una costumbre basada en una visión desigual y patriarcal. Decisión que no es de su competencia y, dicho sea de paso, es debatida más de lo que se cree al momento de los registro civiles de recién nacidos, por familias que acuden con la idea de colocar los apellidos en otro orden, pero ante la negativa y advertencia de los oficiales de “tienes que traer una orden de un juez para eso”, terminan aceptando la costumbre de los servidores públicos aunque se trate de una violación a sus derechos humanos.

Jueces pretendían zafarse del asunto

Se presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, y se perdió tiempo las primeras semanas pues el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil se declaró incompetente cuando se le turnó el caso y direccionó la demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, quien a su vez se declaró incompetente y tuvo que definir un Tribunal Colegiado, a quien correspondía resolver el amparo por la litus o motivación de la demanda. Finalmente recayó en el primer juzgado que se había negado a admitirlo y resolverlo.

La demanda de amparo a favor de los derechos de la mujer a un trato igualitario frente al hombre para determinar el orden de los apellidos, y la raíz de los mismos, el de las abuelas y no los abuelos, corrió su curso. Y pese a permanecer una menor sin acceso a un documento que validara su existencia como es el acta de nacimiento, el Juez se negó a dictar una medida provisional y, por tanto no contó con una acta de nacimiento temporal, con los apellidos en el orden que la madre y el padre eligieron, mientras se resolvía el fondo del asunto.

El Juez se negó a interpretar el artículo primero constitucional, reformado en 2011, particularmente en su segundo párrafo: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Es decir, esta parte específica orienta la actuación de las autoridades mexicanas a elegir una norma sobre otra, que favorezca más a una persona. Pero en este caso no. La recién nacida continuó sin protección de sus derechos, identidad y el resto de derechos ya antes mencionados.

Atendiendo al artículo primero, el cuarto, sobre no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, se imprimió en la demanda de amparo una perspectiva de género apelando al artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación sobre la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180, que derivó en devolver la razón a la pareja, y el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil concedió el amparo y dejó sin efectos el acto reclamado. Ordenó, básicamente, realizar el registro civil de la pequeña y bella hija asentando “primero los nombres y apareciendo primero el apellido materno de la madre y el apellido materno del padre después”.

Cuando parecía que se concretaría y acataría el fallo judicial, la familia volvió al Registro Civil Número 1 de Guadalajara; el trato con menosprecio por parte de los servidores públicos fue peor por haber perdido la batalla, se sumó que el supuesto cumplimiento de sentencia era inadecuado, pues al interior de la oficina municipal el registro civil de la menor se procesó como extemporáneo, lo que abría una nueva problemática para la familia, ya que el resto de los trámites para gozar de derechos se alteran, al aparecer en el acta de nacimiento que se trató de un registro fuera del tiempo reglamentario; siendo que no correspondía la responsabilidad a la pareja sino de los servidores público que se negaron a que fue presentada al mes de nacida, reconocerla como tal y registrarla. El equipo de abogados presentó inconformidad ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Se ordenó revocar el registro extemporáneo.

Una curp imposible de codificar

Sin embargo, el largo peregrinar todavía no concluía para la bebé que ganó su primera batalla bajo el precepto de antisistema. El trámite de la Clave Única de Registro de Población se convirtió, de nuevo, en pasaje que revictimizó a la menor y su familia, porque sencillamente al sistema computacional programado para elaborar claves a partir del nombre, apellidos, fecha de nacimiento y una serie de números únicos por persona, era imposible emitir para la bebé. Podía aceptar dos nombres en náhuatl, pero no que primero fuera el apellido de su abuela materna y después el de su abuela paterna.

En la ventanilla para recién nacidos del Archivo del Estado de Jalisco, se solicitó explicar por qué. Pasaron a la familia, otra vez con una bebé en brazos, fastidiada de trámites y pegada al pecho de la madre, con una funcionaria que lejos de simpatizar con la lucha emprendida, cuestionó “¿Por qué lo hicieron así?… y luego más complicado”.

