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Informes de Derechos Humanos

La AVG en Jalisco. Vitrina que Exhibió otras Violencias contra las Mujeres

Paola Lazo Corvera

La Alerta de Violencia y los derechos sexuales y reproductivos

En México aún no existen las condiciones para erradicar la violencia hacia las mujeres o de género. Reconocer que ésta atenta contra los derechos humanos, es fundamental para que la exigencia de que todas las mujeres puedan vivir una vida libre de agresiones comience a ser atendida eficazmente. La gran cantidad de casos de niñas, jóvenes y mujeres que resultan embarazadas a partir de un ataque sexual es un indicador de que el Estado falla, primero, en resguardar su integridad y su seguridad, y después, al no garantizar el acceso adecuado a servicios de anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo en casos de violación.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017), cada día 99 mujeres son víctimas de delitos sexuales y cada 40 minutos ocurre una violación dentro del territorio nacional; 41% de las mujeres mexicanas ha sido víctima de asalto sexual en alguna etapa de su vida, y 15 de cada 100 mujeres que actualmente tienen entre 20 y 24 años, fueron madres antes de ser mayores de edad (Endireh, 2016). El Estado de México ocupa el primer lugar en violencia sexual hacia las mujeres y Jalisco se encuentra entre las cinco entidades con más delitos sexuales registrados. “La violencia contra las mujeres ha tenido un largo camino para ser reconocida como una problemática social. Transitó de ser violencia doméstica o intrafamiliar para reconocerse como violencia de género, es decir, la violencia que viven las mujeres por su propia condición de ser mujeres” (Ramos Ponce y Núñez, 2016:127).

Desde el año 2008 México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, única en su tipo en América Latina y el Caribe. Esta ley es una herramienta de defensa, protección y prevención; asimismo, es un instrumento para propiciar los cambios estructurales que como país necesitamos si es que el fin es eliminar la violencia de género, ya que armoniza instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belem do Pará), entre otros estándares internacionales de derechos de las mujeres.

Uno de los grandes aportes de la mencionada ley es la inclusión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género (avg) en su artículo 22, el cual introduce una serie de acciones emergentes que el gobierno debe realizar para atender y erradicar la situación de vesania feminicida en regiones específicas del país.

En abril de 2009 se publicó la nom-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, que establece los servicios de salud a los que tienen derecho las mujeres víctimas de una violación sexual, entre ellos, la interrupción legal del embarazo (ile). Esta norma obliga a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a prestar el servicio. Desde su publicación ha tenido un fuerte rechazo y cientos de médicos se rehúsan a cumplirla arguyendo su derecho de objeción de conciencia.

Por su parte, la Ley General de Víctimas (2013) define las obligaciones y compromisos en materia de atención y protección a víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. A partir de ésta, en el año 2016 se modifica la nom-046-SSA2-2005 para homologar su contenido, estableciendo que las autoridades de salud debían proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo de manera expedita para cualquier mujer víctima de ataque sexual, sin poner de por medio ningún requisito o restricción y sin necesidad de que la víctima demuestre haber sido agredida sexualmente o que esto deba ser verificado por las autoridades.

En Jalisco, el 8 de febrero de 2016, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, emitió la declaratoria de Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm) en ocho municipios del estado: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. Esta declaratoria surgió a partir de una ley local (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, 2008a) y de su reglamento.1 Sustentado en dichos documentos jurídicos, el gobernador puede declarar la Alerta de Violencia con la intención de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos (Ramos Ponce y Núñez, 2016).

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008) señala que se deberá emitir una declaración de alerta de violencia cuando “los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado” (Art. 24, Frac. ii). Sin embargo, la ley no define qué debe entenderse por “paz social”, aunque pareciera estar relacionada con el hecho de garantizar el bienestar de las personas, el respeto a su dignidad, la posibilidad de ejercer sus derechos humanos y la existencia de un Estado de derecho (Navarrete, 2018). Una declaratoria de avg, es un recordatorio al Estado de un deber incumplido a favor de las mujeres: asegurar su derecho a vivir sin violencia (ídem.).

Fue así que en el estado de Jalisco se instauró el mecanismo de la avcm, y el 19 de agosto de 2015 el gobernador impulsó la conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (gim) integrado por cinco representantes de la academia2 y con la participación de personal de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Jalisciense de las Mujeres y las secretarías de Educación y de Salud de Jalisco; además, participan como observadores del proceso: el Instituto de Transparencia e Información Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Navarrete, 2018).

El grupo trabajó durante más de tres meses para elaborar un informe sobre la situación de la violencia de género y feminicida en el estado, a partir de un análisis del programa y las acciones emergentes implementadas por el gobierno, en el que señaló la falta de incidencia efectiva de las mismas.

Un asunto que visibiliza la poca importancia que la alerta tuvo para el gobierno estatal, fue el hecho de que la avcm no se publicó en su momento en el periódico oficial, sino que quedó en un mero aviso mediático: “los anuncios oficiales giraban en torno a cuentas alegres y avances sustanciales, de tal manera que se presentaba el semáforo con avances de 57% en el cumplimiento de la alerta” (Ramos Ponce y Núñez, 2016:136). Al respecto, Patricia Ortega, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), refiere que “quien sabe de esto dice que, sin decreto, no hay forma de concretar las medidas, pues no se asigna presupuesto, ni hay forma de que todas las instancias de gobierno se sientan obligadas a cumplirlas. Es decir, no se cuenta con la base para lograr que sea una directriz de la política pública estatal, sino que se deja su cumplimiento a la buena voluntad de las y los funcionarios/as en turno” (2018:186). El mecanismo se publicó en el Periódico Oficial del Estado casi 300 días después de haberse instaurado el mecanismo la avcm.

Actualmente Jalisco cuenta con dos mecanismos de alerta: la Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm), de nivel estatal (febrero, 2016), y uno del ámbito federal, la Alerta de Violencia de Género (avg) (noviembre, 2018). No obstante, resulta necesario que estas alertas no sean reducidas a un tema de seguridad, sino que se requiere ampliar la mirada e integrar la perspectiva de derechos y de género en su diseño, implementación, seguimiento y evaluación.

Un logro local que es preciso resaltar, es que Jalisco hizo un aporte sustancial al proceso de la alerta cuando incluyó los Derechos Sexuales y Reproductivos, enfatizando que el incumplimiento de la nom-046 es una de las más graves violencias que viven niñas, jóvenes y mujeres, quienes después de sufrir violencia sexual experimentan violencia institucional y de Estado al no poder acceder a la interrupción legal de un embarazo consecuencia de una violación. Desde una perspectiva de derechos humanos y desde cualquier visión, es de celebrar que Jalisco decretara el Programa para la Interrupción Legal del Embarazo en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco, en octubre de 2017, y que se empezara a construir el camino para el cumplimiento efectivo de la nom-046.

El Programa de ile en Jalisco. Logro en papel, frustrado en su aplicación

Patricia Ortega (2018) sostiene que la posibilidad de implementar los servicios de interrupción legal del embarazo conforme a la nom-046 y su respectivo programa de ile, tiene que ver con una primera conquista: que el gobierno estatal declarara el mecanismo de Alerta de Violencia Contra las Mujeres (avcm). Ésta significó el reconocimiento de que vivimos en una cultura machista y así dejó de considerarse una demanda exclusiva de las feministas, para pasar a ser un elemento con el cual definir la política pública. Esta situación generó a su vez un movimiento solidario entre mujeres en los diferentes municipios, en instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, población en general y en organismos nacionales e internacionales (Ortega, 2018).

Sin embargo, este camino no estuvo exento de retos y escollos. Uno fue la coordinación entre las instancias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de violencia contra las mujeres; éstas, después de un largo trance –aderezado también por la inoperancia de los gobiernos, y ante lo urgente de la situación–, mantuvieron la disposición para involucrarse interinstitucionalmente y atender una problemática, que si bien ha sido generada por una violencia estructural como parte de la cultura machista, corresponde primordialmente al gobierno contenerla y resolverla (ídem.).

La entonces presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (ijm), Erika Loyo, señala que en un principio hubo enormes resistencias, internas e institucionales, para la aplicación de la nom-046. Había falta de información y comprensión de la Norma, y pensaron que la manera de contrarrestar esta resistencia era la capacitación; empero, se enfrentaron con el hecho de que este proceso de capacitación no significaba necesariamente mayor conocimiento, interiorización o disposición para la aplicación de la Norma. El personal de salud no cambiaba de percepción, tampoco entendía de fondo cómo tenía que llevarse a cabo el procedimiento, y en cuáles condiciones técnicas y de respeto habría de hacerse. No existía un cuadro técnico de mando y operación que permitiera al personal entender qué iba primero y qué después, para atender con calidad y sensibilidad a las usuarias (Erika Loyo, entrevista, 27 de enero 2019).

Dentro de las recomendaciones específicas del gim y el compromiso asumido por el gobierno del estado, se estableció la creación del Programa de Interrupción Legal del Embarazo para las causales contenidas en el Art. 229 del Código Penal del estado de Jalisco, a saber: “Es lícito interrumpir un embarazo si es producto de una violación, si pone en riesgo la salud o la vida de la mujer”. Los datos obtenidos de la investigación del gim evidenciaron que, en el estado, las niñas y mujeres víctimas de violación sexual terminan por parir a los hijos/as de los violadores (ídem). La medida contó con la apertura del ijm y del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; así inició el proceso para la elaboración de la Guía de Interrupción Legal del Embarazo para la causal de violación.

Sin embargo, el proceso estuvo empantanado por la oposición hacia el tema que mostraron varias organizaciones del Consejo Social del ijm, así como de una parte importante de la delegación de la Secretaría de Salud Jalisco (ssj), quienes también se resistieron al cumplimiento de la ley y, en especial, a ceñirse a la nom-046. En este sentido, fue esencial la intervención y gestión de Erika Loyo, presidenta del ijm, quien logró convencer a su Consejo y a los representantes de la ssj de la importancia de garantizar la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, y finalmente se configuró una propuesta consensuada con las y los integrantes de la mesa y el “compromiso” de la ssj de cumplirla (Ortega, 2018).

En opinión de Erika Loyo el avance fue lento, con muchas presiones y dificultades; reconoce que un factor crucial para la aplicación Norma fue la publicación de una circular oficial –por insistencia de las organizaciones de la sociedad civil– en la que el propio secretario de salud, Dr. Antonio Cruces Mada, indicó que la nom-046 era una regulación que debía aplicarse “sí o sí”. El 28 de septiembre de 2017 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la “Circular para la operación de los servicios de salud relacionados con la Interrupción Voluntaria e Interrupción Legal del Embarazo” (dirigida a todas las regiones sanitarias y hospitalarias del estado); un mes después, en el mismo Periódico Oficial apareció la publicación del Programa Estatal del ile (Erika Loyo, entrevista citada).

Sombras y penumbras. Implementación de la nom-046 y el Programa ile

Uno de los contextos en los que se materializa la violencia hacia las mujeres en la entidad ha sido el campo médico y de atención a la salud. La incapacidad en la aplicación del Art. 229 del Código Penal del estado de Jalisco es una muestra de ello: “Es lícito interrumpir un embarazo si es producto de una violación, si pone en riesgo la salud o la vida de la mujer”. Entre las deficiencias en la implementación de la nom-046 y del Programa ile en Jalisco, el trabajo de Patricia Ortega (2018) recupera múltiples violaciones a los derechos humanos de niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violación que han solicitado la atención médica, psicológica y legal posterior a la agresión vivida; entre ellas, el hecho de que se les requiera interponer una denuncia, contrario a lo establecido en la nom-046; además, que reciban atención basada en prejuicios, información no científica ni laica, carente de perspectiva de género, así como la exigencia de que las víctimas declaren ante Ministerio Público como un requisito para autorizar el procedimiento de ile.

La experiencia de varias de las chicas y mujeres que han solicitado atención y apoyo pone en evidencia que la ssj no cuenta aún con suficiente personal capacitado, sensibilizado y no objetor de conciencia, que pueda atender adecuadamente estos casos. En ocasiones, el proceso químico se desecha para seguir el instrumentado, por tratarse del que las y los médicos conocen y dominan, y no porque sea el más conveniente para la víctima; esta situación hace que el procedimiento sea tortuoso, doloroso, invasivo y agresivo, especialmente cuando se trata de niñas o jovencitas víctimas de violencia sexual (Ortega, 2018).

En palabras de Erika Loyo, el logro del Programa ile en Jalisco no exime a las instituciones de reconocer los grandes problemas operativos que enfrentaron, que fueron parte de las causas por las cuales el gobierno federal decretó la Alerta. La negación de la atención era común y hubo muchos casos de mujeres que tuvieron que trasladarse a Guadalajara en lugar de recibir la atención médica en sus regiones. Esta situación se debió en gran medida a la resistencia médica en los programas regionales. Hubo múltiples acciones que buscaron derogar la Circular y el Programa del ile, entre ellas, la fuerte presión ejercida por organizaciones de corte conservador como Pro Vida, que intentaron desacreditar el programa y su aplicación. Otro problema está relacionado con las raíces de la resistencia entre los médicos, quienes desde su formación profesional desconocen la Norma y no han recibido sensibilización en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Este tipo de intransigencias también se encontraron en instancias fuera del sector salud, como la Fiscalía, el Sistema dif y Ciudad Niñez, en donde existen vacíos para la operacionalización de la Norma y del Programa (Erika Loyo, entrevista citada).

Entre las acciones violatorias a los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres, Ortega (2018:190-191) observa las siguientes:

• Solicitud de recolección de “los restos” del aborto para análisis de adn con el fin de corroborar quién es el padre.

• Personal hospitalario poniendo en duda la palabra de la víctima.

• Atención psicológica ofreciendo información tendenciosa: “ahorita no se siente nada, pero en dos semanas se van a sentir los movimientos del bebé y se verá la imagen en el ecosonograma”.

