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Informes de Derechos Humanos

La AVG en Jalisco. Vitrina que Exhibió otras Violencias contra las Mujeres

Paola Lazo Corvera

La Alerta de Violencia y los derechos sexuales y reproductivos

En México aún no existen las condiciones para erradicar la violencia hacia las mujeres o de género. Reconocer que ésta atenta contra los derechos humanos, es fundamental para que la exigencia de que todas las mujeres puedan vivir una vida libre de agresiones comience a ser atendida eficazmente. La gran cantidad de casos de niñas, jóvenes y mujeres que resultan embarazadas a partir de un ataque sexual es un indicador de que el Estado falla, primero, en resguardar su integridad y su seguridad, y después, al no garantizar el acceso adecuado a servicios de anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo en casos de violación.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017), cada día 99 mujeres son víctimas de delitos sexuales y cada 40 minutos ocurre una violación dentro del territorio nacional; 41% de las mujeres mexicanas ha sido víctima de asalto sexual en alguna etapa de su vida, y 15 de cada 100 mujeres que actualmente tienen entre 20 y 24 años, fueron madres antes de ser mayores de edad (Endireh, 2016). El Estado de México ocupa el primer lugar en violencia sexual hacia las mujeres y Jalisco se encuentra entre las cinco entidades con más delitos sexuales registrados. “La violencia contra las mujeres ha tenido un largo camino para ser reconocida como una problemática social. Transitó de ser violencia doméstica o intrafamiliar para reconocerse como violencia de género, es decir, la violencia que viven las mujeres por su propia condición de ser mujeres” (Ramos Ponce y Núñez, 2016:127).

Desde el año 2008 México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, única en su tipo en América Latina y el Caribe. Esta ley es una herramienta de defensa, protección y prevención; asimismo, es un instrumento para propiciar los cambios estructurales que como país necesitamos si es que el fin es eliminar la violencia de género, ya que armoniza instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belem do Pará), entre otros estándares internacionales de derechos de las mujeres.

Uno de los grandes aportes de la mencionada ley es la inclusión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género (avg) en su artículo 22, el cual introduce una serie de acciones emergentes que el gobierno debe realizar para atender y erradicar la situación de vesania feminicida en regiones específicas del país.

En abril de 2009 se publicó la nom-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, que establece los servicios de salud a los que tienen derecho las mujeres víctimas de una violación sexual, entre ellos, la interrupción legal del embarazo (ile). Esta norma obliga a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a prestar el servicio. Desde su publicación ha tenido un fuerte rechazo y cientos de médicos se rehúsan a cumplirla arguyendo su derecho de objeción de conciencia.

Por su parte, la Ley General de Víctimas (2013) define las obligaciones y compromisos en materia de atención y protección a víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. A partir de ésta, en el año 2016 se modifica la nom-046-SSA2-2005 para homologar su contenido, estableciendo que las autoridades de salud debían proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo de manera expedita para cualquier mujer víctima de ataque sexual, sin poner de por medio ningún requisito o restricción y sin necesidad de que la víctima demuestre haber sido agredida sexualmente o que esto deba ser verificado por las autoridades.

En Jalisco, el 8 de febrero de 2016, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, emitió la declaratoria de Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm) en ocho municipios del estado: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. Esta declaratoria surgió a partir de una ley local (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, 2008a) y de su reglamento.1 Sustentado en dichos documentos jurídicos, el gobernador puede declarar la Alerta de Violencia con la intención de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos (Ramos Ponce y Núñez, 2016).

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008) señala que se deberá emitir una declaración de alerta de violencia cuando “los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado” (Art. 24, Frac. ii). Sin embargo, la ley no define qué debe entenderse por “paz social”, aunque pareciera estar relacionada con el hecho de garantizar el bienestar de las personas, el respeto a su dignidad, la posibilidad de ejercer sus derechos humanos y la existencia de un Estado de derecho (Navarrete, 2018). Una declaratoria de avg, es un recordatorio al Estado de un deber incumplido a favor de las mujeres: asegurar su derecho a vivir sin violencia (ídem.).

Fue así que en el estado de Jalisco se instauró el mecanismo de la avcm, y el 19 de agosto de 2015 el gobernador impulsó la conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (gim) integrado por cinco representantes de la academia2 y con la participación de personal de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Jalisciense de las Mujeres y las secretarías de Educación y de Salud de Jalisco; además, participan como observadores del proceso: el Instituto de Transparencia e Información Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Navarrete, 2018).

El grupo trabajó durante más de tres meses para elaborar un informe sobre la situación de la violencia de género y feminicida en el estado, a partir de un análisis del programa y las acciones emergentes implementadas por el gobierno, en el que señaló la falta de incidencia efectiva de las mismas.

Un asunto que visibiliza la poca importancia que la alerta tuvo para el gobierno estatal, fue el hecho de que la avcm no se publicó en su momento en el periódico oficial, sino que quedó en un mero aviso mediático: “los anuncios oficiales giraban en torno a cuentas alegres y avances sustanciales, de tal manera que se presentaba el semáforo con avances de 57% en el cumplimiento de la alerta” (Ramos Ponce y Núñez, 2016:136). Al respecto, Patricia Ortega, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), refiere que “quien sabe de esto dice que, sin decreto, no hay forma de concretar las medidas, pues no se asigna presupuesto, ni hay forma de que todas las instancias de gobierno se sientan obligadas a cumplirlas. Es decir, no se cuenta con la base para lograr que sea una directriz de la política pública estatal, sino que se deja su cumplimiento a la buena voluntad de las y los funcionarios/as en turno” (2018:186). El mecanismo se publicó en el Periódico Oficial del Estado casi 300 días después de haberse instaurado el mecanismo la avcm.

Actualmente Jalisco cuenta con dos mecanismos de alerta: la Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm), de nivel estatal (febrero, 2016), y uno del ámbito federal, la Alerta de Violencia de Género (avg) (noviembre, 2018). No obstante, resulta necesario que estas alertas no sean reducidas a un tema de seguridad, sino que se requiere ampliar la mirada e integrar la perspectiva de derechos y de género en su diseño, implementación, seguimiento y evaluación.

Un logro local que es preciso resaltar, es que Jalisco hizo un aporte sustancial al proceso de la alerta cuando incluyó los Derechos Sexuales y Reproductivos, enfatizando que el incumplimiento de la nom-046 es una de las más graves violencias que viven niñas, jóvenes y mujeres, quienes después de sufrir violencia sexual experimentan violencia institucional y de Estado al no poder acceder a la interrupción legal de un embarazo consecuencia de una violación. Desde una perspectiva de derechos humanos y desde cualquier visión, es de celebrar que Jalisco decretara el Programa para la Interrupción Legal del Embarazo en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco, en octubre de 2017, y que se empezara a construir el camino para el cumplimiento efectivo de la nom-046.

El Programa de ile en Jalisco. Logro en papel, frustrado en su aplicación

Patricia Ortega (2018) sostiene que la posibilidad de implementar los servicios de interrupción legal del embarazo conforme a la nom-046 y su respectivo programa de ile, tiene que ver con una primera conquista: que el gobierno estatal declarara el mecanismo de Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm). Ésta significó el reconocimiento de que vivimos en una cultura machista y así dejó de considerarse una demanda exclusiva de las feministas, para pasar a ser un elemento con el cual definir la política pública. Esta situación generó a su vez un movimiento solidario entre mujeres en los diferentes municipios, en instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, población en general y en organismos nacionales e internacionales (Ortega, 2018).

Sin embargo, este camino no estuvo exento de retos y escollos. Uno fue la coordinación entre las instancias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de violencia contra las mujeres; éstas, después de un largo trance –aderezado también por la inoperancia de los gobiernos, y ante lo urgente de la situación–, mantuvieron la disposición para involucrarse interinstitucionalmente y atender una problemática, que si bien ha sido generada por una violencia estructural como parte de la cultura machista, corresponde primordialmente al gobierno contenerla y resolverla (ídem.).

La entonces presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (ijm), Erika Loyo, señala que en un principio hubo enormes resistencias, internas e institucionales, para la aplicación de la nom-046. Había falta de información y comprensión de la Norma, y pensaron que la manera de contrarrestar esta resistencia era la capacitación; empero, se enfrentaron con el hecho de que este proceso de capacitación no significaba necesariamente mayor conocimiento, interiorización o disposición para la aplicación de la Norma. El personal de salud no cambiaba de percepción, tampoco entendía de fondo cómo tenía que llevarse a cabo el procedimiento, y en cuáles condiciones técnicas y de respeto habría de hacerse. No existía un cuadro técnico de mando y operación que permitiera al personal entender qué iba primero y qué después, para atender con calidad y sensibilidad a las usuarias (Erika Loyo, entrevista, 27 de enero 2019).

Dentro de las recomendaciones específicas del gim y el compromiso asumido por el gobierno del estado, se estableció la creación del Programa de Interrupción Legal del Embarazo para las causales contenidas en el Art. 229 del Código Penal del estado de Jalisco, a saber: “Es lícito interrumpir un embarazo si es producto de una violación, si pone en riesgo la salud o la vida de la mujer”. Los datos obtenidos de la investigación del gim evidenciaron que, en el estado, las niñas y mujeres víctimas de violación sexual terminan por parir a los hijos/as de los violadores (ídem). La medida contó con la apertura del ijm y del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; así inició el proceso para la elaboración de la Guía de Interrupción Legal del Embarazo para la causal de violación.

Sin embargo, el proceso estuvo empantanado por la oposición hacia el tema que mostraron varias organizaciones del Consejo Social del ijm, así como de una parte importante de la delegación de la Secretaría de Salud Jalisco (ssj), quienes también se resistieron al cumplimiento de la ley y, en especial, a ceñirse a la nom-046. En este sentido, fue esencial la intervención y gestión de Erika Loyo, presidenta del ijm, quien logró convencer a su Consejo y a los representantes de la ssj de la importancia de garantizar la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, y finalmente se configuró una propuesta consensuada con las y los integrantes de la mesa y el “compromiso” de la ssj de cumplirla (Ortega, 2018).

En opinión de Erika Loyo el avance fue lento, con muchas presiones y dificultades; reconoce que un factor crucial para la aplicación Norma fue la publicación de una circular oficial –por insistencia de las organizaciones de la sociedad civil– en la que el propio secretario de salud, Dr. Antonio Cruces Mada, indicó que la nom-046 era una regulación que debía aplicarse “sí o sí”. El 28 de septiembre de 2017 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la “Circular para la operación de los servicios de salud relacionados con la Interrupción Voluntaria e Interrupción Legal del Embarazo” (dirigida a todas las regiones sanitarias y hospitalarias del estado); un mes después, en el mismo Periódico Oficial apareció la publicación del Programa Estatal del ile (Erika Loyo, entrevista citada).

Sombras y penumbras. Implementación de la nom-046 y el Programa ile

Uno de los contextos en los que se materializa la violencia hacia las mujeres en la entidad ha sido el campo médico y de atención a la salud. La incapacidad en la aplicación del Art. 229 del Código Penal del estado de Jalisco es una muestra de ello: “Es lícito interrumpir un embarazo si es producto de una violación, si pone en riesgo la salud o la vida de la mujer”. Entre las deficiencias en la implementación de la nom-046 y del Programa ile en Jalisco, el trabajo de Patricia Ortega (2018) recupera múltiples violaciones a los derechos humanos de niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violación que han solicitado la atención médica, psicológica y legal posterior a la agresión vivida; entre ellas, el hecho de que se les requiera interponer una denuncia, contrario a lo establecido en la nom-046; además, que reciban atención basada en prejuicios, información no científica ni laica, carente de perspectiva de género, así como la exigencia de que las víctimas declaren ante Ministerio Público como un requisito para autorizar el procedimiento de ile.

La experiencia de varias de las chicas y mujeres que han solicitado atención y apoyo pone en evidencia que la ssj no cuenta aún con suficiente personal capacitado, sensibilizado y no objetor de conciencia, que pueda atender adecuadamente estos casos. En ocasiones, el proceso químico se desecha para seguir el instrumentado, por tratarse del que las y los médicos conocen y dominan, y no porque sea el más conveniente para la víctima; esta situación hace que el procedimiento sea tortuoso, doloroso, invasivo y agresivo, especialmente cuando se trata de niñas o jovencitas víctimas de violencia sexual (Ortega, 2018).

En palabras de Erika Loyo, el logro del Programa ile en Jalisco no exime a las instituciones de reconocer los grandes problemas operativos que enfrentaron, que fueron parte de las causas por las cuales el gobierno federal decretó la Alerta. La negación de la atención era común y hubo muchos casos de mujeres que tuvieron que trasladarse a Guadalajara en lugar de recibir la atención médica en sus regiones. Esta situación se debió en gran medida a la resistencia médica en los programas regionales. Hubo múltiples acciones que buscaron derogar la Circular y el Programa del ile, entre ellas, la fuerte presión ejercida por organizaciones de corte conservador como Pro Vida, que intentaron desacreditar el programa y su aplicación. Otro problema está relacionado con las raíces de la resistencia entre los médicos, quienes desde su formación profesional desconocen la Norma y no han recibido sensibilización en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Este tipo de intransigencias también se encontraron en instancias fuera del sector salud, como la Fiscalía, el Sistema dif y Ciudad Niñez, en donde existen vacíos para la operacionalización de la Norma y del Programa (Erika Loyo, entrevista citada).