La funcionaria se sintió con atribuciones para pedir copia de la demanda de amparo. La pareja le sugirió solicitarla al Registro Civil de Guadalajara pues se habían presentado con los requisitos preestablecidos para generar la curp de la recién nacida y el problema técnico era de ellos, no de la familia. Llamó al Oficial de Registro Civil, y dos semanas después, buscó a la familia para generar la curp. En menos de tres minutos, de manera manual –no a través de un software–, se ingresaron los datos y la recién nacida obtuvo su clave única. Lo que evidenció que la negativa a generarla respondía más a un pragmatismo personal que a una tentativa de que el acta de nacimiento estuviese errónea o fuera falsa.

Las puertas que no se tocaron… y tampoco de oficio se abrieron para el primer caso en Jalisco

Cuando se definió el litigio estratégico de este caso, quedó naturalmente excluida la posibilidad de interponer una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por decisión de la familia. La poca o nula confianza depositada en el organismo autónomo del estado motivó a no presentar ningún escrito en la cedhj, pero tampoco ésta, como procede siempre, buscó a la familia e intentó intervenir en el primer caso de este tipo en el estado.

Tres medios de comunicación, dos impresos y uno multimedia (radio, televisión e internet), consignaron el registro civil tras el fallo judicial. Distintas autoridades municipales se enteraron del caso por la difusión del mismo, pero no buscaron a la familia.

Aunque la determinación del Tribunal Colegiado menciona una reparación de daño, tampoco se asoman las posibilidades de que se cualifiquen y cuantifiquen los daños ocasionados por la arbitraria actuación de un servidor público, y mucho menos se vislumbra la transformación de la política pública que violenta los derechos de la mujer y la niñez; al ayuntamiento de Guadalajara, tras la amplia difusión de este caso, otra familia acudió con una determinación similar ante el Registro Civil Número 1 de Guadalajara, y se les volvió a negar el acta de nacimiento. En este caso llevaría primero el apellido materno del padre y después el paterno de la madre, pero de nueva cuenta, para el director del registro civil era improcedente la solicitud.

Los lamentables aprendizajes

Entre otros valiosos aprendizajes, la familia de la primera recién nacida que le ganó al sistema y lleva consigo sus dos nombres y los apellidos de las abuelas, comprendió que la batalla por los derechos humanos en Jalisco ha dejado de ser una simple exigencia para convertirse, en todos los ámbitos, en una guerra que los judicializa y sólo está al alcance de aquellos que tienen la energía para pelearlos, como la posibilidad económica de blindarlos por la vía legal, pues los fallos judiciales y las luchas en la arena pública poco trascienden a las estructuras de gobierno y a la sociedad en general.

Seis meses después de concretarse el acta de nacimiento, al iniciar el trámite del otro documento de identidad válido en México, el pasaporte, se volvió a presentar la negativa como cuando la curp, pero ahora con los funcionarios del ayuntamiento de Tlaquepaque –también regidos por el partido Movimiento Ciudadano–, comisionados para los trámites de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues solicitaron conocer el expediente completo del litigio y, peor aún, se convirtieron en parte actora del juicio ya cerrado, al solicitar que el Juez les ordenara incorporar la identidad, ya reconocida en una acta de nacimiento, en el formato de pasaporte para poder expedirlo.

La niña que doblegó, después de un año de argucias legales, al municipio de Guadalajara, obtuvo también su pasaporte y los subsiguientes trámites como derechos. Sin embargo, aunque la razón le asiste tanto a ella como a su familia, y sus documentos de identidad incorporaron la visión de género que su madre y padre han decidido inculcarle, debe presentarse cada que sea necesario con una copia de la sentencia judicial bajo el brazo.