• Intimidación a la madre de la víctima por parte del personal de salud al señalar como diferente la versión de la niña a la suya, y referirlo como una posible complicación para la autorización del procedimiento.

• Exigencia por parte del personal médico de que la víctima relate detalladamente “todo” lo sucedido (doble victimización).

• Explicaciones médicas del procedimiento con elementos descriptivos innecesarios al tratarse de una menor de edad, utilizando información no científica, ni laica.

• Negación del personal médico a asentar en el expediente la realización de una interrupción legal por causal violación.

• Negar medicamento para el dolor durante el procedimiento (los manuales de ile señalan que el ibuprofeno no se contraindica con ningún otro).

Estas situaciones ponen en evidencia lo urgente de la sensibilización, la formación y la capacitación técnica y humana, así como el imperativo de supervisar al personal de salud para que su atención se ciña a los estándares médicos de calidad y, sobre todo, de trato digno, respetuoso y garante de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres víctimas de agresión sexual. Es ineludible que exista colaboración y exigencia por parte de las autoridades para el adecuado cumplimiento de la Norma, unida a una firme labor para derribar –con información científica sostenida en una perspectiva de derechos humanos y de género– las resistencias y evasivas para atender la ley, así como las barreras para el acceso a la justicia, y erradicar la violencia institucional, los tratos crueles e inhumanos hacia las víctimas de violencia sexual.

Otra de las limitantes de la implementación del Programa de ile con base en la nom-046, ha sido la objeción de conciencia (Art. 18) del personal médico;3 en este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cedaw) ha mostrado preocupación con respecto a la manera en que ésta se utiliza como justificación para no atender a mujeres que por distintas razones requieren interrumpir su embarazo conforme a las causales de ley.

La objeción de conciencia implica el reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia, y significa que el personal médico y de enfermería puede abstenerse de realizar actividades que consideran contrarias a sus creencias personales, incluidas las religiosas. La objeción de conciencia es de índole individual, razón por la cual sólo el personal que participe de manera directa en el procedimiento de aborto puede ser objetor de conciencia, no así el personal administrativo. Las instituciones de salud no pueden declararse objetoras, por el contrario, están obligadas a contar en todo momento con personal no objetor para garantizar el servicio de interrupción del embarazo bajo las causales establecidas por la ley. Si por algún motivo justificado no se puede proporcionar este servicio a la usuaria, la institución tiene la obligación de referirla de inmediato a otra unidad de salud en la que sí reciba la atención que necesita (gire, 2018c).

En abril de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) otorgó dos amparos a mujeres víctimas de violación sexual a quienes se les negó el acceso a la interrupción legal del embarazo en los servicios públicos de salud, aun cuando dicha posibilidad es un derecho de las víctimas en todo el país, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y a la nom-046 (gire, 2018a). La scjn afirmó que dicha negación constituye una violación de derechos humanos y que las autoridades de salud están obligadas a lo siguiente:

• Las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, producto de dicho acto, deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales, derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo, lo que conlleva no solo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo si ésta es solicitada por la víctima.

A través de estas resoluciones, el máximo tribunal de este país confirma la obligación legal de los prestadores de servicios de salud de garantizar el acceso al aborto en caso de violación sexual y, por extensión, en los demás casos que estén dentro de las causales establecidas en los códigos penales. De esta manera, la objeción de conciencia no debe –ni puede– ser empleada si vulnera los derechos reproductivos de las mujeres (gire, 2018a).

Conclusiones

Parece que el camino continuará tortuoso ¿hacia dónde transitar?

Desde noviembre de 2016, ante la lentitud e incumplimiento de varias de las recomendaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (gim), las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), iniciar el proceso de implementación de la Alerta federal por violencia de Género en Jalisco. La exigencia de esta Alerta significa una firme señal de que el gobierno estatal y los municipales involucrados han sido incapaces de resolver o disminuir la violencia contra las mujeres en Jalisco (Ortega, 2018). Dos años después, en noviembre de 2018, casi al cierre de gestión del gobierno de Aristóteles Sandoval, el gobierno federal emitió la Alerta de Violencia de Género para el estado de Jalisco, misma que a la fecha en que se escribe este artículo (febrero, 2019), aún no ha sido puesta en marcha por el nuevo gobierno estatal.

El fortalecimiento de la operación del Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo para atender las causales legales en Jalisco de acuerdo al Código Penal vigente, ha estado entre las recomendaciones del gim, que señala el necesario desarrollo de estrategias que hagan posible la verdadera aplicación del Programa de ile, con su correspondiente campaña de difusión, capacitación y sensibilización de todo el personal que tiene contacto con las usuarias, la adquisición de medicamentos para la realización de procedimientos químicos de ile –menos invasivos para el cuerpo de la mujer–, así como la urgencia de contar siempre con personal No Objetor en las clínicas y centros hospitalarios que brinden el servicio de manera inmediata, y sin poner en riesgo la salud de las mujeres (Ortega, 2018).

El panorama para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desde el marco de la Ley General de Víctimas y la nom-046, sigue siendo oscuro a pesar de que institucionalmente se han generado los recursos y las estrategias a través de las cuales debiera ser posible arrojar luz en el camino. Es indudable que hoy en día existen muchas más personas informadas y sensibles al tema de aborto legal y seguro en las propias instituciones nacionales y estatales; sin embargo, la resistencia política, social y cultural continúa presente, sostenida en una estructura patriarcal y machista que se expresa concretamente en la posibilidad o no de atender a las mujeres, adolescentes y niñas embarazadas víctimas de violación.

Algunas de las acciones y determinaciones del nuevo gobierno estatal, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, son poco alentadoras. Preocupa la decisión arbitraria de extinguir el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ya que pone en riesgo la continuidad de los avances y logros conquistados en materia de derechos humanos de las mujeres; es una pérdida significativa la autonomía institucional con que contaba el ijm en su calidad de Organismo Público Descentralizado (opd), que incidirá negativamente en el compromiso por cumplir con las exigencias de la Alerta de Violencia de Género federal que debieran atenderse en un lapso de cinco meses, y que su implementación efectiva se ha postergado debido al cambio de gobierno. A casi tres meses de que la Secretaría de Gobernación emitió la alerta (noviembre, 2018), las autoridades estatales que en diciembre del mismo año asumieron el gobierno de Jalisco, apenas delinean las acciones que llevarán a cabo para atenderla. Alarma, también, la disminución en la asignación del presupuesto para atención a la situación en materia de derechos de las mujeres, señalada en un estudio realizado por Sonia Serrano y colaboradores (El Diario ntr, 30 de enero de 2019): “Los recursos para el área que se encargará de la agenda de género se redujeron y la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se irá a programas de apoyo para otros sectores como jóvenes, indígenas y migrantes”; el documento también apunta una reducción en el dinero etiquetado para el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género, que pasó de 15 millones de pesos en 2018, a un monto de 14 millones para el desarrollo de las estrategias específicas que permitan cumplir con lo que exige la avg en 2019.

La impunidad, que es norma en Jalisco, por supuesto agrava la violencia feminicida, porque enfrentarla requiere de protocolos particulares de actuación, no únicamente para sancionarla sino para prevenirla y erradicarla, además de aplicar adecuada y oportunamente la herramienta de búsqueda de mujeres desaparecidas (Protocolo Alba). El gobierno de Enrique Alfaro deberá informar, a los seis meses de iniciada su gestión, cuáles han sido los avances alcanzados en materia de violencia de género y violencia feminicida al Sistema Nacional de Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. No obstante, si evaluamos los signos que su naciente gestión ha emitido, hasta hoy es difícil imaginar un reporte que apunte con certeza hacia la senda que lleve a la conquista de una vida libre de violencia para las mujeres jaliscienses.

El cumplimiento de la avg en forma integral, atendiendo los aspectos estructurales desde los que emergen y se sostienen las violencias de género, requiere mirar más allá del ámbito de seguridad y supone tejer, con perspectiva de género y derechos humanos, los nodos que, en conjunto, resarzan las múltiples violencias que padecen las mujeres, la desigualdad social y la discriminación. La avg no es sólo reactiva, implica entender que el problema de agresión y violencia que viven las mujeres en México y en Jalisco tiene un costo altísimo para la sociedad y asimismo para cada mujer, joven y niña que es víctima. Ambas, la sociedad y cada mujer, pierden integridad; de ahí que las organizaciones de la sociedad civil resistan y mantengan con firmeza su lucha, animadas por la convicción insondable de que todas y cada una de las mujeres que viven y transitan en nuestro estado merecen ser libres, sentirse seguras, confiadas y experimentar paz en sus relaciones, en su cotidianidad.

Es menester abrir nuevas rutas para la comprensión del fenómeno y para ampliar el análisis y la discusión en torno al acceso diferenciado de las mujeres a una vida libre de violencia y, en los casos de agresión sexual, a la interrupción legal y segura del embarazo, situación que afecta de manera desigual y discriminatoria a las mujeres que residen fuera de las grandes ciudades y, especialmente, a aquellas que provienen de sectores más desfavorecidos. Los datos e información actualizada, fruto de estudios e investigaciones especializadas, permiten valorar con mayor objetividad el grado de cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) en el estado de Jalisco, así como de la implementación de la nom-046; también aportan elementos para que las y los tomadores de decisión en el ámbito de políticas públicas, impulsen acciones emergentes para la eliminación de la violencia de género y feminicida en la entidad, así como para que impulsen la armonización de las legislaciones relativas a la interrupción legal del embarazo, de acuerdo a las causales vigentes en el estado, reconociéndola como un derecho sexual de las mujeres en condiciones de justicia e igualdad.

La justicia y la solidaridad son compromisos; más aún, son condiciones sine qua non para llamarnos sociedad que hemos marginado y, hoy, por muchas circunstancias, especialmente por la violencia contra las mujeres, nos interpelan, de uno en una y como colectividad: las instituciones con mayor énfasis, y las y los ciudadanos somos corresponsables del nivel de indefensión en el que las mujeres deben hacer su vida y aportar significativamente a la de los demás; hoy toca mirarlas y reconocerlas desde el principio ético del respeto absoluto a la vida de las mujeres.

Referencias

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Notas:

1 Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Jalisco, Arts. 7 y 8, 2008b.

2 Guadalupe Ramos, Pablo Moloeznik, Raquel Padilla, Patricia Ortega y Ana Gilda Lozano.

3 En el nivel nacional, en marzo 2018, se reformó la Ley General de Salud para incluir la Objeción de Conciencia como un derecho de las y los médicos del Sistema Nacional de Salud. El partido que impulsó dicha reforma, Partido Encuentro Social (pes), es considerado “el primer partido confesional de la democracia mexicana, brazo político de las iglesias evangélicas del país” (Aguilar Camín, 2018).

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Informes DDHH Jalisco

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2018

Desde el año 2006 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) se ha dado a la tarea de publicar un informe anual sobre la situación que guarda el estado de los derechos humanos en Jalisco. Los informes tienen el ánimo de documentar la realidad desde una perspectiva de derechos y bajo el emplazamiento que supone el trabajo de una organización de la sociedad civil. Los informes no son, de ninguna manera, la palabra final sobre lo que ocurre en el estado en materia de derechos humanos, tampoco son ejercicios que agoten el tema. Sin embargo, luego de más de tres lustros de trabajo, estos informes constituyen una evaluación profesional y coherente sobre el estado de cosas en la entidad.

CONTENIDO

  1. El informe del Cepad y la lectura de la realidad a través de una perspectiva de derechos humanos
  2. Los Rostros Invisibles de la Tortura
  3. Libertad de Expresión: Obstáculos y Contexto en 2018
  4. La Defensa de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán de su Territorio e Identidad
  5. La Lucha Incansable por la Justicia Continúa. Criminalización en Contra de Miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción
  6. La Protesta Social en Jalisco: Salir a la Calle Para Exigir Justicia
  7. La Desaparición Forzada de Miguel Ángel: “Fue la Marina”
  8. El Derecho Humano al Agua en Jalisco Durante 2018
  9. En Estado De Alerta. El Complejo Camino de la Solicitud para la Activación de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Jalisco
  10. La Alerta De Violencia De Género En Jalisco, Vitrina que Exhibió otras Violencias Contra las Mujeres
  11. Éxodo Migrante en su Paso por Guadalajara
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Comunicado

Pronunciamiento del CEPAD del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Pronunciamiento del CEPAD del
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Como cada año, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo fija una postura respecto a la situación que guardan los derechos humanos en Jalisco, sin apartarse de los temas pilares de su actividad como son la desaparición de personas, la tortura, la discriminación, situación de las personas defensoras y periodistas, la libertad de expresión y protesta social, pero sin dejar de solidarizarse y visibilizar las causas de las personas, las organizaciones, los colectivos y los movimientos sociales que luchan frente a la adversidad que representa la corrupción y la impunidad en un ambiente de violencia e inseguridad generalizada.

Lejos parece el día en que la presentación del Informe se hable de buenas noticias, año con año, esto que llamamos crisis en materia de derechos humanos en el país, se ha convertido en los últimos 12 años en la peor tragedia de la que se tenga memoria desde la segunda mitad del siglo XX. Durante el 2017, según los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue el más violento del que se tenga registros y Jalisco no fue la excepción. En dicho año, se registraron 1,369 homicidios dolosos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General, se reportaron 3762 personas desaparecidas, de las cuales se iniciaron 3120 carpetas de investigación por ese delito y 0 por desaparición forzada. Respecto a la situación de los feminicidios, en el mismo periodo se registraron 107 casos de acuerdo con cifra dadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), lo que nos demuestra el fracaso de la Alerta de Violencia contra las Mujeres supuestamente implementado por las autoridades estatales, pero persiste la fuerte sospecha que otros casos no fueron clasificados correctamente, por lo que la cifra puede ser mayor.

Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pone a Jalisco como la tercera entidad del país en el número de quejas en los últimos cinco años. Un caso emblemático para el Cepad, fue la defensa legal emprendida por una pareja que les fue rechazado el derecho a decidir el orden de los apellidos de su menor hija por parte del registro Civil número 1 de Guadalajara, municipio que presume haber suscrito un sinfín de convenios, memorándums y demás compromisos dirigidos contra la discriminación hacia las mujeres. Tuvo que ser un Juez Federal quien le ordenara a la Oficina de Registro de nacimientos que respetara los derechos del padre y de la madre a determinar el orden de los apellidos que llevará su bebé. Tanto la familia como el Cepad, ilusamente pensaron que dicha resolución sentaría un precedente para erradicar la discriminación respecto a la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, pues meses después, otra pareja se presentó ante la misma autoridad registral, y les fue negado el registro, pero ahora no por motivos jurídicos, sino bajo el argumento de que “deben conservar el orden armónico de la comunidad”. Tampoco podemos omitir el desdén y la indiferencia de las autoridades municipales y estatales hacia las situación que enfrentan las personas con discapacidad, a quienes, hasta la fecha, no se les garantiza sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales, pues el diseño de las políticas públicas no generan condiciones de respeto a una vida digna, alejadas de la discriminación y de igualdad.

Por otro lado, los temas que también preocupan y ocupan al Cepad, son aquellos donde se ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad. Con preocupación vemos aquellas declaraciones del entonces presidente municipal de Guadalajara, y actual candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, donde señaló que “no olvida a quienes lo critican”.

Asimismo, vemos como ,quienes ejercen el periodismo crítico, sufren el despido de sus fuentes de empleo o, en su caso, son demandados por quienes detentan algún tipo de poder político. Tal es el caso del periodista Pedro Mellado, quien fue demandado por el entonces diputado Enrique Audry, de quien documentó algunas irregularidades de quien se dice ser un representante popular; además, se encuentra el caso de la periodista Martha Hernández Fuentes, quien fue retenida de manera arbitraria por policías de Guadalajara cuando registraba el deterioro estructural del mercado Corona. Ambos casos fueron puntualmente registrados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Quienes integramos el Cepad, nos solidarizamos con quienes de manera profesional y ética ejercen el periodismo y rechazamos cualquier intento por acallar las voces comprometidas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el caso de la personas defensoras, lamentamos profundamente el asesinato de los defensores Miguel Vázquez Torres y de su hermano Agustín, fundadores del Consejo Regional Wixárrika por la Defensa de Wirikuta, crimen ocurrido en el municipio de Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. Las autoridades estatales atribuyen su muerte al crimen organizado, lo que de ser así, evidencia el grado de vulnerabilidad que sufren nuestros hermanos y hermanas por defender sus tierras y territorios, ya sea por omisión o complicidad de las mismas autoridades municipales, estatales y federales.

Tampoco podemos omitir mencionar la promesa del entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval a los y las habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de no inundar sus pueblos, sin embargo, en junio pasado en un acto público y en presencia de personajes de la vida pública de la entidad, se desdijo amenazando que la presa va a 105 metros, contraviniendo la determinación de la SCJN que la cortina de la presa el Zapotillo no debe rebasar los 80 metros.

En el 2017 vivimos el añorado cambio en la CEDHJ, cuyo titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrian ejerció por 10 años un cargo que jamás debió ser, pero las complicidades llevaron a que la defensa de los derechos humanos fueran una simulación, su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos deberán ser investigadas. El proceso de sucesión fue, al final de cuentas y para no perder la costumbre, un acuerdo entre las cúpulas políticas representadas en el Congreso local. Es importante mencionar que la DPLF, Idheas Litigio Estratégico, IMDHD y el Cepad, hicimos llegar a cada representante del Legislativo local, un documento titulado El Perfil Ideal para el cargo del /la presidente/a de la CEDHJ 2017-2022, donde se alertó la ausencia de mecanismos para llevar a cabo la Consulta Pública. Ese documento fue también un llamado a las organizaciones y sectores sociales que decidieron participar en el proceso, pues de llevarse a cabo sin definirse cómo se garantizaría ese derecho, se estaría perdiendo la oportunidad de generar condiciones para elegir al mejor perfil para tan importante cargo. Sin demeritar las cualidades del actual presidente de la CEDHJ, las componendas políticas hicieron que llegara al cargo, pero la legitimidad se gana con respuestas, y una de ellas es auditar a la administración anterior, no solo en la cuestión financiera, sino la actuación de ese organismo frente a hechos ocurridos en esos 10 años, así como revisar las quejas y recomendaciones clasificadas por lesiones y abusos de autoridad, y no por tortura.

Es importante recordar que el 31 de agosto pasado, inició los trabajos la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, la cual fue producto de la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos y, que sin el fuerte impulso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, no hubiera sido posible darse. Seguimos sin respuesta ante la desaparición de personas en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta y otros más por parte de elementos de la Marina Armada de México. Tan solo en el 2017 se presentaron 5 quejas ante la CNDH en contra de esa institución por la desaparición de pobladores de esos municipios. Desde que inició labores la FEPD, las familias no solamente han vivido la frustacion y la desilusión, sino también amenazas e indiferencia de los Ministerios Públicos.

Sin duda, sería imposible mencionar cada una de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco durante el 2017, y nada podrá impedir revertir el actual estado de cosas, mientras la sociedad siga con una actitud de indolencia ante la tragedia y, lo que es peor, una sociedad civil desorganizada, medios de comunicación a modo, universidades silenciosas y cada persona, espectadora de la indignidad.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Tortura y Perspectiva de Género

VISIÓN DEL INFORME DE TORTURA EN JALISCO
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tania Reneaum Panszi

La impunidad interminable

El informe del Cepad La impunidad interminable: La tortura en Jalisco, Análisis de 2010 – 2016, publicado en septiembre de 2017, llega en un momento preciso a nuestras manos, ahora cuando se discute y se pone en entredicho que el sistema garantista no es suficiente para frenar los índices de criminalidad ni para alcanzar la tan deseada seguridad.

Hemos de tener claro que las garantías en el sistema penal son el ámbito de salvaguarda de las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al ius puniendi. Se han de respetar principios de derechos humanos en la tutela penal, en la persecución penal, en la configuración de la responsabilidad penal y en el desarrollo del sistema de penas y en su ejecución.

Sin embargo, la tortura aparece en nuestro contexto como una práctica cotidiana que no sólo nos enfrenta a una especie de cultura institucional para investigar los hechos delictivos, sino a una especie de aceptación social de que “esas cosas pasan”.

Entre diciembre de 2013 y abril de 2014, Amnistía Internacional hizo una encuesta global sobre las actitudes respecto a la tortura. La encuesta se aplicó a más de 21 mil personas entrevistadas en 21 países de todos los continentes. Los resultados revelan que 44% de las personas encuestadas temen ser torturadas si son detenidas, 82% consideran que debe haber leyes claras contra la tortura y 36% creen que la tortura puede justificarse en algunos casos para proteger a la población.1

En México, los datos revelaron que 27% de las personas encuestadas consideran que es necesario existan normas claras contra la tortura porque todo uso de la tortura es inmoral y debilita los derechos humanos. Sin embargo, 10% consideraron que la tortura es a veces necesaria y aceptable para obtener información que pueda proteger a la población. Es un dato que desalienta, aunque es probable que bajo la narrativa de la “guerra contra el narcotráfico” de alguna manera se acepten todas las prácticas para frenar la violencia, incluso las ilegales.

El informe mencionado nos lleva por historias, a veces, difíciles de leer por su crueldad. Al conocer la historia de Rubén, Mario y Saúl transcurre la pregunta ¿Por qué? ¿Para qué? Las respuestas las da el informe. A menudo la tortura se usa para obtener confesiones y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían o no estar implicadas en un delito. Esto se traduce en juicios injustos, condenas dudosas, dejando a personas inocentes en prisión y a muchos delincuentes en las calles.

La siguiente pregunta es ¿Dónde están las experiencias de las mujeres detenidas y torturadas por las fuerzas del Estado? Las siguientes páginas están dedicadas a ser visibles a las mujeres víctimas de tortura.

Las mujeres y las fuerzas de seguridad en México: una relación fracturada

En 2016, Amnistía Internacional dio a conocer un video2 en el que seis mujeres mexicanas respondían a la pregunta sobre qué les podría suceder si fueran detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado. De forma espontánea, todas confesaban que sentirían miedo a ser violadas, sexualmente acosadas o torturadas.

La denuncia de estos relatos se ha visto respaldada por el informe de Amnistía Internacional Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (2016). Una investigación sobre las condiciones de arresto de 100 mujeres3 privadas de su libertad en recintos federales. Todas ellas manifestaron haber sido sometidas a algún tipo de violencia con un fuerte componente sexual como las amenazas y los abusos psicológicos, y un total de 72 mujeres declararon que habían sido sometidas a violencia sexual, mientras que 33 dijeron que fueron violadas por la vagina, el ano o por vía oral.

Los agentes del Estado han cometido graves violaciones de derechos humanos, incumpliendo además su obligación de salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas. Aunque pareciera una obviedad, vale recordar que la prohibición de la tortura es absoluta y que el poder del Estado no es ilimitado y debe actuar, como se dice en el informe, “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”. El Estado debe garantizar la integridad de todas aquellas personas que se encuentran bajo su custodia.4 Es lo que establece la ley nacional y el derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, los abusos sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres en México siguen siendo cotidianos. La falta de investigaciones serias que permitan procesar y sancionar a los responsables, y de políticas de prevención, así como el incumplimiento de las garantías de no repetición, establecidas en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos5 y en las sentencias de la Corte Interamericana,6 han dado lugar a que este tipo de hechos se repitan.

La combinación entre la impunidad y la falta de reparación del daño adecuada fracturan la confianza de las personas ante las autoridades. El Estado mexicano ha fallado en su obligación de investigar y dar una explicación convincente de los hechos denunciados. No ha terminado de comprender que la investigación no es una mera formalidad; tampoco es la gestión de intereses de las sobrevivientes donde éstas impulsan el proceso y la investigación de los hechos que les aquejan. El deber de investigar y sancionar es una obligación en toda regla, es un deber jurídico propio,7 un deber pendiente en México.

La violación sexual es una forma de tortura

En noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó la audiencia pública del caso Mariana Selvas Gómez y otras vs. México, conocido como el Caso Atenco.8 Los relatos de las sobrevivientes de la violencia sexual ejercida por policías de todos los niveles de gobierno, arrancó a cualquiera de la indiferencia. Las descarnadas descripciones de las vejaciones, del miedo y la intimidación, sólo ponían en evidencia a un Estado que ha mantenido el caso de las mujeres de Atenco en plena impunidad, cuando ya se cumple más de una década de los hechos.

El Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda que la violencia sexual en contra de las mujeres, cometida por miembros de las fuerzas de seguridad, constituye en todos los casos una grave violación de los derechos humanos, al tratarse de conductas que suponen un severo sufrimiento físico y mental por su carácter no consensual e invasivo con consecuencias devastadoras para ellas. Una clara manifestación de tortura.9

Hay que mencionar que, por muchos años, el derecho internacional no reconoció la violación sexual como una forma de tortura. En el ámbito internacional, no fue hasta 2007 que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas la consideró así,10 en parte gracias a las discusiones y las aportaciones que las teóricas feministas hicieron al derecho internacional. Ellas fueron las que pusieron de relieve cómo el derecho internacional de los derechos humanos se aplicaba desde una perspectiva reducida que ignoraba los problemas de las mujeres.11 De acuerdo a estas posturas, las mujeres ocupan posiciones marginales en el derecho internacional de los derechos humanos,12 por lo que sus experiencias, sus vivencias y sus concepciones de lo injusto han quedado relegadas, y no son incluidas entre las prioridades de los derechos humanos.

El derecho internacional de los derechos humanos ha dado una especial prioridad a la protección de aquellos derechos que se ejercen en el ámbito público, espacio tradicionalmente ocupado por los hombres. Ello implica que las violaciones a derechos humanos que ocurren en el ámbito privado son asuntos que hasta hace poco se quedaban ahí, en el espacio de los asuntos privados.

La dicotomía de lo público y lo privado, estrechamente relacionada con las concepciones de género, tiene consecuencias al analizar las violaciones a derechos humanos que padecen las mujeres, y el impacto diferenciado que tienen sobre ellas. Es el caso de la definición de tortura contenida en los tratados internacionales y que implica que el acto haya sido infringido por un agente del Estado de forma intencional, con el propósito de castigar, obtener una “confesión” o fomentar la discriminación. Sin embargo, la falta de una perspectiva de género llevó por mucho tiempo a ignorar el sufrimiento particular de las mujeres frente a la tortura, incluso cuando estos actos son cometidos por particulares, y el Estado no actúa con la debida diligencia para impedirlos, detenerlos o sancionarlos.

Lo interesante es que, en el caso de la violación sexual hacia mujeres por parte de agentes del Estado, el reconocimiento internacional de que este hecho constituya tortura tardó en llegar, aun cuando la brutalidad sexual ha dejado su impronta durante los conflictos armados, e incluso en otros contextos de seguridad pública fuera de esos conflictos.

El informe que revisa los 15 años del mandato de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer,13 da cuenta de que la violencia sexual suele ser explicada como una consecuencia infortunada de los conflictos armados, en lugar de explicarse como crímenes, y eso a pesar de los acontecimientos que han marcado la historia como los ocurridos en Darfur, el Congo, Liberia, Ruanda y la antigua Yugoeslavia. Atenuar las experiencias de las mujeres acarrea consecuencias indeseables tales como dejar en la impunidad los delitos que se comenten en su contra.