Entre las acciones violatorias a los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres, Ortega (2018:190-191) observa las siguientes:

• Solicitud de recolección de “los restos” del aborto para análisis de adn con el fin de corroborar quién es el padre.

• Personal hospitalario poniendo en duda la palabra de la víctima.

• Atención psicológica ofreciendo información tendenciosa: “ahorita no se siente nada, pero en dos semanas se van a sentir los movimientos del bebé y se verá la imagen en el ecosonograma”.

• Intimidación a la madre de la víctima por parte del personal de salud al señalar como diferente la versión de la niña a la suya, y referirlo como una posible complicación para la autorización del procedimiento.

• Exigencia por parte del personal médico de que la víctima relate detalladamente “todo” lo sucedido (doble victimización).

• Explicaciones médicas del procedimiento con elementos descriptivos innecesarios al tratarse de una menor de edad, utilizando información no científica, ni laica.

• Negación del personal médico a asentar en el expediente la realización de una interrupción legal por causal violación.

• Negar medicamento para el dolor durante el procedimiento (los manuales de ile señalan que el ibuprofeno no se contraindica con ningún otro).

Estas situaciones ponen en evidencia lo urgente de la sensibilización, la formación y la capacitación técnica y humana, así como el imperativo de supervisar al personal de salud para que su atención se ciña a los estándares médicos de calidad y, sobre todo, de trato digno, respetuoso y garante de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres víctimas de agresión sexual. Es ineludible que exista colaboración y exigencia por parte de las autoridades para el adecuado cumplimiento de la Norma, unida a una firme labor para derribar –con información científica sostenida en una perspectiva de derechos humanos y de género– las resistencias y evasivas para atender la ley, así como las barreras para el acceso a la justicia, y erradicar la violencia institucional, los tratos crueles e inhumanos hacia las víctimas de violencia sexual.

Otra de las limitantes de la implementación del Programa de ile con base en la nom-046, ha sido la objeción de conciencia (Art. 18) del personal médico;3 en este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cedaw) ha mostrado preocupación con respecto a la manera en que ésta se utiliza como justificación para no atender a mujeres que por distintas razones requieren interrumpir su embarazo conforme a las causales de ley.

La objeción de conciencia implica el reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia, y significa que el personal médico y de enfermería puede abstenerse de realizar actividades que consideran contrarias a sus creencias personales, incluidas las religiosas. La objeción de conciencia es de índole individual, razón por la cual sólo el personal que participe de manera directa en el procedimiento de aborto puede ser objetor de conciencia, no así el personal administrativo. Las instituciones de salud no pueden declararse objetoras, por el contrario, están obligadas a contar en todo momento con personal no objetor para garantizar el servicio de interrupción del embarazo bajo las causales establecidas por la ley. Si por algún motivo justificado no se puede proporcionar este servicio a la usuaria, la institución tiene la obligación de referirla de inmediato a otra unidad de salud en la que sí reciba la atención que necesita (gire, 2018c).

En abril de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) otorgó dos amparos a mujeres víctimas de violación sexual a quienes se les negó el acceso a la interrupción legal del embarazo en los servicios públicos de salud, aun cuando dicha posibilidad es un derecho de las víctimas en todo el país, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y a la nom-046 (gire, 2018a). La scjn afirmó que dicha negación constituye una violación de derechos humanos y que las autoridades de salud están obligadas a lo siguiente:

• Las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, producto de dicho acto, deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales, derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo, lo que conlleva no solo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo si ésta es solicitada por la víctima.

A través de estas resoluciones, el máximo tribunal de este país confirma la obligación legal de los prestadores de servicios de salud de garantizar el acceso al aborto en caso de violación sexual y, por extensión, en los demás casos que estén dentro de las causales establecidas en los códigos penales. De esta manera, la objeción de conciencia no debe –ni puede– ser empleada si vulnera los derechos reproductivos de las mujeres (gire, 2018a).

Conclusiones

Parece que el camino continuará tortuoso ¿hacia dónde transitar?

Desde noviembre de 2016, ante la lentitud e incumplimiento de varias de las recomendaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (gim), las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), iniciar el proceso de implementación de la Alerta federal por violencia de Género en Jalisco. La exigencia de esta Alerta significa una firme señal de que el gobierno estatal y los municipales involucrados han sido incapaces de resolver o disminuir la violencia contra las mujeres en Jalisco (Ortega, 2018). Dos años después, en noviembre de 2018, casi al cierre de gestión del gobierno de Aristóteles Sandoval, el gobierno federal emitió la Alerta de Violencia de Género para el estado de Jalisco, misma que a la fecha en que se escribe este artículo (febrero, 2019), aún no ha sido puesta en marcha por el nuevo gobierno estatal.

El fortalecimiento de la operación del Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo para atender las causales legales en Jalisco de acuerdo al Código Penal vigente, ha estado entre las recomendaciones del gim, que señala el necesario desarrollo de estrategias que hagan posible la verdadera aplicación del Programa de ile, con su correspondiente campaña de difusión, capacitación y sensibilización de todo el personal que tiene contacto con las usuarias, la adquisición de medicamentos para la realización de procedimientos químicos de ile –menos invasivos para el cuerpo de la mujer–, así como la urgencia de contar siempre con personal No Objetor en las clínicas y centros hospitalarios que brinden el servicio de manera inmediata, y sin poner en riesgo la salud de las mujeres (Ortega, 2018).

El panorama para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desde el marco de la Ley General de Víctimas y la nom-046, sigue siendo oscuro a pesar de que institucionalmente se han generado los recursos y las estrategias a través de las cuales debiera ser posible arrojar luz en el camino. Es indudable que hoy en día existen muchas más personas informadas y sensibles al tema de aborto legal y seguro en las propias instituciones nacionales y estatales; sin embargo, la resistencia política, social y cultural continúa presente, sostenida en una estructura patriarcal y machista que se expresa concretamente en la posibilidad o no de atender a las mujeres, adolescentes y niñas embarazadas víctimas de violación.

Algunas de las acciones y determinaciones del nuevo gobierno estatal, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, son poco alentadoras. Preocupa la decisión arbitraria de extinguir el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ya que pone en riesgo la continuidad de los avances y logros conquistados en materia de derechos humanos de las mujeres; es una pérdida significativa la autonomía institucional con que contaba el ijm en su calidad de Organismo Público Descentralizado (opd), que incidirá negativamente en el compromiso por cumplir con las exigencias de la Alerta de Violencia de Género federal que debieran atenderse en un lapso de cinco meses, y que su implementación efectiva se ha postergado debido al cambio de gobierno. A casi tres meses de que la Secretaría de Gobernación emitió la alerta (noviembre, 2018), las autoridades estatales que en diciembre del mismo año asumieron el gobierno de Jalisco, apenas delinean las acciones que llevarán a cabo para atenderla. Alarma, también, la disminución en la asignación del presupuesto para atención a la situación en materia de derechos de las mujeres, señalada en un estudio realizado por Sonia Serrano y colaboradores (El Diario ntr, 30 de enero de 2019): “Los recursos para el área que se encargará de la agenda de género se redujeron y la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se irá a programas de apoyo para otros sectores como jóvenes, indígenas y migrantes”; el documento también apunta una reducción en el dinero etiquetado para el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género, que pasó de 15 millones de pesos en 2018, a un monto de 14 millones para el desarrollo de las estrategias específicas que permitan cumplir con lo que exige la avg en 2019.

La impunidad, que es norma en Jalisco, por supuesto agrava la violencia feminicida, porque enfrentarla requiere de protocolos particulares de actuación, no únicamente para sancionarla sino para prevenirla y erradicarla, además de aplicar adecuada y oportunamente la herramienta de búsqueda de mujeres desaparecidas (Protocolo Alba). El gobierno de Enrique Alfaro deberá informar, a los seis meses de iniciada su gestión, cuáles han sido los avances alcanzados en materia de violencia de género y violencia feminicida al Sistema Nacional de Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. No obstante, si evaluamos los signos que su naciente gestión ha emitido, hasta hoy es difícil imaginar un reporte que apunte con certeza hacia la senda que lleve a la conquista de una vida libre de violencia para las mujeres jaliscienses.

El cumplimiento de la avg en forma integral, atendiendo los aspectos estructurales desde los que emergen y se sostienen las violencias de género, requiere mirar más allá del ámbito de seguridad y supone tejer, con perspectiva de género y derechos humanos, los nodos que, en conjunto, resarzan las múltiples violencias que padecen las mujeres, la desigualdad social y la discriminación. La avg no es sólo reactiva, implica entender que el problema de agresión y violencia que viven las mujeres en México y en Jalisco tiene un costo altísimo para la sociedad y asimismo para cada mujer, joven y niña que es víctima. Ambas, la sociedad y cada mujer, pierden integridad; de ahí que las organizaciones de la sociedad civil resistan y mantengan con firmeza su lucha, animadas por la convicción insondable de que todas y cada una de las mujeres que viven y transitan en nuestro estado merecen ser libres, sentirse seguras, confiadas y experimentar paz en sus relaciones, en su cotidianidad.

Es menester abrir nuevas rutas para la comprensión del fenómeno y para ampliar el análisis y la discusión en torno al acceso diferenciado de las mujeres a una vida libre de violencia y, en los casos de agresión sexual, a la interrupción legal y segura del embarazo, situación que afecta de manera desigual y discriminatoria a las mujeres que residen fuera de las grandes ciudades y, especialmente, a aquellas que provienen de sectores más desfavorecidos. Los datos e información actualizada, fruto de estudios e investigaciones especializadas, permiten valorar con mayor objetividad el grado de cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) en el estado de Jalisco, así como de la implementación de la nom-046; también aportan elementos para que las y los tomadores de decisión en el ámbito de políticas públicas, impulsen acciones emergentes para la eliminación de la violencia de género y feminicida en la entidad, así como para que impulsen la armonización de las legislaciones relativas a la interrupción legal del embarazo, de acuerdo a las causales vigentes en el estado, reconociéndola como un derecho sexual de las mujeres en condiciones de justicia e igualdad.

La justicia y la solidaridad son compromisos; más aún, son condiciones sine qua non para llamarnos sociedad que hemos marginado y, hoy, por muchas circunstancias, especialmente por la violencia contra las mujeres, nos interpelan, de uno en una y como colectividad: las instituciones con mayor énfasis, y las y los ciudadanos somos corresponsables del nivel de indefensión en el que las mujeres deben hacer su vida y aportar significativamente a la de los demás; hoy toca mirarlas y reconocerlas desde el principio ético del respeto absoluto a la vida de las mujeres.

Referencias

Aguilar Camín, H. (2018). “En busca de Morena” en Nexos, 487, Año 41, vol. xl, julio.

Católicas por el Derecho a Decidir (2007). “Libertad de conciencia”. Hoja informativa dominical, núm. ii, septiembre. Disponible en: http://catolicasmexico.org/ns/wp-content/uploads/2014/07/hojadom11.pdf [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2019). Disponible en: https://www.gob.mx/conavim [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Gobierno del Estado de Jalisco. “Programa para la Interrupción Legal del Embarazo en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco” en Periódico Oficial Núm. 2 Sección VII 28 de octubre de 2017, disponible en: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/10-28-17-vii.pdf [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Gobierno del Estado de Jaliso (2008a). Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial “EL Estado de Jalisco” el 26 de junio de 2008, disponible en: https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_libre_de_Violencia_0.pdf [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Gobierno del Estado de Jalisco (2008b). Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco. Guadalajara, 14 de octubre de 2008. Disponible en: http://transparencia.info.jalisco.gob.mx [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE (2018a). Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México. Disponible en: http://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/ [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE (2018b). La pieza faltante. Justicia reproductiva. Disponible en: http://www.justiciareproductiva.gire.org.mx/#/ [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE (2018c). “Objeción de conciencia, no para todo”. Disponible en: <https://gire.org.mx/blogs/objecion-de-conciencia-no-para-todo/> [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Navarrete, P. (2018). “Las primeras declaratorias de alerta de violencia de género contra las Mujeres en México, un importante paso contra la violencia feminicida”, en El Compromiso Social por la Igualdad de género. Zapopan, Jalisco: Universidad de Guadalajara.

Ortega, M.P. (2018). “La alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco: avances y retos”, en El compromiso social por la igualdad de género, Zapopan, Jalisco: Universidad de Guadalajara.