El sistema social está corroído de desigualdad y trato diferenciado entre hombres y mujeres, entre indígenas y citadinos, entre ricos y personas en pobreza, por valores de un anacrónico contrato social; Así, el anhelo de un estatus equitativo alejado de estereotipos y paradigmas machistas sigue lejos, muy lejos, tanto como para que la simple acción de que cada humano tenga su derecho al nombre que le arrojó el viento, un primer y segundo apellido.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Comunicado

Comunicado, Preocupación ante el incumplimiento de designar al o la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco.

COMUNICADO

 

Comunicado Por Amor a EllxsComunicado CepadComunicado Cladem

 

 

 

 

 

Quienes suscribimos el presente comunicado formamos parte del Comité Ad Hoc de Preselección de quien ocupará el cargo de Fiscal Especializado/a en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en cuya convocatoria pública fechada el 28 de febrero de 2018, se establecieron los plazos para cada una de las etapas del proceso  y que tanto los y las aspirantes, como el propio Comité Ad Hoc, la Fiscalía General y el propio Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz tenían que cumplir.

El 12 de abril fue la fecha establecida en la convocatoria para que el Fiscal General en acuerdo con el Gobernador Constitucional, designara a la o el Fiscal Especializa/o en Personas Desaparecidas, sin embargo, dicho anuncio no se realizó. Hasta el momento desconocemos las causas que motivaron al Gobernador omitir el anuncio, incumpliendo de esa forma con el último punto de la clausula décima de la convocatoria.

Consideramos que no anunciar quien se hará cargo de la titularidad de la Fiscalía Especializada en el plazo estipulado genera incertidumbre, tomando en cuenta la grave situación de la desaparición de personas en el estado. No informar las causas o motivos para no hacer publica la designación, es una desatención al Comité Ad Hoc, y particularmente a las y los familiares de personas desaparecidas en Jalisco, quienes están a la expectativa de quien será la persona encargada de garantizarles los derechos a la justicia y a la verdad.

Por lo anterior, exhortamos al Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, que realice la designación de la o el Fiscal Especializado/a en Personas Desaparecidas de manera inmediata, y explique los motivos de la misma.

 

Guadalajara, Jalisco a 14 de abril de 2018

 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., Cepad.

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco, CLADEM.

Colectivo Por Amor a Ellxs.

 

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Comunicado

Respuesta del Gobierno Municipal de Guadalajara al Cepad.

El pasado 26 de julio de 2017, el Director Ejecutivo del Cepad, hizo una solicitud al C. Enrique Alfaro Ramírez, Presidente Municipal de Guadalajara, para que ordenara a los oficiales del Registro Civil evitaran violar los derechos de las personas que quieren registrar a sus hijas e hijos. Se le solicitó que cumpliera con su obligación que como autoridad tiene de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos. Sin embargo, el presidente municipal nunca se pronunció al respecto devolviendo una respuesta que giró Enrique Cárdenas Huezo, director del Registro Civil de Guadalajara a través del secretario Particular del Presidente Municipal.

Da click en la imagen para conocer la respuesta del municipio

que no se niegue ni se restrinja el derecho a decidir el orden de los apellidos
Carta Respuesta del Secretario Particular del Presidente Municipal

PARA CONOCER EL CASO

Una pareja deseaba registrar a su hijo recién nacido, por lo que acudió al registro civil número 1 de Guadalajara, sin embargo, después de expresar su deseo de que quedara asentado en primer lugar el apellido materno del padre, seguido del apellido paterno de la madre, las autoridades de dicha dependencia les negaron registrar a su hijo de esta manera.

Por lo anterior, el 26 de julio de 2017, el Cepad en representación de esta pareja dirigió un escrito al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guadalajara, con el cual se le hizo de su conocimiento acerca de un antecedente de este caso, que trata sobre un una pareja que ante la negativa del Registro Civil número 1 de Guadalajara de registrar a su hija con el apellido de la madre en primer lugar, tuvo que interponer un juicio de amparo, el cual les fue concedido por el Juez Quinto de Distrito en materia Civil del estado de Jalisco, quien manifestó que la negativa de llevar a cabo el registro de la manera como lo solicitaba la pareja, constituía una violación del derecho a la igualdad y no discriminación, así como al derecho que tienen la madre y el padre a elegir el orden de los apellidos de sus hijos e hijas, y además vulneraba el derecho que tienen las y los menores a contar con una identidad.