En 2008 tuvo lugar un hecho destacado, cuando el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, reconoció la violación sexual como una forma de tortura. El entonces relator Manfred Nowak interpretó que a la definición del artículo 1 de la Convención contra la Tortura podía añadírsele un nuevo elemento: la falta de poder (powerlessnes), entendida como aquella situación en la que una persona ejerce un poder total sobre otra, especialmente durante la detención. En este escenario, la persona detenida ni puede escapar y tampoco defenderse. Para Nowak, la violación sexual es una forma extrema de la relación de poder, en la que una persona trata a otra como un mero objeto. A esta falta de poder se añaden elementos de contexto tales como la subordinación de las mujeres, la indiferencia social, la existencia de actitudes discriminatorias y la falta de investigaciones de hechos de esta naturaleza.14

Los elementos anteriores parecen una descripción de la realidad mexicana en la que confluyen la subordinación, el patriarcado y la falta de investigaciones diligentes. Si bien es verdad que el desarrollo del criterio de que la violación sexual es una forma de tortura ocurrió en el contexto de países en conflictos armados, también es cierto que nuestro país ha sido señalado por la forma diferenciada en que las políticas de seguridad afectan la vida y la integridad de las mujeres.

En 2012, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhortó al Estado mexicano a que revisara su estrategia de seguridad pública para poner fin a los altos niveles de inseguridad que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, y se le pedía que cumpliera con las obligaciones de debida diligencia y de reparación.15

Las recomendaciones se incorporan a un contexto en el que las violencias en contra de las mujeres siguen siendo un medio social y político, a través del cual se perpetúa la subordinación de las mujeres. Los relatos de las diez mujeres que aparecen en el Informe de Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género con la violencia del Estado hacia las personas privadas de libertad. Tener miedo a los agentes del Estado nunca debe ser aceptado y siempre será un síntoma vergonzoso del fracaso del estado de derecho.

Notas:

1 Amnistía Internacional (2014). Encuesta Global. Actitudes respecto a la tortura.

2 El video puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=2Y-QKFFoJ7k

3 En el informe, el término arresto se refiere a las horas transcurridas bajo custodia policial, antes de pasar a disposición del ministerio público (Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, junio de 2016:14). Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/4237/2016/es/

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Penal Castro y Castro vs Perú, Párrafo 240 y 273.

5 Pueden verse las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos humanos 12/2017 y 20/2017. Ambas por tortura y violencia sexual.

6 Entre 2009 y 2010, el Estado mexicano fue sentenciado en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de este órgano son por distintas manifestaciones de violencia en contra de mujeres: caso González y otras, también conocido como la sentencia del Campo Algodonero por la desaparición y muerte de mujeres en Ciudad Juárez Chihuahua. Las sentencias del caso Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú son por tortura y violación sexual a una mujer y una niña indígenas en el estado de Guerrero.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Penal Castro y Castro vs Perú, Párrafo 255.

8 La detallada descripción de los hechos de este caso, también conocido como el caso de Las mujeres de Atenco, puede encontrarse en el Informe de Fondo No. 75/15 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Párrafos 81 y siguientes.

9 Informe de Fondo No. 75/15 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Párrafos 346 y 347.

10 El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (cat por sus siglas en inglés) es el órgano de personas expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes por sus Estados Parte. Respecto a los criterios que consideran la violencia sexual en contra de las mujeres como una forma de tortura, pueden verse las decisiones C.T. y K.M. vs. Suecia, y V.L. vs. Suiza, 2007.

11 Una discusión amplia al respecto puede encontrarse en Charlesworth, Hilary y Christine Chinkin, (2000). The boundaries of international law. A feminist analysis. Manchester University Press.

12 Esta afirmación puede validarse con los objetivos de la Campaña gqual, que busca mejorar la representación de las mujeres en tribunales y organismos internacionales de monitoreo. En 2015 gqual hizo un estudio en el que revisó 84 organismos internacionales, con un total de 574 puestos, revelando que casi ningún organismo tenía una adecuada representación de mujeres (http://www.gqualcampaign.org/inicio/ última visita el 16 de febrero de 2018).

13 15 Years of The United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/15YearReviewofVAWMandate.pdf (última visita 15 de febrero de 2018).

14 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak (2008), párrafos 28 – 30.

15 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; julio 2012. Párrafo 12.

 

 

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Violencia de Género en Jalisco

VIOLENCIA DE GÉNERO EN JALISCO:
¿ANOMALÍA COYUNTURAL O RASGO DE IDENTIDAD SOCIAL?

Paola Lazo Corvera

Hay realidades que permanecen; la estrecha relación entre género y agresión es una de ellas. Parece no haber espacio que sea seguro para las mujeres, o un lapso en sus vidas que sume dos días, digamos, que no esté atravesado por el acoso y la violencia que son detonadas por su género; hostigamiento y acometidas que, de una forma u otra, brotan en su hogar, en sus relaciones de pareja, en su trabajo, en la escuela, en la universidad… En cualquier espacio común de la sociedad. En los medios de comunicación y en las rutinas cotidianas triviales, los ataques de toda índole, constantes, que experimentan las mujeres, niñas, jóvenes y ancianas, han ganado en el imaginario la categoría de normales. La indagación en torno a esta problemática pone en evidencia las múltiples maneras en que la violencia de género se vuelve casi invisible, tolerada, estandarizada por la sociedad y por el Estado.

Sorprende reconocer que, en México, siete mujeres mueren a diario y cuatro de cada 10 han vivido violencia a manos de sus parejas; de estas agresiones, sólo se presentan unas 150 mil denuncias al año, de las cuales sólo 11% resultan en averiguaciones previas y 2.4% reciben sentencias condenatorias. Uno de los principales motivos detrás de estas pocas denuncias es la desconfianza en las instituciones y en la manera como opera el sistema de justicia actual. Así, resulta incongruente exigir a las mujeres que denuncien, cuando tienen todo en su contra; lo urgente es cambiar al sistema para que la denuncia no sea un riesgo y un maltrato más para ellas (Pecova, 2016).

El caso de Jalisco forma parte sustancial de esta problemática: en los últimos diez años no ha logrado salir de los primeros lugares de violencia hacia las mujeres, hecho que se constata en la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016), que lo coloca en el quinto sitio, donde la violencia de pareja sigue siendo la más frecuente: 47% de las mujeres mayores de 15 años que residen en Jalisco, han sufrido violencia en su unión afectiva, noviazgo o matrimonio (Rello, Milenio Jalisco, 24 de noviembre de 2017).

Hacia una comprensión de la violencia de género

La violencia es un hecho social, en buena parte aprendida en contextos permeados por desigualdades sociales y discriminación de clase social, género, edad, etnia, capacidades distintas, diferencias religiosas, entre otras. De manera cotidiana enfrentamos situaciones donde se ejerce la violencia, actos de personas que no reconocen los derechos y la dignidad de las y los otros (onu et al., 2012).

En muchos casos, las distintas formas de violencia son atravesadas por el género. Se trata de prácticas que se actúan para demostrar hombría, control y poder hacia las mujeres o hacia otros hombres, e imponer su voluntad y sus deseos. Existen otras prácticas violentas que se ejercen entre padres, madres, hijos e hijas, que suelen transmitirse de generación en generación. En todos los casos, las violencias están basadas en un desequilibrio de poder.

La violencia de género es un problema complejo, de raíces biológicas, psicológicas, sociales, culturales y ambientales, para el que no existe una solución sencilla o única; al contrario, debe abordarse desde varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad (ops, en onu et al, 2012). Da cuenta no sólo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, sino que incluye aquellas formas de violencia que, basadas en una visión heterosexual de las relaciones y en estereotipos de género, se ejercen hacia lesbianas, gays, población trans, queer y también entre varones. La incorporación de la categoría género nos permite entender y analizar las múltiples formas en que se expresa la violencia basada en estereotipos y discriminación de género.

La onu, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres) y la lxi Legislatura de la Cámara de Diputados (2012), sostiene que la violencia hacia las mujeres es una variante de la violencia estructural que divide a las personas en grupos favorecidos y desfavorecidos, ya que está basada en una estructura social que segrega o diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos, poder, recursos y decisiones. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres.1

El presente trabajo busca ampliar la mirada en torno al contexto de violencia hacia las mujeres y analizar las tendencias en México, especialmente en Jalisco, para dar cuenta de las diversas formas en que esta violencia se expresa, y la manera en que ha sido abordada por las autoridades de gobierno a través de políticas públicas y acciones específicas para su atención y erradicación, con el fin de proteger y defender el derecho a la integridad, la libertad, la salud y la vida de las mujeres.

La legislación mexicana cuenta con diversas leyes que son marco normativo, a partir de las cuales se establecen las obligaciones de los poderes y niveles de gobierno en la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres, entre ellas: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (lgihm, 2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv, 2007). Asimismo, en el año 2011 se promulgó la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, a través de la cual se elevan a rango constitucional los derechos humanos que se derivan de los tratados internacionales suscritos por México. Otros logros importantes han sido las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos de feminicidio, y el establecimiento de otras figuras jurídicas para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la impunidad. Actualmente, las 32 entidades federativas del país cuentan con una legislación concreta sobre violencia contra las mujeres, y 30 de éstas han diseñado un sistema de coordinación interinstitucional para dar seguimiento a su adecuada implementación.

Develando la violencia de género: datos de México y Jalisco

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh)2 hace un abordaje estadístico nacional para medir la violencia contra las mujeres, que nos permite pensar críticamente y con perspectiva de género las condiciones de injusticia y desigualdad que se dan en las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, y que se expresan frecuentemente en acciones de agresión y discriminación.

  • De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolares, laborales, comunitarios, familiares o en su relación de pareja.

  • 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo. En Jalisco esta cifra significó 47.4% (inegi, 2017).

  • El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres son espacios como la calle, el parque y el transporte, donde 38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos.

  • De los actos de violencia más frecuentes, destaca la violencia sexual que han sufrido 34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual. Este dato contrasta con el 44.2% de mujeres que han recibido agresiones de tipo sexual, de acuerdo al Estudio de Opinión sobre Violencia Comunitaria (Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2017) de los ocho municipios en Alerta de Violencia contra las Mujeres en el estado de Jalisco.

  • La extensión de la violencia en el país va desde 52.4% en Chiapas hasta 79.8% en la Ciudad de México. Las entidades que presentan los niveles más altos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

  • De 2010 a 2016, la tasa de mujeres víctimas de delito aumentó 28% (Envipe, 2017); en Jalisco esta grave situación representó 30.6% (inegi, 2017).

  • Del total de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, 9.4% presentó una queja o denunció ante alguna autoridad y 2.2% sólo solicitó apoyo a alguna institución, mientras que 88.4% no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad.

  • De las mujeres que fueron víctimas de agresiones físicas y/o sexuales por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, 20% de ellas solicitó apoyo, denunció o emprendió ambas acciones. Alarma el dato de que en los ocho municipios de Jalisco en que se declaró la Alerta contra las Mujeres (2016) menos de 20% de las mujeres que solicitaron apoyo lo recibieron, y en el caso de Guadalajara y Tlaquepaque, ni siquiera 10% de las que demandaron ayuda fueron atendidas favorablemente (ijm, 2017).

  • Entre las que han experimentado violencia física y/o sexual, 35.8% presentó daños físicos derivados de la violencia que han vivido, principalmente moretones, hemorragias, e incluso han estado hospitalizadas o las han operado por esta razón.

  • Para 64.3% la violencia física y/o sexual ejercida por su pareja, le ha dejado consecuencias emocionales, a la mayoría tristeza o depresión; a la mitad angustia o miedo, y para un tercio de ellas problemas alimenticios.

  • La violencia de la pareja tiene serias repercusiones en la integridad emocional y física de las mujeres, 8.0% de ellas ha pensado en suicidarse y 3.4% lo ha intentado.

  • Una cuarta parte de las mujeres que han sido sujetas a violencia sexual ha pensado en quitarse la vida y 14.1% lo ha intentado.

En opinión de Frías (2016), los datos oficiales disponibles sobre violencia hacia las mujeres sólo reflejan la punta del iceberg, ya que representan aquellos casos en que las mujeres víctimas de violencia han solicitado ayuda a alguna institución pública, han sido atendidas y se ha registrado su caso. Los datos que ofrecen las procuradurías y fiscalías estatales de justicia tienen numerosos problemas de subregistro y esta información, en muchas ocasiones, no se encuentra desagregada por sexo ni por todos los tipos de delito.

Pérez Correa (2016) sostiene que los datos muestran, además, que la violencia no se limita al acoso y al abuso sexual. Según el inegi, entre 2003 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país. En 2007 se creó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (avgm), instrumento pensado para enfrentar aquellas situaciones de violencia más extrema, como la que termina con la vida de las mujeres. “Los informes estremecen a cualquiera, no sólo por las cifras sino también por el rencor con el que se violenta el cuerpo de las mujeres. Muestran la complejidad del problema de violencia de género contra las mujeres que atraviesa todas las capas y espacios sociales” (ibid.:1). Empero, las declaraciones de alerta han resultado insuficientes ya que los aplicadores del sistema (las policías, los ministerios públicos, los militares, los custodios de las prisiones) son parte del problema y difícilmente son un vehículo para transformar nuestra realidad.

Algunos intentos de atención y prevención: programas y acciones en Jalisco

Incorporar la perspectiva de género en la vida pública y el trabajo de las instituciones es, sin duda, esencial para promover la igualdad sustantiva y erradicar la violencia hacia las mujeres (Pecova, 2016). Sin embargo, una vez que se analiza a detalle la estrategia estatal, son todavía muchos ámbitos en los que ésta carece de eficiencia.