Ramos Ponce, M.G. y Núñez, E. (2016). “La alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco. Cobertura de medios de febrero a diciembre de 2016”, en Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco 2016. Disponible en: <http://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2017/06/8.-La-alerta-de-violencia-contra-las-mujeres-en-Jalisco.pdf> [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Secretaría de Gobernación, “Resolución de la Secretaría de Gobernación Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Jalisco”. Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018.

Secretaria de Salud, Norma Oficial Mexicana nom-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicado en el DOF el 16 de abril de 2009, disponible en: <http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/Violencia_familiar_sexual_y_contra_las_ mujeres_criterios_par.pdf> [Consultado el 22 de marzo de 2019].

modificación de la norma el 24 de marzo 2016. Disponible en: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016> [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Secretaría de Salud. “Circular para la operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo” en el Periódico Oficial Núm. 39, Sección IV el 28 de septiembre de 2017, disponible en: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/09-28-17-iv.pdf [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017). “Incidencia delictiva del fuero común 2017”. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247815/Cieisp2017_062017.pdf> [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Serrano, S., Pérez, P., Pereira, D. y Fuentes, M. (2019) “Sin más recursos, apoyos a mujeres” en El Diario ntr, Guadalajara, 30 de enero de 2019. Disponible en: <http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=118219> [Consultado el 22 de marzo de 2019].

Notas:

1 Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Jalisco, Arts. 7 y 8, 2008b.

2 Guadalupe Ramos, Pablo Moloeznik, Raquel Padilla, Patricia Ortega y Ana Gilda Lozano.

3 En el nivel nacional, en marzo 2018, se reformó la Ley General de Salud para incluir la Objeción de Conciencia como un derecho de las y los médicos del Sistema Nacional de Salud. El partido que impulsó dicha reforma, Partido Encuentro Social (pes), es considerado “el primer partido confesional de la democracia mexicana, brazo político de las iglesias evangélicas del país” (Aguilar Camín, 2018).

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Este sexenio tiene los más altos índices de desaparición de niños, niñas y adolescentes

Este sexenio tiene los más altos índices de desaparición
de niños, niñas y adolescentes;
México sin políticas públicas eficaces
para asistir a esta población.

  • El 18% de las desapariciones registradas oficialmente en el RNPED corresponden a niños, niñas y adolescentes. El 70% desapareció en este sexenio.
  • Existen  miles de niños, niñas y adolescentes que sufren las afectaciones de la desaparición cuando un familiar es la víctima.

30 de abril de 2018

Este sexenio ha sido el más alto en el número de desapariciones para la niñez y adolescencia mexicana: cerca del 70% fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años.

 

Actualmente se encuentran registradas oficialmente 34,739[1] mil personas desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)[2], sin embargo la información oficial sobre el número de personas desaparecidas en México está dispersa, descoordinada, no del todo accesible y poco transparente.

De 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados, hasta enero de 2018 únicamente están reportados 16 niños, niñas o adolescentes extranjeros en el RNPED.

 

Muchas niñas, niños y adolescentes son detenidos en el contexto de la migración hacia o dentro de México. Esta situación les vuelve más vulnerable frente a crímenes como la desaparición forzada, y a su captación por parte de la delincuencia organizada.

Ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecida en México, en 2017 las organizaciones firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), la cual fue retomada por el mismo Grupo de Trabajo en su informe anual de febrero de 2018 ,destacando que en el Estado mexicano existen obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de desaparición  puedan gozar de sus derechos, con particular énfasis en la situación enfrentada por niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración.

 

Organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano tomar medidas para: i) prevenir la desaparición de niños, niñas y adolescentes y dejar de criminalizar a los menores de edad migrantes; ii) Crear instituciones, o adaptar las ya existentes, para la  búsqueda eficaz de las y los niños desaparecidos; todas las búsquedas deben llevarse a cabo de manera prudente y adaptada a la sensibilidad de los mismos, de igual forma lograr la iii) investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables y la garantía de la iv) reparación y medidas de asistencia social.

 

Actualmente México carece políticas públicas eficaces para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición. Existen deficiencias en la aplicación de los programas de búsqueda como Alerta Amber y Protocolo Alba que rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.

Hasta ahora no existe una política de abordaje psicosocial para las familias víctimas de una desaparición, mucho menos un enfoque específico de trabajo con niñas, niños y adolescentes, a pesar de que así lo establece la Ley General de Víctimas. Las niñas en particular se ven gravemente afectadas por las desapariciones y representan aproximadamente dos tercios del número total de niños desaparecidos.

 

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes y dentro de esta cifra, el número de migrantes afectados. Nos parece grave la invisibilidad de esta población desaparecida.

 

Por lo anterior las organizaciones hemos formulado recomendaciones concretas para atender los casos de desaparición: respetar el interés superior del niño y la niña, adoptando un enfoque de género y de pertenencia cultural, para fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y búsqueda urgente con la adopción de medidas especiales que tomen en cuenta la dimensión transnacional del fenómeno de la desaparición. El papel de la CEAV es fundamental para la atención de niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de personas desaparecidas.

 

La efectiva implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, deberá garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y se debe fortalecer y garantizar el papel fundamental de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

#InfanciaSinDesapariciones

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.-CEDEHM

 Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C._CEPAD

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. -CDDHFJL

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.-CADHAC

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.-CMDPDH

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León_FUNDENL

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.-FJEDD

 Red por los Derechos de la Infancia en México-REDIM

 

[1] 33,665 casos del fuero común 2007 – 31 de enero 2018 y  1,074 casos del fuero federal 2007 – febrero 2018

[2] El RNPED es un registro abrogado con la nueva Ley de Desaparición y que será trasladado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

 

 

Organizaciones presentan denuncia general al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias relativas a la condición de los niñas, niños y adolescentes víctimas de las desapariciones en México

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Comunicado

Pronunciamiento del CEPAD del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Pronunciamiento del CEPAD del
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Como cada año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo fija una postura respecto a la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, sin apartarse de los temas pilares de su actividad como son la desaparición de personas, la tortura, la discriminación, situación de las personas defensoras y periodistas, la libertad de expresión y protesta social, pero sin dejar de solidarizarse y visibilizar las causas de las personas, las organizaciones, los colectivos y los movimientos sociales que luchan frente a la adversidad que representa la corrupción y la impunidad en un ambiente de violencia e inseguridad generalizada.

Lejos parece el día en que la presentación del Informe se hable de buenas noticias, año con año, esto que llamamos crisis en materia de derechos humanos en el país, se ha convertido en los últimos 12 años en la peor tragedia de la que se tenga memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Durante el 2017, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue el más violento del que se tenga registros y Jalisco no fue la excepción. En dicho año, se registraron 1,369 homicidios dolosos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General, se reportaron 3762 personas desaparecidas, de las cuales se iniciaron 3120 carpetas de investigación por ese delito y 0 por desaparición forzada. Respecto a la situación de los feminicidios, en el mismo periodo se registraron 107 casos de acuerdo con cifra dadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), lo que nos demuestra el fracaso de la Alerta de Violencia contra las Mujeres supuestamente implementado por las autoridades estatales, pero persiste la fuerte sospecha que otros casos no fueron clasificados correctamente, por lo que la cifra puede ser mayor.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pone a Jalisco como la tercera entidad del país en el número de quejas en los últimos cinco años. Un caso emblemático para el Cepad, fue la defensa legal emprendida por una pareja que les fue rechazado el derecho a decidir el orden de los apellidos de su menor hija por parte del registro Civil número 1 de Guadalajara, municipio que presume haber suscrito un sinfín de convenios, memorándums y demás compromisos dirigidos contra la discriminación hacia las mujeres. Tuvo que ser un Juez Federal quien le ordenara a la Oficina de Registro de nacimientos que respetara los derechos del padre y de la madre a determinar el orden de los apellidos que llevará su bebé. Tanto la familia como el Cepad, ilusamente pensaron que dicha resolución sentaría un precedente para erradicar la discriminación respecto a la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, pues meses después, otra pareja se presentó ante la misma autoridad registral, y les fue negado el registro, pero ahora no por motivos jurídicos, sino bajo el argumento de que “deben conservar el orden armónico de la comunidad”. Tampoco podemos omitir el desdén y la indiferencia de las autoridades municipales y estatales hacia las situación que enfrentan las personas con discapacidad, a quienes, hasta la fecha, no se les garantiza sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales, pues el diseño de las políticas públicas no generan condiciones de respeto a una vida digna, alejadas de la discriminación y de igualdad.

Por otro lado, los temas que también preocupan y ocupan al Cepad, son aquellos donde se ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad. Con preocupación vemos aquellas declaraciones del entonces presidente municipal de Guadalajara, y actual candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, donde señaló que “no olvida a quienes lo critican”.

Asimismo, vemos como ,quienes ejercen el periodismo crítico, sufren el despido de sus fuentes de empleo o, en su caso, son demandados por quienes detentan algún tipo de poder político. Tal es el caso del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el entonces diputado Enrique Audry, de quien documentó algunas irregularidades de quien se dice ser un representante popular; además, se encuentra el caso de la periodista Martha Hernández Fuentes, quien fue retenida de manera arbitraria por policías de Guadalajara cuando registraba el deterioro estructural del mercado Corona. Ambos casos fueron puntualmente registrados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Quienes integramos el Cepad, nos solidarizamos con quienes de manera profesional y ética ejercen el periodismo y rechazamos cualquier intento por acallar las voces comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la personas defensoras, lamentamos profundamente el asesinato de los defensores Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, fundadores del Consejo Regional Wixárrika por la Defensa de Wirikuta, crimen ocurrido en el municipio de Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. Las autoridades estatales atribuyen su muerte al crimen organizado, lo que de ser así, evidencia el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros hermanos y hermanas por defender sus tierras y territorios, ya sea por omisión o complicidad de las mismas autoridades municipales, estatales y federales.

Tampoco podemos omitir mencionar la promesa del entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval a los y las habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de no inundar sus pueblos, sin embargo, en junio pasado en un acto público y en presencia de personajes de la vida pública de la entidad, se desdijo amenazando que la presa va a 105 metros, contraviniendo la determinación de la SCJN que la cortina de la presa el Zapotillo no debe rebasar los 80 metros.

En el 2017 vivimos el añorado cambio en la CEDHJ, cuyo titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrian ejerció por 10 años un cargo que jamás debió ser, pero las complicidades llevaron a que la defensa de los derechos humanos fueran una simulación, su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos deberán ser investigadas. El proceso de sucesión fue, al final de cuentas y para no perder la costumbre, un acuerdo entre las cúpulas políticas representadas en el Congreso local. Es importante mencionar que la DPLF, Idheas Litigio Estratégico, IMDHD y el Cepad, hicimos llegar a cada representante del Legislativo local, un documento titulado El Perfil Ideal para el cargo del /la presidente/a de la CEDHJ 2017-2022, donde se alertó la ausencia de mecanismos para llevar a cabo la Consulta Pública. Ese documento fue también un llamado a las organizaciones y sectores sociales que decidieron participar en el proceso, pues de llevarse a cabo sin definirse cómo se garantizaría ese derecho, se estaría perdiendo la oportunidad de generar condiciones para elegir al mejor perfil para tan importante cargo. Sin demeritar las cualidades del actual presidente de la CEDHJ, las componendas políticas hicieron que llegara al cargo, pero la legitimidad se gana con respuestas, y una de ellas es auditar a la administración anterior, no solo en la cuestión financiera, sino la actuación de ese organismo frente a hechos ocurridos en esos 10 años, así como revisar las quejas y recomendaciones clasificadas por lesiones y abusos de autoridad, y no por tortura.

Es importante recordar que el 31 de agosto pasado, inició los trabajos la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, la cual fue producto de la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos y, que sin el fuerte impulso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, no hubiera sido posible darse. Seguimos sin respuesta ante la desaparición de personas en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta y otros más por parte de elementos de la Marina Armada de México. Tan solo en el 2017 se presentaron 5 quejas ante la CNDH en contra de esa institución por la desaparición de pobladores de esos municipios. Desde que inició labores la FEPD, las familias no solamente han vivido la frustacion y la desilusión, sino también amenazas e indiferencia de los Ministerios Públicos.

Sin duda, sería imposible mencionar cada una de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco durante el 2017, y nada podrá impedir revertir el actual estado de cosas, mientras la sociedad siga con una actitud de indolencia ante la tragedia y, lo que es peor, una sociedad civil desorganizada, medios de comunicación a modo, universidades silenciosas y cada persona, espectadora de la indignidad.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Huérfanos del Feminicidio

HUÉRFANOS DEL FEMINICIDIO, LOS NIÑOS INVISIBLES

Gricelda Torres Zambrano

El feminicidio, el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y culturas. Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campus universitarios, se trata de una violencia que nos obliga a todas y a todos a actuar como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora.