A pesar de la existencia de este antecedente, el Registro Civil número 1 de Guadalajara, nuevamente violó dichos derechos humanos a esta otra pareja y a su hijo recién nacido, al negarles el registro tal como lo solicitaban. En consecuencia en el escrito dirigido al C. Enrique Alfaro Ramírez se le solicitó que cumpliera con su obligación que como autoridad tiene de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos, y por lo tanto:

  1. Girara los oficios que correspondieran al Director del Registro Civil número 1 de Guadalajara, así como a todos y todas las Oficiales del Registro Civil del municipio para que cesaran la negativa a reconocer el derecho que tienen las madres y padres a elegir el orden de los apellidos que llevarán sus hijas e hijos;

  2. Determinara procedente de manera inmediata la solicitud de la pareja y les evitara la molestia de promover una demanda de protección de sus derechos humanos y de su bebé; y

  3. Publicara en la Gaceta Municipal las instrucciones para que el Director del Registro Número 1 y todos los oficiales del Registro Civil del municipio de Guadalajara, eviten negarles el derecho a los padres y madres de determinar el orden de los apellidos de sus hijos, so pena de incurrir en responsabilidades legales de los servidores públicos.

 

Si quieres conocer la primer respuesta dio la misma oficina del Registro Civil dando click en la siguiente imagen.

Respuesta oficial del registro civil.
Respuesta del Registro Civil a la solicitud de registro de apellidos maternos
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Carlos Peralta César Pérez Verónica Informes de Derechos Humanos

La Reelección Anticipada Del Ombudsman

Un retroceso a las formas de elegir o reelegir a un Ombudsman*

Carlos Peralta y César Perez1

Comentarios generales sobre la elección del Ombudsman y su actuación

A principios del 2012 sin tomar en cuenta los cuestionamientos de organismos sociales y a partir de un adelantado y acelerando proceso de elección (calificado en el Congreso local como fast track), los diputados ratificaron como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con lo cual estará al frente del organismo por un segundo periodo hasta el 1 de agosto de 2017. Dicho proceso de reelección por las serias irregularidades en su proceder, debería considerarse un retroceso a las formas de elegir o reelegir a un ombudsman.

Pese a que el cambio de ombudsman debía realizarse en agosto, los diputados realizaron el proceso de selección en enero, tomando desprevenidas a las organizaciones y posibles interesados en el relevo. Difundieron la convocatoria el 16 de enero y fue evidente que tenían prisa por concretar la elección, de hecho concluyeron todo el proceso en menos de quince días a pesar de que aun faltan más de seis meses para el vencimiento del nombramiento.

Justificaron las prisas diciendo que algunos diputados estaban pensando en pedir licencia para participar en el proceso electoral que estaba ya en marcha y no querían que a la larga el nombramiento se complicara por no contar con el número de votos necesarios. Debe también mencionarse que el nombramiento del ombudsman fue una moneda de cambio en torno a puestos que se otorgan por definiciones políticas ya que “dos coordinadores parlamentarios consultados sobre la elección, admitieron que había un acuerdo con la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de “respetarles” el espacio de la CEDHJ, por lo que apoyarían la permanencia de Álvarez Cibrián, como contraparte de otros nombramientos, especialmente los del Poder Judicial”2.

Así entonces, el proceso electoral y la licencia que pedirían los diputados, fueron el pretexto para adelantar las elecciones para ombudsman. De la noche a la mañana, con un acelerado proceso plagado de irregularidades, que incluyó modificar el orden del día en una sesión del pleno para adelantar el nombramiento (porque no estaba contemplado), los diputados reeligieron al ombudsman.