El gobierno del estado de Jalisco, teniendo como marco normativo la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, afirma en su Informe de avance en el Marco de la Declaratoria de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, 2017:

Haber impulsado una política integral para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a partir de diversas acciones que principalmente se enfocan en la reforma de diversas leyes, creación de espacios de atención multidisciplinaria, modificación y creación de protocolos bajo estándares internacionales de derechos humanos, difusión y fortalecimiento de medidas de protección, instalación de capacidades en el funcionariado público que atiende a mujeres en situación de violencia a través de la capacitación, campañas de difusión y territoriales, ampliación de la atención a través de la regionalización de módulos especializados, app para identificar la violencia que se vive en pareja, entre otros.

Para ello, se creó un sistema conformado por el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres como organismo rector de la política pública en la materia, del cual se desprende el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Prepaev), que tiene como objetivo el establecimiento de las estrategias, líneas de acción y actividades para implementar la política pública en la materia. Algunas de estas estrategias han sido: 1) “Juntos por ellas” (estrategia gubernamental de prevención de la violencia; 2) Alerta de Violencia contra las Mujeres (mecanismo estatal instituido en febrero de 2016); 3) creación del Centro de Justicia para las Mujeres (política nacional impulsada la Segob); y 4) conformación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra las Mujeres.

A su vez, algunos municipios han llevado a cabo reformas a reglamentos desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género; han colaborado en la emisión de órdenes de protección; han establecido reglas a la publicidad para eliminar mensajes sexistas y estereotipados; y han establecido convenios con el estado para homologar la atención a las víctimas de violencia intentando evitar la victimización.

A pesar de las estrategias y acciones, tanto en el nivel estatal como municipal, existen estudios, análisis y reportes de seguimiento de organizaciones de la sociedad civil (osc) que, unidos a la percepción cotidiana de inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de estas políticas y estrategias. Jalisco ocupa el tercer lugar en violencia contra la mujer y continúa siendo una entidad hostil para las mujeres: 74.1% percibe prevalencia de algún tipo de violencia, a pesar de la Alerta de Violencia contra la Mujer lanzada en 2016 (El Informador, 28 de agosto de 2017). Los casos de feminicidio, expresión máxima de la violencia de género, son una realidad cruda y dolorosa en nuestro estado. En voz de Alejandra Cartagena, Vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem, Jalisco), “sólo 20% de los asesinatos contra mujeres son catalogados como feminicidios. Desafortunadamente, vemos que desde la autoridad hay una invisibilización la violencia feminicida, ocultándola como homicidio o parricidio” (Publimetro, 18 de septiembre de 2017).

Sorprende la variación entre los datos referentes a casos de feminicidio: el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense registró 145 muertes violentas de mujeres en 2017, mientras que la Fiscalía catalogó 27 feminicidios por los cuales 11 personas fueron acusadas, pero sólo dos recibieron sentencia. Por su parte, los protocolos seguidos por Cladem registran que 110 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género en el año (El Norte, 10 de febrero de 2018). Alarma constatar que muchos de estos feminicidios se pudieron evitar, ya que varias de las mujeres asesinadas habían denunciado oficialmente amenazas y acoso, e incluso muchas de ellas contaban con órdenes de protección.

En entrevista personal,3 Alejandra Cartagena, quien ha formado parte del grupo multidisciplinario de seguimiento a la situación de violencia de género en el estado, señala que las políticas y acciones de prevención, atención y sanción implementadas por el Sistema Estatal no han tenido de fondo una verdadera perspectiva de género, no han logrado garantizar la seguridad e integridad de las mujeres, ni eliminar las desigualdades que la violencia de género produce. Señala que la estrategia “Juntos por ellas”, no contiene una visión profunda y comprensible de la problemática al no ser una estrategia vinculatoria y no conseguir que los municipios la asuman con acciones integrales y transversales. Observa que se trabaja de forma aislada y fragmentada, en donde cada municipio actúa por su cuenta, sin mecanismos personalizados de atención y protección, ni protocolos específicos.

Resulta esencial ir más allá de la capacitación de las autoridades responsables de la atención a la violencia hacia las mujeres. La perspectiva de género no se logra asistiendo por unas horas a pláticas o talleres, sino actuando día a día por transformar nuestra manera de entender el mundo y las relaciones de poder y atendiendo cada caso de violencia de manera personalizada. Para Cartagena, el Poder Judicial ha sido omiso al juzgar sin visión de género los casos de feminicidio, otorgando sentencias mínimas a los agresores, y sin tomar en cuenta la reparación del daño a las víctimas al tratarse de una violación a los derechos de las mujeres. A su vez, la creación del Centro de Justicia para las Mujeres –sin duda, una importante acción afirmativa– se ha visto superada por la violencia de género, y el personal que ahí labora, continúa teniendo prácticas que criminalizan e intimidan a las víctimas que acuden a denunciar, señal de que no logran interiorizar la perspectiva de género.

Las instituciones estatales y municipales están rebasadas. La agresión contra las mujeres (comunitaria, laboral, doméstica y de pareja), así como el acoso, las desapariciones, la violencia sexual y la violencia extrema, ha aumentado gravemente, y nos seguimos encontrando con circunstancias de naturalización y justificación de estas violencias. Un ejemplo de esta situación es la oposición social e institucional hacia la nom-0464 y la resistencia a su implementación dentro de la Secretaría de Salud en Jalisco, no sólo en la atención a mujeres víctimas de violación que resultan embarazadas, sino también en la adecuada información y difusión del derecho a interrumpir un embarazo cuando es producto de una violación sexual. El Estado debe reconocer y garantizar los derechos de las mujeres, y en este caso, está en deuda con las niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violencia sexual.

Todo apunta a la urgente necesidad de mejorar los procesos de diseño de políticas públicas con perspectiva de género, de manera que sean formuladas más allá de las oficinas gubernamentales, poniendo en juego el conocimiento y la participación de las mujeres víctimas de violencia, sus familias, la academia y la sociedad civil; generando a la vez mecanismos adecuados de seguimiento, monitoreo y evaluación de los esfuerzos institucionales. La solución no está necesariamente en crear nuevas leyes, sino en asegurarse de que las que existan funcionen adecuadamente. Detener la tendencia de “formular, pero no implementar”, de lo contrario, seguiremos siendo “un país de instituciones y leyes sin sentido, con derechos de papel” (Pecova, 2016).

Creación de lazos solidarios y acciones estructurales contra la violencia hacia las mujeres

Los datos y reflexiones anteriores señalan el apremio por establecer una política de Estado que aglutine todas las fuerzas políticas y de gobierno, homologue, a nivel estatal y municipal, los diversos tipos de violencia contra las mujeres incluidos el feminicidio y la violencia feminicida, estandarice los protocolos de actuación de las instituciones de justicia para reducir la impunidad, mejore la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de violencia, y atienda las recomendaciones que organismos internacionales o regionales han dirigido al Estado mexicano, especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las que han sido recientemente emitidas por el Comité de la cedaw.5

A mayor empoderamiento de las mujeres menor riesgo de sufrir violencia física y sexual” (Castro, 2016). Se hace necesario analizar el contexto social en que viven las mujeres, así como el tipo de relación que sostienen con sus parejas, ya que en ésta radican las claves que explican el riesgo de que sufran (o no) algún tipo de violencia. Las investigaciones han mostrado que, en la medida en que se incrementa la participación de los hombres en las tareas domésticas y de crianza, disminuye drásticamente el riesgo para la mujer de sufrir violencia de pareja. Estos hallazgos señalan la necesidad de promover campañas masivas y continuas sobre el valor de la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar. Otro factor importante es el índice de autonomía y poder de decisión de la mujer, que tiene que ver con su capacidad para decidir cuestiones familiares, sexuales, reproductivas, de crianza, laborales, de manejo de recursos y de desarrollo personal, el cual tiene claros efectos en la disminución de la violencia física y sexual (ibid.).

Si se busca consolidar políticas públicas más eficaces, se requieren diagnósticos e investigaciones regionales y locales que aborden la situación de violencia hacia las mujeres en el estado, los municipios y las colonias, de manera que se tengan datos precisos que visibilicen los factores estructurales que repercuten en las relaciones entre los géneros y reproducen la violencia. Los pocos estudios que se han hecho al respecto arrojan información valiosa y reveladora, que permite comprender las variables asociadas a la violencia considerando contextos y momentos históricos específicos.

Las violencias de género están interconectadas y deben conceptualizarse de forma comprehensiva. Considerarlas de forma fragmentada genera una competencia entre problemas sociales que pueden llevarnos a plantear si la violencia de pareja es más o menos importante que el feminicidio, o si el acoso sexual en el transporte es más o menos relevante que la violación. Estos planteamientos son inadecuados ya que las distintas manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres forman parte de un mismo problema social que se distribuye de manera continua y que tiene un origen común: la desigualdad socialmente construida entre hombres y mujeres. Aunque los hombres también padecen violencia en distintos contextos, a lo largo su trayectoria de vida las mujeres continúan siendo mayormente las víctimas de violencia de género ya que en el ámbito público, privado e institucional padecen situaciones de exclusión, discriminación y agresión producto de las desigualdades de poder socialmente establecidas entre hombres y mujeres (Frías, 2016).

Las reflexiones aquí tejidas parecen señalar que la violencia de género podría entenderse como un rasgo de identidad cultural casi invisible, tolerado, normalizado por la sociedad y por el Estado; sin embargo, esta visión implicaría resignarse y aceptar que nada se puede hacer para enfrentarla y erradicarla; y claudicar así, a una lucha fundamental para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de sociedades justas e igualitarias. Es por ello que este texto pretende ser un llamado a todas las fuerzas sociales para la creación de acciones tendientes a la igualdad, la justicia y la solidaridad con las mujeres, que propicien los cambios estructurales necesarios para eliminar la violencia, la injusticia y la desigualdad de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Configurar, como propone Marcela Lagarde (2009), una transformación que desvíe el sentido actual y contribuya a disminuir las asimetrías entre los géneros y la desigualdad en la calidad de la vida de mujeres y hombres, desde el principio de reivindicación de la vida, que reconoce que ninguna vida humana vale más que otra, y que nadie puede estar condenado a tener una vida menos digna, con sufrimiento, precariedad o violencia por su nacionalidad, su clase, su raza, su sexo, su edad, sus capacidades y/o su género.

Notas:

1 La expresión “violencia estructural” de Galtung (1996), explica que los procesos de estructuración social (desde aquellos que se producen a escala de sistema-mundo hasta los que se producen en el interior de las familias o en las interacciones interindividuales) tienen efectos negativos directos enlas oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o libertad de las personas. Es un concepto útil para entender las manifestaciones de violencia directa (cuando alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en un conflicto por la vía de la fuerza) o de violencia cultural (legitimizaciones de otras formas de violencia, como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o etnocentrismo).

2 La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, mide las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más que residen en el territorio nacional. Proporciona información por tipo de violencia (emocional, económica, física, patrimonial y sexual), en la relación de pareja y en los ámbitos escolar, laboral, comunitario y familiar.

3 Entrevista telefónica a Alejandra Cartagena, Vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem, Jalisco), el día 28 de febrero de 2018.

4 La nom-046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, es una norma de aplicación federal, fue creada en 2009 y modificada el 24 de marzo de 2016 y establece que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de una violación […]; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el Artículo 5, de la Ley General de Víctimas.

5 La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), fue aprobada en 1979 y entró en vigor en 1981. Ha sido ratificada por 187 países y es considerada la carta internacional de los Derechos de las Mujeres.

Bibliografía

Castro, R. (2016) “Lo que sabemos y lo que ignoramos”, en Violencias Invisibles, Nexos, 1 de junio.

Frías, S. (2016) “Violentadas”, en Violencias Invisibles, Nexos, 1 de junio.

Gobierno del Estado de Jalisco (2017) Informe de avance en el Marco de la Declaratoria de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres en Jalisco, consultada en: http://juntxs.jalisco.mx/sites/default/files/paginas/archivos/informe_de_cumplimiento_avcm_2017.pdf

Instituto Jalisciense de las Mujeres (2017) Estudio de Opinión sobre Violencia Comunitaria de los 8 municipios en Alerta contra las Mujeres en el estado de Jalisco, Ficha de Hallazgos, 10 de marzo.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017) Boletín de Prensa 379/17, Ciudad de México, 18 de agosto.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía / Instituto Nacional de las Mujeres (2017) Mujeres y Hombres en México 2017, Ciudad de México.

Lagarde, M. (2009), “La política feminista de la sororidad”, en Mujeres en Red. El periódico feminista, 11 de junio.

Pecova, A. (2016) “Derechos de papel”, en Violencias Invisibles, Nexos, 1 de junio.

Pérez Correa, C., (2016) “La cadena de Jabba: la falacia punitiva”, en Violencias Invisibles, Nexos, 1 de junio.

onu Mujeres, inmujeres y lxi Legislatura Cámara de Diputados (2012) Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010.

Notas periodísticas en línea:

http://www.milenio.com/region/violencia_mujeres-pareja-laboral-psicologica-alerta-feminicidios-noticias_jalisco_0_1072692766.html

https://www.informador.mx/Jalisco/Jalisco-pasa-del-octavo-al-tercer-lugar-en-violencia-contra-la-mujer-20170828-0121.html

https://www.publimetro.com.mx/mx/jalisco/2017/09/18/entidad-hostil-mujeres.html

https://www.eloccidental.com.mx/local/son-104-feminicidios-en-jalisco-en-2017-cladem

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1320390&md5=47a8c7b55fb47d9a60aa60c0de8c606a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Categorías
Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Huérfanos del Feminicidio

HUÉRFANOS DEL FEMINICIDIO, LOS NIÑOS INVISIBLES

Gricelda Torres Zambrano

El feminicidio, el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y culturas. Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campus universitarios, se trata de una violencia que nos obliga a todas y a todos a actuar como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora.

Phumzile Miambo-Ngcuka

Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres

Más de 52 mil feminicidios en México desde 1985

El estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, presentado por la onu–Mujeres, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el año pasado, con información recabada de actas de defunción confirmó que a diario son asesinadas 7.5 mujeres en el país.