Phumzile Miambo-Ngcuka

Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres

Más de 52 mil feminicidios en México desde 1985

El estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, presentado por la onu–Mujeres, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el año pasado, con información recabada de actas de defunción confirmó que a diario son asesinadas 7.5 mujeres en el país.

Esto significa que la violencia machista asesinó en las últimas tres décadas a más de 52 mil mujeres, cantidad suficiente para llenar el Estadio Jalisco. Por desgracia, la mayoría de estos crímenes quedan impunes, ya que son contados los agresores aprehendidos y sentenciados. La prensa da cuenta de que gran parte de los responsables huye –o se suicida– en el mismo lugar del crimen. Es por eso que saberlos libres aterroriza a las familias de las víctimas, sobre todo cuando hay niños.

Ante este panorama, la Unidad de Investigación de Notisistema, conformada por Mireya Blanco, Gricelda Torres Zambrano, Víctor Montes Rentería y Ricardo Camarena, realizó un trabajo de investigación que se prolongó por un año, para conocer cuántos menores se quedaban en la orfandad como consecuencia de este delito, tipificado en Jalisco apenas en 2012.

Era necesario saber si las autoridades tenían registro de la cantidad, su identidad, sus edades, grado escolar, si continuaban con sus estudios, quién los cuidaba, alimentaba y atendía médica y psicológicamente. También, qué ayuda recibían de las autoridades como víctimas indirectas de la violencia feminicida. Los primeros datos resultaron inquietantes, porque no había un registro a nivel nacional ni estatal sobre las condiciones de los huérfanos del feminicidio, considerado en el mundo una pandemia.

Para los gobiernos, el federal, el de Jalisco y el resto de las entidades, los menores eran invisibles. Si no eran contados e identificados con sus nombres y rostros, tampoco recibían ayuda, aun cuando hubieran sido testigos del asesinato de sus madres, lo que de entrada implica una afectación emocional muy fuerte y un riesgo potencial de reproducir actitudes violentas en su vida adulta.

El estudio de la onu–Mujeres dio cuenta de que, en 2016, los feminicidios con presunción de homicidio aumentaron 63% en relación con el año anterior y cinco entidades concentraron 40% de los casos: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz. Reveló también que, jóvenes y adultas, fueron asesinadas con mayor crueldad porque, además de las armas de fuego, en muchos casos se utilizaron los métodos más agresivos a su alcance, como el acuchillamiento, ahorcamiento o inmersión. Las mataron con sus propias manos.

El hogar, el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos (caso)

La madrugada del 29 de octubre de 2015 las amenazas se cumplieron. A diferencia de otras discusiones, ese día, Antonio, de 43 años, decidió sacar su arma y dispararle a Blanca en la cabeza, sin importar que ahí estuvieran sus hijos. Tenían 22 años de casados; demasiados para ser el blanco permanente de sus ataques físicos y psicológicos; demasiados para que su cuerpo sirviera de escudo a los golpes cada vez más fuertes de su puño y de su mente perturbada por las drogas.

Verónica, su cuñada, contó a Notisistema las veces que Blanca intentó dejarlo, pero el miedo la paralizaba porque “del te voy a matar, pasó a soy capaz de asesinar a tus hijos y a tu familia”.

¡Yo todavía no olvido ese día! –relata Verónica– Estaba dormida cuando a las dos de la mañana recibí una llamada de mi sobrina. Ella gritando y llorando me dijo que su papá acababa de matar a su mamá. Yo no le creí. Yo lo único que le dije es: ¡no, no es cierto! ¡Márcale a una ambulancia, voy para allá! Seguido se peleaban.

Verónica trata de ser muy puntual con los detalles para reconstruir, lo más apegado a la realidad, la historia de dolor y sufrimiento que soportó su hermana por años.

Murió por un balazo que él le dio. Mi hermana estaba en la cocina. Él llega y le da un balazo en la cabeza. Yo creo que mi hermana no se lo esperó. Él llega de la calle, va a su cuarto, saca la pistola, no creo que fuera un impulso como de hecho lo manejó en su defensa. Tuvo tiempo de ir a la recámara, sacó su pistola. Le dijo a mi hermana que la iba a matar. Mi hermana, a lo que dicen mis sobrinos, ¡ni siquiera se movió!

Blanca, de 38 años, intentó en varias ocasiones ponerle fin al infierno. Presentó sin éxito denuncias ante diversas autoridades –más preocupadas, dice la familia– en conciliar la violencia doméstica que en protegerla. Cada que le pedía el divorcio le iba peor.

No se llevaba a cabo porque el trámite era muy tardado y al enterarse él se ponía peor. Entonces ella dejaba mejor las cosas así. La amenazaba diciéndole que él era capaz de matar a cualquiera de su familia, hasta a sus propios hijos.

Pese a la alerta de género en 12 estados del país, cada cuatro horas es asesinada una mujer. El Director Jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, indica que desde 2012 a 2015, cerca de diez mil mujeres fueron asesinadas, en su mayoría a manos de sus parejas. La gran mayoría, en sus casas.

Sólo para recordar un dato estadístico: siete de cada diez mujeres ha vivido un acto de violencia en nuestro país. En la etapa del noviazgo es más alta, ocho de cada diez mujeres. Tenemos el dato de que, de esas siete, cuatro han sido actos cometidos por gente cercana a la víctima, es decir, su esposo, su pareja, su concubino. Esto nos permite asegurar que ¡el hogar se ha convertido en el lugar más peligroso para las mujeres!

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres, tan sólo en 2015, los estados de Guerrero, Chihuahua, Colima, Baja California Norte y Baja California Sur, concentraron el mayor número de feminicidios con presunción de homicidios.

Guadalajara está entre los diez municipios del país con mayor incidencia. Hay diez municipios en el país que concentran uno de cada seis feminicidios. A la cabeza está Acapulco, Ecatepec, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua Capital, Guadalajara, Monterrey, Naucalpan, la delegación Gustavo A. Madero y León (2015).

Luego del asesinato de su esposa, Antonio se entregó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue sentenciado a 25 años de prisión, pero apeló. En tanto, sus hijos, de 14, 16, 21 y 22 años, apoyados por la familia materna, sanan sus heridas ¡como pueden!

¡Es algo muy fuerte! ¿Por qué? Porque quien hizo el daño fue el papá. Aparte de que pierden a la mamá, pierden también al papá. Tienen sentimientos encontrados y necesidad de mucha atención psicológica –sostiene Verónica.

El miedo a que el agresor regrese (caso)

María Amparo no tuvo tiempo de vivir el duelo por el asesinato de su hija Betsabé, el 9 de septiembre de 2015 en Tlajomulco. Desde ese día, se hizo cargo junto con su esposo, campesino, ambos de la tercera edad, de sus cinco nietos, todos menores.

Ha sido muy pesado también para mi esposo. Él es campesino, y no tiene un sueldo de decir, cada ocho días ahí le va su sueldo.

¿Se tuvieron que cambiar del lugar en el que vivían?

Todos vivíamos cerca. Nos tuvimos que quedar desde ese día aquí, porque él amenazó con regresar a matarlos a cada uno de los niños. Decidimos entonces, quedarnos en esta otra casa y no estar cerca donde, además, ¡nos estábamos lastimando demasiado.

Betsabé tenía 29 años, era costurera, prácticamente el único sostén de la casa. Luego de una década de maltrato, Alberto, adicto a las drogas, le prometió que aceptaría la separación definitiva. Esa madrugada narra su cuñada el hombre con quien vivió desde los 17 ¡la mató con un cuchillo de cocina y huyó! Cuenta que se drogaba con frecuencia.

Mi suegro salió llorando de la casa de Betsabé, diciendo que ya nos la había matado. Cuando la vi cómo quedó, para mí fue impactante y no aguanté estar adentro.

¿Los niños estaba ahí?

¡Sí!

¿Vieron todo?

Sí, ¡ellos vieron todo!

Ella ayuda a su suegra con el cuidado de los niños. Asume responsabilidades de madre sustituta. Va por ellos a la escuela, a juntas, recibe calificaciones, cubre gastos y sufre cuando alguno refleja el impacto de la tragedia en su rendimiento escolar. El más pequeño tiene cuatro años, hay dos cuates de siete, uno de nueve y otro de once.

Los maestros nos dicen que ellos entienden. ¡Que es difícil superar situaciones así! Aparte no falta el niño que los ataca. A la niña le pasó que una compañera le dijo: “Voy a traer un cuchillo y ¡te voy a hacer pedacitos como tu papá hizo con tu mamá!”

Año y medio después del asesinato de Betsabé, el apoyo psicológico apenas se asoma. Antes, una psicóloga vecina les ayudaba de manera gratuita, hasta que los niños ya no quisieron seguir.

La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, reconoce que las familias afectadas por un feminicidio requieren un tratamiento integral, sobre todo psicológico. En teoría la Fiscalía debería dárselos por un año.

¿Por qué tienen que interiorizar eso? Porque era su padre y mató a su madre, y era una gente con la que convivían, pero, además, necesitan una terapia especializada porque hay muchos estudios que documentan que aquellos niños y niñas que han sido testigos de un feminicidio, tienden a reproducir las mismas conductas violentas.

La funcionaria estatal insiste en que un feminicidio convierte a los abuelos de nueva cuenta en padres. La situación los abruma porque ya están grandes, enfermos y sin trabajo. Están en una etapa en la que deberían descansar y ser cuidados por sus familias y si no, por el Estado.

No están en una condición económica que les permita hacerle frente a la situación. La edad les impide en muchas ocasiones tener empleo. Te hablo por ejemplo de tres niñas que están con su bisabuela de 75 años. Está enferma, casi no puede caminar, tiene una pareja, pero también de una edad avanzada.

Martha Catalina Pérez González, Directora del Centro de Evaluación Psicológica de la Universidad de Guadalajara, alerta que los huérfanos del feminicidio corren el riesgo de ser revictimizados, porque podrían ser objeto de discriminación.

Estas familias no se preparan para tener de nueva cuenta a un menor como parte de sus integrantes. Al no tener la concientización o manejo terapéutico, es probable que no puedan separar lo que hizo el padre del menor. A pesar de que el niño sólo estuvo en el momento y lugar equivocados, esto implica que sea rechazado. Te doy cama, techo, comida, pero hasta ahí ¡No me pidas afecto!

Falta de sueño, problemas de conducta, apetito trastocado, miedo a salir, terrores nocturnos, fobias, temor a acercarse a lugares comunes como cocina y patio, son algunas de las consecuencias del feminicidio.

No es lo mismo ver la agresión verbal que cuando se está atacando físicamente. Los menores no tienen información de dónde quedaron los padres, qué fue exactamente lo que pasó, y por qué. El niño siente que se le abandonó y que ¡él es el culpable!

El apoyo psicológico es una de las grandes deudas con los huérfanos y sus cuidadores. Sin la posibilidad de cerrar círculos, vivir duelos y superar el trauma, se enfrentan a su vida cotidiana con el fantasma del asesinato de su madre y con el miedo a que el agresor regrese. No actuar a tiempo conlleva el riesgo de tener problemas con la ley, abandono o depresión. Ésta es la preocupación de la familia de Blanca, relata Verónica su hermana.

Todos salen dañados y todos están sufriendo, pero el que más me preocupa es el niño, porque él siempre vivió con la figura del machismo. Su mamá lo reprendía, llegaba su papá y le levantaba el castigo. Lo premiaba. Creció viendo violencia y haciendo lo que él quería.

Los huérfanos del feminicidio, los niños invisibles

Los huérfanos del feminicidio y sus familias enfrentan solos el golpe de quedarse sin padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado. Ellos tampoco son reconocidos como víctimas, expone el académico de la UdeG, Rogelio Barba. “Reconocen sólo 65 niñas y niños víctimas del feminicidio. Esto es en registros de 2014 a 2017. Sólo esas son reconocidas por esta legislación (Fecha de transmisión del reportaje 12 de junio del 2017).

El artículo 83 de la Ley de Atención a Víctimas precisa que, para ser reconocido como tal, debe existir la determinación de un juez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Derechos Humanos o el Ministerio Público. Un camino burocrático que deben sortear en medio del dolor, del duelo y la incertidumbre.

Personas de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes admiten que, si el Ministerio Público no pide su intervención, no participan, de tal forma que sólo son requeridos cuando no hay familiares o los menores están en riesgo. “Cuando tenemos a un niño en representación, se le hacen las visitas correspondientes. Se le brinda atención psicológica a quien lo necesite, cuestiones personales y su plan de vida. Las opciones que tiene, dónde tienen diversas actividades. Algunos aprenden oficios”.

Ni en el Hogar Cabañas ni en la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, se sigue algún caso de huérfano por feminicidio.

Los cuidadores, ancianos, enfermos y pobres

El interés del estado de Jalisco por atender a las víctimas del feminicidio nació en marzo de 2017, un lustro después de que se tipificó el delito en el estado. El Instituto Jalisciense de las Mujeres arrancó entonces un programa piloto de apoyo en caso de parricidio o feminicidio, el cual es aún temporal y limitado, explica Erika Loyo, su presidenta.