En relación al procedimiento se apreciaron aspectos a cuestionar:

  • Los diputados no expusieron en la convocatoria el perfil del ombudsman que deseaban o que la sociedad jalisciense necesita.

  • Los diputados no realizaron una consulta pública sobre los candidatos, acorde al espíritu sugerido por la Constitución del país. Si bien es cierto que hicieron pública la convocatoria a través de periódicos, y recibieron expedientes acompañados de cartas de respaldo, esto no implicó una consulta a organizaciones de la sociedad civil, universidades, o sector privado, en relación a los perfiles más adecuados para ser el ombudsman.

  • La elección no fue basada en un examen o en el caso del ombudsman en funciones, no se realizó una evaluación de su labor. Es decir, para considerar la permaneciera en el cargo no se realizó un análisis valorativo de su desempeño. Esto podría indicar que los diputados dieron más importancia al cabildeo, las relaciones políticas y el número de firmas de apoyo que los candidatos podrían juntar en un par de días, que a una fundamentada evaluación del trabajo realizado. El Congreso no se interesó y perdió la oportunidad, de realizar una evaluación pública del desempeño del titular de la CEDHJ, pero además perdió la oportunidad de generar procesos de participación reflexiva y análisis de la sociedad, sobre el tipo de ombudsman que quiere y deberíamos tener.

  • También se debe mencionar que además de no realizar un procedimiento de evaluación, a diferencia de elecciones anteriores, no se entrevistó pública y personalmente a ninguno de los candidatos, así como tampoco se les solicitó que presentaran de cara a la sociedad, propuestas o un plan de trabajo en relación a la labor que realizarían en la CEDHJ o sobre su ejercicio como Ombudsman. Asi entonces las fórmulas para que la ciudadanía pudieran valorar a los candidatos, sus proyectos o intenciones, se eliminaron.

  • Un procedimiento tan acelerada favoreció al ombudsman en funciones. Posibilitó que aprovechando los recursos logísticos a su alcance (por estar al frente de la CEDHJ), lograra recabar firmas de apoyo de agrupaciones e instituciones educativas en poco tiempo. No en balde en solo dos días se menciona que obtuvo “cerca de 224 cartas que se presentaron por parte de diez universidades, entre ellas la del rector general de la Universidad de Guadalajara, además de 50 sindicatos y federaciones de trabajadores, 40 colegios y federaciones de todas las profesiones, diez comunidades indígenas y 120 organizaciones de la sociedad civil”. Por su parte el común de los otros candidatos no contó con los recursos logísticos, para buscar (en tan poco tiempo) un número tan significativo de respaldos para su candidatura. Si bien no se puede pasar por alto que le dieron su apoyo al ombudsman diversas instituciones, un proceso de elección debería tomar en cuenta fórmulas para partir de la equidad en recursos. La elección del ombudsman debería sustentarse en valoraciones objetivas y sustentadas, más que en fórmulas de cabildeo, negociación o demostración de recursos.

Con este procedimiento, los diputados y diputadas ignoraron la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, particularmente al referido en el inciso c) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, donde se señala claramente:

c) del artículo 25 se refiere al derecho y a la posibilidad de los ciudadanos de acceder, en condiciones generales de igualdad, a cargos públicos. Para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos. Podrán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades en los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos tengan igual acceso. Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Reviste especial importancia garantizar que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al apartado c) del artículo 25 por cualquiera de los motivos especificados en el párrafo 1 del artículo 2.

Resulta evidente que el procedimiento de elección impidió que los y las participantes entraran en igualdad de condiciones con relación al titular de la CEDHJ, pese a las Recomendaciones de uno de los órganos de los Tratados de la ONU y a las reformas realizadas en la Constitucional General de la República en materia de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 102, inciso B, párrafo octavo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011.