Esto significa que la violencia machista asesinó en las últimas tres décadas a más de 52 mil mujeres, cantidad suficiente para llenar el Estadio Jalisco. Por desgracia, la mayoría de estos crímenes quedan impunes, ya que son contados los agresores aprehendidos y sentenciados. La prensa da cuenta de que gran parte de los responsables huye –o se suicida– en el mismo lugar del crimen. Es por eso que saberlos libres aterroriza a las familias de las víctimas, sobre todo cuando hay niños.

Ante este panorama, la Unidad de Investigación de Notisistema, conformada por Mireya Blanco, Gricelda Torres Zambrano, Víctor Montes Rentería y Ricardo Camarena, realizó un trabajo de investigación que se prolongó por un año, para conocer cuántos menores se quedaban en la orfandad como consecuencia de este delito, tipificado en Jalisco apenas en 2012.

Era necesario saber si las autoridades tenían registro de la cantidad, su identidad, sus edades, grado escolar, si continuaban con sus estudios, quién los cuidaba, alimentaba y atendía médica y psicológicamente. También, qué ayuda recibían de las autoridades como víctimas indirectas de la violencia feminicida. Los primeros datos resultaron inquietantes, porque no había un registro a nivel nacional ni estatal sobre las condiciones de los huérfanos del feminicidio, considerado en el mundo una pandemia.

Para los gobiernos, el federal, el de Jalisco y el resto de las entidades, los menores eran invisibles. Si no eran contados e identificados con sus nombres y rostros, tampoco recibían ayuda, aun cuando hubieran sido testigos del asesinato de sus madres, lo que de entrada implica una afectación emocional muy fuerte y un riesgo potencial de reproducir actitudes violentas en su vida adulta.

El estudio de la onu–Mujeres dio cuenta de que, en 2016, los feminicidios con presunción de homicidio aumentaron 63% en relación con el año anterior y cinco entidades concentraron 40% de los casos: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz. Reveló también que, jóvenes y adultas, fueron asesinadas con mayor crueldad porque, además de las armas de fuego, en muchos casos se utilizaron los métodos más agresivos a su alcance, como el acuchillamiento, ahorcamiento o inmersión. Las mataron con sus propias manos.

El hogar, el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos (caso)

La madrugada del 29 de octubre de 2015 las amenazas se cumplieron. A diferencia de otras discusiones, ese día, Antonio, de 43 años, decidió sacar su arma y dispararle a Blanca en la cabeza, sin importar que ahí estuvieran sus hijos. Tenían 22 años de casados; demasiados para ser el blanco permanente de sus ataques físicos y psicológicos; demasiados para que su cuerpo sirviera de escudo a los golpes cada vez más fuertes de su puño y de su mente perturbada por las drogas.

Verónica, su cuñada, contó a Notisistema las veces que Blanca intentó dejarlo, pero el miedo la paralizaba porque “del te voy a matar, pasó a soy capaz de asesinar a tus hijos y a tu familia”.

¡Yo todavía no olvido ese día! –relata Verónica– Estaba dormida cuando a las dos de la mañana recibí una llamada de mi sobrina. Ella gritando y llorando me dijo que su papá acababa de matar a su mamá. Yo no le creí. Yo lo único que le dije es: ¡no, no es cierto! ¡Márcale a una ambulancia, voy para allá! Seguido se peleaban.

Verónica trata de ser muy puntual con los detalles para reconstruir, lo más apegado a la realidad, la historia de dolor y sufrimiento que soportó su hermana por años.

Murió por un balazo que él le dio. Mi hermana estaba en la cocina. Él llega y le da un balazo en la cabeza. Yo creo que mi hermana no se lo esperó. Él llega de la calle, va a su cuarto, saca la pistola, no creo que fuera un impulso como de hecho lo manejó en su defensa. Tuvo tiempo de ir a la recámara, sacó su pistola. Le dijo a mi hermana que la iba a matar. Mi hermana, a lo que dicen mis sobrinos, ¡ni siquiera se movió!

Blanca, de 38 años, intentó en varias ocasiones ponerle fin al infierno. Presentó sin éxito denuncias ante diversas autoridades –más preocupadas, dice la familia– en conciliar la violencia doméstica que en protegerla. Cada que le pedía el divorcio le iba peor.

No se llevaba a cabo porque el trámite era muy tardado y al enterarse él se ponía peor. Entonces ella dejaba mejor las cosas así. La amenazaba diciéndole que él era capaz de matar a cualquiera de su familia, hasta a sus propios hijos.

Pese a la alerta de género en 12 estados del país, cada cuatro horas es asesinada una mujer. El Director Jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, indica que desde 2012 a 2015, cerca de diez mil mujeres fueron asesinadas, en su mayoría a manos de sus parejas. La gran mayoría, en sus casas.

Sólo para recordar un dato estadístico: siete de cada diez mujeres ha vivido un acto de violencia en nuestro país. En la etapa del noviazgo es más alta, ocho de cada diez mujeres. Tenemos el dato de que, de esas siete, cuatro han sido actos cometidos por gente cercana a la víctima, es decir, su esposo, su pareja, su concubino. Esto nos permite asegurar que ¡el hogar se ha convertido en el lugar más peligroso para las mujeres!

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres, tan sólo en 2015, los estados de Guerrero, Chihuahua, Colima, Baja California Norte y Baja California Sur, concentraron el mayor número de feminicidios con presunción de homicidios.

Guadalajara está entre los diez municipios del país con mayor incidencia. Hay diez municipios en el país que concentran uno de cada seis feminicidios. A la cabeza está Acapulco, Ecatepec, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua Capital, Guadalajara, Monterrey, Naucalpan, la delegación Gustavo A. Madero y León (2015).

Luego del asesinato de su esposa, Antonio se entregó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue sentenciado a 25 años de prisión, pero apeló. En tanto, sus hijos, de 14, 16, 21 y 22 años, apoyados por la familia materna, sanan sus heridas ¡como pueden!

¡Es algo muy fuerte! ¿Por qué? Porque quien hizo el daño fue el papá. Aparte de que pierden a la mamá, pierden también al papá. Tienen sentimientos encontrados y necesidad de mucha atención psicológica –sostiene Verónica.

El miedo a que el agresor regrese (caso)

María Amparo no tuvo tiempo de vivir el duelo por el asesinato de su hija Betsabé, el 9 de septiembre de 2015 en Tlajomulco. Desde ese día, se hizo cargo junto con su esposo, campesino, ambos de la tercera edad, de sus cinco nietos, todos menores.

Ha sido muy pesado también para mi esposo. Él es campesino, y no tiene un sueldo de decir, cada ocho días ahí le va su sueldo.

¿Se tuvieron que cambiar del lugar en el que vivían?

Todos vivíamos cerca. Nos tuvimos que quedar desde ese día aquí, porque él amenazó con regresar a matarlos a cada uno de los niños. Decidimos entonces, quedarnos en esta otra casa y no estar cerca donde, además, ¡nos estábamos lastimando demasiado.

Betsabé tenía 29 años, era costurera, prácticamente el único sostén de la casa. Luego de una década de maltrato, Alberto, adicto a las drogas, le prometió que aceptaría la separación definitiva. Esa madrugada narra su cuñada el hombre con quien vivió desde los 17 ¡la mató con un cuchillo de cocina y huyó! Cuenta que se drogaba con frecuencia.

Mi suegro salió llorando de la casa de Betsabé, diciendo que ya nos la había matado. Cuando la vi cómo quedó, para mí fue impactante y no aguanté estar adentro.

¿Los niños estaba ahí?

¡Sí!

¿Vieron todo?

Sí, ¡ellos vieron todo!

Ella ayuda a su suegra con el cuidado de los niños. Asume responsabilidades de madre sustituta. Va por ellos a la escuela, a juntas, recibe calificaciones, cubre gastos y sufre cuando alguno refleja el impacto de la tragedia en su rendimiento escolar. El más pequeño tiene cuatro años, hay dos cuates de siete, uno de nueve y otro de once.

Los maestros nos dicen que ellos entienden. ¡Que es difícil superar situaciones así! Aparte no falta el niño que los ataca. A la niña le pasó que una compañera le dijo: “Voy a traer un cuchillo y ¡te voy a hacer pedacitos como tu papá hizo con tu mamá!”

Año y medio después del asesinato de Betsabé, el apoyo psicológico apenas se asoma. Antes, una psicóloga vecina les ayudaba de manera gratuita, hasta que los niños ya no quisieron seguir.

La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, reconoce que las familias afectadas por un feminicidio requieren un tratamiento integral, sobre todo psicológico. En teoría la Fiscalía debería dárselos por un año.

¿Por qué tienen que interiorizar eso? Porque era su padre y mató a su madre, y era una gente con la que convivían, pero, además, necesitan una terapia especializada porque hay muchos estudios que documentan que aquellos niños y niñas que han sido testigos de un feminicidio, tienden a reproducir las mismas conductas violentas.

La funcionaria estatal insiste en que un feminicidio convierte a los abuelos de nueva cuenta en padres. La situación los abruma porque ya están grandes, enfermos y sin trabajo. Están en una etapa en la que deberían descansar y ser cuidados por sus familias y si no, por el Estado.

No están en una condición económica que les permita hacerle frente a la situación. La edad les impide en muchas ocasiones tener empleo. Te hablo por ejemplo de tres niñas que están con su bisabuela de 75 años. Está enferma, casi no puede caminar, tiene una pareja, pero también de una edad avanzada.

Martha Catalina Pérez González, Directora del Centro de Evaluación Psicológica de la Universidad de Guadalajara, alerta que los huérfanos del feminicidio corren el riesgo de ser revictimizados, porque podrían ser objeto de discriminación.

Estas familias no se preparan para tener de nueva cuenta a un menor como parte de sus integrantes. Al no tener la concientización o manejo terapéutico, es probable que no puedan separar lo que hizo el padre del menor. A pesar de que el niño sólo estuvo en el momento y lugar equivocados, esto implica que sea rechazado. Te doy cama, techo, comida, pero hasta ahí ¡No me pidas afecto!

Falta de sueño, problemas de conducta, apetito trastocado, miedo a salir, terrores nocturnos, fobias, temor a acercarse a lugares comunes como cocina y patio, son algunas de las consecuencias del feminicidio.

No es lo mismo ver la agresión verbal que cuando se está atacando físicamente. Los menores no tienen información de dónde quedaron los padres, qué fue exactamente lo que pasó, y por qué. El niño siente que se le abandonó y que ¡él es el culpable!

El apoyo psicológico es una de las grandes deudas con los huérfanos y sus cuidadores. Sin la posibilidad de cerrar círculos, vivir duelos y superar el trauma, se enfrentan a su vida cotidiana con el fantasma del asesinato de su madre y con el miedo a que el agresor regrese. No actuar a tiempo conlleva el riesgo de tener problemas con la ley, abandono o depresión. Ésta es la preocupación de la familia de Blanca, relata Verónica su hermana.

Todos salen dañados y todos están sufriendo, pero el que más me preocupa es el niño, porque él siempre vivió con la figura del machismo. Su mamá lo reprendía, llegaba su papá y le levantaba el castigo. Lo premiaba. Creció viendo violencia y haciendo lo que él quería.

Los huérfanos del feminicidio, los niños invisibles

Los huérfanos del feminicidio y sus familias enfrentan solos el golpe de quedarse sin padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado. Ellos tampoco son reconocidos como víctimas, expone el académico de la UdeG, Rogelio Barba. “Reconocen sólo 65 niñas y niños víctimas del feminicidio. Esto es en registros de 2014 a 2017. Sólo esas son reconocidas por esta legislación (Fecha de transmisión del reportaje 12 de junio del 2017).

El artículo 83 de la Ley de Atención a Víctimas precisa que, para ser reconocido como tal, debe existir la determinación de un juez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Derechos Humanos o el Ministerio Público. Un camino burocrático que deben sortear en medio del dolor, del duelo y la incertidumbre.

Personas de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes admiten que, si el Ministerio Público no pide su intervención, no participan, de tal forma que sólo son requeridos cuando no hay familiares o los menores están en riesgo. “Cuando tenemos a un niño en representación, se le hacen las visitas correspondientes. Se le brinda atención psicológica a quien lo necesite, cuestiones personales y su plan de vida. Las opciones que tiene, dónde tienen diversas actividades. Algunos aprenden oficios”.

Ni en el Hogar Cabañas ni en la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, se sigue algún caso de huérfano por feminicidio.

Los cuidadores, ancianos, enfermos y pobres

El interés del estado de Jalisco por atender a las víctimas del feminicidio nació en marzo de 2017, un lustro después de que se tipificó el delito en el estado. El Instituto Jalisciense de las Mujeres arrancó entonces un programa piloto de apoyo en caso de parricidio o feminicidio, el cual es aún temporal y limitado, explica Erika Loyo, su presidenta.

Son personas de escasos recursos. Las y los cuidadores no han tenido atención psicológica sólida. Tienen mucho desconocimiento sobre los procedimientos jurídicos, por lo tanto, tienen muchos miedos a que el agresor salga, que los pueda encontrar, que les quite a los niños o que los mate.

Este programa enfoca la atención en los hijos de las víctimas que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y es requisito que los menores asistan a la escuela. Se entregan tres mil pesos bimestrales a los cuidadores, sólo durante un año.

¿Por qué es esto?

Porque el dinero viene de este recurso extraordinario que aprobaron para el tema de la alerta y que tendríamos con este pilotaje sustentar de tal forma que pueda institucionalizarse. Se aprobaron 14 millones de pesos adicionales para atender todos los temas de la alerta.