Son personas de escasos recursos. Las y los cuidadores no han tenido atención psicológica sólida. Tienen mucho desconocimiento sobre los procedimientos jurídicos, por lo tanto, tienen muchos miedos a que el agresor salga, que los pueda encontrar, que les quite a los niños o que los mate.

Este programa enfoca la atención en los hijos de las víctimas que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y es requisito que los menores asistan a la escuela. Se entregan tres mil pesos bimestrales a los cuidadores, sólo durante un año.

¿Por qué es esto?

Porque el dinero viene de este recurso extraordinario que aprobaron para el tema de la alerta y que tendríamos con este pilotaje sustentar de tal forma que pueda institucionalizarse. Se aprobaron 14 millones de pesos adicionales para atender todos los temas de la alerta.

El recurso sólo puede ser utilizado para colegiaturas, traslados, vestimenta y alimento. No obstante, para ser reconocido por el programa, hay que tener un papel de la Fiscalía o la Comisión para que lo consideren víctima. Como antecedente, al momento de la investigación periodística, la Fiscalía reportó 158 expedientes abiertos por feminicidio, cuando la misma dependencia dijo a este medio que existían 171 carpetas desde marzo de 2012 a la fecha. Se habían revisado 65 y sólo aplicaría la ayuda en tres de cada diez. Quedarían fuera del programa los casos en que no había hijos, porque los responsables no fueron vinculados a proceso o porque fueron asesinadas por personas distintas a sus parejas: “Como teníamos perdido a nivel nacional qué estaba pasando con los huérfanos, entonces es un tema innovador en el que todos vamos construyendo. En ese sentido, lo más rápido que avancemos, es lo que estamos intentando hacer”.

Cuando se publicó el caso, en junio de 2017, sólo cinco familias recibían apoyo económico y psicológico. Es muy probable que este número haya cambiado conforme avanzó la revisión de expedientes: “Pues después del año ya no hay seguimiento. Y entonces un caso, por ejemplo, que vino una abuelita a recoger su tarjeta, uno de ellos sí necesita que le volvamos a dar un apoyo psicológico porque no tiene ganas de ir a la escuela, se siente desanimado, ha tenido ganas de ya no querer vivir”.

Familias con la vida trastocada, abuelos sin custodias legales, con ingresos económicos limitados y con miedo a que los agresores aparezcan algún día, así prevalece el silencio social sobre el feminicidio.

Jalisco y el Estado de México dan los primeros pasos

A María Amparo se le nota la tristeza y el cansancio con sólo mirarla a los ojos. El recuerdo de su hija Betsabé, asesinada hace año y medio por su esposo, es lo que le da fuerza para que sus cinco nietos no queden en el desamparo.

Sí me siento muy triste. Les digo, me siento como cansada. Yo le pido a Dios mucha fortaleza porque a mis niños no los voy a soltar, porque son de mi hija y ellos me reflejan a su madre y yo a ellos ¡los quiero demasiado!

Un feminicidio deja una estela de dolor en toda la familia. Verónica cuenta que, pese a la sentencia de 25 años de cárcel para el asesino de su hermana, el miedo a que salga y regrese a hacerles daño es permanente.

Yo no es de que quiera que esté allá y mucho menos. Mi miedo es a que salga, porque es una persona sumamente violenta. No nada más lo digo yo por lo que pasó con mi hermana. Todos los vecinos se dieron cuenta, tenía muchos problemas con todo mundo. Y más que nada porque siempre fueron amenazas para nosotros, para toda la familia.

Le reprocha al Estado no haber tomado en cuenta las denuncias de su hermana, incluso con partes médicos. Considera que cuando hay violencia no debe tratar de conciliarse, sino evitar con una orden de protección que el agresor se acerque.

Él prácticamente toda su vida se drogaba. No trabajaba, se drogaba, diario andaba de malas. Diario amenazando a todo mundo, él hacía y deshacía. En una ocasión a mí me llegó a decir que iba a mandar a cortarme la cabeza ¡Cosas así!

El Instituto Nacional de las Mujeres pretende que se legisle en el país, para que cuando el padre sea el asesino, pierda de inmediato la patria potestad. Y es que aun desde la cárcel siguen molestando a los cuidadores, explica su director jurídico, Pablo Navarrete Gutiérrez.

El inm planteó ya a la Cámara de Diputados la necesidad de que se establezca en la legislación de todo el país, que aquel que cometa el feminicidio de la madre de sus hijos, pierda la patria potestad. Porque hemos encontrado muchos casos particulares que incluso cuando se logra la detención del responsable, desde prisión, la estructura machista alcanza para estar molestando a las abuelas que tienen bajo su cuidado a los nietos. Y creo que les debemos dar certeza jurídica a las abuelas y certeza jurídica a los sobrevivientes del feminicidio.

Es vergonzoso el asesinato de más de 50 mil mujeres de 1985 a 2015, pero es igual de indignante que en 30 años el Estado no tenga el registro de sus hijos. Pudieron terminar con la familia materna, pero también en albergues o en la calle.

Sabemos que es un serio problema el de la atención de los huérfanos del feminicidio, porque si las víctimas están en algunas ocasiones invisibilizadas, los huérfanos y huérfanas del feminicidio no aparecen en los registros. Y eso no es un tema de casualidad, sino que tiene que ser un tema de responsabilidad de los gobiernos locales. No sólo saber quiénes son los victimarios, los perfiles y cómo actúan. No sólo saber quiénes son las víctimas, cómo son, dónde estaban, y qué fue lo que falló en la estructura del Estado; sino saber también qué está pasando con las víctimas directas del feminicidio que son sus hijos e hijas, que son sus madres, sus padres y sus hermanos.

En México, la atención a las víctimas del feminicidio está en pañales. Sólo Jalisco y el Estado de México realizan los primeros esfuerzos para darles ayuda. El drama de los feminicidios no duele sólo por las siete mujeres que son asesinadas en el país cada día, también por la impunidad que les envuelve, los huérfanos que quedan a la deriva y a los ancianos obligados a no parar. ¡A no parar hasta encontrar justicia para sus hijas, y a no parar hasta que el Estado proteja a los huérfanos víctimas de la violencia machista que en un instante les arrebató a su padre y a su madre!

A mí me pueden dar todo el oro y el dinero que tienen, y a mí, no me llena. Yo prefiero a mi hija que lo material, yo con que lo agarren les digo que ya si al él lo agarran, mis hijos, mi nuera, mis nietos vamos a andar más tranquilos –sentencia la madre de Betsabé.

En Jalisco, los cambios a la ley

El pasado 6 de diciembre de 2017, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que modifica La Ley General de Víctimas y el Código Civil entre otros, para proteger a los huérfanos del feminicidio en Jalisco. La presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales y autora de la iniciativa, Rocío Corona Nakamura, indicó que de ahora en adelante estos niños serán considerados víctimas indirectas, lo que implica la aplicación de un protocolo psicológico de emergencia y apoyos en alimentación, salud y educación. Se deja además en las manos de un juez, el que cuando el feminicida sea el padre, pierda la patria potestad y demás derechos legales sobre sus hijos.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – En Situación de Desprotección

VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LOS NUEVOS CONTROLES DE ALBERGUES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES “EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN”

Aristeo López Larios

El reconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, tal como lo conocemos hoy, se inscribe en la consecución de respuestas a diferentes contextos e historias.

Luego de los horrores vividos durante la Primera Guerra Mundial, se denunció la necesidad de una protección especial para los niños, de la mano de la Fundación Save The Children. Esto favoreció un primer momento manifiesto, la Declaración de Ginebra, en 1924. Posteriormente, en 1948, fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos; sin embargo, se ve la necesidad de insistir en que “la humanidad debe darle al niño lo mejor que pueda darle”, pues “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento”, en conformidad con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1959.

Es hasta la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que se da un notable salto cualitativo, por “la fuerza de un Convenio Internacional […] [con] carácter vinculante y obligatorio, fuerza coercitiva, una vez ratificado” (González & Rodríguez, 2001:82). “Una Convención sobre los derechos del niño era necesaria porque aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no la respetaban” (Unicef, 1990:6). La Convención de los Derechos del Niño (cdn):

define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño (Unicef-México).

Con la Convención, las Niñas, los Niños y los Adolescentes (nna) son reconocidos como sujetos y titulares de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. También queda considerada “la necesidad de que las circunstancias que les rodean les sean especialmente favorables en esta etapa vital de su desarrollo como ser humano” (Ravetllat, 2012:2). Cabe señalar que la cdn es la más firmada en la historia de las convenciones internacionales.

Al firmarla, México “quedó obligado a cumplir las disposiciones y adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella” (Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco [cedhj], 2017). También es de notarse que en el país hubo importantes avances en materia de legislación en favor del reconocimiento de los Derechos de los Niños-sujetos de derecho, como señala la cedhj (2017),

[…] entre ellas destaca la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […] estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Entre estos y otros antecedentes, además de las recomendaciones emitidas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (más conocido como Unicef), en septiembre de 2014 fue que “el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa preferente con proyecto de decreto de Ley General de los Derechos de nna, la cual fue aprobada por ambas cámaras y entró en vigor el 5 de diciembre de 2014” (cedhj, 2017).

De manera especial, llama la atención la creación del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), además de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Se trata de una “ley de avanzada”, que vino a representar gran esperanza en favor de la infancia y la adolescencia.

Esta ley debió bajarse a los estados en los periodos establecidos por la misma. En el estado de Jalisco fue aprobada en septiembre de 2015 y, según la cedhj (2017) “constituye un avance en cuanto a la armonización y reformas necesarias para la implementación de la legislación sobre infancia”, pues se avanzó con “modificaciones y adiciones a otros ordenamientos como el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Asistencia Social, la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, la Ley de Operación de Albergues, la Ley de Justicia Alternativa y la Ley de Registro Civil”. En el mismo informe, señala que se elaboró

acorde con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e interés superior de la niñez, esta legislación regula la actuación de las autoridades para garantizar los derechos; establece las bases, lineamientos, principios rectores y criterios que orientarán el diseño, la implementación y evaluación de la política estatal en la materia, así como las bases de organización y funcionamiento del Sistema Estatal y del Sistema Municipal de protección de los derechos.

Es de llamar la atención que el Boletín 58 de la cedhj (2017) no mencione la Ley Para la Operación de Albergues, vigente desde el 20 de junio de 2015, misma que, como señala en su artículo 1º, “tiene por objeto regular, vigilar y supervisar la operación e inspección de albergues públicos y privados establecidos en el territorio del estado, dedicados al cuidado, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de personas”.

El mensaje de la Ley es una buena voz, porque puede significar esperanza y mejora en el reconocimiento de los derechos, así como inscribirnos en parámetros de dignificación, e indicar lo que es correcto. Sin embargo, ha enfrentado serias dificultades en su ejecución, pues la realidad que vivimos en México –y Jalisco se impone significativamente, mostrando grandes desafíos a esta “legislación de avanzada”.

Es necesario recordar el contexto de nna que ostentan responder estas leyes en Jalisco, una de las entidades federativas con mayor cantidad de personas en este sector, con una población de 2’851,419 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2017).

Según el estudio que presentaron el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) y el Unicef, Pobreza y derechos sociales de nna en México (2014),

1 de cada 2 nna en México era pobre; 1 de cada 9 se encontraba en extrema pobreza […] 3 de cada 4 nna (29.6 millones) tenían carencia en alguno de sus derechos sociales, y 1 de cada 4 tenía 3 o más carencias sociales (9.1 millones) […] La población infantil y adolescente sufría con más frecuencia las experiencias de pobreza que aquella de otros grupos edad.

El estudio continúa señalando que “Detrás de la estabilidad de los niveles de la pobreza de la población de 0 a 17 años, en México se encuentra la combinación de dos tendencias distintas: un aumento paulatino en el porcentaje de nna en hogares con ingresos insuficientes y una reducción sostenida en las carencias sociales que experimenta la población infantil y adolescente”.

En México, en 2015,

del total de hogares con niñas y niños de 0 a 17 años, 16.9% presentan una situación de inseguridad alimentaria leve; en 9.5% es moderada, mientras que en 7.6% es severa. Datos de la enoe muestran que en 2016, ocho de cada 100 niños, niñas y adolescentes trabajan; 14.0% tienen de 5 a 11 años de edad y 53.3% además de trabajar, estudia y realiza quehaceres domésticos (inegi, 2017).