Al realizar una reelección sin evaluación lo que se transmitió públicamente fue que los diputados y diputadas estaban de acuerdo con el actuar presente de la Comisión. Debe considerarse que dieron su respaldo a una Comisión que no explicita de forma abierta cómo atiende las quejas y que además puede identificarse como una de las más caras en la República Mexicana. Cabe mencionar que al titular de la Comisión recibe un salario mayor al que es percibido por el ombudsman del Distrito Federal, aunque no maneja la misma cantidad de personas, casos, ni brinda atención a una población que posee muchos más millones de habitantes que la nuestra.

En este contexto debe tenerse presente que si bien la Comisión afirma que se han incrementado la capacidad de recibir y atender quejas, aun deja muchas dudas sobre su eficiencia. En su informe 2012 se menciona que recibieron un total de 11 001 quejas. La Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, describe cuantas quejas recibieron pero no menciona aspectos relevantes como: cuantas quejas fueron rechazadas o cuantas archivadas y porque motivos se archivaron. Es decir, no describen el procedimiento y los criterios para atender y resolver las quejas, lo cual es de suma importancia para valorar si brindan un trámite pertinente a cada una. Es cierto que pueden estar al corriente en la atención de quejas, si la mayoría se envían a archivo muerto. Falta mayor explicación sobre el tratamiento que se brinda a las quejas y este es el aspecto de trato más cotidiano de la Comisión con los ciudadanos.

Por otro lado, también en el informe 2012 se vanagloria el ombudsman por el hecho de que emitieron 50 recomendaciones y que además el 100% de éstas fueron aceptadas. Pero también en este tema debemos ser cautos porque el haberlas aceptado no implica que sean adecuadamente atendidas y que se logren resarcir los daños a los afectados. Según se menciona, en la mayoría de las recomendaciones emitidas en 2012 a la Procuraduría de Justicia (recomendaciones 3, 6, 23, 25, 29 y 35) y con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el factor común es el incumplimiento a integrar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios que cometieron violaciones. Sabemos que las recomendaciones no son vinculantes, pero ¿la ciudadanía está satisfecha con el alto costo que cada una de ellas implica y con los resultados que se obtienen?

Por otro lado, puede considerase pobre su acción cotidiana en lo que se refiere a la modificación de políticas públicas o actividades vinculados a las violaciones a los derechos humanos. Quizás el mejor ejemplo de su falta de compromiso con la normatividad y la modificación de políticas, es su ausencia en la implementación cotidiana del marco legal para prevenir y erradicar la discriminación en Jalisco, pues tendiendo las facultades legales impulsar que el Congreso implemente las medidas legislativas necesarias, hasta la fecha no lo ha hecho, lo mismo sucede en relación con otras políticas públicas o formas de actuar de instancias como la Procuraduría, que cotidianamente llevan a la violación de derechos.

Además de lo anterior, la presidencia de Álvarez Cibrián se ha caracterizado por una forma de relacionarse con la sociedad civil “polémica”. Tiene una buena relación con algunas agrupaciones como las barras de abogados y asociaciones que defienden algunas causas asistenciales, pero una relación conflictiva con grupos que luchan por los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, con grupos de activistas por los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos “Coordinadora 28 de mayo”.

Francisco Macias integrante del Cepad, en el momento en que se realizaba el proceso de selección, lanzaba las siguientes interrogantes en torno a la labor de la CEDHJ: ¿ha cambiado algo en Jalisco en relación al respeto a los derechos humanos? ¿Se ha defendido y se han propuesto cambios que al día de hoy nos permitan tener una justicia más confiable, o servidores públicos que respeten los derechos humanos?

Reflexiones posteriores a la elección y los amparos contra el procedimiento del Congreso local

Algunas agrupaciones y personas sostienen que la elección del ombudsman realizada por el Congreso, incumplió con el mandato contenido en el artículo 102-B párrafo octavo.

Este artículo Constitucional a la letra dice: “La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley”4.