El recurso sólo puede ser utilizado para colegiaturas, traslados, vestimenta y alimento. No obstante, para ser reconocido por el programa, hay que tener un papel de la Fiscalía o la Comisión para que lo consideren víctima. Como antecedente, al momento de la investigación periodística, la Fiscalía reportó 158 expedientes abiertos por feminicidio, cuando la misma dependencia dijo a este medio que existían 171 carpetas desde marzo de 2012 a la fecha. Se habían revisado 65 y sólo aplicaría la ayuda en tres de cada diez. Quedarían fuera del programa los casos en que no había hijos, porque los responsables no fueron vinculados a proceso o porque fueron asesinadas por personas distintas a sus parejas: “Como teníamos perdido a nivel nacional qué estaba pasando con los huérfanos, entonces es un tema innovador en el que todos vamos construyendo. En ese sentido, lo más rápido que avancemos, es lo que estamos intentando hacer”.

Cuando se publicó el caso, en junio de 2017, sólo cinco familias recibían apoyo económico y psicológico. Es muy probable que este número haya cambiado conforme avanzó la revisión de expedientes: “Pues después del año ya no hay seguimiento. Y entonces un caso, por ejemplo, que vino una abuelita a recoger su tarjeta, uno de ellos sí necesita que le volvamos a dar un apoyo psicológico porque no tiene ganas de ir a la escuela, se siente desanimado, ha tenido ganas de ya no querer vivir”.

Familias con la vida trastocada, abuelos sin custodias legales, con ingresos económicos limitados y con miedo a que los agresores aparezcan algún día, así prevalece el silencio social sobre el feminicidio.

Jalisco y el Estado de México dan los primeros pasos

A María Amparo se le nota la tristeza y el cansancio con sólo mirarla a los ojos. El recuerdo de su hija Betsabé, asesinada hace año y medio por su esposo, es lo que le da fuerza para que sus cinco nietos no queden en el desamparo.

Sí me siento muy triste. Les digo, me siento como cansada. Yo le pido a Dios mucha fortaleza porque a mis niños no los voy a soltar, porque son de mi hija y ellos me reflejan a su madre y yo a ellos ¡los quiero demasiado!

Un feminicidio deja una estela de dolor en toda la familia. Verónica cuenta que, pese a la sentencia de 25 años de cárcel para el asesino de su hermana, el miedo a que salga y regrese a hacerles daño es permanente.

Yo no es de que quiera que esté allá y mucho menos. Mi miedo es a que salga, porque es una persona sumamente violenta. No nada más lo digo yo por lo que pasó con mi hermana. Todos los vecinos se dieron cuenta, tenía muchos problemas con todo mundo. Y más que nada porque siempre fueron amenazas para nosotros, para toda la familia.

Le reprocha al Estado no haber tomado en cuenta las denuncias de su hermana, incluso con partes médicos. Considera que cuando hay violencia no debe tratar de conciliarse, sino evitar con una orden de protección que el agresor se acerque.

Él prácticamente toda su vida se drogaba. No trabajaba, se drogaba, diario andaba de malas. Diario amenazando a todo mundo, él hacía y deshacía. En una ocasión a mí me llegó a decir que iba a mandar a cortarme la cabeza ¡Cosas así!

El Instituto Nacional de las Mujeres pretende que se legisle en el país, para que cuando el padre sea el asesino, pierda de inmediato la patria potestad. Y es que aun desde la cárcel siguen molestando a los cuidadores, explica su director jurídico, Pablo Navarrete Gutiérrez.

El inm planteó ya a la Cámara de Diputados la necesidad de que se establezca en la legislación de todo el país, que aquel que cometa el feminicidio de la madre de sus hijos, pierda la patria potestad. Porque hemos encontrado muchos casos particulares que incluso cuando se logra la detención del responsable, desde prisión, la estructura machista alcanza para estar molestando a las abuelas que tienen bajo su cuidado a los nietos. Y creo que les debemos dar certeza jurídica a las abuelas y certeza jurídica a los sobrevivientes del feminicidio.

Es vergonzoso el asesinato de más de 50 mil mujeres de 1985 a 2015, pero es igual de indignante que en 30 años el Estado no tenga el registro de sus hijos. Pudieron terminar con la familia materna, pero también en albergues o en la calle.

Sabemos que es un serio problema el de la atención de los huérfanos del feminicidio, porque si las víctimas están en algunas ocasiones invisibilizadas, los huérfanos y huérfanas del feminicidio no aparecen en los registros. Y eso no es un tema de casualidad, sino que tiene que ser un tema de responsabilidad de los gobiernos locales. No sólo saber quiénes son los victimarios, los perfiles y cómo actúan. No sólo saber quiénes son las víctimas, cómo son, dónde estaban, y qué fue lo que falló en la estructura del Estado; sino saber también qué está pasando con las víctimas directas del feminicidio que son sus hijos e hijas, que son sus madres, sus padres y sus hermanos.

En México, la atención a las víctimas del feminicidio está en pañales. Sólo Jalisco y el Estado de México realizan los primeros esfuerzos para darles ayuda. El drama de los feminicidios no duele sólo por las siete mujeres que son asesinadas en el país cada día, también por la impunidad que les envuelve, los huérfanos que quedan a la deriva y a los ancianos obligados a no parar. ¡A no parar hasta encontrar justicia para sus hijas, y a no parar hasta que el Estado proteja a los huérfanos víctimas de la violencia machista que en un instante les arrebató a su padre y a su madre!

A mí me pueden dar todo el oro y el dinero que tienen, y a mí, no me llena. Yo prefiero a mi hija que lo material, yo con que lo agarren les digo que ya si al él lo agarran, mis hijos, mi nuera, mis nietos vamos a andar más tranquilos –sentencia la madre de Betsabé.

En Jalisco, los cambios a la ley

El pasado 6 de diciembre de 2017, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que modifica La Ley General de Víctimas y el Código Civil entre otros, para proteger a los huérfanos del feminicidio en Jalisco. La presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales y autora de la iniciativa, Rocío Corona Nakamura, indicó que de ahora en adelante estos niños serán considerados víctimas indirectas, lo que implica la aplicación de un protocolo psicológico de emergencia y apoyos en alimentación, salud y educación. Se deja además en las manos de un juez, el que cuando el feminicida sea el padre, pierda la patria potestad y demás derechos legales sobre sus hijos.

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informes de Derechos Humanos

Informe DDHH 2017 – Introducción al Informe

INTRODUCCIÓN

Miguel Bazdresch Parada

Vivir en sociedad humana, en contacto cotidiano con personas, exige dos consideraciones permanentes. Una, considerar el propio yo y la dinámica interna de nuestra vida. Otra, considerar la dinámica de las otras personas con las cuales mantengo, creo, disuelvo, construyo o destruyo relaciones mediante interacciones e intercambios.

Bien vista, la vida en sociedad es un movimiento continuo entre yo y los otros. Relaciones sociales, a fin de cuentas. Entrecruzadas con la vida interior de cada uno. No extraña la insistente búsqueda de las sociedades por acompañar esa vorágine relacional con acuerdos entre todos sus miembros para vivir con paz. La multiplicidad de emociones, sentimientos y pensamientos suscitados por los permanentes intentos de entendernos a nosotros mismos y entender a los otros, aun a los más cercanos, puede requerir una energía muy abundante. Tal energía a veces surge a borbotones y la vida en sociedad se torna agresiva e insatisfactoria. Disponer de un arreglo previo en el cual se acordara por los miembros de una sociedad los supuestos y las consecuencias de, por lo menos, algunos de los efectos no pacíficos de esas relaciones sociales, haría menor el desgaste y quizá, sólo quizá, más pacífica la vida de cada uno y de todos en conjunto.

Las sociedades han recurrido a religiones, ideologías, filosofías, teologías y anarquismos para intentar acuerdos satisfactorios en múltiples y variadas ocasiones a lo largo y ancho de la vida de los humanos. El éxito ha sido disímbolo. Las invenciones de la creatividad humana en este asunto han sido probadas y reprobadas. Los pensadores de las diferentes épocas, culturas y latitudes en el mundo debaten con persistencia para encontrar las causas del poco éxito de los humanos en sociedad para encontrar la paz, y tratan de vislumbrar los contenidos de posibles nuevos acuerdos sociales más exitosos. Principios y valores constituyen la materia prima de inventos y debates con los cuales se pueda responder preguntas básicas, tales como: ¿Qué constituye a un ser humano? ¿Cómo consigue una (su) identidad humana? ¿Quién es el otro? ¿Es necesario, es igual, es humano? ¿Hay más de una identidad humana? ¿Es posible una relación pacífica entre uno y otro humano? ¿La paz es un estadío o puede ser permanente? Preguntas para alimentar la búsqueda. Sin duda una búsqueda forjadora de la cultura de pueblos y comunidades.

Uno de los intentos de más larga data y mayor difusión cultural, sin ser universal aún, es la conocida como Derechos Humanos. Se considera que la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789” aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 en medio del movimiento social de la célebre Revolución Francesa, es el “parteaguas” entre los acuerdos sociales anteriores a la Revolución y los que habrían de seguir.

Vale la pena transcribir aquí el proemio de tal declaración, en el cual se plasman los supuestos del pensamiento que da lugar a este intento – búsqueda de relaciones sociales pacíficas:

Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano:…1

Otros desarrollos posteriores enriquecen esta declaración fundamental, por ejemplo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, con la cual se completa aquella parte que la Declaración de 1789 dejó implícita y quizá inacabada: Mujer y ciudadana.

No es momento de detenernos a considerar cada uno de los artículos de ambas declaraciones, y sí de invitar al lector a conocerlos o repasarlos para reconocer la poderosa inspiración del texto completo, hoy aplicable sin lugar a duda, a la interpretación de las relaciones sociales en nuestro país.

El 11vo Informe sobre el estado de los derechos humanos en Jalisco del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ac (Cepad), el cual tiene en sus manos el amable lector, nos recuerda la célebre y radical consideración de la Asamblea Nacional francesa en la cual afirman que “… la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos…”.

Recientes estudios nacionales e internacionales, investigaciones de diverso calibre, movimientos de la sociedad civil organizada, protestas airadas en la calle, manifiestan el enojo de la sociedad por el enorme menosprecio de los derechos del hombre y de la mujer que rigen las relaciones sociales de los mexicanos. Tanto así, como la aparición de acciones sociales comunales, grupales y aun individuales, plenas de hartazgo frente a la carencia de paz en la vida cotidiana. Entre otras, el informe nos notifica de: “Policías” comunitarias, grupos de civiles armados en defensa de sus familias, fuerzas armadas en la calle y actuantes en medio de la población civil, manifestaciones violentas incluso en lugares antes insospechados tales como escuelas, iglesias y lugares de reunión para la diversión y el descanso. Y sobre todo la creciente ineficacia de los agentes del Estado, desde los niveles altos hasta los puestos de menor responsabilidad, para evitar secuestros, asesinatos, torturas, maltrato a menores, violencia de género y desapariciones forzadas.

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe del Cepad dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas plenas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. La exigente y justa mirada del Cepad y sus colaboradores, al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz. Nos ayuda a no olvidarlos y a profundizar en sus supuestos y consecuencias en esta hora requerida de un nuevo impulso de reconstrucción de las relaciones entre los seres humanos, de reconsideración de nuestra dinámica interna de cada uno y la dinámica de los otros con quienes intercambiamos, interactuamos, hemos de renovar vínculos, hacer acuerdos para así tejer una vida pacífica en sociedad.

A continuación, se presenta un comentario introductorio a los textos del Informe. El lector podrá valorar el aporte del conjunto de los autores y animarse a profundizar en los mensajes y propuestas de manera más detallada.

Derecho a la vida

Este derecho es el fundamental. Las sociedades concretas no dudan en proclamarlo y defenderlo en leyes y normas. La realidad de la dinámica social contradice ese propósito. A veces, de modos muy agresivos.

Jorge Alonso Sánchez nos advierte el olvido del respeto a la diversidad, a la diferencia, en especial cuando maltratamos a los pueblos primigenios de nuestro territorio. Son mexicanos, son ciudadanos y se les reprime por vivir de un modo diverso, construido en cientos de años y el cual les da respuesta a sus necesidades y a su manera de comprenderse entre sí. Alonso nos recuerda cómo

las políticas neoliberales mercantilizan toda la vida, el planeta entero, y todo su entramado. Los pueblos originarios defienden su existencia y se oponen a la destrucción de la naturaleza… los megaproyectos de las grandes corporaciones avanzan sobre el territorio de los pueblos, los despoja, les impone una cruenta guerra que implica muertos, desaparecidos, esclavizados, desplazados, marginados, explotados, humillados, sojuzgados, etcétera.

Ante el avance unificador e ignorante del valor de la cultura de los pueblos primigenios, Alonso observa y alerta cómo “los pueblos originarios han denunciado continuamente los atropellos y violaciones a sus elementales derechos vitales, pero eso no ha sido suficiente.” Por ejemplo, el sistema electoral en México que “no permitió que una mujer indígena, de abajo, se introdujera en su boleta presidencial.” María de Jesús Patricio, náhuatl de Tuxpan Jalisco, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, nos dice Alonso, “…está realizando una campaña de otro tipo, de los de abajo que están comprendiendo que hay que hacer otro mundo pues el capitalismo está anulando todos los derechos, y atenta contra la vida en el planeta. Se trata de una lucha por la vida y contra la muerte.”

Con un propósito similar, defender el derecho a la vida, Jade Ramírez Cuevas Villanueva describe la lucha de una niña y sus padres por tener nombre propio frente a la ignorancia de funcionarios municipales cuando se oponen a registrar un nombre inusual y plenamente legal. Niña, padre y madre recurrieron a diferentes procesos legales para obtener un mandato judicial que impidiera la violación al derecho al nombre libre, a la plena identidad, a pesar de nacer y vivir en pleno siglo xxi y con normas explícitas a favor de ese derecho. Ramírez concluye con una reflexión:

El sistema social está corroído de desigualdad y trato diferenciado entre hombres y mujeres, entre indígenas y citadinos, entre ricos y personas en pobreza, por valores de un anacrónico contrato social; Así, el anhelo de un estatus equitativo alejado de estereotipos y paradigmas machistas sigue lejos, muy lejos, tanto como para que la simple acción de que cada humano tenga su derecho al nombre que le arrojó el viento, un primer y segundo apellido.