En información reciente, el mismo inegi (2017) presentó datos referentes a la situación de nna, llamando la atención sobre la dificultad de identificar las formas de violencia a este grupo dentro de sus hogares. “La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) identificó que 47.8% (2’031,216) fueron víctimas de al menos un delito o acto de maltrato en 2014”. Continúa estimando que en 2014, “del total de la población infantil de 12 a 17 […] 5.1% (216,423) fue víctima de tocamientos ofensivos y 1.8% (75,011) víctima de violación sexual o estupro”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (oms), “en México, en 2015, se registraron 41,017 defunciones en población de 17 años o menos. De este total 4.2% se debió a causas violentas como el suicidio y el homicidio. De las 1,731 muertes por estas dos causas, los homicidios significan 61.1 por ciento y los suicidios 38.9 por ciento”.

Ante esta realidad, y otros tantos datos que no abordo por no ser el objeto de este informe, los nna y sus familias (o tutores, considerando que no son necesariamente las familias quienes se hacen cargo de ellos), deben “háberselas” para subsistir. Pese a que el ideal sea que los nna se mantengan integrados a sus familias –o reintegrarlos, la situación actual “parece no permitirles las condiciones necesarias” para dar efecto a las continuas recomendaciones de organismos internacionales, nacionales y locales. Así, muchas familias buscan apoyo voluntario en albergues, pues la “anomia” que enfrentan se muestra continuamente adversa a “los ideales”. Son los nna en situación de desprotección. Según la cedhj (2017), subsisten discrepancias en los datos de nna albergados,

muestra de lo anterior es que hasta el 1 de noviembre de 2016, la sedis refirió que en el estado existen 1,778 albergados en casas hogar públicas y privadas. En tanto, el ijas informó que hasta el 22 de noviembre de 2016 tenía un registro de 3,924 albergados en las casas hogar privadas reconocidas por ese organismo […] Por su parte, el dif Jalisco, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco reportó que al 29 de noviembre de 2016 se encontraban albergados en casas hogar públicas y privadas 4,637 menores.

Por otra parte, hay miembros activos de la sociedad civil que dedican gran parte de su vida a visitar diferentes albergues, buscando apoyar a los nna, quienes señalan la posibilidad de que existan entre 8 mil y 9 mil nna, en alrededor de 110 albergues en el Estado.

Tiene relevancia el dato de niños en albergues, considerando que la mayor parte de estos son de ingreso voluntario. ¿Cuál es la motivación de las familias? El Colectivo de Organizaciones e Instituciones por los Derechos de la Infancia de Jalisco (coidij), en un sondeo interinstitucional de sus organizaciones miembro –no publicado–, detectó que entre las principales causas que manifiestan las familias en la solicitud de ingreso se encuentran la economía precaria y carencia de empleo; falta de tiempo y habilidades parentales para educar a los hijos; rezago educativo y abandono escolar por diversas causas; falta de redes de apoyo familiares, comunitarias e institucionales; violencia institucional, intrafamiliar y del entorno; las figuras de autoridad y protección se encuentran desdibujadas y, temor ante el creciente reclutamiento de menores de edad en el narcotráfico.

¿Qué buscan las familias en los albergues? Buscan oportunidades. Esperan un contexto protegido, con recursos humanos e institucionales que atiendan a los nna integralmente, con estructuras suficientemente sólidas y flexibles a sus necesidades, que en la mayoría de los casos a ellos les resulta complicado cubrir adecuadamente. Buscan albergues profesionalizados, con atención e intervención, sin maltrato, “que amenace y/o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad(Observatorio de la Infancia de España, citado por López Sánchez, 2008:14).

Pese a que es reconocido que la familia de cada niño es el lugar para educarle por excelencia, en algunos casos los padres “dicen querer a sus hijos e hijas, pero también que les descuidan y les hacen daño porque no saben cómo cuidarles, protegerles o educarles” (Barudy & Dantagnand, 2005:21). Ante este panorama, “para muchos niños, el medio escolar es la segunda fuente de cuidados, buenos tratos y seguridad después del hogar. A veces la única” (Arón, 1992; 2002, citado en Barudy & Dantagnand, 2005); esto, teniendo presente que “la educación no estriba solo en velar por que todos los niños puedan asistir a la escuela”.

Mas la vida digna para nna en los albergues no está resuelta, pues dichas instituciones enfrentan grandes dificultades desde su operación. Los nna llegan con gran historial de vulneración a sus derechos, experiencias de violencia y escasa satisfacción de sus necesidades básicas. Esto supone ya grandes retos para cualquier institución, que en la intervención apela a los estudios que han demostrado “que muchos de los déficits y dificultades que presentan los niños pueden superarse si el contexto donde se desarrollan cambia a mejor” (Barudy & Dantagnan, 2005:49). Y en este sentido, tanto los albergues como su personal quedan vulnerables, pues tienen que responder a las diversas situaciones que presentan los nna al incorporarse a la institución, y la responsabilidad legal es alta.

Sin haber encontrado “datos duros” sobre el número de solicitudes que reciben los albergues para el ingreso de nna y, más aún, del porcentaje de aceptación y rechazo, sería posible pensar que 70% es rechazado, ya sea por no cumplir con aspectos del perfil de ingreso, por incapacidad económica de las instituciones, por capacidad limitada de sus instalaciones, entre otras. Con el aumento de requerimientos, los albergues se encuentran más limitados por la aplicación de la legislación vigente, “de avanzada”, en una realidad que requiere mejores estructuras. Se trata de una especie de “violencia institucional o burocrática”.

Es difícil valorar la aplicación de la Ley para la Operación del Albergues, que con frecuencia no es del conocimiento de los mismos supervisores y el personal que los opera. Tendríamos varios ejemplos de ello. Pese a que está señalado en el artículo 6º de la Ley de Operación de Albergues, cabe mencionar que los datos del Registro Estatal de Albergues no coinciden con otras fuentes de información, como el Sistema Vigía. Tampoco se tiene claridad sobre la existencia del “Certificado de Funcionamiento” y, mucho menos, del Reglamento de Operación y las Normas Técnicas que rijan la expedición de dicho Certificado, ni el Reglamento de operación modelo para albergues. Es un misterio saber cuáles de ellos existen o en qué proceso se encuentran. Y los que ya existen, ¿por qué no se han divulgado?

Por otra parte, es difícil pensar que las estructuras nuevas puedan ser llevadas por muchas de las mismas personas que, por años, han entregado su vida en las instancias públicas, con desgaste y poca apertura a un nuevo sistema.

Pese a que se van presentado propuestas novedosas para la implementación de la reciente legislación, hay inconsistencias en detrimento de una atención adecuada a los nna. Un ejemplo de ello es Ciudad Niñez; en su inauguración, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval anunció que:

se trabajará con el futuro de nuestra sociedad […] Un modelo que atenderá y sobre todo restituirá los derechos de los niños quienes hayan sido vulnerados, a través de un modelo integral, interinstitucional, transversal, sencillo y óptimo en donde eliminemos el traer a los niños con los padres de una oficina a otra; queremos acabar con la revictimización institucional” (Milenio, 2016).

También anunció que “estarían instituciones como el UnicefDelegación Jalisco, la Procuraduría para la Protección de los nna, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación Jalisco, el Seguro Popular y la Comisión Estatal de Atención a víctimas, entre otras”.

Sin embargo, valdría la pena realizar una seria evaluación del “lugar” pues, a dos años de su apertura, se siguen presentando importantes inconsistencias en la atención a situaciones relacionadas con los nna. Gran parte de la comunidad, incluidos los albergues, siguen sin saber lo que es Ciudad Niñez, los servicios que ofrece y el lugar que ocupa desde la legislación, pues al haberse constituido después de la emisión de las leyes referidas, no se menciona.

Es común llegar a la recepción y encontrarse con que no es posible una orientación certera sobre la oficina que atiende algún tema a tratar, así como su ubicación dentro del edificio. En este sentido, diremos que la “revictimización institucional” que se pretendía evitar, tiene aún muchas aristas por atender.

Algunos albergues que acusan haber sido clausurados temporal o definitivamente, afirman que los niños retirados fueron llevados a las instalaciones de Ciudad Niñez sin permitirles un protocolo de atención digna, acorde a su edad. Refieren, incluso, violencia al llevar a cabo el desalojo por parte de los ejecutores cuando un albergue “incumple” con la normatividad. Así las cosas, es pertinente cuestionar la capacitación y competencia de los supervisores y ejecutores de las medidas emitidas en las visitas a los albergues. Es recurrente que, al cuestionar sobre las diferentes legislaciones, no tengan suficiente manejo de la misma. O, en algunos casos, realicen valoraciones que no son de su expertise.

Una dificultad frecuente es la falta de claridad y definición en cuestión de normatividad, incluyendo las “constantes” modificaciones o adaptaciones. La mayoría de las veces se enteran durante la supervisión, al señalar incumplimiento, no tanto como información, capacitación o habilitación de la institución.

También existe un gran reto en la administración de tiempos para el responsable legal y el personal, pues la exacerbada tramitología-burocracia y “capacitaciones”, requieren una fuerte inversión de tiempo, que debilitan la operación del albergue.

La Ley Para la Operación de Albergues (lpoa), Art. 16, sobre la pérdida de la inscripción en el Registro Estatal de Albergues, en su fracción ii, señala como causa “Cuando a juicio de la autoridad existan causas graves que pongan en peligro la vida o la integridad física y psicológica de los residentes”. Sin embargo, la gran discrecionalidad de los supervisores es un tema que con frecuencia causa incertidumbre y poca credibilidad. Algunos representantes manifiestan prepotencia y trato diferenciado y desigual de un albergue a otro, especialmente exigente con los albergues privados.

Al parecer, las mayores dificultades –y los gastos– emanadas de las supervisiones, tienen que ver con Protección Civil, que por cierto, suelen presentar desacuerdos entre la municipal y la estatal. La lpoa menciona solamente la municipal. Es común que las observaciones vayan aumentando y cambiando en cada visita que realizan, dificultando la consecución del “Visto Bueno” del Plan Interno por parte de la dependencia, que habiendo señalado como condición el aval de un consultor acreditado por el estado –con un costo muy elevado, por cierto–, difícilmente logran cumplir la normatividad, pues se presta mucho a la discrecionalidad del inspector.

Ahora bien, una vez que se invierte en el cumplimiento de las observaciones, resulta complicado que acudan a constatar y actualizar las adecuaciones realizadas. Las dependencias se encuentran desbordadas de trabajo, pues con frecuencia manifiestan no tener personal suficiente para realizar las supervisiones y capacitaciones. Frecuentemente, dificulta sobremanera la falta de comunicación eficiente dentro de la dependencia, tanto para dar seguimiento como, incluso, llevar en orden los documentos, pues también se han dado casos en que los oficios “se hacen perdedizos”.

Ante este panorama, hay albergues más vulnerables y vulnerados: las instituciones más pequeñas y con menor respaldo económico. Irónico, pues frecuentemente se emiten recomendaciones a favor de albergues pequeños. En Jalisco se han cerrado varios de ellos “por incumplimiento” de los requerimientos.

En lo referente al personal de los albergues, lo señalado en el artículo 39 de la lpoa, sobre el nivel de acreditación, capacitación y experiencia, existen serios problemas debido a la gran inversión que requieren los albergues, por el costo monetario, por la inversión de tiempo y, sobre todo, por los malabares necesarios para seguir proporcionando el servicio a los residentes. Y en caso de tener la disposición, ¿dónde?, ¿cuántas universidades o centros de capacitación cuentan con carreras especializadas en temas de infancia?, ¿qué porcentaje de la currícula de Psicología o Trabajo Social capacita en el trabajo con nna?

Un tema que valdría la pena asentar, al menos para posibles investigaciones, es el referente a la frecuente recomendación de la “desinstitucionalización” de los nna que, si fuera un objetivo a lograr a ultranza, habría que valorar antes algunos puntos; por ejemplo, el concepto de un “niño institucionalizado”, teniendo en cuenta la variedad de razones de ingreso y modelos educativos de los albergues y, por otro lado, los logros alcanzados por muchos de los albergues que operan adecuadamente. En este sentido, ¿cuál sería la condición de estos nna si no contaran con el apoyo de los albergues? No se trata de una propuesta de institucionalización a los niños. No sería solución. Mas sería conveniente que valoremos las buenas prácticas, que también se encuentran presentes en los albergues.

En conclusión, los desafíos en términos de albergues para nna respecto a la legislación vigente son muchos y complicados. Evidentemente, se requiere un abordaje estructural, considerando la integralidad de los derechos e invertir en los nna, sobre todo porque son sujetos de derecho y porque son sujetos de cambio. Desde un punto de vista pragmático, también es cuestión de desarrollo económico, pues los costos por corrección son altamente caros (psicológicos, de salud, por delitos…) y la prevención siempre será la mejor opción. Los albergues son una apuesta por el derecho a entornos seguros y estables. Urge un enfoque de derecho en la política pública, profesionalizado, supervisado y evaluado, que transforme las prácticas del desarrollo; la modificación de sus miradas y acciones; que las autoridades revisen sus políticas públicas haciéndolas más participativas y transparentes.