Consideran que la convocatoria abierta a la sociedad sirvió para “allegarse de nombres” pero no se generó una fórmula de consulta pública. Por este motivo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, a título personal, impugnaron ante los tribunales de la federación el proceso de elección, por considerar que se vulnero la disposición referida en el citado artículo5. Hasta el momento de escribir el presente artículo se habían interpuesto dos recursos de revisión en contra de las resoluciones del Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa con sede en Guadalajara, Jalisco, siendo el primer Tribunal Colegiado en la misma materia quien a petición de las ciudadanas Gladys Martínez, expediente 486/2012, Guadalupe Ramos Ponce y Jaime Amaral Arias en el expediente 573/2012, que declinó su competencia para que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resolviera esta trascendental controversia. Sin embargo, la SCIN regresó ambos casos para que sean resueltos por el Tribunal Colegiado originario de conocer de los recursos.

El acto reclamado en la mayoría de las demandas de amparo fue: “… la Convocatoria, expedida por el Congreso del Estado, de fecha 16 de enero de 2012, que convoca a las “organizaciones, colegios de profesionistas, universidades y sociedad en general”, a allegarle (sic) candidatos para elegir a Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en varios medios impresos de comunicación; mismo que causa agravio y perjuicio a los suscritos violentando garantías individuales y sociales; así como el acuerdo de fecha 24 de enero, de la sesión del pleno del Congreso el Estado que reeligió de forma anticonstitucional al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para un segundo periodo, al no haberse ajustado a un procedimiento de consulta pública, tal como se establece en nuestra Carta Magna.”

Basados en lo establecido desde los Principios de París6, relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, una consulta pública es fundamental para el procedimiento de elección del ombudsman en la medida que posibilita las garantías de independencia y pluralismo. Los Principios de París establecen tres elementos básicos para alcanzar la independencia de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”: a) la participación de la sociedad civil en el nombramiento de sus miembros, b) la autonomía presupuestaria y patrimonio propio y, c) la estabilidad en el mandato de sus miembros. El Senado y la Cámara de Diputados incluyeron en el 102 apartado B el espíritu de esos Principios, al incorporar la obligación de realizar una consulta pública transparente, con el fin de que todas las Legislaturas de México se ajustaran a un procedimiento que ofreciera todas las garantias necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales y de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.

Los amparos presentados buscan revertir el procedimiento de elección, en la medida que se considera que el mecanismo empleado no fue apegado al espíritu de los principios de Paris, ni de la reforma Constitucional. Una resolución favorable propiciaría que el Poder Legislativo de Jalisco asuma sus obligaciones responsablemente y abra la posibilidad de que la ciudadanía mejore su percepción y confianza en sus representantes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Fuentes:

1 Carlos A. Peralta Varela e Doctor en Ciencias Sociales. Académico del ITESO miembro de la Asamblea del CEPAD. César Octavio Pérez Verónica es abogado y actualmente es el Director Ejecutivo del Cepad, AC.

2 Tomado de Milenio Jalisco, 25 de enero del 2012, Título de la nota: Legisladores ratificaron “fast track” al “ombudsman”. Escrito por Sonia Serrano.

3 Ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 102 inciso B, 11/ 12/2012, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1pdf

5 Expedientes radicados en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y del trabajo.

  • Amparo 285/2012, de Guadalupe Zepeda Díaz, Jaime Hernandez Ortiz y Arcadia Lara González, por su propio derecho y a titulo del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo AC.
  • Amparo 286/2012, por Guadalupe Ramos Ponce, Jaime Arias Amaral, por su propio derecho.
  • Juicio de Amparo 287/2012, por Gladys Yolanda Martínez Fombona, por su propio derecho.
  • Amparo 288/2012, Carlos Valentín Veyna Martínez, apoderado Legal del Instituto de Derecho Ambiental
  • Amparo 289/2012, Raquel Gutiérrez Nájera, por su propio derecho y en su carácter de participante.
  • Amparo 290/2012, Oscar González Gari por su propio derecho y en su carácter de presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

6 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de Paris)”, octubre de 1991, adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 1992 (resolución 1992/54) y por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 (resolución A/RES/43/143).

 

*Artículo contenido en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2012