Aristeo López Macías informa sobre la situación de los albergues para niños y niñas en relación con la salvaguarda y cuidado en la protección de los derechos humanos de los niños y niñas a su cargo. En el fondo es el derecho a la continuidad pacífica de la vida.

Ante las evidentes deficiencias de la protección brindada a los derechos de niños y niñas, López Macías se pregunta: “¿Sería posible identificar los intereses comunes entre Gobierno y la Sociedad Civil en favor de nna (Niños, Niñas, Adolescentes)? Es una necesidad identificar problemáticas y convertirlas en política promoviendo su dignidad como sujetos de derecho con base en sus pilares: Interés superior del niño, desarrollo pleno, autonomía progresiva/participación e igualdad y no discriminación.” Los albergues son instituciones necesarias para atender a los menores y jóvenes de familias en situación de vulnerabilidad y carencia. Son una oportunidad para ellos.

Gricelda Torres Zambrano hace presente en su texto “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles” a los niños y niñas víctimas del feminicida, del violento, golpeador o acosador sexual dentro de la familia. Nadie los ve y en los hechos desparecen, excepto para los familiares lastimados o protectores obligados por la desgracia. Considere el lector un par de muestras:

A María Amparo, se le nota la tristeza y el cansancio con sólo mirarla a los ojos. El recuerdo de su hija Betsabé, asesinada hace año y medio por su esposo, es lo que le da fuerza para que sus cinco nietos no queden en el desamparo. “Sí me siento muy triste. Les digo, me siento como cansada. ¡Yo le pido a Dios mucha fortaleza porque a mis niños no los voy a soltar, porque son de mi hija y ellos me reflejan a su madre y yo a ellos los quiero demasiado!”

Un feminicidio deja una estela de dolor en toda la familia. Verónica cuenta que, pese a la sentencia de 25 años de cárcel para el asesino de su hermana, el miedo a que salga y regrese a hacerles daño, es permanente. “Yo no es de que quiera que esté allá y mucho menos. Mi miedo es a que salga porque es una persona sumamente violenta. No nada más lo digo yo por lo que pasó con mi hermana. Todos los vecinos se dieron cuenta, tenía muchos problemas con todo mundo. Y más que nada porque siempre fueron amenazas para nosotros, para toda la familia.”

Otra forma de desprotección de los niños y las niñas, seres humanos, quienes sólo con resiliencia abundante, si eso se pudiera, podrán salir adelante. El Estado burlado y sin encontrar la manera de pacificar esa cultura violenta en los escenarios familiares, muchas veces y mucho tiempo dejados de lado.

Derechos de género

Desde aquella declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791 fue evidente la perspectiva sesgada hacia el ser humano masculino. Desde luego nadie se opone a decir que la mujer es un ser humano con los mismos derechos que el hombre. En la práctica no sucede así.

Paola Lazo Corvera advierte: “La violencia es un hecho social en buena parte aprendida en contextos permeados por desigualdades sociales y discriminación de clase social, género, edad, etnia, capacidades distintas, diferencias religiosas, entre otras… En todos los casos, las violencias están basadas en un desequilibrio de poder.”

Lazo afirma y evidencia en el texto que: “A pesar de las estrategias y acciones a nivel estatal y municipal, existen estudios, análisis y reportes de seguimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil que, unidos a la percepción cotidiana de inseguridad, miedo, violencia y agresión cotidiana que viven las mujeres, ponen en entredicho la eficacia de estas políticas y estrategias.”

No se trata pues de hacer correcciones puntuales o defender “nuevas conductas” ante las mujeres o las niñas. Lazo demuestra que “Las violencias de género están interconectadas y deben conceptualizarse de forma comprehensiva… la violencia de género podría entenderse como un rasgo de identidad cultural casi invisible, tolerado, normalizado por la sociedad y por el Estado; sin embargo, aceptar inmóvil esta visión implicaría resignarse y aceptar que nada se puede hacer para enfrentarla y erradicarla; y claudicar así, a una lucha fundamental para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de sociedades justas e igualitarias.”

Se trata pues de luchas, en plural, por una refundación cultural más allá de “compensar” a la mujer con dádivas legales o posturas “de moda”. Se trata de “desarmar” un entramado psicosocial y cultural que en los hechos sostiene y practica una mirada diferente y sesgada en perjuicio de las mujeres.

Esta nueva cultura se hace imperativa ante el texto de Tania Reneaum Panszi. Propone una lectura desde una perspectiva de género del Informe de tortura en Jalisco. A más de los testimonios y quejas de mujeres o sus familiares en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco por las torturas que diversos agentes del Estado cometieron en violación a sus derechos, Tania nos pone en contacto con “los relatos de las diez mujeres que aparecen en el Informe de Amnistía Internacional Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, los cuales “son una clara expresión de la conjunción de la desigualdad de género, con la violencia del Estado hacia las personas privadas de libertad. Tener miedo a los agentes del Estado no debe ser nunca aceptado y siempre será un síntoma vergonzoso del fracaso del estado de derecho.”

En síntesis, la perspectiva de género no lucha sólo contra una anomalía de nuestra sociedad, sino por una nueva cultura, un nuevo estado de derecho construido sobre el supuesto de que el género no es debilidad o fortaleza sino una diferencia esencial identitaria del ser humano y, por tanto, digna de los mismos derechos, deberes, respeto, relaciones, prácticas y ámbitos de desarrollo.

Desapariciones: Nuevas víctimas, nuevos derechos

Desaparecer no es asunto de magia. Es una tragedia, una tragedia que irradia otras tragedias. Anna Karolina Chimiak informa en el texto titulado “La existencia denegada por el Estado. Una obligación impostergable de legislar la declaración de ausencia por desaparición”, de una nueva forma de ser víctima:

Cualquier persona puede convertirse en víctima en cualquier momento y ser desaparecida sin que haya alguna consecuencia… La desaparición de un ser querido ocasiona graves daños e implicaciones profundas en casi todos los aspectos en la vida de las personas cercanas a la persona desaparecida. Las afectaciones se dan en el ámbito personal, el núcleo familiar y en su entorno social, además de tener que enfrentar las diversas consecuencias económicas, jurídicas y/o laborales, generando un calvario de problemas, que no son atendidos por parte del Estado…” Las víctimas de una desaparición incluyen a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

La desaparición forzada –aquella consumada por agentes del Estado– o no, es una situación que llama, paradójicamente, a la protección del Estado. Los agentes del Estado por “poder” actúan para desaparecer a personas, y sólo el Estado puede actuar en forma de búsqueda y localización de la víctima de desaparición forzada y “neutralizar y castigar el abuso de poder de sus agentes violadores”. Autoridades internacionales dejan claro, nos recuerda Chimiak, que la “privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano”.

Una forma de evitar más víctimas es que el Estado conceda y proteja la declaración de ausencia del/de la desparecida/o. Ese derecho está pobremente legislado y más pobremente protegido. La “declaración de ausencia”, además de un derecho del ausente, protege a los familiares de la víctima ante la victimización de las instituciones quienes requieren la presencia del ausente.

Por otra parte, atormentar, desaparecer e infundir temor, son actos y consecuencias de la Operación Jalisco, acción gubernamental contra el crimen organizado. La cndh investiga nueve casos de desaparición forzada en Jalisco por soldados; mientras que la cedhj tiene abiertos 49 expedientes por desaparición forzada a cargo de policías estatales y municipales. La zona sur del estado es donde mayor cantidad de denuncias existen. María del Carmen Aggi Cabrera, autora del texto “Violaciones de derechos humanos en la costa sur de Jalisco” comparte testimonios de víctimas, los cuales el lector puede consultar en ese apartado del Informe.

Aggi cita el informe de investigación “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado en noviembre 2017, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola) que realiza investigación e incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas. Ahí se destaca:

La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.2

La violencia engendra violencia y el intento de vivir en paz entre las personas se ve impedido, cuando no retrasado y hasta descalificado, por los actos de los agentes del Estado. Es posible que sólo el enfrentamiento punitivo de la Fuerza del Estado sea necesario. Las evidencias recogidas por Aggi Cabrera lo ponen en duda. Entretanto, los derechos humanos son desconocidos en los hechos.

Derecho al agua y similares

Los servicios públicos han sido por décadas el tema más apremiante para los gobiernos, en especial para los gobiernos subnacionales y locales. Carlos Peralta aporta al Informe datos y reflexiones sobre el servicio y el derecho a tomar, usar y disfrutar del agua, en espacial el agua de calidad óptima para el disfrute y alimentación del ser humano. En Jalisco hace diez años se libra una lucha especial por el agua. Es una lucha técnica, política y ética. El agua para las personas se opone al agua para las empresas. Las decisiones políticas se contraponen a las consideraciones éticas. Y las decisiones técnicas no satisfacen a todos y ponen en riesgo derechos de pueblos enteros. Peralta acota: Por un lado, “políticas públicas explícitas para atender necesidades en relación con el agua y, en contrapartida, capacidad de los pueblos o comunidades para cuidar y exigir sus derechos, entre otros varios aspectos. El agua es vital para… el ser humano y desde la perspectiva de los derechos humanos es esencial para la realización de otros derechos humanos y por eso lograr calidad de vida.”

En Jalisco, y quizá en el país, “estamos muy lejos de que el sistema público pueda llevar agua [a los hogares e industrias] verdaderamente potable. […] La falta de calidad en el agua nos ha convertido en el país del mundo que más agua embotellada consume. Pero, además, también padecemos la falta de agua.” Una vez más, los derechos humanos son el territorio ético de una lucha para forjar rasgos inéditos a “favor de tener una cultura hídrica que implique el pleno respeto a los derechos humanos.”

Derechos cuestionados por los hechos

Elegir al ombudsman de una sociedad es un acto ético, no un acto de poder. Quien vigila a las autoridades en relación con el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales procede desde la ética contenida en esos derechos. Recordemos a la Asamblea Nacional francesa: “…la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos…” Esta y otras claves éticas acumuladas en dos siglos de basar la paz y las relaciones sociales en los derechos humanos es la norma superior de un ombudsman.

César Pérez Verónica escribe sobre la renovación del Ombudsman en Jalisco. Ante la posibilidad de la llegada de una persona decidida por acuerdo político (y no ético) de las fuerzas partidarias presentes en el legislativo, describe detalles de cómo se organizó la Sociedad Civil para promover un proceso transparente. En especial para urgir el cumplimiento de una disposición del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el cual se establece que la elección de este cargo deberá realizarse mediante una consulta pública. Aciertos y errores derivaron, según evalúa Pérez Verónica, en un proceso opaco para la población y las organizaciones ciudadanas interlocutoras de la Comisión responsable en el Congreso del Estado. Así, no se respetó el derecho a elegir un ombudsman de acuerdo con la ética de los mismos derechos humanos.

En otro aspecto, también ético, los procesos prácticos para aplicar la normativa que manda erigir un Sistema Estatal Anticorrupción, en “espejo” casi perfecto de la norma nacional sobre el mismo tema, Augusto Chacón escribe: “Sistemas Anticorrupción ¿Último tren para el estado de derecho?” Ahí destaca lo esencial de la integralidad del combate a la corrupción. De otro modo, alguien hará fallar el sistema. Reflexiona: “Lo que el Sistema pretende es que los cuatro elementos del proceso de gestionar lo público: control, fiscalización, investigación y sanción,3 en los que tienen injerencia diferentes autoridades, en lo nacional y en los estados, se atiendan concertadamente por un Comité Coordinador del que forman parte todas las autoridades involucradas en la persecución y sanción de la corrupción; de manera que los responsables no evadan el fenómeno con el expediente de limitarse a lo que jurídicamente les compete. En tanto la fiscalización, la investigación y la sanción no lleguen a tal amplitud, no estaremos en presencia sino de botones de muestra, no de la prenda completa, y el daño seguirá siendo grande.”

Los hechos, esa realidad ineludible, son los últimos jueces de los intentos pacificadores de las relaciones sociales entre los seres humanos. La lectura y reflexión del Informe ofrece a los lectores trozos de realidades, algunas contundentes, con los cuales valorar el éxito del intento y reconocer las luchas a mantener e insistir. El Informe también ayuda a identificar nuevas oportunidades para iniciar modificaciones a la realidad con otros actos o impulsos favorables a la búsqueda de la paz y de la vida con otros iguales, seres humanos al fin, “según su especie”, tal como reza el texto bíblico: hombres, mujeres, niños, niñas, soldados, marinos, víctimas, victimarios, funcionarios/as, gobernantes, empresarios/as y todos/as los/as demás. Buena lectura y reflexión duradera para todos.

Notas:

1 Ver. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf

2 Informe de wola: Justicia olvidada – La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México por Ximena Suárez-Enríquez y Maureen Meyer Ver: https://www.wola.org/es/analisis/informe-de-wola-justicia-olvidada-la-impunidad-de-las-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-en-mexico/

3 La lista de leyes y la esquematización del Sistema es aportación del Dr. Jesús Ibarra

Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

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Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017

Las aportaciones reflexivas y testimoniales de los artículos del Informe 2017 dan cuenta de una mirada de cuál es la actual vigencia real de los derechos humanos. La mirada no es positiva. Jalisco tiene prácticas cotidianas de violaciones a tales derechos. Es decir, Jalisco, hoy por hoy ha logrado poco éxito en el intento de construir relaciones sociales pacíficas entre amplios sectores de la población. (…) al mismo tiempo nos deja claro las crecientes violaciones a los derechos humanos de los y las jaliscienses, y nos indica el camino por medio del cual podemos iniciar un nuevo intento de construcción de la paz.