Saber que la población necesita y busca la ayuda de los albergues, no es un tema que se pueda tomar a la ligera, pues nos habla de una realidad injusta, con marcadas brechas en las oportunidades. Es una emergencia humanitaria.

¿Sería posible identificar los intereses comunes entre el gobierno y la sociedad civil en favor de los nna? Es una necesidad identificar problemáticas y convertirlas en política, promoviendo su dignidad como sujetos de derecho, con sus pilares: interés superior del niño, desarrollo pleno, autonomía progresiva/participación e igualdad y no discriminación.

Bibliografía

Barudy, J. & Dantagnan, M. (2005) Los buenos tratos a la infancia. España: Editorial Gedisa.

López, F. (2008) Las necesidades en la infancia y adolescencia: Respuesta familiar, escolar y social. Madrid, Editorial Pirámide.

Red por los Derechos de la Infancia en México (2017) La infancia cuenta en México, 2017. Desafíos del Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescente en México. Ciudad de México: Redim.

Sitios web consultados

Cillero Bruñol, M. El interés superior del Niño en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño. Tomado de http:www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf Consultado el 23 de febrero de 2018.

González, N & Rodríguez, S., “El interés superior del menor, contexto normativo”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigación Jurídicas de la unam. Pp. 71-83. Recuperado de htpp://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2961/4.pdf Consultado el 22 de febrero de 2018.

http://cedhj.org.mx/bolmay2017_58.asp Consultado el 19 de febrero de 2018

http://huellas.mx/derechoshumanos/ninos-derechoshumanos/2018/02/14/91900/. Consultado el 23 de febrero de 2018.

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=14 consultado el 3 de febrero de 2017.

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/diagnostico%20e%20informe%20especial/2017/1.2017.pdf Consultado el 18 de febrero de 2018.

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/boletines/presenta-dif-jalisco-padron-de-ninez-institucionalizada-en-sistema-vigia consultado el 17 de febrero de 2018.

http://www.milenio.com/region/ciudad_ninez-aristoteles_Sandoval-DIF_Jalisco_0_673732927.html Consultado el 24 de febrero de 2018.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_39.pdf Consultado el 17 de febrero de 2018.

https://www.informador.mx/Carecen-de-plan-para-ninos-en-situacion-de-calle-l201801240001.html Consultado el 18 de febrero de 2018.

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/18157 Consultado el 17 de febrero de 2018.

https://www.unicef.org/mexico/spanish/MX_Pobreza_derechos.pdf Consultada el 25 de febrero de 2018.

INEGI 2017. Boletín “Estadísticas a propósito del día del niño (30 de abril)” Datos Nacionales: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3%B1o2017_Nal.pdf Consultado el 25 de febrero de 2018.

Ravetllat Balleste, I. (2012) El interés superior del Niño: Concepto y delimitación del término. Educatio Siglo xxi, vol. 30, 2, 89-108. Univerdad de Barcelona Recuperado de http://revistas.um.es/educatio/article/view/153701 Consultado el 22 de febrero de 2018.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informe DDHH 2017 – Introducción al Informe

INTRODUCCIÓN

Miguel Bazdresch Parada

Vivir en sociedad humana, en contacto cotidiano con personas, exige dos consideraciones permanentes. Una, considerar el propio yo y la dinámica interna de nuestra vida. Otra, considerar la dinámica de las otras personas con las cuales mantengo, creo, disuelvo, construyo o destruyo relaciones mediante interacciones e intercambios.

Bien vista, la vida en sociedad es un movimiento continuo entre yo y los otros. Relaciones sociales, a fin de cuentas. Entrecruzadas con la vida interior de cada uno. No extraña la insistente búsqueda de las sociedades por acompañar esa vorágine relacional con acuerdos entre todos sus miembros para vivir con paz. La multiplicidad de emociones, sentimientos y pensamientos suscitados por los permanentes intentos de entendernos a nosotros mismos y entender a los otros, aun a los más cercanos, puede requerir una energía muy abundante. Tal energía a veces surge a borbotones y la vida en sociedad se torna agresiva e insatisfactoria. Disponer de un arreglo previo en el cual se acordara por los miembros de una sociedad los supuestos y las consecuencias de, por lo menos, algunos de los efectos no pacíficos de esas relaciones sociales, haría menor el desgaste y quizá, sólo quizá, más pacífica la vida de cada uno y de todos en conjunto.

Las sociedades han recurrido a religiones, ideologías, filosofías, teologías y anarquismos para intentar acuerdos satisfactorios en múltiples y variadas ocasiones a lo largo y ancho de la vida de los humanos. El éxito ha sido disímbolo. Las invenciones de la creatividad humana en este asunto han sido probadas y reprobadas. Los pensadores de las diferentes épocas, culturas y latitudes en el mundo debaten con persistencia para encontrar las causas del poco éxito de los humanos en sociedad para encontrar la paz, y tratan de vislumbrar los contenidos de posibles nuevos acuerdos sociales más exitosos. Principios y valores constituyen la materia prima de inventos y debates con los cuales se pueda responder preguntas básicas, tales como: ¿Qué constituye a un ser humano? ¿Cómo consigue una (su) identidad humana? ¿Quién es el otro? ¿Es necesario, es igual, es humano? ¿Hay más de una identidad humana? ¿Es posible una relación pacífica entre uno y otro humano? ¿La paz es un estadío o puede ser permanente? Preguntas para alimentar la búsqueda. Sin duda una búsqueda forjadora de la cultura de pueblos y comunidades.

Uno de los intentos de más larga data y mayor difusión cultural, sin ser universal aún, es la conocida como Derechos Humanos. Se considera que la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789” aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 en medio del movimiento social de la célebre Revolución Francesa, es el “parteaguas” entre los acuerdos sociales anteriores a la Revolución y los que habrían de seguir.

Vale la pena transcribir aquí el proemio de tal declaración, en el cual se plasman los supuestos del pensamiento que da lugar a este intento – búsqueda de relaciones sociales pacíficas:

Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano:…1

Otros desarrollos posteriores enriquecen esta declaración fundamental, por ejemplo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, con la cual se completa aquella parte que la Declaración de 1789 dejó implícita y quizá inacabada: Mujer y ciudadana.

No es momento de detenernos a considerar cada uno de los artículos de ambas declaraciones, y sí de invitar al lector a conocerlos o repasarlos para reconocer la poderosa inspiración del texto completo, hoy aplicable sin lugar a duda, a la interpretación de las relaciones sociales en nuestro país.

El 11vo Informe sobre el estado de los derechos humanos en Jalisco del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ac (Cepad), el cual tiene en sus manos el amable lector, nos recuerda la célebre y radical consideración de la Asamblea Nacional francesa en la cual afirman que “… la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos…”.

Recientes estudios nacionales e internacionales, investigaciones de diverso calibre, movimientos de la sociedad civil organizada, protestas airadas en la calle, manifiestan el enojo de la sociedad por el enorme menosprecio de los derechos del hombre y de la mujer que rigen las relaciones sociales de los mexicanos. Tanto así, como la aparición de acciones sociales comunales, grupales y aun individuales, plenas de hartazgo frente a la carencia de paz en la vida cotidiana. Entre otras, el informe nos notifica de: “Policías” comunitarias, grupos de civiles armados en defensa de sus familias, fuerzas armadas en la calle y actuantes en medio de la población civil, manifestaciones violentas incluso en lugares antes insospechados tales como escuelas, iglesias y lugares de reunión para la diversión y el descanso. Y sobre todo la creciente ineficacia de los agentes del Estado, desde los niveles altos hasta los puestos de menor responsabilidad, para evitar secuestros, asesinatos, torturas, maltrato a menores, violencia de género y desapariciones forzadas.

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe del Cepad dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas plenas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. La exigente y justa mirada del Cepad y sus colaboradores, al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz. Nos ayuda a no olvidarlos y a profundizar en sus supuestos y consecuencias en esta hora requerida de un nuevo impulso de reconstrucción de las relaciones entre los seres humanos, de reconsideración de nuestra dinámica interna de cada uno y la dinámica de los otros con quienes intercambiamos, interactuamos, hemos de renovar vínculos, hacer acuerdos para así tejer una vida pacífica en sociedad.

A continuación, se presenta un comentario introductorio a los textos del Informe. El lector podrá valorar el aporte del conjunto de los autores y animarse a profundizar en los mensajes y propuestas de manera más detallada.

Derecho a la vida

Este derecho es el fundamental. Las sociedades concretas no dudan en proclamarlo y defenderlo en leyes y normas. La realidad de la dinámica social contradice ese propósito. A veces, de modos muy agresivos.

Jorge Alonso Sánchez nos advierte el olvido del respeto a la diversidad, a la diferencia, en especial cuando maltratamos a los pueblos primigenios de nuestro territorio. Son mexicanos, son ciudadanos y se les reprime por vivir de un modo diverso, construido en cientos de años y el cual les da respuesta a sus necesidades y a su manera de comprenderse entre sí. Alonso nos recuerda cómo

las políticas neoliberales mercantilizan toda la vida, el planeta entero, y todo su entramado. Los pueblos originarios defienden su existencia y se oponen a la destrucción de la naturaleza… los megaproyectos de las grandes corporaciones avanzan sobre el territorio de los pueblos, los despoja, les impone una cruenta guerra que implica muertos, desaparecidos, esclavizados, desplazados, marginados, explotados, humillados, sojuzgados, etcétera.

Ante el avance unificador e ignorante del valor de la cultura de los pueblos primigenios, Alonso observa y alerta cómo “los pueblos originarios han denunciado continuamente los atropellos y violaciones a sus elementales derechos vitales, pero eso no ha sido suficiente.” Por ejemplo, el sistema electoral en México que “no permitió que una mujer indígena, de abajo, se introdujera en su boleta presidencial.” María de Jesús Patricio, náhuatl de Tuxpan Jalisco, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, nos dice Alonso, “…está realizando una campaña de otro tipo, de los de abajo que están comprendiendo que hay que hacer otro mundo pues el capitalismo está anulando todos los derechos, y atenta contra la vida en el planeta. Se trata de una lucha por la vida y contra la muerte.”

Con un propósito similar, defender el derecho a la vida, Jade Ramírez Cuevas Villanueva describe la lucha de una niña y sus padres por tener nombre propio frente a la ignorancia de funcionarios municipales cuando se oponen a registrar un nombre inusual y plenamente legal. Niña, padre y madre recurrieron a diferentes procesos legales para obtener un mandato judicial que impidiera la violación al derecho al nombre libre, a la plena identidad, a pesar de nacer y vivir en pleno siglo xxi y con normas explícitas a favor de ese derecho. Ramírez concluye con una reflexión:

El sistema social está corroído de desigualdad y trato diferenciado entre hombres y mujeres, entre indígenas y citadinos, entre ricos y personas en pobreza, por valores de un anacrónico contrato social; Así, el anhelo de un estatus equitativo alejado de estereotipos y paradigmas machistas sigue lejos, muy lejos, tanto como para que la simple acción de que cada humano tenga su derecho al nombre que le arrojó el viento, un primer y segundo apellido.

Aristeo López Macías informa sobre la situación de los albergues para niños y niñas en relación con la salvaguarda y cuidado en la protección de los derechos humanos de los niños y niñas a su cargo. En el fondo es el derecho a la continuidad pacífica de la vida.

Ante las evidentes deficiencias de la protección brindada a los derechos de niños y niñas, López Macías se pregunta: “¿Sería posible identificar los intereses comunes entre Gobierno y la Sociedad Civil en favor de nna (Niños, Niñas, Adolescentes)? Es una necesidad identificar problemáticas y convertirlas en política promoviendo su dignidad como sujetos de derecho con base en sus pilares: Interés superior del niño, desarrollo pleno, autonomía progresiva/participación e igualdad y no discriminación.” Los albergues son instituciones necesarias para atender a los menores y jóvenes de familias en situación de vulnerabilidad y carencia. Son una oportunidad para ellos.

Gricelda Torres Zambrano hace presente en su texto “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles” a los niños y niñas víctimas del feminicida, del violento, golpeador o acosador sexual dentro de la familia. Nadie los ve y en los hechos desparecen, excepto para los familiares lastimados o protectores obligados por la desgracia. Considere el lector un par de muestras:

A María Amparo, se le nota la tristeza y el cansancio con sólo mirarla a los ojos. El recuerdo de su hija Betsabé, asesinada hace año y medio por su esposo, es lo que le da fuerza para que sus cinco nietos no queden en el desamparo. “Sí me siento muy triste. Les digo, me siento como cansada. ¡Yo le pido a Dios mucha fortaleza porque a mis niños no los voy a soltar, porque son de mi hija y ellos me reflejan a su madre y yo a ellos los quiero demasiado!”

Un feminicidio deja una estela de dolor en toda la familia. Verónica cuenta que, pese a la sentencia de 25 años de cárcel para el asesino de su hermana, el miedo a que salga y regrese a hacerles daño, es permanente. “Yo no es de que quiera que esté allá y mucho menos. Mi miedo es a que salga porque es una persona sumamente violenta. No nada más lo digo yo por lo que pasó con mi hermana. Todos los vecinos se dieron cuenta, tenía muchos problemas con todo mundo. Y más que nada porque siempre fueron amenazas para nosotros, para toda la familia.”

Otra forma de desprotección de los niños y las niñas, seres humanos, quienes sólo con resiliencia abundante, si eso se pudiera, podrán salir adelante. El Estado burlado y sin encontrar la manera de pacificar esa cultura violenta en los escenarios familiares, muchas veces y mucho tiempo dejados de lado.

Derechos de género

Desde aquella declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791 fue evidente la perspectiva sesgada hacia el ser humano masculino. Desde luego nadie se opone a decir que la mujer es un ser humano con los mismos derechos que el hombre. En la práctica no sucede así.

Paola Lazo Corvera advierte: “La violencia es un hecho social en buena parte aprendida en contextos permeados por desigualdades sociales y discriminación de clase social, género, edad, etnia, capacidades distintas, diferencias religiosas, entre otras… En todos los casos, las violencias están basadas en un desequilibrio de poder.”

Lazo afirma y evidencia en el texto que: “A pesar de las estrategias y acciones a nivel estatal y municipal, existen estudios, análisis y reportes de seguimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil que, unidos a la percepción cotidiana de inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de estas políticas y estrategias.”

No se trata pues de hacer correcciones puntuales o defender “nuevas conductas” ante las mujeres o las niñas. Lazo demuestra que “Las violencias de género están interconectadas y deben conceptualizarse de forma comprehensiva… la violencia de género podría entenderse como un rasgo de identidad cultural casi invisible, tolerado, normalizado por la sociedad y por el Estado; sin embargo, aceptar inmóvil esta visión implicaría resignarse y aceptar que nada se puede hacer para enfrentarla y erradicarla; y claudicar así, a una lucha fundamental para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de sociedades justas e igualitarias.”

Se trata pues de luchas, en plural, por una refundación cultural más allá de “compensar” a la mujer con dádivas legales o posturas “de moda”. Se trata de “desarmar” un entramado psicosocial y cultural que en los hechos sostiene y practica una mirada diferente y sesgada en perjuicio de las mujeres.

Esta nueva cultura se hace imperativa ante el texto de Tania Reneaum Panszi. Propone una lectura desde una perspectiva de género del Informe de tortura en Jalisco. A más de los testimonios y quejas de mujeres o sus familiares en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco por las torturas que diversos agentes del Estado cometieron en violación a sus derechos, Tania nos pone en contacto con “los relatos de las diez mujeres que aparecen en el Informe de Amnistía Internacional Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, los cuales “son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género, con la violencia del Estado hacia las personas privadas de libertad. Tener miedo a los agentes del Estado no debe ser nunca aceptado y siempre será un síntoma vergonzoso del fracaso del estado de derecho.”

En síntesis, la perspectiva de género no lucha sólo contra una anomalía de nuestra sociedad, sino por una nueva cultura, un nuevo estado de derecho construido sobre el supuesto de que el género no es debilidad o fortaleza sino una diferencia esencial identitaria del ser humano y, por tanto, digna de los mismos derechos, deberes, respeto, relaciones, prácticas y ámbitos de desarrollo.

Desapariciones: Nuevas víctimas, nuevos derechos

Desaparecer no es asunto de magia. Es una tragedia, una tragedia que irradia otras tragedias. Anna Karolina Chimiak informa en el texto titulado “La existencia denegada por el Estado. Una obligación impostergable de legislar la declaración de ausencia por desaparición”, de una nueva forma de ser víctima:

Cualquier persona puede convertirse en víctima en cualquier momento y ser desaparecida sin que haya alguna consecuencia… La desaparición de un ser querido ocasiona graves daños e implicaciones profundas en casi todos los aspectos en la vida de las personas cercanas a la persona desaparecida. Las afectaciones se dan en el ámbito personal, el núcleo familiar y en su entorno social, además de tener que enfrentar las diversas consecuencias económicas, jurídicas y/o laborales, generando un calvario de problemas, que no son atendidos por parte del Estado…” Las víctimas de una desaparición incluyen a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

La desaparición forzada –aquella consumada por agentes del Estado– o no, es una situación que llama, paradójicamente, a la protección del Estado. Los agentes del Estado por “poder” actúan para desaparecer a personas, y sólo el Estado puede actuar en forma de búsqueda y localización de la víctima de desaparición forzada y “neutralizar y castigar el abuso de poder de sus agentes violadores”. Autoridades internacionales dejan claro, nos recuerda Chimiak, que la “privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano”.

Una forma de evitar más víctimas es que el Estado conceda y proteja la declaración de ausencia del/de la desparecida/o. Ese derecho está pobremente legislado y más pobremente protegido. La “declaración de ausencia”, además de un derecho del ausente, protege a los familiares de la víctima ante la victimización de las instituciones quienes requieren la presencia del ausente.

Por otra parte, atormentar, desaparecer e infundir temor, son actos y consecuencias de la Operación Jalisco, acción gubernamental contra el crimen organizado. La cndh investiga nueve casos de desaparición forzada en Jalisco por soldados; mientras que la cedhj tiene abiertos 49 expedientes por desaparición forzada a cargo de policías estatales y municipales. La zona sur del estado es donde mayor cantidad de denuncias existen. María del Carmen Aggi Cabrera, autora del texto “Violaciones de derechos humanos en la costa sur de Jalisco” comparte testimonios de víctimas, los cuales el lector puede consultar en ese apartado del Informe.

Aggi cita el informe de investigación “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado en noviembre 2017, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola) que realiza investigación e incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas. Ahí se destaca:

La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.2

La violencia engendra violencia y el intento de vivir en paz entre las personas se ve impedido, cuando no retrasado y hasta descalificado, por los actos de los agentes del Estado. Es posible que sólo el enfrentamiento punitivo de la Fuerza del Estado sea necesario. Las evidencias recogidas por Aggi Cabrera lo ponen en duda. Entretanto, los derechos humanos son desconocidos en los hechos.

Derecho al agua y similares

Los servicios públicos han sido por décadas el tema más apremiante para los gobiernos, en especial para los gobiernos subnacionales y locales. Carlos Peralta aporta al Informe datos y reflexiones sobre el servicio y el derecho a tomar, usar y disfrutar del agua, en espacial el agua de calidad óptima para el disfrute y alimentación del ser humano. En Jalisco hace diez años se libra una lucha especial por el agua. Es una lucha técnica, política y ética. El agua para las personas se opone al agua para las empresas. Las decisiones políticas se contraponen a las consideraciones éticas. Y las decisiones técnicas no satisfacen a todos y ponen en riesgo derechos de pueblos enteros. Peralta acota: Por un lado, “políticas públicas explícitas para atender necesidades en relación con el agua y, en contrapartida, capacidad de los pueblos o comunidades para cuidar y exigir sus derechos, entre otros varios aspectos. El agua es vital para… el ser humano y desde la perspectiva de los derechos humanos es esencial para la realización de otros derechos humanos y por eso lograr calidad de vida.”

En Jalisco, y quizá en el país, “estamos muy lejos de que el sistema público pueda llevar agua [a los hogares e industrias] verdaderamente potable. […] La falta de calidad en el agua nos ha convertido en el país del mundo que más agua embotellada consume. Pero, además, también padecemos la falta de agua.” Una vez más, los derechos humanos son el territorio ético de una lucha para forjar rasgos inéditos a “favor de tener una cultura hídrica que implique el pleno respeto a los derechos humanos.”

Derechos cuestionados por los hechos

Elegir al ombudsman de una sociedad es un acto ético, no un acto de poder. Quien vigila a las autoridades en relación con el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales procede desde la ética contenida en esos derechos. Recordemos a la Asamblea Nacional francesa: “…la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos…” Esta y otras claves éticas acumuladas en dos siglos de basar la paz y las relaciones sociales en los derechos humanos es la norma superior de un ombudsman.

César Pérez Verónica escribe sobre la renovación del Ombudsman en Jalisco. Ante la posibilidad de la llegada de una persona decidida por acuerdo político (y no ético) de las fuerzas partidarias presentes en el legislativo, describe detalles de cómo se organizó la Sociedad Civil para promover un proceso transparente. En especial para urgir el cumplimiento de una disposición del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el cual se establece que la elección de este cargo deberá realizarse mediante una consulta pública. Aciertos y errores derivaron, según evalúa Pérez Verónica, en un proceso opaco para la población y las organizaciones ciudadanas interlocutoras de la Comisión responsable en el Congreso del Estado. Así, no se respetó el derecho a elegir un ombudsman de acuerdo con la ética de los mismos derechos humanos.

En otro aspecto, también ético, los procesos prácticos para aplicar la normativa que manda erigir un Sistema Estatal Anticorrupción, en “espejo” casi perfecto de la norma nacional sobre el mismo tema, Augusto Chacón escribe: “Sistemas Anticorrupción ¿Último tren para el estado de derecho?” Ahí destaca lo esencial de la integralidad del combate a la corrupción. De otro modo, alguien hará fallar el sistema. Reflexiona: “Lo que el Sistema pretende es que los cuatro elementos del proceso de gestionar lo público: control, fiscalización, investigación y sanción,3 en los que tienen injerencia diferentes autoridades, en lo nacional y en los estados, se atiendan concertadamente por un Comité Coordinador del que forman parte todas las autoridades involucradas en la persecución y sanción de la corrupción; de manera que los responsables no evadan el fenómeno con el expediente de limitarse a lo que jurídicamente les compete. En tanto la fiscalización, la investigación y la sanción no lleguen a tal amplitud, no estaremos en presencia sino de botones de muestra, no de la prenda completa, y el daño seguirá siendo grande.”

Los hechos, esa realidad ineludible, son los últimos jueces de los intentos pacificadores de las relaciones sociales entre los seres humanos. La lectura y reflexión del Informe ofrece a los lectores trozos de realidades, algunas contundentes, con los cuales valorar el éxito del intento y reconocer las luchas a mantener e insistir. El Informe también ayuda a identificar nuevas oportunidades para iniciar modificaciones a la realidad con otros actos o impulsos favorables a la búsqueda de la paz y de la vida con otros iguales, seres humanos al fin, “según su especie”, tal como reza el texto bíblico: hombres, mujeres, niños, niñas, soldados, marinos, víctimas, victimarios, funcionarios/as, gobernantes, empresarios/as y todos/as los/as demás. Buena lectura y reflexión duradera para todos.

Notas:

1 Ver. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf

2 Informe de wola: Justicia olvidada – La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México por Ximena Suárez-Enríquez y Maureen Meyer Ver: https://www.wola.org/es/analisis/informe-de-wola-justicia-olvidada-la-impunidad-de-las-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-en-mexico/

3 La lista de leyes y la esquematización del Sistema es aportación del Dr. Jesús Ibarra

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe 2017 dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. (…) al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz.

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Boletín de prensa Derechos de los Niños y las Niñas Personas Desaparecidas

Organizaciones presentan denuncia general al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias relativas a la condición de los niñas, niños y adolescentes víctimas de las desapariciones en México

04 de septiembre de 2017

El pasado 30 de agosto, las organizaciones abajo firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), relativa a los obstáculos que enfrentan niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.

Las organizaciones presentamos esta denuncia general al GTDFI ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecidas en México: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados.

El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30,991), 64 pertenecen a una etnia, 301 son extranjeras de las cuales se desconoce la edad de 35 y, 41 son niñas, niños o adolescentes.

A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia. La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.

Por tales razones, elegimos esta problemática debido a la obligación reforzada que tiene el Estado mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país, y con un énfasis particular en la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración.

El objetivo de la denuncia general es describir los obstáculos que enfrentan a diario por miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente las niñas, y sus familias y la respuesta errónea proporcionada por el Estado, además de analizar las medidas adoptadas por el Estado en cuanto a la prevención, búsqueda, investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación y asistencia, para evaluar si pueden considerarse compatibles con las normas internacionales aplicables.

Actualmente México carece de cualquier política pública diseñada para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición que se pueden considerar como eficaz. En particular, los dos programas existentes de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (es decir, la Alerta Amber y el Protocolo Alba) rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.

Por último, la versión integral de la denuncia general proporciona una lista completa de las conclusiones y recomendaciones concretas, relativas a brindar atención adecuada a las víctimas; garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho; y adoptar medidas especiales que por su calidad de migrantes, niñas, niños y adolescentes o cualquier otra. Adicionalmente, se ha solicitado al GTDFP que inicie un diálogo constructivo con el Estado mexicano, ponga en conocimiento esta denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y recomiende el establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia que las víctimas necesitan.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México.
Trial International

 

Consulta la versión integral de la denuncia general AQUÍ